SE FILTRÓ UNA INFORMACIÓN DESDE CHINA en la que se confirma el deterioro de la industria petrolera venezolana, tal como también aparece en uno de los cables filtrados de Wikileaks, y la imposibilidad por parte del gobierno venezolano de cumplir con el acuerdo suscrito con el gigante asiático de entregarle 50 Mil barriles diarios de crudo hasta el 2012 con una meta futura de 400 Mil al día.

Tenemos entendido que el ministro de Energía Rafael Ramírez se reunió en Beijing, a principios de Diciembre, con los socios en el acuerdo para manifestarle que por el momento no pueden cumplir las cuotas establecidas. China habría sugerido entonces que le permitan explorar y explotar las áreas que se le otorgaron y ellos mismos comercializar su extracción para así pagarse la deuda suscrita.

Aunque Pdvsa asegura que la disminución del envío sería temporal, fuentes de la petrolera indican que el declive en la producción es sostenido y por eso le será imposible cumplir el acuerdo por el que China adelantó buena parte de los 20 mil millones de dólares comprometidos a futuro.

La nota publicada en su momento por la agencia china de noticias fue ésta:

China y Venezuela firmaron un acuerdo marco de financiación por el que el país asiático concederá a Caracas préstamos por algo más de 20.000 millones de dólares, destinados principalmente a proyectos de extracción de petróleo, según confirmó ayer el gobierno chino.

El anuncio fue realizado ayer por el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Jiang Yu, que confirmó que el Banco de Desarrollo de China liberará los fondos para el desarrollo del acuerdo, la mitad en dólares y la otra mitad en yuanes.

“Confiamos en que ambas partes se esforzarán para implementar los acuerdos ya suscriptos y llevar las relaciones China-Venezuela a un nivel más alto”, dijo Jiang.

Según la prensa de China, una delegación de ese país firmó el sábado pasado en Caracas el acuerdo marco con el presidente venezolano, Hugo Chávez. El convenio contempla diversos proyectos industriales y de infraestructura en los sectores petrolero y eléctrico, principalmente.

El presidente chino, Hu Jintao, tenía previsto asistir a la firma de los acuerdos, pero suspendió su viaje a último momento debido al terremoto que sacudió la provincia de Yushu.

El proyecto más relevante es el memorando de entendimiento firmado entre la corporación estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y China National Petroleum Company (CNPC) para desarrollar el bloque petrolero Junín 4 en la faja oriental del Orinoco, que cuenta con una reserva de unos 8700 millones de barriles.

Para el desarrollo de ese proyecto se anunciaron inversiones en los próximos tres años por un valor de 16.323 millones de dólares, de los cuales 10.323 millones se dispondrán para la producción y el resto, 6000 millones, para el mejoramiento del crudo, según indicó el Ministerio de Energía de Venezuela. La empresa china pagará 900 millones de dólares por su participación en el proyecto.

Hasta 400.000 barriles

Las autoridades venezolanas estiman que el proyecto comenzará a producir 50.000 barriles diarios en 2012 hasta alcanzar los 400.000 barriles por día en 2016, cuando comience sus operaciones la planta de mejoramiento de crudo.

Ambos países establecerán una empresa de capital mixto para el desarrollo de los proyectos de inversión, en la que China tendrá el 40 por ciento y Venezuela, el 60 por ciento.

Después de la firma de los acuerdos, China se asegura una parte del petróleo venezolano para alimentar su voraz economía y Venezuela consigue una financiación millonaria en un momento complicado para sus finanzas debido al bajo precio del petróleo.

Según datos oficiales chinos, las importaciones de petróleo venezolano se situaron en 132.000 barriles diarios en el primer trimestre de 2010. El gobierno de Chávez prevé aumentar sus ventas petroleras a China a un millón de barriles diarios antes de 2012 y construir tres refinerías en el país asiático.

Por otra parte, el presidente de Pdvsa y ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, anunció ayer que la empresa estatal obtuvo beneficios de 8000 millones de dólares en 2009. El funcionario, que no especificó si esa cifra correspondía a la ganancia neta, confirmó que la compañía negocia un préstamo de 1500 millones de dólares con un grupo de bancos.

En 2008, Pdvsa tuvo un beneficio neto de 9413 millones de dólares.

Agencias AP, EFE y REUTERS

YA LA ORDEN PRESIDENCIAL fue dada al ministro del Ambiente Alejandro Hitcher. A las dos de la tarde hoy anunciarían la desafectación de casi 20 kilómetros de la falda del Ávila por el lado del litoral para la construcción futura de viviendas para los damnificados actuales.

Sin importarles las advertencias de los expertos que han demostrado el peligro de construir en esas zonas, el gobierno

a su vez ha dejado de lado recomendaciones y exigencias de sus propios funcionarios desde el año 1999 en las que exigían derogar otras resoluciones que amenazaban la montaña que separa a Caracas del litoral guaireño.

La excusa que el ministerio del Ambiente ofrecería para no hacerle caso a los expertos sería indicar que la vegetación de esa zona a desafectar es de vegetación xerófila y por lo tanto las amenazas de derrumbes o deslaves serían contenidas por  plantas de ese tipo.

Otra indicación mas del apresuramiento y la improvisación que cada día avanza mas en un régimen acosado ante la realidad fehaciente.

