Los acontecimientos producidos en el mundo, como la terminación del régimen político en Túnez, y las permanentes manifestaciones en Egipto- hecho que llevará muy posiblemente a la salida del Presidente Mubarak del gobierno, hacen resurgir a la fuerza el cuestionamiento hacia otros gobiernos, que con apariencia democrática, oprimen a sus pueblos y violan permanentemente la Constitución. Uno de esos gobiernos es el de Venezuela.
El llamado “Socialismo del Siglo XXI” implantado en Venezuela, es una fuente inagotable de circunstancias que sirven de ejemplo de esa nueva manera de gobernar, en donde algunos gobernantes -haciendo uso de las herramientas que les facilita la democracia, fundamentalmente de los procesos electorales-, han venido modificando el sistema democrático, en otro que les permita su permanencia indefinida en el poder, transformando, y en muchos casos destruyendo, las instituciones del Estado, y limitando cada día más el régimen de libertades establecido en la Constitución de la República.
En Venezuela una de las instituciones que ha sido objeto de esa política de transformación es la fuerza armada, hoy denominada “Fuerza Armada Nacional Bolivariana” (FANB), cuyo objetivo primordial, según la Carta Magna, es garantizar la independencia y soberanía de la Nación. Llama poderosamente la atención que ni los líderes políticos venezolanos, ni la sociedad civil en general, parecieran entender como política de Estado, a la utilización de la FANB como instrumento político al servicio del gobierno de Venezuela, con la finalidad de contribuir a la instauración de un nuevo sistema político en el país (Marxismo), y no como la tradicional institución armada al servicio del Estado.
A diferencia de lo que algunos teóricos han insistido en afirmar, el papel de las fuerzas armadas dentro de los regímenes Marxistas no es nada deleznable. Si bien es cierto que estos tipos de regímenes proscriben la interferencia de sus fuerzas armadas en los asuntos civiles, éstas adquieren relevancia en tanto y en cuanto son utilizadas como instrumento de los gobiernos, a objeto de compeler a la población a aceptar sin reparos la instauración de dicho esquema político. Es cierto que en el comunismo el elemento de poder más importante es “el partido” (del régimen), pero ningún régimen comunista ha podido imponerse sin el uso de la fuerza – y quien posee la hegemonía de la fuerza- en cuanto a su legitimidad y legalidad- no es otra que la fuerza armada.
Probablemente en los comienzos del mandato del Presidente Chávez (1999-2000), y hasta la fecha del referéndum consultivo de 2007, el mero hecho de incorporar a la discusión la politización de la fuerza armada venezolana y su utilización para la implantación de un régimen comunista, hubiera causado controversia. Hoy en día la ausencia de la discusión no sólo no tiene ninguna justificación, sino que resulta dolosamente peligrosa al pretender obviarse, quién sabe con qué intereses, una realidad que indefectiblemente posee un peso específico propio en la Nación venezolana. Esta circunstancia, de implantación de un régimen Marxista bajo el apoyo incondicional de la FANB, y la aceptación de que en Venezuela existe una verdadera dictadura, cuya demostración clara lo representa la ausencia de un régimen de libertades, con absoluta prescindencia del respeto al estado de derecho, y del principio de separación de poderes, son la clave para predecir el futuro político del país. De allí que aquellos que de manera subrepticia pretendan dirigir la voluntad de los venezolanos hacia futuros inciertos, bajo la invitación pura y simple de participar en procesos electorales, como las elecciones presidenciales del 2012, sin tomar en consideración estos aspectos, condenan a todos los venezolanos, incluyendo a sus propias familias, a la permanencia indefinida de una férrea y despótica dictadura, al igual que ha sucedido en países como Cuba, Libia, Zimbabue, Túnez, Egipto, y muchos otros que no vale la pena mencionar.
Necesario es reconocer que la transformación política, social y económica que ha vivido Venezuela desde la llegada al poder del Presidente Hugo Chávez, ha sido objeto de diversas etapas, algunas de las cuales no resultaron lo suficientemente claras en sus inicios como para predecir el rumbo del país. Pero hoy en día no hay lugar a dudas; lo ha dicho el jefe de estado: “Nuestro juego es radicalizar la revolución. Nosotros vamos a …profundizar, radicalizar la revolución rumbo al socialismo”; recalcando incluso que su intención no es “moderar” su revolución, sino “radicalizarla”.
