La Constitución Nacional garantiza el derecho a huelga en su artículo 97. Sin embargo, en los últimos años Provea ha denunciado el empleo de diversos mecanismos por parte del Estado venezolano para restringir y criminalizar su ejercicio.

Por vías legales se mantiene la negación del derecho a huelga y cada vez es más riesgoso para los sindicalistas convocar a la paralización de actividades.

Hemos señalado que la creación de un entramado legal orientado a criminalizar las luchas y disminuir la capacidad de movilización de los trabajadores y los sindicatos, atenta contra conquistas históricas del movimiento obrero como la libertad sindical y el derecho a huelga, y está reñido con los principios consagrados en la Constitución Nacional y las normas contenidas en los Convenios, Pactos y Tratados Internacionales suscritos por el Estado venezolano.

La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LODOFAT) junto a la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa de la Nación, son la expresión más acabada de ese andamiaje represivo.

En diciembre de 2002, en el marco de un período de intensa conflictividad política, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. Los Títulos IV y V contemplan la clasificación de las llamadas Zonas de Seguridad y las Sanciones y Penas ante la violación de los preceptos señalados en dicho instrumento legal.

Los trabajadores venezolanos han sido las principales víctimas de la criminalización y la judicialización de sus luchas, que bajo el mandato de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, ha emprendido el Estado venezolano.

Rubén González permaneció 17 meses en la cárcel, y actualmente está sometido a juicio luego que la sentencia que lo condenó a 7 años de prisión, fue anulada debido a las acciones de rechazo del movimiento sindical a nivel nacional.

Entre los delitos que se le imputan, está la violación del artículo 48 de Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, cuya pena aplicable está contenida en el artículo 56 de la misma: “Cualquiera que organice, sostenga o instigue a la realización de actividades dentro de las zonas de seguridad, que estén dirigidas a perturbar o afectar la organización y funcionamiento de las instalaciones militares, de los servicios públicos, industrias y empresas básicas, o la vida económico social del país, será penado con prisión de cinco (5) a diez (10) años”.

El mismo principio fue aplicado en 2012, contra 5 trabajadores de la construcción en el Estado Táchira, quienes fueron sometidos a la justicia militar, luego de realizar una protesta a las puertas del Fuerte Murachí, exigiendo el pago de sus pasivos laborales a la empresa Xacobeo, C.A.

La Organización No Gubernamental “Control Ciudadano” ha calculado que un 32% del territorio venezolano ha sido calificado como zona de seguridad.

En el año 2009 Provea calculó que por delitos tipificados en el Código Penal y por “violación de zona de seguridad” 2.400 luchadores sociales se encontraban en regímenes de presentación en tribunales tras haber sido privados de su libertad en el contexto de una manifestación.

La Ley de Seguridad de la Nación es casi una copia al calco de la “Ley de Seguridad Interior del Estado” chilena, aprobada en 1958 durante la presidencia del militar Carlos Ibáñez del Campo, y reeditada por el Gobierno de Sebastián Piñera para criminalizar las luchas del pueblo Mapuche.

Por su parte, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LODOFAT), aprobada en mayo de 2012, está orientada a la criminalización de la protesta y la proscripción de las formas de lucha que históricamente ha adoptado el movimiento obrero.

Provea denunció a esta Ley como potencial violadora de los derechos humanos debido a su ambigua definición de “acto terrorista” y “delincuencia organizada”.

La LODOFAT, es la versión venezolana de la USA Patriot Act o Ley Patriota Norteamericana y una aplicación del Manual Antiterrorista del Fondo Monetario Internacional. Establece penas para las personas naturales y jurídicas, que sean calificadas como terroristas o cooperantes con el terrorismo.

El caso más emblemático de aplicación de la Ley Antiterrorista ha sido el de Yendrick Sánchez, un joven que interrumpió el acto de toma de posesión del presidente Maduro el pasado 15.04.13. Sin embargo el objetivo principal de la LODOFAT es la desarticulación y desmovilización de los sectores en lucha, entre ellos, los sindicatos y gremios.

