El Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG) fundado en 2001 para mejorar la cooperación entre los países gasíferos, está conformado por 13 miembros: Argelia, Bolivia, Egipto, Guinea Ecuatorial, Irán, Libia, Nigeria, Omán, Qatar, Rusia, Trinidad y Tobago, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela. Kazajstán, Irak, Países Bajos y Noruega tienen la condición de miembros observadores. De todos estos, 8 países también son miembros de la OPEP. Conjuntamente, el FPEG representa 62% de las reservas probadas y 80% de la producción mundiales.

Debido a su peso específico, durante la 6° Reunión Ministerial del FPEG celebrada en Doha (Qatar) en abril de 2007, y bajo liderazgo de Rusia –país que concentra 17,6% de las reservas probadas y 17,6% de la producción mundiales-, fue creado un Grupo Directivo de Alto Nivel para estudiar mecanismos de fijación de precios y comercio administrado sobre una base regional, utilizando empresas nacionales y gasoductos para evitar excesiva competencia por clientes, lo cual transformaría al grupo desde un órgano consultivo en una organización similar a la OPEP. Esto recibió un respaldo muy activo de países como Irán -18% de las reservas y 4,8% de la producción mundiales-, Venezuela -3% de las reservas y 1% producción–, Argelia -2,4% de las reservas y 2,4% producción- y Bolivia -0,2% de las reservas y 0,6% de la producción. De hecho, el Presidente Chávez -junto a Evo Morales y Néstor Kirchner- creó la OPEGASUR (Organización de Países Exportadores de Gas de América del Sur) en agosto de 2007 para impulsar la idea, lo cual fue visto con desagrado en Brasil.

Estas discusiones sobre una posible “OPEP del Gas” encendieron las alarmas en EEUU y Europa; mientras Qatar -13,4% de las reservas y 4,7% de la producción- mostró sus dudas desde el propio FPEG, ya que al ser el principal exportador de gas natural licuado puede comercializar su gas natural con buques metaneros a escala global, con precios más competitivos y con mayor flexibilidad. En la 7° Reunión Ministerial del FPEG celebrada en Moscú en diciembre de 2008, la idea perdió fuerza debido a la destrucción de demanda generada por la crisis económica mundial.

Durante la II Cumbre de Jefes de Estado del FPEG celebrada en el Salón Santa Catalina del Kremlin (Moscú), el 1 y 2 de julio de 2013, los líderes de los países miembros volvieron a discutir este asunto, pero esta vez en medio de un cambio estructural de mercado y con un tono claramente defensivo.

En efecto, el mercado del gas natural está experimentando importantes cambios debido a la llamada revolución del gas de esquisto (shale gas) en EEUU, el “renacimiento del carbón”, el aumento de la competencia por los clientes y la incertidumbre sobre los pronósticos de demanda a largo plazo. En general, una era de precios bajos.

El aumento de la producción de gas de esquisto en EEUU está creando un exceso de oferta en el mercado mundial, reduciendo los precios en ambos lados del Atlántico. Asimismo, en un entorno de precios bajos y aumento de la producción, los productores de gas de EEUU quieren aprovechar los mercados mundiales para aumentar sus expectativas de precios del gas natural. Actualmente, el Departamento de Energía está considerando conceder más de 20 licen­cias de exportación de gas natural licuado para un total de 27.000 MMpc/d que, en caso de que se aprobaran todas, convertirían a EEUU en el mayor exportador de gas natural licuado del Mundo y terminaría de globalizar el mercado.

Por otra parte, la Unión Europea –principal cliente de Rusia- ha aminorado su demanda debido a la crisis económica y hace esfuerzos por diversificar suministros e introducir mecanismos de mercado que desacoplen los precios del gas de los precios del petróleo. Todas estas cuestiones han hecho que las ganancias de la empresa nacional gasífera rusa Gazprom hayan caído desde 360 millardos de dólares en 2008 hasta 78 millardos de dólares en 2012.

Por ello, en la II Cumbre del FPEG, el Presidente Putin buscó un respaldo amplio para mantener los contratos de gas a largo plazo y la indexación de los precios del gas a los precios del petróleo, como los dos mecanismos que darían estabilidad al mercado y mantendrían los ingresos necesarios para continuar su proyección como potencia global reemergente. Además, Gazprom considera que ésta es la única manera de hacer rentable el transporte a través de grandes gasoductos.

