Los personajes y sus palabras

Los manifestantes

Contra Maduro. Para restituir la Constitución. Por elecciones libres. Por la liberación de los presos políticos y apertura de un canal humanitario. Por un cambio. Por un futuro. Desde el primero de abril hasta finales de julio de 2017, miles de manifestantes salieron cada día a protestar no sólo en Caracas sino en 14 estados del país en contra del gobierno venezolano. Durante 4 meses turbulentos, todos juntos le dieron un cuerpo multitudinario a la rabia, la indignación y la injusticia que tomó las calles de Venezuela, trastocó la vida nacional y elevó el grado de alerta en el exterior sobre las amenazas a la democracia y a los derechos humanos en Venezuela.

Los llamados ‘escuderos’ o ‘la resistencia’ –jóvenes con caras cubiertas con franelas, escudos hechos con material de reciclaje así como  guantes para atajar y devolver las humeantes bombas lacrimógenas que lanzaban los cuerpos antimotines- fueron probablemente los manifestantes más emblemáticos y consetudinarios de las protestas 2017. Pero no fueron los únicos. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos dieron rostro y voz a las manifestaciones convocadas por la oposición de día y de noche a las que se antojaron bautizar como la Primavera Venezolana.

La violencia empañó buena parte de las protestas en la Venezuela de 2017. En una abierta violación al derecho a la protesta consagrado en el artículo 68 de la Constitución de Venezuela, los manifestantes antigobierno debieron soportar literales bombardeos lacrimógenos, cierres de vías, golpes, choques de agua propulsada, perdigonazos e incluso balas por parte de los cuerpos de seguridad como la GNB, Ejército,  PNB, Cicpc, Dgcim y los paramilitares conocidos como colectivos.

Pero también las protestas de 2017, consolidaron otro tipo de manifestante, aquel que apela a métodos pacíficos no sólo para lograr el cambio de gobierno sino para fortalecer la cultura democrática en Venezuela. Mientras la calle era aturdida por detonaciones, varias organizaciones se agrupaban en el Laboratorio Ciudadano de Noviolencia Activa, apostando por la transformación de la sociedad impulsada por una ciudadanía activa y pacífica. Las manifestaciones naufragaron en agosto de 2017, pero los activistas del movimiento de protesta no violenta continúan trabajando. La estrategia es a largo plazo para alcanzar un proyecto colectivo.

Luisa Ortega Díaz

Luego de casi 10 años al frente del Ministerio Público, la Fiscal General de la República –que hoy está en el exilio– tomó una posición que marcó definitivamente su alejamiento del gobierno de Nicolás Maduro. El 31 de marzo de 2017 anunció de forma sorpresiva que las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia, que prácticamente abolían las competencias de la Asamblea Nacional, habían significado “una ruptura del orden constitucional”.

A lo largo de las protestas, los pronunciamientos antigubernamentales de la funcionaria, que en agosto de 2017 fue removida por la asamblea nacional constituyente, continuaron.  Después de más 50 días de manifestaciones, convocó a los medios de comunicación a la Escuela Nacional de Fiscales en La Florida, en Caracas, en vista de un apagón que se produjo en la sede de su oficina en Parque Carabobo. Allí, con un cartucho en la mano, aseguró que Juan Pernalete, una de las 158 víctimas de las protestas (según la cuenta de Runrun.es) pereció por el impacto de una bomba lacrimógena disparada por un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana. “Murió por un shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax”, aseveró.

Las declaraciones de Ortega Díaz echaron por tierra la teoría del entonces ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, y del titular de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, quienes afirmaron que Pernalete había sido asesinado con una pistola de perno.

Posteriormente, Ortega Díaz se dedicó a conceder entrevistas en espacios donde no solía acudir y en el programa radial “La Cola Feliz”, conducido por Nelson Bocaranda, dijo que tras 80 días de protesta el Ministerio Público contabilizaba 74 muertos, 1.413 heridos y 3.971 procesados.