Otros instrumentos jurídicos apuntan a la criminalización del derecho a huelga.

La Reforma de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del año 2009, crea en su artículo 50 la figura de los llamados “cuerpos de combatientes”, unidades militarizadas en las empresas públicas y privadas cuyo objetivo podría ser impedir la paralización de la producción, lo que a juicio de Provea impediría el derecho a huelga usando los “combatientes”como esquiroles o grupos de choque.

Esta militarización de las condiciones laborales parece ratificarse con el anuncio realizado el pasado 23.05.13 por el Presidente Nicolás Maduro para la creación de las llamadas “milicias obreras”.

Asimismo, en días pasados, el Gobierno Nacional ordenó la militarización de la empresa Ferrominera del Orinoco, en un intento por quebrar una huelga que protagonizaron los trabajadores de esa industria, en reclamo de mejoras salariales y exigiendo el reenganche de quienes habían sido despedidos injustificadamente en 2012.

En dicha oportunidad, Provea denunció que la militarización de un conflicto de carácter laboral, generaba un grave precedente que, sumado a la creación y fortalecimiento de las Milicias Obreras, evidencian una elevación de la represión y criminalización del derecho a huelga.

En otros casos como la aplicación de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios” y la “Ley Especial de Defensa Popular contra el acaparamiento, el boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de alimentos o productos sometidos al control de precios”, se pretende restringir el ejercicio del derecho a huelga bajo el “objetivo de garantizar el acceso a los alimentos y combatir el desabastecimiento de productos básicos”.

En tal sentido, el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha insistido en exhortar al Gobierno Nacional a reformar la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios en su artículo 139.

Casos más recientes como las sentencias dictadas por el Juzgado Cuarto de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, ordenando a la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios (FAPUV) y a la Asociación de Profesores de la UCV (APUCV), el levantamiento del paro profesoral y la reanudación de actividades académicas en el Instituto Pedagógico de Caracas y en la Universidad Central de Venezuela, constituyen graves violaciones al derecho a huelga y al convenio 87 de la OIT en materia de Libertad Sindical.

Ante las continuas amenazas al derecho a huelga, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, junto a organizaciones sindicales, gremiales, y defensoras de Derechos Humanos, ha iniciado una campaña en favor de esta constitucional y legítima conquista de las y los trabajadores venezolanos, y contra la criminalización de quienes luchan por mejores condiciones laborales.

Mediante el uso de la etiqueta #HuelgaNoEsDelito en twitter, reivindicaremos el pleno ejercicio del derecho a huelga.

Puedes apoyar esta lucha a través de cualquiera de tus redes sociales.

Levanta tu voz en la fábrica, en la universidad, en la comunidad. Difunde, denuncia, defiende tu derecho legítimo a la huelga.

Casi todas las grandes protestas en el mundo de los últimos años han comenzado por uno de estos dos grandes motivos: Alza del precio del transporte o aumento en los precios en el pan. El arrebato masivo de rabia contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez tuvo su origen en la subida de los precios de la gasolina situación que indudablemente está asociada al problema del transporte. Bueno, viéndolo bien, fue una justa protesta que tristemente degeneró en saqueo puro y simple; en asalto de mercados, supermercados, tiendas, ventas de artefactos eléctricos, en fin, todo aquello que tuviera valor.

Festín de delincuentes. Y para asombro nuestro y del mundo, el difunto presidente bautizó ese día como una fecha gloriosa. Los recientes acontecimientos en Brasil tuvieron su origen en el alza del precio del transporte, deslizándose rápidamente hacia un sinfín de áreas: Lucha contra la corrupción, mejores servicios públicos, plan de empleo, control del gasto público, disminución en la inversión en grandes obras deportivas, mejor sistema de salud, de educación y en fin; derechos de las minorías, disminución en la compra de armamento.

Tales protestas multitudinarias no tienen un partido político definido armándoles la agenda, ni cuenta con líderes mesiánicos ni dirigentes claramente visibles. Es la gente.

La mayoría. Intereses difusos.

