Hace aproximadamente un mes el periodista argentino Jorge Lanata, comenzó la nueva temporada de su programa de televisión “Periodismo para Todos”, denunciando lo que denominó como Lavado de Dinero-K. En ese reportaje periodístico, principalmente se hacía referencia a como los miembros del gobierno kirchnerista realizaban algunas actividades con el fin de lavar el dinero proveniente de los actos de corrupción. El objetivo de este primer programa, básicamente consistía en mostrar a los espectadores como esos funcionarios manejaban el dinero en efectivo producto de las actividades ilícitas y que luego irían a parar en los llamados paraísos fiscales. Así entonces, se conoció el manejo de las famosas valijas que salían furtivamente del país (¿recuerdan a nuestro paisano Antonini Wilson?), la técnica del canje de dólares por billetes de 500 euros -de manera tal de minimizar el peso del dinero a movilizar- así de como se pesaban estos billetes en vez de contarlos para determinar la cantidad movilizada.

De seguro que esto fue una decisión bien meditada y parte de una táctica periodística que buscaba mostrar más el comportamiento gansteril de los miembros del gobierno argentino y lo burdo de las operaciones delictivas que desarrollaban. Después, como todos saben, el periodista ha dedicado tres o cuatro programas a desenmascarar la procedencia exacta de ese dinero ilegítimo, esto es exponer con lujo de detalles las “actividades” de cobro de comisiones, sobreprecios, chantajes, etc., que vienen desarrollando desde hace poco más de una década la corrupta pareja presidencial argentina y sus más cercanos colaboradores.

Ahora bien, resulta que la semana pasada, y producto de la pésima gestión económica de la señora Kirchner y sus colaboradores, cuestión que es natural, ya que un grupo de personas no puede dedicarse con éxito a dirigir un país si se encuentra ocupado en labores hamponiles, el gobierno argentino ha sacado a la palestra pública su decisión de proponer una ley con la finalidad de legalizar aquellos capitales en dólares que estén en posesión de los argentinos, ya que hace un par de años, su propio gobierno, “pesificó” la economía y obligó a los poseedores de billetes verdes a canjearlos por esa moneda. En otras palabras, se trata de una suerte de ley de amnistía, que permitirá, bien a los poseedores de dólares en el exterior, bien a los que tienen sus dólares bajo el colchón, a canjearlos por dos clases de papeles financieros, quedando libres de toda responsabilidad civil o penal, así como perdonados por no haber pagado los correspondientes impuestos en su momento. Como vemos, la señora Kirchner, intenta democratizar el lavado de dinero en Argentina. Sobre este tema y sus implicaciones para la seguridad nacional volveremos con más detalles la próxima semana.

Centro Latinoamericano de Estudios de Seguridad

Universidad “Simón Bolívar”

Por: Leopoldo E. Colmenares G.

@LCOLG

“El gobierno de calle” ha anunciado dejar a su paso  una ciudad con fuerte presencia del ejército, la GNB y la Policía Nacional en el contexto del plan Patria Segura. Esta cuestionada estrategia militar de “seguridad ciudadana”, me trae a la memoria el comentario que un amigo, politólogo e historiador, hiciera al contemplar el funeral del finado Presidente Sr Hugo Rafael Chávez Frías. Observaba el analista una diferencia simbólica importante entre los dos  recorridos que se hicieron con el cuerpo del expresidente de la República; el primero desde el hospital militar hasta los Próceres y el segundo desde  los próceres al cuartel de la Montaña. El primer trayecto se recorrió como una procesión, fue un acto cívico-religioso donde el pueblo cargó y lloró a su líder carismático y el segundo, en cambio,  fue un acto estrictamente político- militar en el que el pueblo a lo más fue un espectador. Ante los hechos, el agudo analista, lanzó una hipótesis, “creo que el segundo recorrido nos señala el derrotero del nuevo momento del país: “un gobierno militar con rostro civil”.

Lamentablemente los hechos parecen constatar la hipótesis antes mencionada. El martes 14  de Mayo, el Correo del Orinoco reseña en primera página que “La Fuerza Armada salió a la calle para garantizar seguridad” y explica que “El presidente Nicolás Maduro activó ayer el Plan Patria Segura en varias parroquias del Distrito Capital y el estado Miranda, con el despliegue de 3 mil funcionarias y funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Sebin, la PNB y algunos cuerpos de seguridad municipales”.

La idea, según el Presidente Maduro, es continuar con los estados Carabobo, Lara y Zulia hasta hacerlo extensivo a todo el país y para ello cuenta con las Milicias Nacional Bolivarianas que,  según sus estimaciones, suman un total de 400 mil milicianos y milicianas, y representan “un enlace natural entre este plan de patrullaje y el Movimiento por la Paz y la Vida, porque es el pueblo en su barrio, uniformado y preparado para la defensa de la patria”.

El discurso presidencial entorno a la seguridad es ambiguo. El uso del término defensa de la patria nos coloca en otro campo semántico y cabe la pregunta ¿es una estrategia de seguridad ciudadana o una estrategia de defensa de la patria? Mientras las estrategias de seguridad ciudadana deberían garantizar las condiciones para la convivencia pacífica y proteger la vida y la integridad de los ciudadanos haciendo uso de las policías y las instituciones públicas en una respuesta integral de largo aliento para reducir la impunidad, la delincuencia y el crimen organizado ; la lógica de la “defensa de la patria” parte del supuesto de que hay que combatir a un enemigo que atenta contra los intereses de  la nación  y, en consecuencia, les coloca en un escenario de conflicto político en el que se justificaría desde la razón de Estado el uso de la FANB para resguardar el orden establecido.