En efecto, a la política inicial, de “meramente permisiva”, de invasión a la propiedad privada de parte del gobierno nacional a favor de ciertos particulares (afectos al régimen), se unieron las medidas represivas en contra de algunos comerciantes, pequeños, medianos y grandes empresarios a quienes se les sancionaba con medidas extremas, (como el cierre temporal de sus comercios, confiscación de sus productos, la expropiación de sus empresas e incluso la nacionalización de éstas), hasta llegar a lo que se conoce hoy como masivas políticas de expropiación, nacionalizaciones o estatizaciones de los comercios o empresas.
No importa el tamaño del comercio que sea, ni el objeto comercial. El caso es que supermercados, productoras o expendedoras de alimentos, vestidos o calzados, farmacias, fábricas de pañales, cementeras, ventas de vehículos, filiales de empresas petroleras, gas, aluminio, joyerías, ventas de electrodomésticos, haciendas, fundos, o cualesquiera otras actividades de interés para el gobierno venezolano, son declarados de “uso público” y transferidos a propiedad del Estado. Esto incluye las acciones en contra de las entidades bancarias, empresas de seguros y financieras del país. Paralelamente a esto, la propiedad privada ha sido sustituida por otra cuya denominación no puede ser más elocuente: “ propiedad social”; y con ello, todos los atributos de la propiedad, como el derecho de usar, gozar y disponer del bien, han sido limitados de tal forma, que cualquier persona, por el hecho de ser propietario de un inmueble, puede ser objeto de una invasión de su propiedad, o de una expropiación del bien, si a juicio de las autoridades el inmueble puede “ ser útil al pueblo”.
En estas acciones ha participado la FANB, acudiendo en contingentes militares a los comercios, empresas, haciendas o viviendas en general, a los fines de afianzar con su presencia la medida administrativa dictada en contra de los dueños de estas propiedades. La FANB requiere la salida del propietario del inmueble, o de la empresa, y la FANB impide que los propietarios de dichos bienes trasladen sus productos, prendas personales, o los bienes muebles que se encuentran adentro de aquel objeto de la medida. Tales acciones exceden de las funciones constitucionales a las cuales se encuentra supeditada la institución militar, así como viola principios fundamentales consagrados allí, como el derecho de propiedad, el derecho al trabajo, e incluso hasta el derecho a la vida, por cuanto que como consecuencia de estas situaciones, ciudadanos venezolanos, víctimas de tales agresiones, han llegado a morir -como el caso del productor agropecuario Franklin Brito-, secuestrado en la puerta de las oficinas administrativas de la Organización de los Estados Americanos, en Caracas, por parte de funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) y de la Policía Política (SEBIN) y fallecido a partir de una huelga de hambre como consecuencia de sus reclamos por la expropiación de parte de sus tierras, de la cual fue objeto.
Incluso las acciones del gobierno bolivariano tendientes a implantar un régimen comunista han llegado más lejos. Medidas como el cierre de medios de comunicación, las agresiones en contra de periodistas o dueños y directivos de dichos medios, por causas hipotéticas, o de mínima gravedad, también han estado acompañadas por la FANB.
Controles de precios, y de cambio de la moneda, a objeto de limitar no solo a los comerciantes, sino a los ciudadanos en general, los cuales se ven perjudicados en actividades tan elementales como dedicarse al comercio, adquirir materia prima para producir bienes y servicios, pago de deudas en moneda extranjera, viajes al exterior, etc. son ejemplos palpables de la eliminación del libre mercado, del derecho a ejercer una actividad laboral lícita, del derecho al libre tránsito -dentro y fuera del territorio nacional-, del derecho de propiedad, amén de la limitación a la libre expresión del pensamiento, al derecho a informar y ser informado, y en general a todos aquellos derechos humanos reconocidos en los distintos Tratados internacionales suscritos por la República y establecidos en la Constitución Nacional. En todas estas circunstancias también hemos apreciado la presencia de la institución militar, en su condición de “garantes del cumplimiento de las medidas”, o de miembros de la FANB ejerciendo cargos públicos dentro de los organismos en cuestión.
