Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena”. Así reza el artículo 24 de la Constitución. Y es justo con esa disposición que nos tropezamos cuando escuchamos a tantos dirigentes oficialistas justificar hoy que deben otorgársele poderes habilitantes a Maduro para que legisle en contra de la corrupción para aumentar las penas.

Aun cuando se dupliquen los años de prisión que en cada caso deba pagar quien se haya apropiado de los dineros públicos, esas penas sólo podrán ser aplicadas a los corruptos del futuro, no a los del presente, ni a los del pasado. Mucho corrupto debería haber ido a dar con sus huesos a la cárcel y estar pagando condenas de hasta 10 años, conforme al ordenamiento jurídico vigente. Muy pocos han sido juzgados o están siendo procesados hasta ahora. Nos atrevemos a decir que ningún pez gordo ha caído en manos de la justicia. Si no han caído ni pagan las penas actuales, ¿cuál es el sentido de querer legislar vía “exprés” para establecer penas más duras, que ni se les van a poder aplicar retroactivamente?

Surge obligatoriamente la duda: ¿para qué es la habilitante que se solicita? La utilización de la excepcionalidad constitucional con la cual el Parlamento cede parcialmente su competencia natural de legislar al Poder Ejecutivo, para que sea éste quien produzca decretos con rango y fuerza de ley, no puede ser vista como un derecho del Ejecutivo, ni como una obligación del Parlamento. Para romper con la regla general conforme a la cual el Parlamento legisla y el Ejecutivo acciona, debe privar una justificación que haga que la excepción a la regla tenga asidero.

Por ello el constituyente previó en el artículo 203 constitucional que, para aprobar una ley que habilite al Presidente para legislar, se requiere el voto favorable de las tres quintas partes de los integrantes del Parlamento. No habla de los diputados presentes, sino que señala “de los integrantes”. El establecimiento de esta mayoría calificada se consideró necesaria pues la AN entrega su natural competencia de legislar a quien no tiene esa competencia.

No creo que haya un ciudadano decente en nuestra patria que no quiera que los corruptos vayan presos. No es eso lo que está en discusión. Llevarnos al sofisma discursivo conforme el cual el diputado que no apruebe empoderar a Maduro para que sea él quien legisle en materia de corrupción se vuelve cómplice de la corrupción, es bajo, simplista y nada serio. Se trata de exigirle a quien pide esa excepcionalidad constitucional que justifique claramente qué pretende modificar (vía rápida) del ordenamiento jurídico para combatir la corrupción.

Una ley habilitante no le dará súper poderes a Maduro para convertirlo en el vengador de la justicia. Le da sólo facultades para legislar rápidamente, sin discusión con nadie y sin consulta pública, en la materia que se le delegue. Ninguno de esos decretos leyes podrá hacer desaparecer ni al Poder Judicial ni al Ministerio Público en la investigación penal. Tampoco podría legislar en materia de procedimientos penales (aun cuando ya hay precedentes de modificación del COPP mediante habilitante, en nuestro criterio de manera inconstitucional), pues las leyes procesales son de orden público y de reserva legal, es decir, sólo modificables por el Parlamento.

Así, pues, si la habilitación que se solicita es sólo para aumentar las penas o establecer nuevos tipos penales, éstos tampoco pueden aplicarse retroactivamente a quienes hasta hoy hayan incurrido en los delitos ya previstos o hayan realizado actuaciones que no hayan sido previstas como delito. En términos llanos, aumentar las penas previstas no es aplicable a quienes hayan sido corruptos por hechos cometidos antes de aumentarlas; ellos deben ser juzgados y sentenciados conforme a las penas ya existentes. Muchos nos daríamos por bien servidos si así sucediera. Por otra parte, crear nuevos delitos tampoco es aplicable a quienes hayan realizado actuaciones que no estaban previstas como delitos. En resumen, esas modificaciones legales sólo tendrán efectos hacia el futuro, jamás hacia el pasado.

Si así son las cosas, entonces ¿para qué es la habilitante que se solicita y que, conforme lo han venido declarando, están dispuestos a aprobarla sin los noventa y nueve votos de los diputados integrantes de la Asamblea Nacional?

