La constante ofensiva del Gobierno sobre los medios de comunicación y los periodistas críticos parece la más brutal y exitosa de toda la historia reciente de la Argentina. Aun en el medio del impacto por el cáncer de tiroides que le acaban de confirmar a la Presidenta y del que seguramente se recuperará en pocos meses, vale la pena analizarlo con detenimiento. Ni Juan Perón pudo hacerlo mejor. La administración de Cristina Fernández de Kirchner ha logrado colocar a la defensiva a casi toda la prensa, con la excepción de los medios y colegas que trabajan para su proyecto (que cada vez son más y se llevan más dinero del Estado).

La coartada fue casi perfecta: mostrar al Grupo Clarín como un gigante poderoso capaz de voltear gobiernos y presentar batalla en nombre de los más débiles. Puesta en esos términos, la “guerra” generó la adhesión no sólo de los kirchneristas más radicales, sino de buena parte de la sociedad. Pero el Gobierno, mientras tanto, puso al resto de los medios y a toda la oposición detrás de la gran coartada. Y los terminó neutralizando y desnaturalizando.

Hoy, los periodistas profesionales deberíamos estar hablando y escribiendo sobre el nuevo departamento de nueve millones de pesos que, según el diario Libre, se compró en Puerto Madero la empresa Los Sauces, cuya mayoría es propiedad de la jefa del Estado. O preguntando si corresponde que la Presidenta contrate a una kinesióloga para Ella y su familia con el dinero del Estado nacional. (¿Qué habrían escrito los periodistas e intelectuales que hoy apoyan a Cristina Fernández si esa compra y esa contratación la hubieran decidido los ex presidentes Carlos Menem, Fernando de la Rúa o Eduardo Duhalde?) Ahora mismo, quienes tenemos la responsabilidad de informar deberíamos estar investigando por qué se cierran, una a una, las causas vinculadas a la corrupción oficial, como Skanska. O cómo se reasigna el presupuesto sin el más mínimo control. O por qué se siguen manipulando las estadísticas oficiales sin que ninguno de los otros poderes del Estado reaccione. O por qué se duermen los expedientes con denuncias de la Auditoría General de la Nación. O por qué no se encuentran los culpables de los asesinatos políticos de Formosa y de Jujuy. O cómo se discrimina, a favor de Hebe de Bonafini, la investigación sobre la Fundación Madres de Plaza de Mayo y Sueños Compartidos. O el detalle del gasto millonario de Aerolíneas Argentinas.

Ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro rol. Informar sobre las cuestiones del poder. Analizar las cuestiones del poder. Opinar sobre las decisiones que toma el poder. Y, sin embargo, estamos a la defensiva. Discutiendo sobre la propiedad y el grado de concentración de los medios. Sobre Papel Prensa, Cablevisión y la ley de medios. Sobre si Clarín “miente” o no “miente”. Sobre la inhibición de los bienes de LA NACION. Perdiendo tiempo y energía para responder los ataques personales de un ejército que cobra miles de pesos por insultar a profesionales de impecable trayectoria. Aunque Cristina Fernández de Kirchner haya ganado con casi el 54% de los votos, aunque haya conseguido la aprobación de leyes dignas de elogio, aunque la oposición siga fragmentada y sin ideas, los periodistas deberíamos ignorar la provocación oficial, volver a las fuentes y no perder de vista nuestro objetivo: mostrar lo que intenta ocultar el poder. Para eso, no deberíamos esperar a que Cristina baje su imagen positiva, o a que la desaceleración de la economía nos haga más “simpáticos” o más “dignos de ser escuchados”.