Son centenares quienes aparecen coordinando y llamando a la protesta; los sistemas electrónicos y las redes sociales sustituyen de manera radical y óptima todos los modelos de comunicación anteriores. La Presidenta Rousseff, experimentada demócrata que viene de luchas similares no zapatea ni brinca acusando a USA, a la derecha internacional, a sus opositores, a supuestos conspiradores. No señor. La Presidenta llama al diálogo. Ofrece un plebiscito para decidir ciertas materias. Beyoncé, Lady Gaga y hasta Britney Spear declaran su solidaridad con el movimiento carioca de protesta. Y Dilma respeta la opinión de tales artistas, no sale a insultarlos, mucho menos a prohibirles la entrada a su país y muchísimo menos a acusarlos de agentes del imperio. Lamentablemente han fallecido en Brasil más de 15 personas, sobre todo en actos de saqueo y Dilma siempre responsable no ha ido a acusar de sus muertes a los dirigentes opositores y jamás de los jamases le pasaría por la mente declarar los saqueos “justa manifestación del pueblo” como muy bien hizo el difunto en repetidas ocasiones, llegando incluso a decir que robar comida no era ni tan malo si el propósito era bueno.

El dilema de Henrique Capriles se deriva precisamente de que es el principal líder opositor. Sólo en twitter tiene unos 3.5 millones de seguidores (verdaderos, no creados por repetidoras como los de Maduro, Izarra y Villeguitas) Si se pone al frente de las protestas o llama a una movilización como en Brasil, rápidamente ocurrirán la Fiscal, los Magistrados del Tribunal Supremo, la Defensora del Pueblo, la Asamblea Nacional, el Sebin, la DIM, la Policía Nacional, toda la podrida estructura del Estado, postrada lastimosamente frente al Ejecutivo, a responsabilizar a Capriles de todo cuanto les venga en gana. Es un chantaje feroz, implacable, protegido por una publicidad nacional e internacional de millones y millones de dólares.

Si Capriles no se pone al frente uno que otro tirapiedras profesional opositor desatará sus hígados en las redes para acusarlo de peores cosas que la mismísima Fiscal. Ante tal dilema, lo sensato es esperar.

No precipitarse. Guardar calma. Sosiego. El río encontrará el cauce perdido. La gente responderá. Que se desgañiten unos y otros. Las protestas en Venezuela dejarán pálido al movimiento brasileño. No tengo dudas. No hay mal que dure 100 años. Ni siquiera 19.

El señor Juan va escaleras arriba, rumbo a su casa, en la parte media del cerro. Lleva en las manos dos bolsitas con alimentos en los que dejó casi toda la quincena, y pensando en eso sólo cuando ya es demasiado tarde advierte que, en un recodo de la tortuosa vía ascendente, cuatro sujetos están en una especie de alcabala, disfrazada de mesa de dominó.

Juan endurece el gesto, acelera el paso y trata de mirar hacia otro lado, pero el individuo que está más cerca de la escalera se para del taburete, se levanta la franela para exhibir la culata de un arma y le dice: “¿Que fue, viejo, vas a corré?”. Juan lo mira, con más dolor que susto, porque reconoce en aquel rostro amenazante al mismo niño que él vio crecer en esas escaleras y callejones. “¿Qué me ves, viejo, que me ves?”, le increpa el malandro, y Juan baja la vista. “Estos becerros le ven la cara a uno y después salen por allí a sapeá, a decí que uno los roba y tal. Lo que provoca es dales un tiro pa que sean serios…”  No tiene más de 17 años, y más o menos esa debe ser la edad de sus tres compañeros, que lo llaman para que retorne a la mesa. Uno de ellos, con cierta voz de mando, deja claro el objetivo de la alcabala: “Vente pue, no quiero comiquita. Estamos aquí pa canta la zona, pa más ná. Deja al viejo que suba pa su gajo pa que se limpie la cagazón que tiene. Con periódico será, porque papel tualé no hay!”. Un coro de risotadas brutales celebra el sarcasmo procaz, y cuando el Sr. Juan cree que por fin puede seguir su camino, el sujeto que lo había interceptado lo vuelve a detener: “Okey, pero no te vas liso. A mí me gustan esos zapatos. Quítatelos.” Juan, que a sus 35 años asume como normal que malandros adolescentes le digan “viejo”, respira hondo, mira sus zapatos y se felicita por haberse calzado en la mañana los mocasines y no las botas, pues pudo ahora sacarse los zapatos sin agacharse para desatar trenzas: Le hubiera aterrorizado tener que arrodillarse ante el sujeto armado, adoptando la posición de los ejecutados. Ya en calcetines, aferró las dos bolsitas del mercado y empezó a subir lentamente, sin voltear atrás, diciéndose “será lo que Dios quiera”, y esperando en cualquier momento un impacto en la espalda.