Aún no tenemos los venezolanos explicación concreta sobre esta solicitud. Decir genéricamente que es para combatir de frente a la corrupción no justifica la excepcionalidad que se solicita, por lo que, dados todos los hechos recientes, estamos obligados a aplicar aquel viejo adagio que dice: piensa mal y acertarás.

gblyde@gmail.com

La inmensa corrupción que ha sufrido Venezuela en los últimos años ha influido directa o indirectamente en el incremento de la inseguridad ciudadana. El saqueo del patrimonio público y la conducta desviada de muchos funcionarios, son elementos claramente relacionados con la altísima criminalidad que se desarrolla en nuestras calles.

La falta de inversión es un factor que ha afectado transversalmente la lucha contra el delito. Buena parte de los recursos dilapidados por la vía de la corrupción han podido ser destinados a solventar el gran déficit material y humano que presentan las policías, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sistema penitenciario, entre otras instituciones relacionadas con la seguridad ciudadana.

La corrupción se ha llevado en gran medida el dinero destinado a la infraestructura judicial del país. Basta recordar, por ejemplo, lo ocurrido con el caso de la denominada Ciudad Lebrún (Petare), donde supuestamente se iba a construir la sede del Palacio de Justicia del Área Metropolitana de Caracas. Después de miles de millones despilfarrados en este proyecto, los tribunales penales de la capital continúan funcionando  en un edificio indigno para la administración de justicia. Esta misma historia se repitió en distintos estados del país.

El flagelo de la corrupción es el mecanismo a través del cual ingresan drogas, alcohol, armas de fuego y otros elementos perjudiciales a las cárceles del país. Sin funcionarios corruptos sería imposible la existencia de “pranes” u otros presos privilegiados, los cuales hoy se permiten hasta salir a la calle a parrandear, tal como ocurrió esta semana con unos detenidos de la cárcel de Sabaneta, en Maracaibo. La mayoría de las fugas tampoco se podrían producir sin la participación de funcionarios del sistema penitenciario. La corrupción ha impedido también que se construyan las cárceles necesarias para solventar el terrible hacinamiento que sufre la población reclusa. En este punto cabría preguntarse qué ha pasado con los recursos que el Ministerio del Servicio Penitenciario (a través del Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias) debió destinar para levantar la infraestructura carcelaria del país.

Los policías, fiscales del Ministerio Público, jueces y funcionarios del sistema penitenciario, que desvían su actuación por la vía de la corrupción, contribuyen en gran medida con la impunidad de los criminales. La corrupción es una de las causas por las cuales hoy solo 2 de cada 100 delincuentes son efectivamente sancionados. Desde 1998 se prometió depurar los organismos del sistema de justicia, pero la realidad indica que poco o nada se ha hecho en esta materia.

Los anteriores son solo algunos ejemplos de cómo la corrupción se involucra y afecta nuestra seguridad ciudadana. Los responsables son los que tienen más de 14 años manejando a su antojo el presupuesto y el resto de los aspectos relacionados con las instituciones que deben luchar contra el crimen en Venezuela. La paradoja, es que hoy se quieren investigar a sí mismos.

Dante Alighieri ubica a los traidores en el último círculo del infierno ya que considera a la traición como el peor pecado de todos. La razón es que, a diferencia de otro tipo de crímenes, para traicionar primero hay que ganarse la confianza y el afecto de la víctima.

Robert Ford fue un amigo y secuaz del forajido Jesse James, uno de los bandoleros más peligrosos y carismáticos que se recuerdan. A Ford, en cambio, la historia le relegó el triste papel de haber matado por la espalda a quien era su amigo y quien cuando menos merecía una posibilidad de defenderse. Fue tal el desprecio que generó entre sus contemporáneos y su actitud cobarde que no tardó en encontrar la muerte en manos de un admirador de Jesse James.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Checoslovaquia padecía la ocupación nazi bajo el despiadado mandato de Reinhard Heydrich, conocido por entonces como “el carnicero de Praga”. Para infundir ánimo al espíritu de la resistencia, un grupo de comandos organizó exitosamente el crimen de Heydrich y luego se ocultó en las catacumbas de la Iglesia de San Cirilo. Karel Čurda, soldado checo, delató la ubicación de los comandos y estos se suicidaron luego de dar una valiente batalla que quedó inmortalizada en las ráfagas de ametralladora que hasta hoy pueden verse en las paredes del templo. Luego de finalizada la guerra, el traidor fue sentenciado a muerte.