Los ataques a la autonomía de las Universidades nacionales; la sustitución de los sindicatos, y los intentos de limitación de los derechos sindicales de los trabajadores, como el derecho a huelga, a manifestar, y a la estabilidad de sus dirigentes; la destrucción paulatina de las instituciones del Estado convirtiéndolas en meras dependencias del poder ejecutivo, (como el caso del Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ciudadano: Contraloría General de la Republica, Defensoría del Pueblo y Fiscalía General de la Republica, y del Poder Electoral), todo esto en base a la eliminación de los principios de autonomía y soberanía de los poderes públicos, son parte de las medidas que el gobierno de Venezuela ha venido ejecutando. En estos casos igualmente podemos apreciar la presencia militar, ya sea limitando físicamente los derechos de los ciudadanos que han pretendido manifestar en contra de tales medidas, agrediéndolos en muchos casos, o manteniéndose pasivos cuando sectores afectos al oficialismo han agredido a tales manifestantes.
Todas estas medidas dictadas por el gobierno bolivariano, representan dos de las premisas planteadas en el presente estudio. Nos referimos, por un lado, a la implantación del estado Marxista, mediante la eliminación de la propiedad privada, del libre Mercado y del sistema capitalista en general, a objeto de su reducción a meras actividades en donde el Estado otorga tales medios de producción al colectivo, en base a la creación de figuras e instituciones paralelas, de carácter “social”, como las “comunas”, a fin de dar paso a lo que sería el “Estado comunal”. Por otro lado, la utilización de la FANB para el cumplimiento de estas medidas, ya sea mediante la coacción física, o mediante el miedo y el amedrentamiento a los ciudadanos. Demás está decir que en todos estos casos existe una constante: el cercenamiento del régimen de libertades establecido en la Constitución de la República, característica fundamental de los sistemas democráticos.
Otro ejemplo de la politización de la FANB puede apreciarse en la nueva Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (LOFANB), decretada por el presidente de la República en 2007, en ejecución de la Ley Habilitante dictada por la Asamblea Nacional que lo autorizó para actuar, en la cual se establece un importante ingrediente político, violatorio del Artículo 328 de la Constitución de la República, como lo es al cambio de nombre de la institución militar, de “Fuerza Armada Nacional”, al de “Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, así como al de cada uno de los componentes militares, a los cuales se les ha agregado le categoría de “Bolivarianos” (Ejército Bolivariano, Fuerza Aérea Bolivariana, Armada Bolivariana y Guardia Nacional Bolivariana). En este sentido, al añadir la denominación de “Bolivariana”, el jefe de Estado ha incluido un elemento ideológico y político, de innegable connotación subliminal, al identificar a la institución militar con su proyecto político.
Probablemente una de las reformas más destacadas, y que demuestra el interés de politizar- más allá de su condición de institución del Estado a la FANB-, es el Artículo 6 de la LOFANB, que contraviniendo el Artículo 330 de la C.N. (que prohíbe optar a cargos de elección popular, participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político a los miembros de la FANB), crea la condición del “Comandante en Jefe de la FANB”, la cual recae en el Presidente de la República , siendo designado “máxima autoridad jerárquica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”.
Según la mencionada disposición éste “dirige el desarrollo general de las operaciones, define y activa el área de conflicto, los teatros de operaciones y regiones estratégicas de Defensa integral, así como los espacios para maniobras y demostraciones, designando sus respectivos Comandantes y fijándoles la jurisdicción territorial correspondiente, según la naturaleza del caso”. De allí la contradicción, por cuanto se incorpora como oficial activo de la FANB a la primera autoridad política del país, quien a su vez se desempeña como la primera autoridad del partido político del oficialismo (PSUV).
Como podemos apreciar, la institución militar venezolana, de acuerdo a la LOFANB, posee un amplio nivel ideológico y politizado, dependiente directamente de la estructura político-partidista del gobierno nacional, y muy especialmente de los dictámenes del presidente de la República, cuya figura tradicional de Comandante en Jefe de la FAN, pasa a ser la de Comandante en Jefe con grado militar dentro de esta organización, y tal como mencionáramos en párrafos anteriores, simultáneamente el presidente de la República ocupa el cargo de “Presidente del PSUV”.
Puede apreciarse la inclusión de la fuerza armada como una herramienta de la política del Estado, y paralelamente como un elemento del partido de gobierno. Ninguna otra interpretación podríamos hacer al apreciar cómo el jefe de Estado interviene sin ningún tipo de limitaciones, como instrumento político, (jefe de Estado), como instrumento militar, (Comandante en jefe con grado militar), y como instrumento de política partidista, (presidente y activista en funciones del PSUV). De igual forma podemos ver cómo la FANB lo obedece abiertamente, sin que para ello se sienta constreñida a respetar el ordenamiento jurídico.