La cuestión es que Qatar, como hemos señalado, es menos firme en estos dos puntos; y tanto Irán como Venezuela que respaldan a Rusia y poseen importantes reservas, son importadores netos ya que no tienen grandes desarrollos. Por ello, aunque Nicolás Maduro se unió a Vladimir Putin para exigir precios indexados al petróleo y volvió a proponer crear una “OPEP del Gas”, no tiene peso específico en este asunto. Además, la capacidad de exportación del FPEG en su conjunto ha permanecido estancada en los últimos años, mientras aumenta la competencia de suplidores emergentes -EEUU, Australia y África Oriental-, disminuyendo el poder de mercado del grupo.

Venezuela necesita consolidar sus propios desarrollos gasíferos y pasar a ser un exportador neto para poder pretender influir en el curso del FPEG. Asimismo, debe empezar a internalizar el impacto que el desarrollo de los esquistos en EEUU tiene para el mercado gasista y petrolero en la próxima década. Esperemos que en la III Cumbre del FPEG, que tendrá lugar en Irán en 2015, mostremos avances.

@kenopina

La economía venezolana está absorta en el desconcierto. El gobierno luce dislocado y no atina a enmendar el error que significó la eliminación del SITME sin que hubiese diseñado un esquema alternativo para proveerle divisas a la economía en un mercado alternativo al oficial. Estando la economía en una fase pre-recesiva, no se aprecia un plan económico que permita trazar un rumbo claro y lo que existe ahora son acciones de urgencia para procurar que no se corte el financiamiento externo en vista de la amenaza muy seria de los proveedores del extranjero de paralizar los suministros de bienes finales y materias primas a un país moroso que no paga oportunamente sus deudas. Desaparecido de la escena y sin aparente protagonismo el ministro Giordani, su causahabiente, Nelson Merentes, en medio de sus declaraciones folclóricas ya habituales, ha anunciado una especie de galimatías cambiario que seguidamente se vamos a intentar dilucidar.

En rueda de prensa realizada el miércoles 26 de julio de 2013, afirmó según la reseña del diario El Universal: “Nelson Merentes aseguró que en julio se efectuará la segunda subasta del Sicad y agregó que “las subastas serán por sectores o cadenas productivas”. Comentó que el mecanismo se extenderá a las personas naturales y a las zonas especiales, pues dijo “habrá un Sicad direccionado”.  Más adelante agrega el diario citando a Merentes: “La frecuencia de las operaciones no fue precisada, aunque se analiza realizarlas de manera semanal o quincenal. Solamente comentó que todo “se avisará con tiempo. No precisó si habrá una sola paridad o será un rango de tasas”.

De acuerdo con esta información, se realizarían unas subastas por sectores económicos a los cuales se asignarían dólares según algún criterio todavía no develado. Si es por sectores la subasta, ello quiere decir que probablemente habrá precios diferenciados porque de otra manera tal diferenciación carecería de algún sentido. Así, no sería lo mismo una subasta para el sector que produce alimentos que para los importadores de partes para automóviles, la cosmetología o para las ferreterías, entre otras actividades. Si la distribución de las divisas se materializa de esta forma, ello sería un autentico disparate y retrotraería a Venezuela al 23 de julio de 1941, cuando se instituyeron los cambios diferenciales. Ya veremos a las autoridades fiscales y monetarias lidiando con los representantes de esos sectores para determinar cuántos dólares se subastarían y cada uno de ellos exigiendo tasas de cambio más bajas para sus importaciones.

En julio de 1941, en vista de que el petróleo estaba ahogando la rentabilidad de las actividades agropecuarias, el gobierno de Medina Angarita optó por aplicar un sistema complicado de tasas de cambios diferenciales a las cuales el recién creado BCV adquiría las divisas distintas al petróleo como instrumento para subsidiar a una agricultura y ganadería agonizantes. En realidad se trataba de un reconocimiento a la dualidad de la economía venezolana. De esta forma, como se ve el cuadro adjunto se establecieron un conjunto de tipos de cambio.

Es probable que se repita de nuevo la historia de la multiplicad de tasas de cambios si este esperpento que ha voceado el ministro Merentes se lleva a cabo. Habrá entonces tantas tasas de cambio como sectores económicos sean convocados a las subastas: la tasa de cambio alimenticia, la comercial, la turística, la farmacéutica, entre otras. Ello crearía un régimen cambiario complicado al cual se le añadiría la subasta para personas naturales, la cual también tendrá su precio del dólar diferenciado porque se comprende que no podrá costar lo mismo un dólar para un viajero que para una industria que importe medicinas o alimentos.