A los fanáticos de la película 300, del director Zack Snyder, el personaje histórico de Efitales de Tesala debe resultarles especialmente despreciable. Cuando el valor y la hermandad de los espartanos parecían estar a punto de doblegar al ejército infinitamente superior de los persas, este individuo llevó información sobre un paso entre las montañas que permitió a los invasores rodear a los guerreros hoplitas de Leónidas y vencer en la batalla. Durante toda la época clásica, Efialtes fue el nombre con que los escritores ejemplificaron la traición a la patria y los camaradas.

Durante la guerra de independencia norteamericana, Benedict Arnold fue un dedicado soldado del bando independentista. Esto fue así hasta que se sintió relegado en los ascensos militares y decidió que su provecho personal era mucho más importante que el destino de su patria. A cambio de unos cuantos de miles de libras, rindió a los británicos el fuerte que estaba a su mando: nada menos que el emblemático destacamento de West Point. Se exilió en el Reino Unido y luego de finalizado el conflicto fue repudiado tanto por norteamericanos como británicos, ya que nadie confía en un traidor demostrado.

Este matrimonio fue conducido a la silla eléctrica en 1953 tras haber sido juzgados por traición y espionaje contra los Estados Unidos. Más allá de su aspecto mundano y tranquilo, esta pareja fue la responsable de que la Unión Soviética accediera a los planos de la bomba atómica norteamericana. Su filtración equilibró la balanza de poder en favor de los soviéticos y, por lo tanto, dio comienzo a un conflicto que fue conocido, nada más ni nada menos, como la Guerra Fría.

Este personaje formó parte de la conocida “Conspiración de la pólvora”, una traición que consistía en volar el parlamento británico y asesinar al Rey Jacobo I cuando todos estuvieran reunidos en sesión. Su objetivo era poner fin a las persecuciones religiosas que se daban en su época pero su plan fue descubierto y terminó ejecutado. Sin embargo, su fama llega hasta hoy a través del cómic Vendetta y del grupo conocido como Anonymous, que suele dar sus mensajes bajo la máscara de Fawkes.

Desde el momento en que esta bella y astuta mujer unió fuerzas con el conquistador Hernán Cortés, el destino del imperio Azteca quedó sellado. Su amplio conocimiento de los puntos débiles de emperador Moctezuma y su colaboración como traductora fueron fundamentales para lograr las alianzas que llevaron a los españoles a la victoria. Como ocurre con los traidores que cambian el rumbo de un Estado, para algunos esta mujer entregó los destinos de su patria al poder extranjero y las consecuencias de su terrible traición llegan hasta hoy. No obstante, para otros, “La Malinche” simplemente fue una de las tantas personas que esperaban una oportunidad para sublevarse contra un sistema que consideraban injusto.

A través del tratado de Fontainblue de 1808, España permitió el pasaje del ejército napoleónico a través de su territorio para que Bonaparte pudiera combatir contra Portugal, país aliado de Inglaterra. Sin embargo, una vez conquistado el suelo portugués, Napoleón decidió que España formaba parte de su botín y traicionó a la corona española deponiéndola y nombrando en su lugar a su caricaturesco hermano, José Bonaparte o, como se lo conocía en esa época: Pepe Botella.

“¡Tú también, Brutus!” fue la frase con que el emperador romano Julio César se despidió del mundo. En mitad de la emboscada que los senadores romanos les habían preparado, cuando los cuchillos le quitaban la vida, César lamentó la presencia de su hijo Marco Junio Brutus entre los conspiradores. Para Dante Alighieri, este parricida representaba la traición a la familia y a la patria, por lo que lo ubicó en el último círculo del infierno para que recibiera los castigos del mismísimo señor de las tinieblas.

Para los cristianos, su nombre es sinónimo de traición ya que entregó a Jesús a sus captores a cambio de treinta monedas de plata. Desde entonces, la cultura popular le rinde “homenaje” tanto en carnavales como en fiestas navideñas quemando imágenes suyas o representando su suicidio por ahorcamiento. Para variar, Jorge Luis Borges ofrece una relectura de su figura y, por ende, de toda la cultura occidental: si Jesús debía morir para expiar los pecados de los hombres, aquel que lo condujo a su muerte no fue un traidor sino el mejor discípulo.

El máximo organismo gremial del sector terciario considera que el Estado debe  evaluar lo que ha estado sucediendo durante los últimos meses, acerca de la proliferación de empresas informales y la desaparición de alternativas para promover nuevos empleos.

El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (CONSECOMERCIO) no oculta su profunda preocupación por lo que ha estado ocurriendo a nivel del sector terciario de la economía, sobre la proliferación de empresas informales y la desaparición de alternativas para promover nuevos empleos.