El plan perfecto de demolición de la prensa crítica siempre tendrá un enemigo indestructible: la propia realidad. O, para decirlo de una manera más sencilla, el peso de los hechos. El Gobierno, por ejemplo, pudo, en su momento, hacer política y lograr votos al agitar la sospecha de que Marcela y Felipe Noble Herrera eran hijos de desaparecidos. Sin embargo, al final del camino, los hechos prevalecieron. Y hasta Estela de Carlotto, una mujer que puede equivocarse pero no miente, tuvo que admitir que no hay evidencias que demuestren que lo son. Los gritos e insultos de los más fanáticos podrán hacer olvidar que la familia Kirchner multiplicó su fortuna mientras trabajaba para el Estado y que todavía ninguno de sus miembros pudo explicar, de manera contundente, cuál es el mecanismo legal que utilizaron para lograrlo. Pero un buen día puede presentarse un filósofo K, aceptar un reportaje de un medio crítico a propósito de su último libro y decir, suelto de cuerpo: “Es muy incómodo adherir al gobierno de dos gobernantes multimillonarios que están comandando un gobierno nacional, popular y democrático y que te hablan de hambre”. Puede hacerlo en el mejor momento del Gobierno y en el pico de su impresionante ego. Puede intentar aclararlo después, ante un periodista adherente y complaciente, y sin embargo echar más leña al fuego al agregar: “Qué Néstor y Cristina hayan afanado me molesta, pero eso no arruina lo que hicieron”. O plantear un pensamiento más novedoso y complejo, al afirmar: “No hay político que no haga acaparamiento de dinero. Por muchos motivos. Yo diría que Cristina es la que más motivos tiene para hacerlo? porque está nucleando tantos odios de la derecha que en cualquier momento se tiene que ir del país”. Las palabras de José Pablo Feinmann podrán ser silenciadas, manipuladas o malinterpretadas. Pero ya fueron dichas. Ya fueron escritas. Fueron leídas. Y fueron escuchadas. Como un “error del sistema”. Como algo que se mete en el medio de la realidad, aun cuando la idea es no contarlo.

Si Feinmann y otros quieren averiguar cómo acaparan el dinero funcionarios de este gobierno no tienen más que preguntarle a Marcelo Saín, ex responsable de la Policía Aeroportuaria, que se fue del cargo con la certeza de que agentes de la Secretaría de Industria, la Aduana y de la AFIP cobraban coimas para dejar entrar y salir contenedores con mercadería de contrabando. Representantes de la Unión Industrial Argentina se lo hicieron saber a la Presidenta en una reunión de trabajo. Le explicaron que hay empresas textiles que, por culpa del contrabando, están al borde de la quiebra. Uno de ellos le escuchó decir a la jefa del Estado: “Tráiganme pruebas, porque yo no estoy de acuerdo con esa caja”. ¿Quiso decir Cristina que sabía de su existencia, pero que necesitaba evidencias para desarmar el negocio? ¿Dio a entender que hay cajas con las que sí está de acuerdo? Para llegar a la verdad, siempre es bueno que haya periodistas dispuestos a contarla

La constante ofensiva del Gobierno sobre los medios de comunicación y los periodistas críticos parece la más brutal y exitosa de toda la historia reciente de la Argentina. Aun en el medio del impacto por el cáncer de tiroides que le acaban de confirmar a la Presidenta y del que seguramente se recuperará en pocos meses, vale la pena analizarlo con detenimiento. Ni Juan Perón pudo hacerlo mejor. La administración de Cristina Fernández de Kirchner ha logrado colocar a la defensiva a casi toda la prensa, con la excepción de los medios y colegas que trabajan para su proyecto (que cada vez son más y se llevan más dinero del Estado).

La coartada fue casi perfecta: mostrar al Grupo Clarín como un gigante poderoso capaz de voltear gobiernos y presentar batalla en nombre de los más débiles. Puesta en esos términos, la “guerra” generó la adhesión no sólo de los kirchneristas más radicales, sino de buena parte de la sociedad. Pero el Gobierno, mientras tanto, puso al resto de los medios y a toda la oposición detrás de la gran coartada. Y los terminó neutralizando y desnaturalizando.

Hoy, los periodistas profesionales deberíamos estar hablando y escribiendo sobre el nuevo departamento de nueve millones de pesos que, según el diario Libre, se compró en Puerto Madero la empresa Los Sauces, cuya mayoría es propiedad de la jefa del Estado. O preguntando si corresponde que la Presidenta contrate a una kinesióloga para Ella y su familia con el dinero del Estado nacional. (¿Qué habrían escrito los periodistas e intelectuales que hoy apoyan a Cristina Fernández si esa compra y esa contratación la hubieran decidido los ex presidentes Carlos Menem, Fernando de la Rúa o Eduardo Duhalde?) Ahora mismo, quienes tenemos la responsabilidad de informar deberíamos estar investigando por qué se cierran, una a una, las causas vinculadas a la corrupción oficial, como Skanska. O cómo se reasigna el presupuesto sin el más mínimo control. O por qué se siguen manipulando las estadísticas oficiales sin que ninguno de los otros poderes del Estado reaccione. O por qué se duermen los expedientes con denuncias de la Auditoría General de la Nación. O por qué no se encuentran los culpables de los asesinatos políticos de Formosa y de Jujuy. O cómo se discrimina, a favor de Hebe de Bonafini, la investigación sobre la Fundación Madres de Plaza de Mayo y Sueños Compartidos. O el detalle del gasto millonario de Aerolíneas Argentinas.

Ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro rol. Informar sobre las cuestiones del poder. Analizar las cuestiones del poder. Opinar sobre las decisiones que toma el poder. Y, sin embargo, estamos a la defensiva. Discutiendo sobre la propiedad y el grado de concentración de los medios. Sobre Papel Prensa, Cablevisión y la ley de medios. Sobre si Clarín “miente” o no “miente”. Sobre la inhibición de los bienes de LA NACION. Perdiendo tiempo y energía para responder los ataques personales de un ejército que cobra miles de pesos por insultar a profesionales de impecable trayectoria. Aunque Cristina Fernández de Kirchner haya ganado con casi el 54% de los votos, aunque haya conseguido la aprobación de leyes dignas de elogio, aunque la oposición siga fragmentada y sin ideas, los periodistas deberíamos ignorar la provocación oficial, volver a las fuentes y no perder de vista nuestro objetivo: mostrar lo que intenta ocultar el poder. Para eso, no deberíamos esperar a que Cristina baje su imagen positiva, o a que la desaceleración de la economía nos haga más “simpáticos” o más “dignos de ser escuchados”.

El plan perfecto de demolición de la prensa crítica siempre tendrá un enemigo indestructible: la propia realidad. O, para decirlo de una manera más sencilla, el peso de los hechos. El Gobierno, por ejemplo, pudo, en su momento, hacer política y lograr votos al agitar la sospecha de que Marcela y Felipe Noble Herrera eran hijos de desaparecidos. Sin embargo, al final del camino, los hechos prevalecieron. Y hasta Estela de Carlotto, una mujer que puede equivocarse pero no miente, tuvo que admitir que no hay evidencias que demuestren que lo son. Los gritos e insultos de los más fanáticos podrán hacer olvidar que la familia Kirchner multiplicó su fortuna mientras trabajaba para el Estado y que todavía ninguno de sus miembros pudo explicar, de manera contundente, cuál es el mecanismo legal que utilizaron para lograrlo. Pero un buen día puede presentarse un filósofo K, aceptar un reportaje de un medio crítico a propósito de su último libro y decir, suelto de cuerpo: “Es muy incómodo adherir al gobierno de dos gobernantes multimillonarios que están comandando un gobierno nacional, popular y democrático y que te hablan de hambre”. Puede hacerlo en el mejor momento del Gobierno y en el pico de su impresionante ego. Puede intentar aclararlo después, ante un periodista adherente y complaciente, y sin embargo echar más leña al fuego al agregar: “Qué Néstor y Cristina hayan afanado me molesta, pero eso no arruina lo que hicieron”. O plantear un pensamiento más novedoso y complejo, al afirmar: “No hay político que no haga acaparamiento de dinero. Por muchos motivos. Yo diría que Cristina es la que más motivos tiene para hacerlo? porque está nucleando tantos odios de la derecha que en cualquier momento se tiene que ir del país”. Las palabras de José Pablo Feinmann podrán ser silenciadas, manipuladas o malinterpretadas. Pero ya fueron dichas. Ya fueron escritas. Fueron leídas. Y fueron escuchadas. Como un “error del sistema”. Como algo que se mete en el medio de la realidad, aun cuando la idea es no contarlo.

Si Feinmann y otros quieren averiguar cómo acaparan el dinero funcionarios de este gobierno no tienen más que preguntarle a Marcelo Saín, ex responsable de la Policía Aeroportuaria, que se fue del cargo con la certeza de que agentes de la Secretaría de Industria, la Aduana y de la AFIP cobraban coimas para dejar entrar y salir contenedores con mercadería de contrabando. Representantes de la Unión Industrial Argentina se lo hicieron saber a la Presidenta en una reunión de trabajo. Le explicaron que hay empresas textiles que, por culpa del contrabando, están al borde de la quiebra. Uno de ellos le escuchó decir a la jefa del Estado: “Tráiganme pruebas, porque yo no estoy de acuerdo con esa caja”. ¿Quiso decir Cristina que sabía de su existencia, pero que necesitaba evidencias para desarmar el negocio? ¿Dio a entender que hay cajas con las que sí está de acuerdo? Para llegar a la verdad, siempre es bueno que haya periodistas dispuestos a contarla