Todas estas circunstancias han sido permitidas e instigadas por el propio mandatario a otros jefes militares, a quienes, estando en situación de actividad, ha incitado públicamente a su participación como candidatos a ocupar distintos cargos de elección popular Los casos de los generales García Carneiro, Acosta Carles, y José Alberto Gutiérrez, son emblemáticos. Si bien es cierto que durante los respectivos procesos electorales, los cuales les dieron el triunfo a los dos primeros oficiales mencionados, ya estos se encontraban en situación de retiro, no es menos cierto que los actos promocionales de sus candidaturas se habían iniciado mientras se encontraban en funciones como militares activos.
La contravención al cumplimiento de la obligación por parte de la FANB de desempeñar sus funciones al servicio exclusivo de la Nación, y bajo ningún concepto al servicio de persona o parcialidad política, resulta evidente cuando verificamos que la verdadera conducción operativa de la FANB es dirigida desde la sede político-partidista del gobierno (el cual a su vez absorbe al partido del gobierno). Así, siendo el presidente de la República el Comandante en jefe, con grado militar, de la FANB- y de quien dependen operativamente los cuatro componentes militares y exclusivamente la Milicia Bolivariana; y ocupando la más alta Magistratura por elección popular, y conduciendo al partido político del gobierno, resulta altamente difícil y comprometedor para la FANB, el deslindar sus actividades, de aquellas de carácter político en las cuales el propio mandatario nacional los incita y hasta premia por ello.
La relación existente entre el estamento militar y su jefe de Estado, en donde se confunden todos estos roles que desempeña el gobernante venezolano, conlleva la multiplicidad de actividades a las cuales se han tenido que enfrentar la FANB, en donde ha sido innegable que esa exclusividad al servicio de la Nación, es inexistente.
Un caso sin precedentes fue el de la entrevista facilitada por el General, Henry Rangel Silva, jefe del “Comando Estratégico Operacional”, quien afirmara ante un medio de comunicación venezolano, que: “Las fuerzas armadas venezolanas están casadas con el proyecto político del presidente Hugo Chávez, a quien tienen lealtad completa,… no tienen lealtades a medias, sino completas hacia un pueblo, un proyecto de vida y un comandante en jefe. Nos casamos con este proyecto de país…es difícil que la oposición a Chávez llegue al poder. Sería vender el país, eso no lo va a aceptar la gente, la FANB ni el pueblo”.
Esta actitud, asumida por un oficial de tan alta jerarquía, miembro del Alto Mando Militar y de la Junta Superior de la FANB, demuestra fehacientemente cómo la FANB ha supeditado el cumplimiento de sus funciones a un proyecto político en el cual amenazan con no desprenderse de él, si eventualmente en las próximas elecciones presidenciales el pueblo soberano decidiera un cambio de gobierno. Lo grave de la situación es que dichas palabras fueron aceptadas por sus subalternos, compañeros y por los demás miembros del Alto Mando Militar, quienes con su silencio admitieron su conformidad para con sus palabras. De hecho, el propio presidente de la República, en fecha 27 de noviembre 2010, ascendió a General en Jefe, (el mayor grado al que puede optar oficial alguno en el país), al mencionado general, reconociendo su valentía y humildad por sus manifestaciones de lealtad.
Sobre la actitud parcializada de la FANB, al servicio del partido de gobierno, al servicio de un proyecto político por encima de su obligación de “garantizar la independencia y soberanía de la Nación”, son muchos los casos a mencionar. No obstante, dada la jerarquía del oficial que emitió las declaraciones transcritas anteriormente, la importancia del cargo desempeñado, la circunstancia de su ascenso a la más alta jerarquía militar de parte del presidente de la República, y la amenaza que representa para la democracia de Venezuela la advertencia de que la FANB “no reconocerá un triunfo de la oposición en Venezuela”, consideramos elementos suficientes para demostrar la ausencia de la vigencia de los pilares fundamentales de la institución militar, como lo son la obediencia, la disciplina y la subordinación.
