Medios de comunicación y redes sociales, amen de un extraño comportamiento del gobierno y el poder publico en cuanto al rol de la información y a la decisión de matar al mensajero, nos revela un curioso fenómeno económico y político con serias repercusiones en la salud pública: la potabilidad del agua en muchas ciudades venezolanas ha sido puesta en discusión por los propios habitantes, el problema adquirió dimensiones nacionales.
De hecho, la decisión del gobierno de asignar unos 1600 millones de Bs. F para ajustar los niveles de potabilidad del agua a nivel nacional, nos muestra que en su interior, por ahora declarativamente, el gobierno también estima que los problemas de potabilidad del agua son serios, al menos eso lo muestra la decisión del gobierno de incrementar sustancialmente el gasto en ese sector.
Sin embargo, al enfrentarnos a los resultados y la evidencia empírica en cuanto a los mecanismos de asignación de recursos fiscales que no guardan relación con la descapitalización de servicios públicos y empresas estatales, no proyectamos muchas esperanzas que a los realazos el agua sale de las hidrológicas estatales alcance los estándares de pureza y potabilidad requeridos.
1. Censura, desbalance institucional e irresponsabilidad El poder publico, quizás en conocimiento de la gravedad del problema, decidió restringir a los medios y a la opinión publica a expresarse sobre el problema de la potabilidad del agua servida para consumo humano por las empresas publicas destinadas a esos efectos: las hidrológicas.
Toda esa situación que fluyo profusamente por las redes sociales y medios de comunicación nos hizo investigar las causas y razones por las cuales, en tiempo relativamente corto, la gente comenzó a reclamar que el agua servida como potable, no lo parecía, y allí la preocupación de todos en torno al impacto sobre la salud publica de unas aguas servidas por el gobierno que no alcanzaren los estándares mínimos de potabilidad requerida para consumo humano.
Era una obligación entonces investigar el entorno económico-institucional y la racionalidad económica subyacente en la producción del agua potable, un servicio publico monopolizado por el Estado/gobierno y sujeto a infinidad de perversiones emergidas todas de su condición monopólica. Parece que la preocupación de la gente no la calma en lo inmediato el gobierno, ni el poder publico, al tratar de restringir la difusión del tema, sobre todo cuando el Consejo de Ministros toma la decisión de gastar unos 1600 MM de Bs. F para corregir los niveles de potabilidad de las aguas blancas a nivel nacional.
El gobierno aparece de algún modo atendiendo el reclamo de la gente en torno a la calidad delas aguas blancas servidas por las hidrológicas del Estado.
Resta evaluar las economías mencionadas para proyectar la solución de ese angustioso problema. Nos abriga una duda metódica que trataremos de explicar adelante.
2. La economía del agua potable I Entremos en materia económica y del análisis económico que denomino como la “economía del agua y su supuesta potabilidad”, para que nos permita comprender que es lo que realmente ocurre en torno a la potabilidad o no del agua servida por las hidrológicas del Estado; y evaluar si en realidad el gasto asignado, arriba mencionado, solucionaría los serios problemas generados por el régimen de estatización “formal” e informal -violenta- de la “economía del agua ” que el gobierno ha instrumentado desde hace años.
En el grafico que adjuntamos a esta nota, en lo que se refiere al agua, ilustramos la secuencia en un “circuito económico” perverso impuesto por la estatización e intervención del estado/gobierno en la “economía del agua potable”.
En general, acotamos, que poco se conocen en la opinión publica los efectos perversos causados en el aparato productivo, al que se encuentra bajo dominio del Estado/gobierno y al sector privado, los esquemas de “cooperativismo estatal” ah-hoc instrumentados en servicios públicos, petróleo, CVG, cemento, agricultura, agroindustria, manufactura, servicios públicos. Un caso que discutimos acá, se puede ver en el gráfico adjunto, es precisamente la relación de esas “cooperativas paraestatales” con el servicio de agua potable.
La potabilidad del agua, universalmente, depende -entre otros- de un recurso, aparentemente abundante en Venezuela, pero cuya producción ha caído al ritmo de la contracción de la producción de petróleo; el gas, tanto al asociado al petróleo, como el libre natural. Un extendido proceso de descapitalización y desinversión ha contraído igualmente la producción de gas -natural hasta tener que depender del gas de Colombia para el funcionamiento de la industria petrolquímica en el Zulia y Carabobo. El gas es el insumo central para la producción del gas cloro, materia prima esencial para producir los hipocloritos requeridos en la potabilización del agua servida; un proceso que se afianza en un stripping de los compuestos volátiles seguido de precipitación de impurezas -bactericida- con floculantes, filtración y desinfección, reducción del crecimiento de algas y microrganismos en el agua, y para ello el cloro es fundamental.
3. La economía del agua potable II: el rol de las “cooperativas paraestatales”. En Venezuela la economía del agua comienza en Pequiven con la producción y distribución de gas, el cual es ofrecido a empresas privadas para producir los hipocloritos, de eso que la gente comúnmente denomina cloro, cuyo poder bactericida es vital para potabilizar el agua. El hipoclorito producido por empresas privadas, es destinado entre otros a dos actividades económicas básicas, a las hidrológicas para potabilizar el agua y la industria que producen detergentes, limpiadores, desinfectantes, etc.
Es acá donde entra el socialismo de las “cooperativas paraestatales”, lo cual, dado el dominio de un régimen económico informal ideológicamente conducido, asume por decisiones políticas y no económicas el monopolio de vender el hipoclorito a las empresas hidrológicas públicas. Se puede intuir sin dificultad y por evidencia empírica y abundante historia, como emergen las perversiones típicas de esos maridajes incestuosos entre el Estado, grupos políticos y cronies cuando esos intereses divisan un negocio, independiente de los riesgos en ello envueltos.
