LA SUERTE ESTÁ ECHADA para los medios de comunicación electrónicos de la misma forma que para los ciudadanos en Venezuela al ser aprobada en discusión de mañana martes el proyecto de reforma a la llamada Ley de Responsabilidad Social de Radio y TV mejor llamada Ley Mordaza antes que por su abreviatura de Ley Resorte.
La prohibición de que la señal de una radio o una televisora pueda ser retransmitida ni siquiera por otra estación radial o televisiva cercena de un machetazo la existencia de circuitos radiales o de televisoras que puedan ser vistas en otros canales en cualquier zona del país y, más aún, dependiendo de la discrecionalidad del individuo que esté en el ente regulador, ni siquiera la utilización de servicios de transmisión por cable o satélite para llevar esas señales.
Lo que más ha llamado la atención de la reforma presentada- como todo lo que últimamente viene haciendo el régimen en la actual asamblea que termina su vigencia el 5 de enero próximo- ha sido la conexión a través de un solo nodo central para la Internet. La regulación de servicios como el Twitter o Facebook va implícita en la reforma así como el establecimiento de grandes multas, impagables para que se declaren en quiebra apenas se las exijan.
Todo esto bajo la premisa de reformas legales que prevén la creación de un punto único de acceso a Internet para todo el país y la prohibición de publicar mensajes que puedan “alterar el orden público”
De obtener sanción, las enmiendas impulsadas penalizarán a la prensa por la publicación de mensajes, que “pudieran inducir al magnicidio, constituir manipulaciones mediáticas dirigidas a fomentar zozobra o alterar el orden público”, o que “atenten contra las buenas costumbres”.
Además, el gobierno busca incrementar el control estatal sobre Internet a través de cambios a Ley Orgánica de Telecomunicaciones que dará nuevas facultades al ente regulador del sector. El establecimiento estatal de “un punto de interconexión o punto de acceso a la red de los proveedores de servicios de Internet en Venezuela” y la exigencia a los operadores de poner en marcha “mecanismos que permitan restringir” la divulgación de contenido prohibido por la ley bolivariana son las medidas que más inquietan de esta reforma.
, estudioso dedicado a la comunicación social y miembro del equipo técnico de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), alertó que “la reforma de la Ley Resorte se inscribe dentro de una lógica que busca cercenar la pluralidad informativa y de opiniones, como parte de la política por consolidar una hegemonía comunicacional por parte del gobierno del presidente Hugo Chávez”.
En el proyecto legislativo se “incrementan las causales para el cierre” de los medios de comunicación, las cuales no está claramente definidos y se prestan “a una interpretación política”, dijo la MUD.
Por su parte, una nota informativa del Parlamento señalaba que la reforma a la Ley Resorte “tiene como finalidad establecer el compromiso social de los prestadores” de los servicios de radio y televisión, “así como de los proveedores de servicio de internet y medios electrónicos”.
La diputada oficialista y periodista Desireé Santos Amaral negó que se pretenda “censurar”, y señaló que la reforma a la Ley Resorte buscan establecer una “regulación” para que haya “responsabilidad, porque a veces en esas páginas (electrónicas) hay opiniones que crean zozobra”, según le declaró al diario Últimas Noticias.
La reforma de la Ley Resorte plantea, entre otras, prohibir la difusión de mensajes, a través de radio, televisión y medios electrónicos, que “pudieran inducir al magnicidio, constituir manipulaciones mediáticas dirigidas a fomentar zozobra o alterar el orden público”, o que “atenten contra las buenas costumbres”.
“Los proveedores de servicios de internet, deberán establecer mecanismos que permitan restringir la difusión de mensajes y acceso a portales” que emitan los mensaje prohibidos, indica el proyecto.
La reforma faculta a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a “ordenar a los proveedores de servicios de internet, restringir el acceso a mensajes y portales divulgados a través de ésta u otros medios electrónicos” que emitan los mensajes prohibidos.
Añade que las violaciones a la norma acarrearán multas de entre 1 y 10 por ciento de los ingresos brutos de los medios, e incluso la suspensión por hasta 72 horas.
Recordemos que este año 2010 han sido detenidas algunas personas por haber “instigado” al asesinato de Chávez a través de mensajes y fotos difundidos en Twitter, y también por enviar por ese mismo medio falsedades sobre la banca. Aunque en éste último caso se determinó que la persona era una empleada oficial en la gobernación del estado Bolívar, inscrita en el partido de gobierno PSUV, que pensó que atacando a la banca le hacía un favor a Chávez quien ha anunciado varias veces sus intenciones de nacionalizar ese sector de la economía venezolana.
En marzo pasado, Chávez solicitó apoyo de la Fiscalía para actuar contra “delitos” en páginas web, después de que un portal nacional publicara la falsa muerte del entonces ministro Diosdado Cabello.
“La internet no puede ser una cosa libre, cada país tiene sus normas, la regulación y las leyes. Todas esas páginas tienen un administrador y hay que actuar en esto”, dijo Chávez en ese momento. Conociendo a sus colaboradores más cercanos del ala radical, encabezados por el actual vicepresidente Elías Jaua junto a sus asesores comunistas españoles y la influencia que sobre el gobierno ejerce el régimen de los hermanos castro de Cuba podemos imaginarnos de donde ha salido este desaguisado que cercenará, de ser aprobado, desde el próximo miércoles al 80% de las radios y televisoras de Venezuela.
¿Tendrán el cinismo suficiente los actuales parlamentarios rojos, de los cuales tres cuartas partes no repiten en la nueva Asamblea, de aprobar estas censuras solamente parecidas a las de China, Cuba y Corea del Norte?