El criterio gremial sobre tales hechos es el de que si esos casos son del conocimiento institucional, también lo tienen que ser de las autoridades económicas del país. Y que hay que prestarle atención, y, entre otras acciones, antes que estar ideando otras fórmulas tributarias parafiscales, como la que aparece en el articulado del Proyecto de Ley 0rgánico de Cultura, deben tomarse decisiones dirigidas a incentivar la apertura de nuevas empresas.

CONSECOMERCIO coincide con las opiniones que han esgrimido al respecto Fedecámaras y Conindustria, que han dicho que no es posible disponer de una infraestructura productiva, comercial y financiera en Venezuela con posibilidades realmente competitivas más allá de las fronteras, si su funcionamiento está permanentemente sometido a restricciones y tributos de todo tipo.

Las empresas privadas venezolanas que son gerenciadas con acierto y logran resultados positivos para inversionistas, accionistas, trabajadores y el fisco, paulatinamente, han venido siendo convertidas en fuentes de financiamiento de erogaciones públicas, por la vía de la fijación de tributos parafiscales, hasta concluir en un gran total de impuestos que, individualmente, se identifican como 22 tipos de tributos.

Lo grave es que, en el caso de las empresas que son capaces de producir ganancias, ya ese rendimiento lo tienen comprometido con tributos e impuestos entre un 60 y un 75% del total, sin que de tales pagos que pasan a engrosar los ingresos públicos, se conozca luego en qué fueron empleados, cuál es su aplicación verdadera en los objetivos que describen las leyes que justifican su constitución.

Para CONSECOMERCIO, el año 2013 se perfila como un ejercicio fiscal sectorial contractivo, que amenaza seriamente con comprometer la estabilidad y operatividad de muchas pequeñas empresas. Y eso está relacionado con la obligación de haberse tenido que someter al cumplimiento de la Ley 0rgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT) en lo relativo al nuevo sistema de horario de las jornadas laborales, la mala calidad del servicio eléctrico, pero, además, con las consecuencias de la desaparición del Sitme, la ineficiencia del Sicad y el tributarismo que se aplica, por igual, desde el poder central, como desde las instancias municipales, además del acoso al que es sometido permanentemente por las distintas instancias públicas.

Venezuela, sin duda alguna, dispone de un espacio infinito para el desarrollo del emprendimiento particular. Pero su aprovechamiento necesita de la promoción de condiciones e incentivos superiores, inclusive, a los que hoy se están ofreciendo en países vecinos. En el país, tiene que ser más fácil abrir una nueva empresa, que tomar la decisión de cerrar una operativa y convertirla en una actividad informal.

Para CONSECOMERCIO, hacer empresa en Venezuela es hoy casi un acto de valentía. Y esa situación tiene que revertirse a la brevedad, porque el incremento de la producción primaria y manufacturera es urgente, la modernización de la comercialización y la expedición de servicios es una respuesta que se le debe ofrecer con prontitud a los consumidores, y al sector financiero se le debe convertir en un aliado permanente de quienes insisten en invertir y en incentivar la creación de nuevas fuentes dignas y decentes de trabajo y empresas productivas.

Lo que está sucediendo en Venezuela en estos momentos dentro de las filas del proceso revolucionario es de cuidado. Poco a poco o quizás decir raudo y veloz quienes en estos momentos dirigen las riendas del aparato burocrático del Estado han venido acallando la voz de aquellas personas que de alguna manera mantienen una opinión crítica a la manera cómo de viene actuando sobre ciertos temas. El último camarada que ha sido víctima de este abuso es Ncimer [Nicmer] Evans, joven politólogo conductor de varios espacios en diferentes formatos. Su delito haber entrevistado a Alberto Nolia. Nolia ya había sido sacado de su programa Los Papeles de Mandinga por haber emitido una opinión sobre la política de desarme que viene implementando el gobierno.

Ha habido otros casos como el de Mario Silva o Toby Valderrama o Wladimir Acosta; esto sin contar, con otros que vienen ocurriendo en el interior del país y que por lo que siempre ocurre que Caracas es Caracas…, no se conocen.