Las empresas privadas que ejercían esta actividad en el pasado han sido puestas de lado, para dar paso al régimen de “cooperativas paraestatales”, un régimen económico pre-capitalista, mercantilista pro-socialista e informal, donde los derechos de propiedad son definidos como estatales, sin propiedad privada ni cooperativa, son intereses colectivos políticos en su “actividad económica” afectaría, en el caso del agua, el régimen racional de mercado que existía para dotación de insumos a las hidrológicas, por desaparición del marco jurídico que ampara las relaciones económicas entre el Estado y terceros que en el pasado, eran privados. Ahora, en la figura de “cooperativas paraestatales” donde los derechos de propiedad son acotados por un régimen difuso de derechos de propiedad, pero estatales por defecto, pervierte una actividad económica vital, con impacto potencialmente directo en la salud publica.
4. El “cooperativismo estatal” sin Estado de derecho El esquema de “cooperativas estatales” impuesto por el gobierno se encuentra en las antípodas del tradicional cooperativismo existente en el mundo, y en Venezuela, dado que su filosofía de la propiedad cooperativa no solo no es privada, sino por el contrario, el régimen de “cooperativas paraestatales, se funda en empresas cooperativas donde no existe propiedad privada nocional o titularizada, es estatal por defecto del marco jurídico difuso.
La empresa cooperativa, como se le concibe universalmente, -la de los dos pinos verdes- no esta en contradicción con el disfrute, goce y disponibilidad de la propiedad privada y sus derechos, por parte del cooperativista, independiente del régimen de enajenación que exista en la “cooperativa”, fundado en la propiedad privada y su presencia es extendida en diversos sectores de la economía, es una realidad económica y es desde luego una realidad económica cuya rentabilidad le garantiza su existencia en el mercado de los bienes y servicios en que opera. El ejemplo más visible en Venezuela lo encontramos en el transporte publico -cooperativas de transporte- , buses y taxis, constituyen instrumentos de trabajo y en propiedad privada del conductor, este permitirá al lector seguir mi discusión sobre ese tema en relación a las cooperativas fundadas y fondeadas por el gobierno que llamamos “cooperativas paraestatales” y que ha introducido serias distorsiones y perversiones en el funcionamiento de la economía.
El régimen de “cooperativas paraestatales “que ha establecido el “socialismo bolivariano” no es cooperativista sino estatal políticamente contaminado. Ese mecanismo de operatividad, en el caso que discutimos acá, en el servicio de aguas, es un modus operandi que encontramos en relación al maridaje entre esas “cooperativas paraestatales” con empresas básicas en Guayana, CVG, acero y aluminio, en PDVSA y Pequiven, en minas, cemento, aguas y bosques, en el espacio electromagnético, sectores de industria y comercio; donde se han creado relaciones económicas incestuosas por ser extensiones del Estado/gobierno y su vasta clientela política e ideológica que han afectado el funcionamiento natural de la economía privada en esos sectores de la economía nacional y en los servicios públicos.
5. Mercantilismo y socialismo: incesto entre el Estado y grupos de interés. Acotemos que la creación masiva de “cooperativas” ha constituido un aspecto central del esquema ideológico en materia de políticas públicas para la expansión del Socialismo del Siglo XXI, para lo cual escogieron los servicios públicos y los monopolios estatales en petróleo, minas, espacio electromagnético, cemento, producción y distribución de alimentos. Cientos de miles de cooperativas fueron creadas para realizar actividades económicas con PDVSA, PEQUIVEN, CVG (SIDOR, empresas del aluminio) y otras empresas del Estado, operaciones que tradicionalmente efectuaban empresas formales privadas, lo cual permitía el funcionamiento de un régimen jurídico adecuado donde las contrataciones se basaban en un estado de derecho preciso, y al amparo de la Ley.
Una actividad económica en ese sentido, descrita arriba por nosotros como “incestuosa” -entre el Estado/gobierno, clientela política e ideológica del proceso político llamado revolución- opera con la comercialización de productos siderúrgicos para la construcción, cemento, de comercialización de insumos agropecuarios y agroindustriales. Ciertamente esas perversiones introducidas en la economía de las empresas de CVG en Guayana, ayudan a explicar el colapso económico y descapitalización del conglomerado industrial de CVG.
Ese modus operandi es visible en la comercialización de cemento, entre esos grupos clientelares políticamente afines, con las empresas cementeras estatizadas, lo cual ha afectado el mercado del cemento e insumos requeridos para la industria de la construcción y viviendas. También se observa en la producción y comercialización de leche así como en la distribución de productos alimenticios donde opera con las perversiones y distorsiones del caso. Todos deben recordar los casos de deterioro de alimentos importados y distribuidos por PVDSA (PDVAL), las cooperativas paraestatales son allí el estandarte de esas des economías.
En relación al petróleo y a PDVSA el rol de esas “cooperativas paraestatales” merece un capitulo aparte, dado el costoso proceso de desinversión y descapitalización que caracteriza la industria petrolera en poder de PDVSA lo cual, entre otros ha inducido a un crecimiento de los costos para producir un barril de petróleo, y que es notable al comparar esos costos entre periodos de diez anos, los cuales se han triplicado. Nada distinto a como funcionaba el régimen económico que caracterizo a los regímenes de socialismo real. El socialismo bolivariano opera con la misma estructura de incentivos de los fracasos históricos conocidos.
Economista,PhD
@AlexGuerreroE
www.alexanderguerrero.com