Pero no fue esa la noche final de Juan. El malandro recogió los zapatos (“¡Están fiiinos!”, dijo) y se sentó de nuevo en la alcabala-mesa de dominó. El sábado siguiente Juan bajó con sus dos hijos, a llevarlos a la práctica de beisbol en el equipo de ligas menores en que los inscribió desde que tuvieron fuerza para sostener un guante, y en el terminal de la “ruta troncal” que presta el servicio de transporte en su barrio se encontró con el malandro. El malviviente, que tenía puestos SUS zapatos, también lo reconoció.No dijo una palabra, pero su mirada desafiante y su inmensa sonrisa irónica lo decían todo. Aquellos dos gestos juntos significaban: “¿Qué vas a hacé? ¿Te vas a poné cómico?”. Juan lo ignoró, tomó de la mano a sus niños y abordó el rústico que lo llevaría a la estación del Metro y de allí al campo de beisbol, ese espacio en el que le gustaba soñar que sus chamos podrían llegar a las grandes ligas, y salir de la miseria a punta de batazos, buenos fildeos, mucho trabajo y amor del bueno.

Pasa en el barrio, pasa en el desfile

“Malandrear: Acción y discurso del que atropella derechos de terceros, violando leyes, normas morales, usos y costumbres. El perpetrador usualmente lo hace apoyado por la fuerza y amparado por la impunidad”.

Esa podría ser una definición académica del verbo “malandrear” que se ajusta exactamente al comportamiento del sujeto que le arrebató los zapatos a Juan: Se los quitó no porque la Ley o la tradición lo autorizara. Lo hizo porque podía, porque tenía un arma en la cintura y tres compinches a pocos pasos. Se los quitó en la certeza de que ninguna autoridad actuará para sancionarlo y reivindicar los derechos del agredido.

Esta conducta, repudiable cuando la ejerce un delincuente en un barrio, lo es más cuando se despliega desde los ámbitos donde, paradójicamente, se debiera proteger a los ciudadanos de los malandros. En efecto, algo similar ocurre cada vez que un burócrata, con o sin uniforme, dice que la Fuerza Armada Nacional es “socialista” y “chavista”, violando el artículo 328 de la Constitución Nacional, que textualmente define a esa institución como “esencialmente profesional, sin militancia política” estableciendo además que “En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna….”.

Si esto es así, si la Constitución establece expresamente que la Fuerza Armada no puede ser “socialista”, ni “socialdemócrata”, ni “democratacristiana”; Si la Constitución establece que la FANB no puede ser “chavista” ni “caprilista” ni adscrita a ningún personalismo… ¿Porqué lo hacen? ¿Por qué vimos ese espectáculo lamentable el pasado 24 de Junio? ¿Por qué probablemente veremos su repetición el próximo 5 de Julio? La respuesta es la misma que para el sujeto que le robó los zapatos a Juan: Lo hacen porque pueden, porque tienen las armas y la impunidad.