En el fondo, toda esta gimnasia verbal de quienes tratar de explicar lo inexplicable con las subastas, es que el gobierno le tiene miedo a que el bolívar fluctúe en un mercado con cierto grado de organización, a diferencia de lo que ocurre en el mercado negro. Y le tiene miedo porque los venezolanos no quieren mantener su patrimonio en bolívares en vista de una tasas de inflación confiscatorias que ha generado el mismo gobierno con una política fiscal y monetaria inconsistente con el objetivo de estabilizar o fijar la tasa de cambio. Agréguese a ello que quien mantiene un depósito a plazo fijo devenga máximo 12,0% de interés con una inflación encaminada hacia el 40,0% anual. Entre tanto, no hay política económica sino medidas aisladas que intentan conjurar la crisis armada durante 2012 por Giordani y Merentes y que casi extinguen las reservas líquidas del BCV.

El domingo pasado el Gobierno sorpresivamente transmitió por el “canal de todos los venezolanos” la película Invictus –1999– dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Morgan Freeman en el papel del presidente sudafricano Nelson Mandela, y Matt Damon, desempeñando a Francois Pienaar, capitán del equipo sudafricano de rugby, los Springboks.

Se trata de una historia real, de un drama deportivo a través del cual el espectador puede entender los esfuerzos hechos por Nelson Mandela por construir una política de reconciliación entre la mayoría negra, que fue oprimida durante el apartheid, y la minoría blanca. De los métodos que utilizó para desmantelar el odioso régimen del apartheid, sacar a su país del hoyo, construir una sociedad multirracial y lograr la igualdad política.

El mensaje intrínseco en Invictus es la reconciliación, que puede aliviar las tensiones sociales y evitar guerras civiles. ¿Cuál fue la intención de asomar ideas tan edificantes a través de un canal de televisión donde a diario, y en todo horario, linchan moralmente a dirigentes demócratas de Venezuela y el mundo? No hay cambio de señas en la planta oficial, porque el lunes volvieron a las mismas andadas de siempre, agarraron de sopa a los dirigentes estudiantiles y profesores universitarios que libran una lucha en defensa de la autonomía universitaria, los calumniaron e insultaron como hacen siempre con el resto de los venezolanos que critican y disienten de la revolución bolivariana.

Es una excelente iniciativa la de repasar a través de películas, documentales y libros la vida, obra y pensamiento de Mandela, un verdadero revolucionario, sabio, generoso, culto, que nunca dejó de luchar por la justicia y la igualdad de los derechos políticos. Ese es el gran legado que deja este premio Nobel de la Paz a toda la humanidad.

Si la persona que autorizó la transmisión de Invictus en horario estelar ha hecho otra lectura, no entendió el verdadero mensaje y me alegro que esa película haya llegado hasta los espectadores más radicales y sectarios, que hayan podido conocer y comprender la dimensión del líder sudafricano, capaz de perdonar a aquellas personas que lo encerraron en una prisión durante casi 30 años, que construyó un país nuevo, sin discriminaciones, donde todo el mundo pudo hablar libremente, criticar sin miedo a que lo metieran preso.

En una Venezuela degenerada por una crisis de valores, donde se ha degradado tanto la forma de hacer política y se promueve la violencia, incluso en las instituciones –como sucede en la Asamblea Nacional–, es un logro que al menos un funcionario, que hace vida en un mundo en el cual se desprecia al contrario, donde reinan la intolerancia y los sentimientos de venganza, haya tomado la iniciativa de exhibir en la pantalla un filme que exalta cualidades que escasean más que muchos productos de primera necesidad: la moral y la decencia, que en política son virtudes paradigmáticas.

Posiblemente no hubo intención de hacer pedagogía política al transmitir la cinta sobre Mandela; pudo ser consecuencia de algún imprevisto que siempre surge en las programaciones de los medios audiovisuales, pero el resultado fue muy oportuno, porque en un momento de fuertes presiones sociales, lo único que impedirá que estallen y se lleven al gobierno bolivariano por los cachos es unir las dos porciones de país, la que ejerce con unos energúmenos el control de la nación, de sus recursos y de su gente, y la de una multitud –sin duda, la mayoría– que se resiste a ser sumisa.

Necesitamos hombres como Mandela, mediadores y conciliadores que puedan unir al país más dividido del mundo, como fue Sudáfrica en la época del apartheid.

