La sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya en la que se “dirimió” la controversia limítrofe entre Colombia y Nicaragua, tiene dos lecturas. Una jurídica cuya interpretación, alcance y ejecución aún se discute, y una política, con consecuencias no sólo para los países que llevaron el caso ante la instancia judicial, sino para la región en general y para Venezuela en particular.
La Corte en el año 2007, había confirmado la soberanía de Colombia sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en consecuencia, estos 3 territorios le otorgaban derechos sobre el mar, a saber, mar territorial, zona contigua, zona económica y exclusiva, plataforma continental y espacio aéreo (sobre el mar territorial). El 19 de noviembre, la Corte ratifica lo anterior y además le otorga soberanía a Colombia sobre 7 cayos: Albuquerque, Este-Sudeste, Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla y Bajo Sueño, pero le quita la jurisdicción sobre el mar, otorgándole a Nicaragua 78.000kms. Vale, decir, le crea a Colombia un enclave terrestre dentro de zonas marítimas bajo jurisdicción de Nicaragua. Partiendo de la base que el mar sigue a la tierra y es el territorio el que genera derechos a los estados y no al revés, se observa lo complicado del fallo para Colombia.
En estricto derecho, le corresponderá a Nicaragua otorgarle una servidumbre de paso hacia el archipiélago y establecer bilateralmente las condiciones de pesca, exploración y exploración de los recursos marinos en la zona que son abundantes y que los pescadores colombianos reclaman como suyos pues siempre ejercieron en esas aguas derechos incuestionables.
Nicaragua mostró una argumentación impecable y a riesgo de perderlo todo, ganó mucho más de lo estimado, para ello, contó con los mejores Abogados del mundo, tanto en delimitación, como en Derecho del Mar. Colombia, confiada en su buen juicio se hizo representar solo por abogados nacionales y el experto en delimitación Londoño. ¿Qué pasó entonces? Amanecerá y veremos
Ahora bien, los países que reconocen a la Corte y que la emplean como uno de los métodos pacíficos de solución de controversias previstos en la Carta de la ONU y ratificados en el Pacto de Bogotá, aceptan que las decisiones son inapelables. Colombia como estado soberano puede retirarse, y ya lo hizo, pero eso no implica ni el desconocimiento del fallo ni su inejecución. Lo contrario sería patear el Derecho Internacional Público y desconocer la esencia sobre la que se asienta Pacta sunt servanda.
Es claro que el Presidente Santos ha maniobrado en arenas movedizas para asegurarse una reelección sin sobresaltos. Veamos.
El anuncio del “Acuerdo General para la terminación del conflicto” sobre la base de una paz duradera y estable con sus enemigos las FARC-EP. El sigilo con que se manejaron las conversaciones iniciales demostró su calidad de negociador avezado. Meter a Chile como su acompañante y a Noruega como su garante es una movida inteligente que le garantiza acceso a la información y aliados confiables. Aceptar a Venezuela como acompañante y a Cuba como garante de las FARC-EP se inscribe en la política exterior que desarrolla desde 2010, mejor tener a los adversarios cerca y confiados que lejos y enfrentados. Personalmente, no confío en la buena voluntad de quienes secuestrando, matando, extorsionando y violando los derechos humanos tienen 50 años desangrando a Colombia. Cambiar ese modo de vida por uno adecuado a los valores de respeto, democracia y libertad resulta una utopía tan irrealizable como el comunismo. Si las FARC-EP realmente tienen voluntad de paz, no será una tregua con fecha de vencimiento, sino un abandono definitivo de la lucha armada. Todavía no hay nada que permita prever el final de esta historia. Aquí Santos se juega la primera carta
Con relación a la sentencia, una campaña mediática acompañó el momento en Bogotá y en San Andrés, la sesión de la Corte fue transmitida en vivo y directo. Al júbilo inicial por la ratificación de soberanía, siguió un amargo silencio ante la pérdida de los derechos en el mar. Se habían creado expectativas favorables por la sentencia y la popularidad de Santos cae estrepitosamente lo que precipita el retiro del Pacto. Aquí apostó y perdió.
Dejando de lado lo estrictamente jurídico, preocupan las acciones que el gobierno ha tomado después del fallo para revertir los efectos negativos, y corresponde advertir lo que puede ocurrir con relación a Venezuela. Santos decide visitar La Habana donde concurren dos factores que, pueden darle oxigeno a su gobierno, le ratifica su confianza al acompañante en el proceso de paz y quizás se anime a reavivar la “negociación bilateral” sobre la delimitación de las áreas marinas y submarinas al norte de Castilletes.
Venezuela pasa por momentos de debilidad institucional y Colombia lo sabe. Por ello bueno es recordarle al gobierno que, la integridad territorial es un valor esencial que no admite componendas ni arreglos extraterritoriales. Colombia siempre quiso llevar la controversia con Venezuela a la Corte, pero luego de este revés La Habana luce como el escenario ideal para levantarles la moral a sus ciudadanos y el Golfo es una carta que puede jugar junto a las expectativas de Paz.
Saque usted sus propias conclusiones
María Teresa Belandria
@matebe