Al final de las manifestaciones, el Ministerio Público de LOD totalizó más de 130 muertos. De estos, tomó 79 casos que llevó a la Corte Penal Internacional de La Haya. “Fue una violación sistemática a los derechos humanos, una política dirigida desde el gobierno para asesinar y encarcelar a toda la dirigencia política”, declaró en una entrevista exclusiva ofrecida a Runrunes en Bogotá. Desde que se fue del país, ha hecho una especie de lobby con las protestas antigubernamentales de 2017 como bandera con la finalidad de que los responsables de la represión rindan cuentas ante la justicia.

Vladimir Padrino López

El ministro de la Defensa nunca asumió la responsabilidad de la Fuerza Armada y menos de la Guardia Nacional en los asesinatos de algunos manifestantes en las protestas que se produjeron desde abril hasta principios de agosto.

“No ha habido ni un solo muerto, ni un herido que haya sido producido por la FANB”, declaró el general en el programa dominical, José Vicente Hoy, respondiendo a una pregunta sobre la responsabilidad de los militares en cuanto a los fallecidos durante las protestas. Padrino López asomó que había grupos infiltrados empleando armas de fuego y de fabricación casera, cuyo objetivo era endosarle las víctimas a los cuerpos de seguridad del Estado. “La FANB no usa armas letales en las manifestaciones, todos esos muertos son producto de la violencia que han generado ellos mismos”, aseveró a pesar de que el balance final de las protestas arrojara que más de 20 víctimas cayeron por las acciones de los uniformados y que la resolución 8.160 del 23 de enero de 2015 aprobara el empleo de armas de fuego para reprimir manifestaciones, facultad ratificada un año después por el Tribunal Supremo de Justicia.

Padrino López sentenció que, lejos de atentar contra la gente, la GNB había salvaguardado a quienes salieron a diario a repudiar el gobierno de Nicolás Maduro.

Luego que David Vallenilla fuese asesinado supuestamente por el sargento Arli Cleiwi Mendez Teran en las inmediaciones de la Base Aérea La Carlota, una tanqueta arrollara a un manifestante, circulase una foto de un GNB apuntando un arma hacia un grupo en el Distribuidor Altamira y periodistas denunciaran el robo de equipos por parte de uniformados, Padrino López advirtió desde Fuerte Tiuna que no toleraría más excesos de sus subordinados. “No quiero ver a un Guardia Nacional más cometiendo atrocidades en la calle”, afirmó el 6 de junio de 2017.

A un año de las protestas, Padrino López es uno de los pocos militares que aún ostenta su cargo, no ha sido removido, ni mudado de despacho.

Colectivos

Según cifras del Ministerio Público, la acción de colectivos armados estuvo vinculada a casi la mitad de las muertes que se produjeron en las protestas antigubernamentales hasta finales del mes de julio de 2017. “25% de las muertes son producto de cuerpos de seguridad del Estado y 40% fueron ejecutadas por civiles armados amparados por el gobierno”, dijo la fiscal general de la república en el exilio, Luisa Ortega Díaz.

Los paramilitares relacionados con el chavismo, también estuvieron relacionados con los ataques a residencias y saqueos. A finales de mayo del año pasado, un grupo de estudiantes del colegio La Presentación en Propatria fue sitiado y atracado por miembros de colectivos mientras efectuaban una protesta.

La diputada opositora de la Asamblea Nacional, Marialbert Barrios, señaló que los miembros de los colectivos le “ordenaron” a los adolescentes ir a manifestar a Altamira, porque Propatria era una zona controlada por ellos. En una entrevista hecha en Radio Caracol a un ex miembro de un colectivo ahora residenciado en Cúcuta, este confesó que había recibido dinero del entonces gobernador del estado Aragua, Marco Torres, para causar caos en medio de las protestas. “A nosotros nos pagaban por cargar armamento y granadas… Muchos de mis compañeros asesinaron a varias personas”, señaló.