AL AÑO DE ESTAR DETENIDA INJUSTAMENTE -y de manera ilegal- a la Jueza María Lourdes Afiuni le adelantaron la cita médica en el Hospital Oncológico Padre Machado para evitar que las mujeres de distintas organizaciones que allí fueron convocadas para manifestarle su apoyo no pudieran verla.

La jueza Afiuni tiene problemas de salud bastante serios en sus partes más íntimas y debido a ello es que ha tenido que someterse a los exámenes médicos, los que se la ha prohibido recibir en su justo tiempo. Un pequeño tumor se le desarrolló en uno de sus senos y tampoco en la prisión en a que está recluida se le ha permitido recibir la asistencia al tiempo requerido.

Hoy unas cincuenta mujeres la esperaban para manifestarle su apoyo y a la vez demostrarle a los militares de la Guardia Nacional que la han vejado constantemente la fuerza de la denuncia que se hace al año de su reclusión. Pronto se sabrán los resultados de los exámenes que mostrarán maltrato por parte de los encargados de su custodia.

Los militares quisieron quitarle a los médicos del Oncológico, hace apenas una semana, los informes sobre el estado de la Jueza Afiuni.

La propia reclusa ha escrito diferentes cartas a personalidades de todo el mundo explicando su caso que estuvo apegado, ciento por ciento, a la ley y los reglamentos judiciales vigentes en Venezuela y su estado de “Derecho”.

Hasta ahora sabemos que el ex presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, le envió una misiva al presidente Hugo Chávez solicitando la libertad de la doctora María Lourdes Afiuni.

Por el momento nadie en el gobierno se ha dado por aludido.

Hoy Amnistía Internacional hizo público un comunicado solicitando su libertad:

“A un año de su detención arbitraria, Amnistía Internacional reitera el pedido de liberación de la Jueza Afiuni.

Amnistía Internacional considera que la detención de la jueza María Lourdes Afiuni Mora el pasado 10 de diciembre de 2009 es un caso de indebida interferencia política por parte del ejecutivo. Su detención vulnera los Principios Básicos de la ONU relativos a la Independencia del Poder Judicial, adoptados en 1985, que determinan que “[l]os jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad…sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualquiera sectores o por cualquier motivo”.

La jueza Afiuni ha sido acusada de “corrupción propia, abuso de autoridad, favorecimiento para la evasión y asociación para delinquir”. Su detención se produjo horas después de haber emitido una orden de libertad condicional a favor del banquero Eligio Cedeño. Decisión que se encontraría dentro de su competencia y se ajustaría a las leyes venezolanas que establecen que nadie puede estar detenido a la espera de juicio más de dos años.

La orden de libertad condicional dictada por la jueza en diciembre de 2009 fue condenada públicamente por el Presidente del Gobierno Hugo Chávez. Un año después, la Fiscalía General de la República no habría presentado ninguna prueba fehaciente para sustentar los cargos en contra de la jueza Afiuni.

Amnistía Internacional se encuentra profundamente preocupada por las consecuencias que este caso pudiera tener en la disposición que puedan tener las y los jueces de Venezuela a extender a todas las categorías de procesados, los beneficios y salvaguardas contempladas en la constitución y las leyes de Venezuela, así como en los convenios internacionales de los cuales Venezuela es parte. El temor de las y los jueces a la falta de aceptación de sus decisiones por parte del Ejecutivo y otras instancias del Estado venezolano y las posibles consecuencias que esto acarrearía, podría afectar la realización de los derechos humanos de la población y la capacidad de los procesados, víctimas y familiares de posibles abusos a los derechos humanos, a obtener justicia y reparación bajo claras normativas preestablecidas.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, la Relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados, y la Relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, han insistido que “se ponga a la Jueza Afiuni en libertad inmediata e incondicional” y que “[l]as represalias por ejercer funciones constitucionalmente garantizadas y la creación de un clima de temor en el poder judicial y en los abogados no sirve a otro propósito que el de socavar el estado de derecho y obstruir la justicia”, en palabras de estas instancias de Naciones Unidas del 16 de diciembre de 2009.

Preocupa asimismo a Amnistía Internacional que la encarcelación preventiva de la jueza Afiuni en instalaciones en las que se encuentran reas que habrían sido condenadas por ella, pondría a la magistrada en situación de riesgo, y constituiría un castigo cruel, inhumano y degradante, por el prolongado temor a sufrir lesiones graves o muerte. Temor fundamentado por las constantes amenazas e intentos de atentar contra su integridad física, que hasta la fecha habría denunciado la jueza y que al parecer, continúan sin ser debidamente investigados; así como por la situación de violencia generalizada en las prisiones del país, la cual ha ameritado repetidas medidas de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Además, de acuerdo a la información recibida, la jueza Afiuni tiene diversos problemas de salud que requieren medicación y atención médica que incluye pruebas ginecológicas y oncológicas; y en más de una ocasión se le habría negado acceso a atención médica adecuada.

Amnistía Internacional EXHORTA a las autoridades VENEZOLANAS a:

Liberar a la jueza Afiuni y asegurar de forma inequívoca y públicamente su respeto a la labor de los operadores de justicia y su compromiso a respetar y garantizar la independencia del poder judicial”.