Otra de las preocupaciones dignas de mencionar es la de la participación de los miembros de la FANB en la vida política venezolana, como cualquier civil, aún cuando la misma Carta Magna y la LOFANB lo prohíban. Existe un sinnúmero de efectivos de la institución castrense venezolana, los cuales no solo han sido designados por el presidente de la República a ocupar cargos estrictamente políticos, sino que se han inscrito como “militantes” en el PSUV. Tales circunstancias no solo se han hecho públicas en el país, sino que incluso han sido objeto de denuncias ante la Fiscalía General de la República, institución del Estado que ha preferido mantener en total hermetismo dichas denuncias.
Pero más allá de su propia politización, es evidente la ideologización de la FANB. Al efecto el propio presidente de la República, y comandante en jefe con grado militar, confirmó oficialmente tal situación durante su alocución ante la Asamblea Nacional el pasado 23 de noviembre al señalar: “El objetivo, uno sólo: radicalizar la revolución.. a partir de su instalación (de la A.N.) y no solo el Parlamento mucho más a la izquierda (sino) mucho más radicalmente a la izquierda, necesitamos un gobierno más radicalmente a la izquierda, una Fuerza Armada (…) mucho más radicalmente revolucionaria. No debe haber cabida en nuestras filas civiles, militares para las medias tintas. ¡No! Una sola línea: Radicalizar la revolución y eso debe sentirlo esta grosera burguesía apátrida”.
Desde el punto de vista de la formación ideológica de la FANB podríamos señalar cómo esa ideologización se ha transformado de “hechos prácticos” a verdaderas cátedras sobre la materia. En efecto, tal y como lo establece el decreto número 7.662, publicado en la Gaceta Oficial número 39.502, del 3 de septiembre de 2010, se crea la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV), cuyo propósito, entre otros, es el de “Contribuir en la cooperación académico militar con las fuerzas armadas de otros países, para la lucha antiimperialista y la construcción de un mundo pluripolar”. Además la UMBV tendrá como objetivo “acelerar y profundizar el pensamiento y doctrina militar venezolano, fundamentado en el ideario bolivariano, robinsoniano y zamorano, así como las experiencias de lucha antiimperialistas de los pueblos”.
La realidad venezolana, representada por un ambicioso proyecto político en el cual se pretende sustituir al Estado tradicional democrático, y a la economía libre, reconocidos en la Constitución Nacional, por otro Estado sujeto a valores desconocidos para la sociedad venezolana, basados en el llamado “Socialismo del Siglo XXI”, cuyo jefe de Estado ha terminado por reconocer como ideología “Marxista” y en donde la FANB ha sido utilizada como ejecutor de tal proyecto político; la creación de instituciones paralelas a las reconocidas constitucionalmente, como parte de ese “Nuevo Estado”, cuya atención se dirige a sujetos “colectivos” y/o comunitarios –inexistentes en la Constitución de la República, y en la cual la FANB ha tenido participación activa al desconocer las verdaderas instituciones reconocidas en la Carta Magna; la unificación en un solo cuerpo, de las figuras del Estado, Pueblo (Partido Político-PSUV) y Ejército (FANB) liderado por la única y exclusiva figura del presidente de la República, en el cual la institución militar ha demostrado su sumisión a un hombre: el jefe de Estado, y de un partido político: el PSUV, y no al servicio exclusivo de la Nación venezolana; la constatación de que aquellos pilares fundamentales en donde se afianza la institución militar, como la obediencia, la disciplina y la subordinación, dependen directamente de la lealtad hacia un líder político-militar, y no hacia la Constitución de la República; la participación de los miembros de la FANB en actividades de proselitismo político, como si fueran miembros de la sociedad civil sin limitación alguna, cuya modalidad oscila entre su militancia en el partido de gobierno, sus declaraciones públicas a favor de un proyecto político, y su inclusión en la nómina del Estado cual burócratas al margen de sus obligaciones constitucionales y legales; y la ideologización de la organización militar hasta el punto de ceñir su conducta a principios y valores ajenos a su condición de servidores de la Patria, violando sus obligaciones de no profesar ideología alguna, y de las cuales la FANB se ha convertido en uno de los máximos promotores de tales ideologías, son condicionantes suficientemente explícitas como para entender, que bajo tales circunstancias, resulta imposible para la FANB garantizar la soberanía de la Nación, ni mucho menos su independencia, cuando la organización militar misma se ha mantenido al margen de la Constitución y Leyes de la República, así como de los valores supremos que rigen a la democracia y a la actuación de los servidores de la Nación.
Con esto nos tendremos que enfrentar los venezolanos durante la contienda política del 2012.
¿Estamos preparados para ello?
Virginia Contreras