Militares y policías represores

La represión en las protestas fue de menor a mayor en el área metropolitana y el interior del país.

La orden de los superiores a los subalternos de la Guardia Nacional y Policía Nacional Bolivariana en Caracas era la de no dejar avanzar a la gente al centro de la ciudad, donde se encuentran la mayoría de las instituciones públicas, epicentro de trágicos acontecimientos en las manifestaciones de 2014.

Tanto la GN como la PNB emplearon bombas lacrimógenas, rifles con perdigones y hasta armas de fuego letales para dispersar a los manifestantes. Hubo acusaciones de que los uniformados disparaban al cuerpo de los simpatizantes de la oposición.

Según la base de datos de Runrunes, al menos 20 funcionarios fueron acusados por un tribunal, 14 imputados, 20 solicitados, uno capturado y hasta hubo uno promovido de teniente a capitán de la GNB. Del resto de las 84 víctimas, donde hubo aparente exceso de fuerza y violación de derechos humanos, no se conoce estatus jurídico alguno del uniformado involucrado.

La directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, sostuvo que los efectivos de la PNB y la GNB que reprimieron obedecen a un perfil menor de 30 años de edad, la mayoría viene de la provincia y ostentan cargos de subalternos. “Son muchachos a quienes ni siquiera le dan un protocolo de actuación en manifestaciones”.

“Hemos visto un comportamiento criminal en algunos estados del país por parte de la GNB. En Táchira, Carabobo, Barinas y Miranda el ensañamiento ha sido criminal”, alertó San Miguel.

“Obviamente hay una responsabilidad de mando y que se ve implicada directamente. La más importante es la cúspide de la Guardia Nacional Bolivariana. Aquí entra el comandante general de la GNB, el Estado mayor ampliado de la GNB y sus comandante de zonas”, agregó la directora de Control Ciudadano.

Uno de los principales señalados como responsable de la represión en las protestas fue Alfredo Pérez Ampueda, designado director de la Policía Nacional Bolivariana por Nicolás Maduro un par de días antes del 1ero de abril, en reemplazo de Franklin García Duque.

Pérez Ampueda tildó a colectivos armados de “vagos y sinvergüenzas” durante una concentración en La Candelaria. “Son unos vagabundos y donde los veamos, los vamos a capturar”. Reconoció que los miembros de colectivos portaban armas y sus subordinados no. Ese día, la PNB detuvo al dirigente de Voluntad Popular, Sergio Contreras, pero no aprehendió a miembro alguno de cuerpo irregular.

Otro fue Antonio Benavides Torres, quien fue sustituido en la comandancia general de la Guardia Nacional por Sergio Rivero Marcano, tras dos meses de manifestaciones.

Benavides Torres, sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, tuvo participación en la represión de las protestas en 2014 y fue vinculado a la masacre de Tumeremo, acaecida en marzo de 2016.

Por su parte, Rivero Marcano, a quien se le endosa la responsabilidad de un episodio sangriento en el barrio Kennedy de Caracas con saldo de tres estudiantes ajusticiados y tres heridos en 2005, acusó a los periodistas de ser cómplices de una explosión en el Distribuidor Altamira que hirió a nueve efectivos de la Guardia Nacional el 10 de julio del año pasado, porque “ellos sabían que el artefacto explosivo estaba ahí”.

Rivero Marcano fue removido del cargo dos días después de la masacre de El Junquito, donde fue asesinado Óscar Pérez y seis de sus aliados y ahora es Inspector General de la FANB, mientras que Benavides Torres fue Jefe del Distrito Capital luego de su salida de la GNB hasta enero de 2018, cuando fue sustituido por Carolina Cestari.