Por otro lado, en la edición del lunes 13 del Correo del Orinoco, llama poderosamente la atención que  la reseña que se hace del programa de José Vicente Rangel  resalta afirmaciones y comentarios preocupantes que indican una supuesta fractura al interior de la FANB. El hecho de que un vocero del chavismo reconozca ante la opinión pública cierta tensión interna en la FANB es una novedad, su discurso siempre ha sido de unidad inquebrantable. Según Rangel “por primera vez desde los sucesos de abril de 2002 se observan movimientos extraños; ejemplo, reuniones en distintos lugares con cualquier pretexto, como los estados Carabobo, Vargas, Aragua y otros”.

De agudizarse estas dinámicas- por un lado, por parte del gobierno  la militarización de la seguridad ciudadana en la lógica de la defensa de la patria, y por el otro, la conexión de actores  radicales de la oposición con  sectores de derecha de las FANB- la convivencia democrática y la paz social estarían amenazadas. Cualquier salida de facto sea de izquierda o de derecha es un camino ciego que atenta contra el Estado de derecho y nos pondría al borde de un conflicto armado sin precedentes. Los ciudadanos de a pie no podemos resignarnos a que fuerzas extremas decidan por nosotros. Es urgente abrir los canales del diálogo democrático y llegar a un acuerdo de convivencia pacífica. La paz social es un bien público del que todos somos responsables.

Fuente: Revista SIC

Los momentos que viven el país son de mucha precariedad. Se evidencia en muchos aspectos tanto de las instituciones como de la calidad de vida de los venezolanos. La situación que padecemos los venezolanos nos lleva a concluir que el fracaso del modelo político que se trató de implantar en Venezuela es estrepitoso y no deja más espacios para otra cosa que no sea la rectificación.

Desde el punto de vista institucional, nos encontramos con órganos del estado que, en su función, se han distanciado de lo previsto en la Constitución y aparecen como secretarías políticas del partido de gobierno.

Si comenzamos por el poder ejecutivo, nos encontramos con un presidente con cuestionada legitimidad de origen en la medida en que se empeña en no realizar una auditoría del proceso electoral que confirme o desmienta las denuncias de la oposición. En cuanto al desempeño, nos encontramos con un equipo construido con material reciclado proveniente del aparato político que nos trajo a la situación que estamos viviendo. El momento no es fácil para unas personas que desconocen los elementos básicos de la política pública y que se encuentra sin ideas para resolver los problemas que sufren los venezolanos.

La Asamblea Nacional muestra los peores momentos del parlamentarismo venezolano. Dirigida por un ex oficial cuartelero, está muy lejos de ser la casa de las leyes en la que se discuten los problemas del país y por sobre todo, se actúa en representación del pueblo que les otorgó el mandato. El rendimiento de la AN es nulo. No se discute el problema de la criminalidad, de la electricidad, del abastecimiento, etc. En algún momento ha parecido un lugar de encuentro de enemigos acérrimos que ante la imposibilidad de practicar la política tiene que apelar a la más vulgar y ruin de las violencias.

Al poder moral le queda grande el nombre. Llevamos años sin contraloría mientras que la corrupción campea en organismos del estado. La fiscal no dice esta boca es mía ante la muerte que azota familias venezolanas. La defensoría del pueblo ofende a los venezolanos por su inacción en la defensa de tanta víctima de la mala calidad de los servicios públicos, en la defensa de personas que no tienen acceso a la justicia, en la defensa de personas que son despedidas de sus trabajos por no pertenecer al partido de gobierno.

El poder judicial ha quedado en manos de militantes del partido de gobierno para, desde el máximo tribunal, defender los intereses del proyecto por encima de los máximos deseos de la población venezolana de donde deriva su poder. Ya no se espera que el poder judicial actúe según lo previsto en la Constitución y las leyes sino de acuerdo a las órdenes impartidas desde la nomenclatura oficialista.

Por último y no menos grave aparece el poder electoral. La actuación de las rectoras militantes del PSUV deja mucho que desear. No muestran interés alguno en ganarse la confianza de los venezolanos. Impúdicamente esconden las pruebas de los delitos electorales que ante los ojos del mundo se cometieron el 14A. Su actuación ha estado destinada a impedir, a como de lugar, que se realice una auditoría que daría como resultado la comprobación de acciones fraudulentas que comprometen la validez de los resultados.

Al final, la revolución termina siendo una pantomima. Una burla a quienes ilusamente pensaron que con esta clase política se superarían los problemas del pasado. Al contrario, quienes hoy detentan el poder irrespetan abiertamente al venezolano. Usan los recursos del estado como si fuesen de su propiedad. Les importa un bledo si la gente es asesinada en las calles o si no consiguen de comer.

Es un grupo de depredadores que medran del erario público y que solo están interesados en mantenerse en el poder a como de lugar. Inocente el que crea que los políticos que fingen ser gobernantes tienen interés alguno en resolver asuntos que en los últimos 14 años no han hecho más que empeorar.

@botellazo

Fuente: La Patilla