En días pasado un amigo me comentó que había sido sacado de las filas del PSUV porque se atevió a entrevistar en programa de radio que dirige en una emisora de Barinas a un camarada que se “lanzó” a Alcalde fuera de las línea del PSUV. Hasta dónde se aspira llegar con esta villanía. Hay que preguntarse cada día que pasa lo que comentó hace un día el Toby Valderrama ¿DÓNDE ESTÁ CHÁVEZ? En lo personal no me cabe la mas mínima duda que la derecha endógena está detrás del poder en estos momentos Maduro sin duda es el presidente legal de Venezuela pero el poder lo está ejerciendo son otros y otras.

Coincido con la derecha en que esa fulana Ley Habilitante es un arma política para perseguir a quienes disientan con las cúpulas que hoy están detrás del poder. Se quieren asegurar con esta fulana Ley la incondicionalidad no sólo de la oposición sino de quienes dentro del Gobierno se atrevan a disentir. La corrupción está enquistada en lo más hondo del aparato burgués si este no se busca destruir finalmente la destruida va a ser la revolución.

Uno percibe que lejos de buscar hacer la revolución éste gobierno de Maduro, y de los que verdaderamente tienen el poder, lo que quiere es gobernar; nunca será lo mismo gobernar que hacer la revolución.

Isidro Camacho desde Barinas, en donde todavía seguimos siendo chavista así nos tilden de traidores aquellos que ayer no pudieron cargar una lonchera y hoy pretenden llevar el morral de Chávez.

Hoy más que nunca TODOS SOMOS CHÁVEZ.

isidrocamacho@hotmail.com

Fuente: http://aporrea.org/actualidad/a172193.html

Preocupados por la grave crisis que afronta Lácteos Los Andes, nacionalizada desde el año 2008, trabajadores se reunieron en una asamblea para exponer los diversos problemas de producción, operatividad y administración que afronta la empresa.

Antonio Barroeta, presidente del sindicato de trabajadores de Lácteos Los Andes, explicó que no han tenido respuestas contundentes. Los trabajadores piden al Ejecutivo la intervención inmediata de la empresa, que tiene una crítica situación de escasez de materia prima.

“Tenemos un bajón financiero muy grave; nos alcanza sólo para cubrir la producción de 19 días y no tenemos respuestas del Ejecutivo”.

Además de ello, en apenas cuatro meses han pasado por la empresa tres gerentes generales y ninguno ha dado respuesta a los problemas de la industria.

“Los gerentes tienen más de dos meses que no vienen a la empresa, están hospedados en el Hotel La Estancia; algunos despachando desde un edificio en malas condiciones laborales en la carrera 19 con calle 31, sin las mínimas condiciones para los trabajadores”.

Indicó que la planificación de producción depende del inventario de materia prima, de al menos ocho meses, un surtido que no se ha completado en el último año.

“No se nos adjudican divisas; no tenemos recursos para la planificación. Se han realizando gestiones de importación a través de Lácteos Los Andes para traer algunos productos pero no nos ha favorecido en nada, porque son productos de mala calidad y están vencidos en nuestras plantas”.

Destacó que en algunos casos, dichos productos, entre ellos leche saborizada, debían ser vendidas a precios más bajos a las afueras de los establecimientos comerciales por los mismos trabajadores, en operativos, para no perder la inversión realizada.

“Si el día martes no tenemos respuestas del auxilio financiero que requerimos para seguir operando con normalidad, nos vamos a quedar apostados en Miraflores hasta que se den soluciones”.

Urge contraloría

Dentro de las peticiones de los trabajadores se encuentra la designación de una comisión que realice una exhaustiva investigación dentro de Lácteos Los Andes y poner orden en lo referente al surtido de materia prima, recursos para el mantenimiento y proyección de la empresa así como sincerar los puestos de trabajo de algunas gerencias que han perjudicado a la empresa.

Más de 17 millones de venezolanos se alimentan con los productos de Lácteos Los Andes. Es el gran motor para que los trabajadores se mantengan en pie de lucha, resguardando sus puestos de trabajo y la empresa que por años les dio el sustento para sus hogares y hoy ven sumida en la decadencia productiva.

Alrededor 7 mil trabajadores en todo el país están a la expectativa de lo que será el futuro de la empresa.

“Los gerentes corporativos de Lácteos Los Andes conocen la situación y ratificaron la preocupación de los trabajadores. Es una situación delicada. Queremos recuperar la empresa y volver a ser lo que eramos antes de la nacionalización y la burocracia”, expresó Javier García, representante del sindicato de trabajadores.

La inconformidad laboral crece debido a la falta de materia prima para la producción de bebidas derivadas de lácteos como leche, yogurt y queso.