Diputados

En la Asamblea Nacional se encendió la chispa que se propagó por toda Venezuela y devino en cientos de protestas que se extendieron hasta finales de julio del año pasado. Fue a raíz de las sentencias 155-156 del Tribunal Supremo de Justicia, que prácticamente anulaban el desempeño parlamentario, que el presidente del hemiciclo, Julio Borges, hizo una de las declaraciones más emblemáticas del llamado a la desobediencia civil. “Vamos a decir claramente qué significan para nosotros estas sentencias… Esto es simplemente basura. Basura de quienes han secuestrado la Constitución, los derechos, las libertad del pueblo venezolano”, dijo mientras rompía los documentos que contenían las decisiones de la máxima corte venezolana.

Borges convocó a los venezolanos a salir a manifestar a las calles. “Sabemos que hay miedo, que hay represión, pero tenemos que ponernos de pie (…) Esto es una dictadura y el mundo tiene que ayudarnos a prender las alarmas”, advirtió el también dirigente de Primero Justicia en otra alocución.

Las protestas fueron lideradas por los diputados jóvenes que cuando se llevó a cabo el cierre de Radio Caracas Televisión en 2007, pertenecían al movimiento estudiantil que devino en la primera derrota de Hugo Chávez, cuando quiso reformar la Constitución Nacional en diciembre de ese año.

Los parlamentarios convocaron a la primera manifestación de calle de 2017, el 1ero de abril. Una congregación en la Plaza Brión de Chacaito concluyó en un llamado a movilización espontánea hacia la Defensoría del Pueblo, acción que concluyó con una fuerte represión en la autopista Francisco Fajardo, la Plaza Venezuela, las avenidas Solano y Casanova y el boulevard de Sabana Grande.

Otra manifestación fue la que los diputados hicieron frente a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura del TSJ en Chacao, a donde llevaron una bolsas negras contentivas de paja. “Son eso, pura paja, unos golpistas”, dijo el parlamentario José Manuel Olivares.

Según un reportaje de Crónica Uno, en 2017, los legisladores fueron blanco de 96 agresiones en las protestas y fuera de ellas. El 3 de abril, supuestos colectivos golpearon en la cabeza a Juan Requesens en las inmediaciones de la Defensoría del Pueblo. El resultado: once puntos para suturar un traumatismo abierto sobre la ceja izquierda. Dos meses más tarde, el mismo Requesens fue agredido y lanzado a una alcantarilla junto a su colega Miguel Pizarro por efectivos de la Guardia Nacional frente a la Base Aérea La Carlota. Otro parlamentario blanco de múltiples ataques fue Carlos Paparoni, quien el 26 de mayo fue herido con un disparo de metra en una pierna y tres días después tumbado por el chorro de agua una ballena de la GNB en plena autopista Francisco Fajardo de Caracas. El diputado perdió el conocimiento y sufrió dislocación en un hombro y herida abierta en la cabeza. También Delsa Solórzano, Julio Montoya, Olivares y el hoy en día refugiado en la embajada de Chile en Caracas, Freddy Guevara, fueron impactados por bombas lacrimógenas. Richard Blanco fue hospitalizado por inhalación de gases lacrimógenos, mientras que Yanet Fermín y Luis Lippa fueron retenidos por miembros de la GN.

El 27 de junio, Día del Periodista, los diputados Solórzano, Olivia Lozano y Winston Flores fueron sacados a la fuerza del comando de la GN en el Asamblea luego de exigir una explicación por el ingreso de material electoral al hemiciclo, luego de una acalorada discusión con Borges, el coronel Vladimir Lugo expulsó a empujones de su oficina al entonces presidente de la AN.

Apenas siete días después, el 5 de julio, grupos simpatizantes del gobierno irrumpieron en el Palacio Legislativo ante la mirada inerte de la GN y secuestraron a 94 diputados, 108 periodistas y 120 trabajadores por ocho horas en el marco del acto del Día de la Independencia.

Los parlamentarios Américo De Grazia, Armando Armas, Juan Guaidó, Nora Bracho y José Regnault resultaron heridos en la irrupción con palos, piedras y cohetones. Oswaldo Rivero, conductor del programa de VTV, Zurda Konducta, se atribuyó la responsabilidad del hecho, hasta ahora no ha sido detenido ni procesado.