Fuente: El Nacional

El Centro Carter dio a conocer hoy un informe preliminar sobre las elecciones presidenciales especiales realizadas en Venezuela el 14 de abril de 2013, en el que se recomienda una serie de reformas electorales para asegurar una mayor equidad en las campañas, un incremento en los esfuerzos para mejorar el clima electoral el día de la votación y un mayor flujo de información sobre la eficacia del sistema de identificación biométrica y los procedimientos para prevenir la usurpación de la identidad y el voto múltiple.

El informe encontró que la población venezolana, los partidos políticos y los candidatos en general, han demostrado tener confianza en el desempeño e integridad de las máquinas automatizadas de votación a la hora de contar los votos emitidos.

No hay coincidencia, sin embargo, sobre la calidad de las condiciones bajo las que se desarrolló la votación, así como sobre las garantías para asegurar que cada elector registrado pueda votar una vez y sólo una vez. El informe encontró además una serie de inequidades en las condiciones de la campaña, tanto en lo que hace al acceso a recursos financieros como al acceso a los medios de comunicación, todo lo cual disminuye la competitividad de las elecciones, sobre todo en un marco legal que permite la re-elección indefinida de los funcionarios públicos.

El informe se basó en la información y las perspectivas ofrecidas por una variedad de actores venezolanos, así como en las observaciones personales hechas por el grupo de consultores del Centro Carter radicados en Caracas durante la serie de eventos electorales, comprendida entre febrero de 2012 y junio de 2013, y por los miembros de la pequeña delegación de acompañamiento que viajó al país por invitación del Consejo Nacional Electoral (CNE) entre el 12 y el 17 de abril de 2013. El mismo recoge y amplía los análisis presentados en el Informe final de la Misión de Estudio del Centro Carter sobre las elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2012 en Venezuela (PDF). El Centro Carter no desplegó una misión de observación integral, por lo que no puede ofrecer una evaluación exhaustiva de las elecciones presidenciales de abril de 2013 en su conjunto.

Como declaró el Centro Carter en su comunicado el 18 de abril, la estrecha diferencia registrada en los resultados electorales, en el marco de una sociedad altamente polarizada, demanda el inicio de una nueva dinámica política caracterizada por un franco y sostenido diálogo nacional, que facilite la creación de un consenso nacional sobre los problemas que afectan la vida de todos los venezolanos.

Aunque el Centro Carter lamenta que la contienda electoral haya profundizado la división entre el pueblo venezolano, el Centro acoge con satisfacción la decisión de todos los partidos de participar masivamente en las próximas elecciones municipales de diciembre de 2013.

Recomendaciones

En este contexto, el informe ofrece una serie de observaciones y sugerencias para la consideración de las autoridades, la Asamblea Nacional y el pueblo de Venezuela, incluyendo las siguientes:

1. Aclarar las normas que regulan la participación de los funcionarios y servidores públicos en actividades de campaña. La ley electoral y su reglamento prohíben a los funcionarios públicos venezolanos la realización de actividades de campaña durante el ejercicio de sus funciones públicas. Sin embargo, el Centro Carter observó una amplia participación de servidores públicos en actividades proselitistas. Con el fin de limitar y erradicar estas prácticas, sería recomendable aclarar el contenido de las normas que regulan estas materias a fin de determinar si dicha actividad está permitida fuera de servicio o no lo está en absoluto (definiendo previamente “fuera de servicio”). La autoridad electoral, a su vez, debe determinar maneras de hacer cumplir estrictamente las normas acordadas.

2. Asegurar una mayor equidad en la campaña. Aunque la constitución estipula que los funcionarios electos por debajo del rango de presidente deben separarse temporalmente de sus cargos para presentar sus candidaturas a la presidencia, la misma no exige que lo haga el presidente, cuando éste se presenta como candidato a la re-elección. Esta circunstancia otorga al individuo que se postula a la re-elección al cargo más alto del país una ventaja. Venezuela es además el único país en la región que no proporciona ningún tipo de financiamiento público, directo o indirecto, a las campañas electorales u organizaciones políticas. En base a las experiencias observadas en otros países dentro de la región, los legisladores y autoridades electorales venezolanos podrían considerar varias opciones:

a. Facilitar el acceso libre y equitativo de los candidatos a los medios de comunicación públicos y privados para la emisión de sus mensajes de campaña. Teniendo en cuenta las normas que permiten la transmisión obligatoria ilimitada de mensajes del gobierno (cadenas) y la publicidad institucional obligatoria y gratuita (anuncios de servicio público), y considerando el hecho de que, al mismo tiempo, se imponen límites estrictos a la propaganda electoral de los candidatos y organizaciones cívicas, las campañas venezolanas han tendido a evidenciar una marcada desigualdad en la capacidad de los distintos candidatos para cumplir con un elemento fundamental del proceso electoral: informar a los electores sobre sus plataformas políticas. Asegurar el acceso libre y equitativo a los medios de comunicación públicos y privados a todos los partidos que participan de la contienda electoral podría contribuir significativamente a nivelar las desigualdades actuales y acrecentar la competitividad de las elecciones, sobre todo en un marco legal en el que se permite la reelección indefinida de funcionarios públicos.