Importaciones vencidas

Parte de la materia prima que se utiliza para la elaboración de los productos de Lácteos Los Andes, proviene de convenios de importación con Argentina, Bolivia y Nicaragua, sin embargo pulpas de fruta y leche llegan a la empresa con poco tiempo para vencerse, son de baja calidad y perjudican el producto.

“Las retenciones en los puertos hacen que la entrega se haga mucho tiempo después y la materia prima se vence. Tenemos cantidad de leche en polvo y pulpas vencidas en nuestros depósitos, que son utilizados en algunos derivados y se pierde la calidad”, indicó García.

Para el próximo martes, representantes sindicales y parte de los trabajadores de la empresa planta Cabudare, volverán a Caracas para solicitar una reunión en el despacho de la presidencia y exponer los problemas de producción que afectan a esta empresa socialista.

Fuente: El Impulso

Para intentar ocultar que a  un año de la tragedia de Amuay Pdvsa no ha presentado el informe correspondiente y tampoco la Fiscal ha cumplido con su deber,  Maduro y  Rafael Ramírez repiten el cuento del sabotaje.  Sin embargo, como  el difunto está ausente, los rojos no siguen línea y por ello el Director Laboral de Pdvsa y Presidente de la Federación Única de Trabajadores Petroleros, el rojo-rojito señor Wills Rangel contradice las declaraciones de  sus jefes.

Efectivamente, Rangel declaró el 20 de agosto en El “Nacional que “En el caso de Amuay hubo fallas mecánicas y técnicas, pero no humanas porque los trabajadores cumplieron con sus lineamientos. En la investigación participaron  los delegados de  prevención de la refinería y se tomaron los correctivos mediante la instalación de los equipos de atención temprana, un mayor adiestramiento en el área de seguridad para los trabajadores y se ha reforzado lo referido a la acción de los bomberos. Por eso hoy se tiene un plan de contingencia distinto al que había antes del accidente”. Además, el 22 de agosto en el mismo diario, Rangel declaró que “Hay una política de negación de la participación de la clase obrera, de la federación, sindicatos y delegados del Instituto de Prevención, Salud y Seguridad Laboral, y el gerente de refinación ha impedido la inspección en Amuay y otras refinerías”.Es decir que  Rangel descalifica  las acusaciones de Maduro y de otros Pinochos.
Por su parte, el también Pinocho Jesús  Luongo, Gerente General de del Centro de Refinación de Paraguaná y Director de Refinación de Pdvsa, declaró  en ese mismo diario y fecha que ”Si algo nos caracteriza es la responsabilidad y por eso decimos que está comprobado que hubo sabotaje sobre nuestras instalaciones por sectores de la extrema derecha”.
La comisión de diputados en la que participaron María Corina Machado, Eliezer Sirit,  Willian Dávila, García,  Américo  De Grazia, José Manuel González, Graterol  y otros acudió  el 21 de este mes a la refinería a entregar el informe elaborado por el grupo técnico del Centro de Orientación de Energía (Coener). No fueron recibidos por lo que no pudieron entregar el Informe, lo cual viola la Constitución. Posteriormente se encontraron en el aeropuerto con el señor Omar Bravo, sub gerente de la refinería, quien expresó que no recibiría ese informe, porque  tenía que ser consignado por Caracas. Llama la atención que tanto Jesús Luongo, como Bravo tienen experiencia de muchos años en el área de refinación. Sin embargo, no tienen suficiente coraje para parar las operaciones cuando es evidente que no reciben suficientes recursos para el mantenimiento y que no cuentan con el personal supervisorio capacitado. Pareciera que priva el interés personal o la solidaridad revolucionaria sobre el concepto de seguridad en el trabajo.
A raíz de este incidente el Pinocho mayor, señor Nicolás Maduro, se rasgó las vestiduras  y declaró que “los diputados habían agredido a un gerente de Pdvsa, que la derecha insiste en sabotear el país y que esta gente tiene planes para dañar la industria y  nuevamente culpar a la revolución”. Ninguno de estos Pinochos entiende que el objetivo del Informe mencionado es contribuir a que no se repita la tragedia de Amuay. Por otra parte, si Pdvsa acepta la tesis del sabotaje  debería despedir a los gerentes y personal de seguridad y si  acepta que fue problema de mantenimiento y malas prácticas operacionales debería despedir al personal gerencial y supervisorio.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com