A todas estas agresiones hay que sumarle la anulación y retención de pasaportes a los parlamentarios Luis Florido, Henry Ramos Allup, Carlos Berrizbeitia, Williams Dávila, De Grazia y Jorge Millán.

Nicolás Maduro

En sus alocuciones durante las protestas, Maduro no hizo mención especial a los civiles asesinados, solo hizo hincapié en los uniformados caídos y heridos y, cuando tímidamente se refería a las víctimas simpatizantes de la oposición, de inmediato culpaba a la MUD y lavaba la cara de la Guardia Nacional y Policía Nacional Bolivariana. Echó mano de varias estrategias para enfriar las manifestaciones en su contra: anunció la elección de una asamblea nacional constituyente, aprobó un aumento del 50% del salario mínimo, estrechó lazos con sus aliados internacionales, insistió en la instauración de una mesa de diálogo entre gobierno y oposición, concedió casa por cárcel para Leopoldo López y ascendió a militares acusados de violar los derechos humanos. “Mano dura y el que haga armas contra la República, que la FANB se encargue de él con todo su poder de fuego… No bajemos la guardia frente a los grupos violentos y terroristas”, declaró en medio del conflicto.

“Llegó la Constituyente para poner orden”, dijo Maduro la noche del domingo 30 de julio, fecha en la que finalizaron los llamados a protestas de calle con el lamentable saldo de más de una decena de fallecidos.

Pese a que en 2016 sorteo un referendo revocatorio y el año pasado pudo resistir a las protestas de calle, el mandatario buscará en este 2018 reelegirse en unas elecciones pautadas para mayo.

Néstor Reverol

Si bien el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, reconoció el uso desproporcionado de la fuerza durante las protestas, siempre se refirió a hechos aislados y a responsabilidades individuales, mientras descartaba una política represiva de Estado. Al asesinato de Fabián Urbina, ocurrido el 19 de junio de 2017 en el Distribuidor Altamira, lo calificó como un hecho irregular. “Efectivos que dispersaban manifestación violenta han sido puestos a la orden de su unidad para determinar la responsabilidad individual”, escribió entonces en su cuenta de Twitter.

Previamente había acusado al entonces presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, de fomentar la violencia en las calles y aseguró que la MUD contrataba francotiradores para achacar los muertos al gobierno de Maduro. “Están asesinando al pueblo con su plan terrorista”, sentenció.

El ministro, quien sigue al frente del despacho de Carmelitas, también aprobó la intervención de la Policía de Miranda en medio de las manifestaciones al alegar la “presunta violación de derechos humanos y actividades delictivas”. Además, anunció la prohibición de protestas y concentraciones durante el fin de semana de elección de la asamblea nacional constituyente. “Hemos acreditado a un personal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que tendrá el control operacional de los cuerpos estadales de Policía y 19 cuerpos municipales de policía”, dijo días antes de los comicios. El resultado de la represión durante la votación constituyente ante la negativa de los simpatizantes de oposición de acatar las restricciones del ministro fue de casi dos decenas de muertos en tres días. Solo el día de la elección hubo 19 heridos y casi una centena de detenidos a nivel nacional.

Luis Almagro

El secretario general de la Organización de Estados Americanos condenó la mayoría de las muertes ocurridas durante las protestas en 2017. “El continente pide que el país retorne a la democracia, la represión de los venezolanos ha sido violenta y de una indigna cobardía. No hay peor violencia que la que surge de las instituciones que deberían proteger los derechos de la gente y no encarcelarlos ni agredirlos. Todo esto se pudo haber resuelto con el referendo revocatorio”, dijo el uruguayo.

A poco menos de un mes de iniciadas las protestas y ante la posibilidad de invocar la Carta Democrática, el gobierno venezolano anunció su retiro de la organización. “La salida del sistema no es la solución, especialmente cuando las demandas tienen que ver con principios básicos de fundamento democrático”, afirmó entonces.