Lo mismo ocurre cuando una Ministra de Salud se niega a revelar información epidemiológica que por definición es PÚBLICA; lo mismo pasa cuando un Ministro de Educación Superior quiere obligar a las universidades autónomas a firmar una “convención colectiva única”, violando la Ley de Universidades y las Normas de Homologación; Lo mismo sucede cuando los obreros de empresas estatizadas no logran que las Inspectorías del Trabajo hagan valer sus derechos antes el Patrono Gobierno; O cuando 61 agresiones de encapuchados a la UCV permanecen sin castigo… En todas y cada una de esas situaciones la Ley y la Constitución son violadas por burócratas que, con uniforme, corbata o capucha, tienen por ahora el poder de la fuerza y el amparo de la impunidad, y los usan para agredir los derechos del pueblo, avergonzando de paso a la mayoría honesta que trabaja en esos despachos e instituciones.

No se han dado cuenta que este pueblo se hartó del malandreo y de los malandros, y ha optado por construir una Venezuela en la que familia, educación, trabajo y respeto sean los valores que enmarquen la convivencia.

¡Y eso, eso no lo para nadie, damas y caballeros! 

¡Palante!

Fuente: Blog Radar de los Barrios

La lucha universitaria por un presupuesto justo y por su reconocimiento como órgano fundamental del quehacer creativo en la sociedad venezolana es de larga data. Fueron muchas las disputas con los gobiernos de turno para que entendieran que las solicitudes no eran meros caprichos y que por el contrario, la contribución de la Universidad venezolana al desarrollo del país no solo es fundamental sino que además imprescindible.

La Universidad venezolana ha llevado modernidad a todo el país. La red universitaria nacional desempeña su misión a lo largo y ancho de todo nuestro territorio. Las políticas conquistadas por las luchas universitarias han hecho de sus profesores unas personas en continua formación. El mérito que se consigue a través de la generación de conocimiento es el mecanismo de ascenso por excelencia en el escalafón universitario. A diferencia de otras instituciones oficiales, los profesores están obligados a ganarse sus cargos por la vía de concursos exigentes, en los cuales demuestran su idoneidad para el desempeño de la tarea que le asigna la nación: la formación de la generación de relevo que impulsará al país por la senda del desarrollo en todos los ámbitos de su existencia.

El recurso humano de las universidades es, sin duda alguna, su tesoro más preciado. Es con la sumatoria de logros y contribuciones de sus profesores, estudiantes, empleados y obreros que la universidad amasa su capital intelectual que la va preparando para los retos que la modernidad impone. Vivimos la era del conocimiento. Éste es el bien más preciado de la humanidad. Hay una evidente y fuerte correlación entre conocimiento y el desarrollo de los países. De ahí que las clases políticas hayan entendido la necesidad de fomentar el crecimiento de las universidades como esa especie de vivero en el cual la juventud se prepara para mantener a su país activo y vigente en esa lucha por contribuir al entendimiento de ese mundo cada vez más complicado en el que vivimos.

En su momento, los gobiernos venezolanos supieron dar impulso al fortalecimiento del sector universitario. Las becas de FUNDAYACUCHO enviaron a miles de jóvenes por el mundo entero a formarse para, en su mayoría, regresar a incorporarse a la tarea de sacar el país hacia la modernidad.

Lo que resulta paradójico es que en los últimos 14 años, los momentos de mayor y continuada bonanza petrolera, las universidades hayan sido abandonadas a su suerte y llevadas al deterioro por un gobierno que se auto denomina revolucionario. En un intento de paralelizar el estado, esta clase política se propuso la creación de un grupo de universidades que se ajustaban, sin discusión, al proyecto político que las cobija. Instituciones acríticas, en las cuales se imparte una doctrina política que ha sido abandonada por los países que buscan el progreso.

Y es que en el caso de las universidades, la división política comenzó a hacer estragos. Así, los presupuestos fueron congelados por años. La capacidad de las universidades para fomentar la investigación fue mermando hasta la asfixia. La posibilidad de contribuir con su entorno a través de programas de extensión se extinguió por la indolencia de una clase política que desprecia la libertad, esa que se conquista a través del conocimiento alcanzado a través de la perseverancia, la reflexión y la crítica.