b. Regular y hacer cumplir equitativamente los mensajes de campaña en el periodo “preelectoral”. En la actualidad no existen normas claras para regular los mensajes de campaña emitidos durante el llamado periodo “pre-electoral” (que se extiende desde la convocatoria a elecciones hasta el inicio oficial de la campaña). Una regulación clara al respecto ayudaría a reducir los numerosos conflictos que surgen comúnmente durante este período debido a la ausencia de normas.

c. Limitar o prohibir el uso de cadenas y la inauguración de obras públicas antes de las elecciones. México, Colombia y Brasil aportan algunos ejemplos en este campo, que podrían ser aprovechados por Venezuela.

d. Limitar el derecho de los funcionarios públicos a hacer campaña en beneficio de miembros de su propio partido o coalición. México es un ejemplo de los límites estrictos que pueden imponerse sobre el presidente para hacer campaña en nombre de los candidatos de su propio partido.

3. Hacer cumplir con mayor eficacia la normativa sobre el uso de los recursos del Estado para fines políticos. Si bien la ley venezolana prohíbe el uso de recursos públicos en las campañas políticas, las organizaciones nacionales de observadores y otras organizaciones no gubernamentales venezolanas han documentado abundantemente el uso de recursos públicos para fines políticos, incluyendo el uso de vehículos públicos para transportar votantes a mítines y/o votar, así como el uso de edificios públicos para la colocación de propaganda electoral. Distintas organizaciones y partidos locales se han quejado asimismo de la utilización indebida de oficinas gubernamentales y personal por parte de funcionarios públicos para alentar a empleados públicos a participar en actividades políticas y acudan a votar o para amenazarlos, en caso éstos se nieguen. Como se señaló en el informe sobre las elecciones presidenciales del mes de octubre de 2012 del Centro Carter, faltan lamentablemente salvaguardas para prevenir los abusos derivados del ventajismo o hacer que las infracciones a la ley resulten onerosas, no sólo financiera sino también políticamente, con imposición de sanciones al comando que cometa la infracción. Un papel más activo en la investigación y aplicación de las normas por parte de las autoridades electorales contribuiría a eliminar este tipo de práctica.

4. Aclarar la función de los comprobantes de papel. Amplias auditorías, antes y después de las elecciones, han demostrado la precisión de las máquinas de votación automatizadas. Sin embargo, las normas electorales que estipulan la verificación de los resultados electrónicos a través del conteo de los comprobantes de papel emitidos por las máquinas, y su comparación posterior con los números expresados en el acta de escrutinio, a los efectos de fortalecer la transparencia y la confianza en el sistema, no especifican planes de contingencia en caso de que detecten discrepancias importantes en este proceso (véase informe del Centro Carter sobre las elecciones de Venezuela de 2006 (PDF)).

5. Proporcionar mayor información sobre el desempeño del sistema de identificación biométrica e incluir la auditoría de duplicidad de huellas e incidencias del SAI en el cronograma regular de auditorías del CNE. El Sistema de Autenticación Integrado (SAI) fue introducido en las elecciones de octubre de 2012 en parte para garantizar que el elector que emite su voto sea el elector debidamente registrado en esa mesa de votación, así como para prevenir casos de votación múltiple o usurpación de identidad. La entrega de información adicional, luego de la realización de la auditoría prevista para agosto, sobre el desempeño de estas máquinas en sus primeros usos (octubre y diciembre de 2012 y abril de 2013), ayudaría a mantener informados a todos los venezolanos acerca del grado en que este nuevo sistema responde a los fines previstos.