Poco después, durante una entrevista concedida a CNN, Almagro denunció el asesinato sistemático de manifestantes. “Hay elementos de tortura con los detenidos que se repiten como golpizas, violación sexual, intoxicación y descargas eléctricas”. En su tercer informe sobre Venezuela y el único que redactó durante las protestas, el máximo representante de la OEA fustigó a Nicolás Maduro y dijo que era el principal responsable de los homicidios durante las manifestaciones. “Los únicos métodos que le permiten mantenerse en el poder son la violación sistemática a la Constitución y la represión”, apuntó.

Fue un documento de 60 páginas dirigido al entonces presidente del Consejo Permanente de la OEA, José Luiz Machado. El informe incluye un listado de 92 personas asesinadas (hasta el 10 de julio de 2017). “De esa lista, 67 personas fueron muertas con armas de fuego. De las 92, 30 tenían 21 años o menos; 24 eran estudiantes y 14 menores de edad”, enfatizó.

Líderes de oposición

No solo diputados de la Asamblea Nacional se involucraron en las protestas de abril a julio de 2017. También figuras de la oposición como el ex gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, la dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado, Lilian Tintori y los ahora exiliados alcaldes de Chacao, Ramón Muchacho; El Hatillo, David Smolansky; Lechería, Gustavo Marcano; Maturín, Warner Jiménez y Campo Elías, Ramón Lares. Las autoridades municipales salieron de Venezuela de manera clandestina luego que el Tribunal Supremo de Justicia emitiera amparos cautelares sobre cada uno de los municipios para obligarlos a impedir los cierres de calles, de no hacerlo enfrentarían una pena de 15 meses de prisión.

Capriles Radonski fue uno de los principales convocantes a las concentraciones. “Estamos en la calle porque el gobierno dio un autogolpe, ellos pretenden que nada cambie en Venezuela, que todo siga igual y siga su fiesta”, dijo el ex candidato presidencial. “Que tengamos a una comunidad internacional diciendo que hay una ruptura del orden constitucional, magistrados del tribunal, gente del chavismo diciendo que están en desacuerdo, es un logro de la gente en la calle”, continuó.

Capriles fue agredido en varias ocasiones durante las protestas: un guardia nacional lo golpeó en el rostro, algunas veces le dispararon perdigones, mientras que otras padeció de asfixia y su equipo de trabajo fue robado.

Machado fue también otra de las atacadas. “La opción es la lucha, la lucha continua, la lucha creciente”, advirtió Machado a mediados de junio mientras se recuperaba de una intoxicación con gases lacrimógenos en El Paraíso.

Machado protagonizó una emblemática movilización el pasado 25 de mayo en el Litoral central. La ex coordinadora de Súmate sorteó una serie de piquetes de la GN y la policía municipal de Vargas para marchar de la parroquia Urimare hasta Catia La Mar, un área donde el chavismo era considerado inexpugnable. “Hoy en Vargas hemos avanzado, hemos logrado traspasar obstáculos, hay días en que no podemos llegar a la meta y otros en los que ni siquiera podemos caminar”.

Tintori, esposa del convicto dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, igualmente participó activamente en las movilizaciones. “La cifra de fallecidos y heridos es algo que nos motiva a seguir de pie, tenemos que honrarlos cada dia, en Venezuela hubo un golpe de Estado, exigimos respeto a la Asamblea Nacional, la apertura de un canal humanitario y la liberación de los presos políticos”.

Hoy día, Capriles Radonski está inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por 15 años; Machado, sobre quien pesa la misma inhabilitación, llama a desconocer cualquier resultado electoral, a volver a la calle y a continuar la presión contra el gobierno de Maduro; y Tintori, quien ha salido del primer plano de la pugna política, ha hecho apariciones esporádicas junto a los familiares de las víctimas de la represión.