Para nadie es un secreto que la Universidad venezolana cuenta con recursos humanos muy bien formados que pueden contribuir a resolver el problema eléctrico generado por la incapacidad de este gobierno. En una expresión de desprecio, prefirieron buscar ayuda en Cuba, donde sin duda no llegan ni siquiera a comprender la magnitud de nuestro sistema de generación de energía.

Se dejó por fuera a las universidades en la creación de un sistema de salud sustentable, que no dependa de mano de obra extranjera. Cuyos médicos tengan niveles de formación que garanticen a los pacientes una atención e primera.

Para gobiernos de verdad única, las casas que vencen las sombras son enemigas naturales. Eso explica el desprecio con el que se ha maltratado a la Universidad venezolana. La verdad impuesta no resiste los embates de la crítica reflexiva, de los señalamientos del deber ser en una sociedad que está necesitada de ejércitos de profesionales que ayuden a reindustrializar al país. Que promuevan la formación de una clase media mayoritaria que con su calidad de vida nos lleve a alcanzar los niveles de un país desarrollado.

La situación actual demuestra que la verdad única no la tiene fácil.

Fuente: ABC

Las personas que padecen migrañas no sólo tienen que lidiar con el dolor, que altera su calidad de vida, sino también con el estigma causado por los demás que desconfían a menudo de que su dolor de cabeza sea verdaderamente debilitante.

«Hemos comprobado que los que sufren de migraña no se equivocan a sentirse estigmatizados», asegura Robert Shapiro, de la Universidad de Vermont , y autor de un estudio que se presenta en el Congreso Internacional de Cefaleas. Según estos datos, «la idea de sentirse discriminados es correcta, y casi similar al que experimentan las personas con epilepsia». Porque, añade Shapiro, para la mayor parte de las personas, las cefaleas o migrañas no son una enfermedad grave ni discapacitante.

Los investigadores de EEUU analizaron el estigma y discriminación que experimentan las personas que sufren 4 enfermedades; migraña, asma, epilepsia y ataques de pánico. La epilepsia, por ejemplo, se asocia a ataques impredecibles que a menudo son estigmatizados, y ocurre algo similar con los ataques de pánico.

Coste económico

La migraña es la enfermedad neurológica en Europa con mayor coste económico, tras la demencia. Según la OMS, una persona que sufre un ataque de migraña severa está tan incapacitada como un paciente con tetraoléjico y más que una persona ciega. Los síntomas pueden incluir dolor de cabeza, sensibilidad a la luz y náuseas.

En el estudio, se entrevistaron a 765 personas en línea, con una edad media de 28 años. Cuando se les mostró imágenes que describen las personas con asma, migraña, ataque de pánico y epilepsia, los participantes en la encuesta respondieron a las preguntas en una prueba conocida y utilizada para evaluar el estigma hacia la enfermedad.

El cuestionario, «sólo da una idea de cómo quiere relacionarse una persona con otra persona, en este caso con alguna de estas enfermedades». Por ejemplo, los encuestados respondieron sobre la probabilidad de que quisieran trabajar con alguien con una de estas cuatro patologías y lo cómodos que se sentirían si les invitasen a cenar.

Los resultados mostraron que las personas con asma fueron las menos estigmatizadas, mientras que las otras tres obtuvieron resultados muy similares.

Ponerse en su lugar

Los datos no resultan sorprendentes, asegura Randall Berliner, del Hospital Lenox Hill de Nueva York. «Si uno no ha padecido o padece migrañas le resulta complicado comprender lo incapacitante que puede ser el dolor de cabeza», explica Berliner.

Muchas personas experimentan dolores de cabeza y no los consideran incapacitantes. Basta con tomar una pastilla para sentirse mejor pero, «las migrañas son diferentes». Los que no han tenido una migraña suelen tener la actitud de que las personas con migrañas no están gestionando un problema que casi todo el mundo tiene, apunta Shapiro.

Además, las migrañas también suelen ser muy impredecibles, «lo que hace difícil a veces hacer planes y mantenerlos. Y algunas personas pueden interpretarlo como una falta de consideración».