6. Mejorar la calidad de la experiencia de votación el día de las elecciones. Observaciones realizadas por las organizaciones nacionales de observadores señalaron serios problemas de influencia o presión sobre los electores. Las disposiciones para mejorar la calidad de la experiencia de votación, y asegurar que cada ciudadano pueda votar libre y voluntariamente, podrían incluir:

a. Capacitar a los funcionarios electorales y de seguridad de forma que éstos puedan garantizar el acceso de los testigos de partidos acreditados, y de los observadores nacionales debidamente acreditados por el CNE, a los centros de votación durante la totalidad de la jornada comicial, de acuerdo con las normas.

b. Capacitar a los miembros de las mesas de votación sobre los procedimientos estipulados para los casos de votación asistida, incluyendo las normas que limitan el número de veces que un acompañante puede asistir a un votante.

c. Examinar los medios para hacer cumplir, con mayor eficacia, las normas electorales relativas a los límites sobre la propaganda electoral en las inmediaciones de los centros de votación y el libre acceso de los electores, sin intimidación, a dichos centros, tanto para votar como para participar de la verificación ciudadana.

d. Definir los criterios para la acreditación de los testigos de los partidos políticos por parte del CNE y considerar la posibilidad de proporcionarles una identificación o indumentaria que los identifiquen como tales. La delegación del Centro Carter observó casos en que personas no afiliadas a un partido político registrado se identificaban a sí mismos como testigos de partido. La aclaración de los roles de las distintas personas que prestan servicio en las mesas de votación puede ayudar a mejorar el clima y las condiciones de votación.

7. Auditar y depurar el Registro Electoral. El CNE ha logrado un registro electoral sumamente incluyente, con el 97 por ciento de la población inscrita. Los cuestionamientos sobre dicho registro han tendido a centrarse en las posibilidades de sobre-inclusión (personas fallecidas no eliminadas, homónimos, extranjeros no habilitados para votar, etc.), antes que en la exclusión. Aunque los comandos de campaña recibieron una copia del registro, y participaron y refrendaron la revisión del mismo, tanto en las elecciones de octubre como en las de abril, la depuración continua del listado electoral plantea un desafío constante, sobre todo cuando la eliminación de los nombres de personas fallecidas requiere la acción de la familia (como la presentación de un certificado de defunción emitido por un registro civil ante la oficina del registro electoral). Un estudio realizado por la Universidad Católica Andrés Bello arrojó la existencia en el registro de unos 49.000 fallecidos antes de las elecciones de octubre. El comando de campaña de Capriles, por su parte, estimó los fallecidos en el padrón entre 191.000 y 300.000, además de unos 20.000 casos de homónimos. El esclarecimiento de estas cuestiones, tal vez con un cronograma regular de depuraciones y auditorías, ayudará a aumentar la confianza y la transparencia del registro electoral.

8. Marco legal. De enero a marzo de 2013, el Tribunal Supremo de Justicia hizo varias interpretaciones de la constitución, que posteriormente fueron cuestionadas por la oposición, cuestionamientos que incluyeron la elevación de demandas ante el propio tribunal supremo. Las interpretaciones en disputa surgieron, en parte, porque la constitución no especifica con claridad cada una de las posibles contingencias para el caso de ausencia temporal o permanente de un presidente re-electo. Teniendo en cuenta la modificación constitucional de 2009, que permite la reelección indefinida del presidente, gobernadores y alcaldes, el examen de las leyes que implementan esta modificación, puede estar justificado.

9. Designación de autoridades electorales. El artículo 296 de la constitución venezolana establece la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral para periodos de siete años por el voto de los dos tercios de la Asamblea Nacional a partir de nominaciones elevadas por la sociedad civil, las facultades de derecho de las universidades nacionales y la rama del gobierno denominada Poder Ciudadano. Dicho artículo especifica además que los candidatos deben ser personas sin vínculos con organizaciones políticas. El período de tres de los cinco rectores expiró a fines de abril de 2013. Sin embargo, dado el clima de enfrentamiento imperante en la Asamblea Nacional, es muy poco probable que se consigan los dos tercios necesarios para las nuevas designaciones. La normalización de esta situación mediante el logro de acuerdos entre los partidos para garantizar la elección de una autoridad electoral independiente e imparcial ayudaría a fortalecer la confianza en el sistema electora

Informe final del Centro Carter

El Centro Carter dará a conocer un informe final una vez concluido el proceso electoral. Dicho informe incluirá la respuesta del Tribunal Supremo de Justicia a las impugnaciones legales de la oposición, así como información sobre la próxima auditoría de duplicidad de huellas. La delegación del Centro Carter se llevó a cabo de conformidad con la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones y el Código de Conducta de los Observadores Internacionales que fueron adoptados en las Naciones Unidas en 2005 y aprobado por más de 40 organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales.