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Siria por Luis De Lion

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Obama, hace un año había señalado que si el régimen sirio utilizaba armas químicas, estaría sobrepasando la línea roja. Hoy el gobierno de los EE.UU. estima con “un alto nivel de certeza” que el régimen sirio ha utilizado armas químicas.

Una convicción que le otorga rigor al escenario de una intervención militar. John Kerry dice apoyarse en múltiples fuentes, y en ese sentido la Casa Blanca hizo público este viernes un informe de los servicios de inteligencia, el cual concluye que el régimen de Bachar Al Assad fue el responsable del ataque con armas químicas el miércoles 21 de agosto, en la periferia de Damasco.

De la lectura de dicho informe, descubro que, tres días antes del ataque, los servicios señalan disponer de información indicando que equipos sirios preparaban municiones químicas, en la zona de Adra. La inteligencia estadounidense recolectó pruebas a partir de fuentes humanas, de intercepciones electrónicas e imágenes de satélites.

El día del ataque, imágenes satelitales muestran que el régimen sirio procedió a lanzar cohetes y fuego de artillería, desde temprano el miércoles 21 de agosto, sobre varias zonas de Damasco controladas por los rebeldes. Los tiros provenían de zonas controladas por el gobierno. Hasta que 90 minutos más tarde, las primeras menciones de un ataque químico aparecen en las redes sociales, siendo aproximadamente las 2.30 a.m. locales.

Los EE.UU. –se lee en el informe- igualmente identificaron unos 100 videos, filmados desde 12 lugares diferentes, en la mayoría de ellos se muestra un gran número de cadáveres mostrando marcas físicas coherentes con – pero no forzosamente causadas por – una exposición a un agente neurotóxico. La CIA comprende que los rebeldes no tienen capacidad para falsificar una cantidad tan grande de videos.

Las comunicaciones interceptadas. Los EE.UU. reconocen haber interceptado la comunicación entre un alto responsable, íntimamente ligado a la “ofensiva” y que confirma la utilización de armas químicas por el régimen sirio. Dicho responsable, se decía inquieto, porque los inspectores de la ONU presentes en la capital no pudieran obtener prueba alguna del ataque.

En la tarde del propio día del ataque, “poseemos información que muestra que el personal encargado de las armas químicas recibió la orden de detener la operación” dice el informe presentado por John Kerry.

El balance del ataque. La información de los servicios secretos estadounidenses evoca la cifra de aproximadamente 3.600 heridos presentando síntomas neurotóxicos, ingresados en apenas tres horas, en tres hospitales de la región de Damasco. Es la misma cifra que aportó la ONG Médicos sin Fronteras.

Respecto a las víctimas mortales, Washington estima 1.429 muertes, de las cuales 426 eran niños, un balance que cambiará en la medida que otras informaciones vayan llegándole a los servicios norteamericanos.

Ante éste cúmulo de pruebas, las cuales se suman a las ya presentadas por Francia, si Occidente no ataca a Siria, luego del uso de armas químicas contra civiles, quedaría establecido un terrorífico antecedente.

 

@LDeLION

luisdelion@gmail.com

Nicaragua – Un vecino incómodo por María Teresa Belandria

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La actuación internacional de Nicaragua, sus pretensiones frente a Colombia y Costa Rica lo transforman en un vecino incómodo cuyas declaraciones y  consecuencias van mucho más allá de las fronteras terrestres y marítimas que disputa ante la Corte Internacional de Justicia en la Haya.

Nicaragua, ha demostrado consistencia al acudir al órgano de resolución de controversias entre los estados y a dirimir sus litigios a través de los mecanismos que la ONU y el estatuto de la Corte le permiten. El lobby que su embajador y agente ante la Corte Carlos Arguello ha desplegado por más de 20 años en la Haya, sumado a  los aportes económicos de los aliados, le han permitido contratar a los mejores Abogados del mundo en materia de delimitación. La inversión ha rendido frutos. Basta con revisar las sentencias favorables en los litigios contra Honduras, Costa Rica y Colombia. Es pertinente analizar y comprender como no siendo Nicaragua vecino directo, si estamos afectados por las decisiones.

Nicaragua vs Costa Rica (2010-2013) – La controversia derivó del dragado de un parte  de la desembocadura del Rio San Juan de Nicaragua, iniciado en 2010 por el gobierno de Ortega y ejecutado por el Comandante guerrillero Edén Pastora con tropas. Se sitúa en la Isla Portillos, con una extensión de 3kms2, en el noroeste de Costa Rica quien tiene la posesión efectiva sobre el territorio y que los nicaragüenses denominan Harbour Head. Costa Rica protestó la invasión de su territorio y envío refuerzos policiales ya que carece de ejército desde 1948.

Ortega, ordenó movilización de tropas y así Pastora, justifico sus acciones, usando como prueba “irrefutable” de la violación de Costa Rica un mapa de Google Maps que explicaba una controversia del siglo XIX. Luego del fracaso de la mediación del inútil Secretario Insulza, Costa Rica demandó a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, (en adelante CIJ)  quien en fallo del 08 de marzo de 2011, ordenó medidas cautelares: a) el despeje militar y policial de la zona; b) que ambos países se abstengan de acciones que alarguen el conflicto y,  c)  se instó a Costa Rica a mejorar la protección ambiental de la zona. Ahora Nicaragua demanda a Costa Rica la soberanía de la Provincia de Guanacaste ubicada al suroeste.

Nicaragua vs. Colombia. La controversia es más lejana en el tiempo y se reactiva a raíz del desconocimiento de Nicaragua del Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 que fijaba los límites marítimos con Colombia, alegando que el mismo había sido suscrito cuando Nicaragua se encontraba ocupada por Estados Unidos y no se había desarrollado el Derecho del Mar como lo conocemos.  En el año 2001, Nicaragua demandó a Colombia ante la CIJ, en 2007 la Corte aceptó las excepciones preliminares presentadas por Colombia dejando intacta la soberanía sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero sin pronunciarse sobre el fondo de la controversia.

El 19 de noviembre de 2012, la CIJ dicta el fallo y establece los límites marítimos entre ambos países y si bien reafirma la soberanía de Colombia sobre el archipiélago, enclava los cayos le concede el mar territorial a Colombia pero la Zona Económica Exclusiva a Nicaragua. La pérdida de Colombia se estima en 43% de su territorio marítimo. Nicaragua celebra la decisión e inmediatamente presiona para que Colombia lo acate y le extiende la “mano” para llegar a un acuerdo sobre el enclave creado por la sentencia. A la par Colombia desafía el fallo, no lo acata y pide una aclaratoria.

La gran pregunta es ¿por qué Nicaragua triunfa en la CIJ y se atreve a desafiar a sus vecinos? Porque puede. Y porque ha demostrado, consistencia, continuidad independientemente de los gobiernos, seriedad y recursos inagotables derivados del petróleo venezolano. Pero su arrogancia está poniendo en riesgo, no solo a quienes comparten las fronteras marítimas y terrestres, sino a la región en general y a Venezuela en particular. Veamos.

Latinoamérica es un rompecabezas cuyas fronteras y límites corrieron la suerte de los conquistadores, las capitulaciones y la indefinición de la jurisdicción de los Virreinatos y Capitanías. Que en pleno siglo XXI aún tengamos problemas de delimitación y demarcación en casi todos los países es prueba de ello: Colombia vs. Nicaragua; Chile vs. Perú; Bolivia vs. Chile; Venezuela vs. Colombia-Aéreas Marinas y Submarinas al Norte de Castilletes; Venezuela vs. Guyana-Territorio Esequibo; Venezuela vs. Caribe Oriental-Isla de Aves; por mencionar algunas.

Pero no todas llegan a la CIJ. Venezuela no ratifico el Pacto de Bogotá y todas las controversias se dirimen bilateralmente. Para quienes han criticado esa postura  y que durante los años de la Democracia 1958-1998 nos sirvió para no perder ni un milímetro de territorio y más bien ganarlo en las zonas marítimas, les invito a que revisen la sentencia de la CIJ en el citado caso Nicaragua vs. Colombia. La negociación bilateral siempre será mejor, que un fallo tomado a distancia sea la Haya, España o Suiza (en la época de los laudos).

Ahora bien, ¿Por qué lo ocurrido con Nicaragua nos perjudica si está a kilómetros de distancia?

En la reciente cumbre del 16 de agosto de 2013, los Cancilleres Elías Jaua y María Ángela Holguín acordaron reactivar la Comisión Presidencial de Delimitación de Aéreas Marinas y Submarinas y otros temas, conocida como la CONEG, creada por el Acta de San Pedro Alejandrino, e inactiva desde 2009 cuando Hugo Chávez a raíz de las denuncias del comisionado Francisco Javier Nieves-Croes sobre una delimitación secreta la reorganizo. La CONEG tiene dentro de sus atribuciones la discusión de  la Delimitación de Aéreas Marinas y Submarinas- El Golfo- Cuencas Hidrográficas, Migraciones, Ríos Internacionales y Demarcación y Densificación de Hitos. Este 02 de septiembre está previsto que se reúnan en Bogotá los comisionados.

Integran la CONEG por Venezuela: Francisco Arias Cárdenas, Gobernador del Zulia; Orlando Maniglia-Almirante (r) y Gregorio Flores-Cónsul de Venezuela en Medellín. De los técnicos y otros integrantes de la comisión nada se conoce y, de acuerdo a informaciones de Cancillería a la fecha de este articulo, nadie tiene la agenda oficial de la reunión, ni  la delegación que irá a representarnos. Primera señal de peligro.

En segundo lugar, la Dirección de Fronteras ha sido desmantelada al punto que sus integrantes con mayor experiencia y experticia han sido relegados al olvido y del destino de los archivos luego de que la Cancillería se transformara en refugio nada se sabe. No se ha emprendido la demarcación de las rectas con Colombia. Se abandonaron los contactos con los asesores extranjeros, por cierto los mismos que obtuvieron el resonante triunfo de Nicaragua. Un silencio estridente recorre los pasillos de la Casa Amarilla y nadie advierte la importancia de la defensa de la integridad territorial.

Colombia se encuentra en un momento político crítico. La reelección de Santos debe sortear con éxito varios escollos: el proceso de paz con las FARC; el proceso de Paz con el ELN; el paro campesino y la pérdida territorial frente a Nicaragua. Este conjunto de hechos le obligan a mostrar éxitos tempranos y si bien han retrasado el acatamiento del fallo hasta su aclaratoria, ya comenzó a mirar hacia su frontera marítima con Venezuela, la reactivación de la CONEG es la muestra de ello.

Si perdieron 43% de territorio marítimo con Nicaragua, ¿por qué no negociar una compensación en las áreas marinas y submarinas por delimitar con Venezuela?

Mucho Cuidado con Colombia advertía acertadamente el editorial de Analítica del pasado 23 de agosto  y estamos de acuerdo. O mantenemos la negociación Colombia en el marco de la globalidad como hasta ahora, o corremos el riesgo de perder en la fachada occidental y en el mar nuestros legítimos derechos. Santos es capaz de todo para lograr la reelección y su Canciller ha demostrado sobradamente que usa todos los recursos disponibles para convencer  y persuadir. Que los cantos de sirena no lleguen a los oídos de Jaua y la seducción colombiana no comprometa los más altos intereses de la Nación.

Un gobierno ilegitimo, débil y sumiso a los intereses de La Habana, es presa fácil de los vecinos. Que se presione al occidente-Colombia en la CONEG y al oriente-Guyana con las concesiones otorgadas y lo que se obtenga de Miraflores sea silencio, inacción, configura en el Derecho Internacional aquiescencia y en la opinión pública: traición.

Como afirmé en mi artículo del junio de 2012. Integridad Territorial Primero y Amistad Después. Antes de rasgarse las vestiduras por los reclamos territoriales de otros países, aspiramos a que defienda la integridad territorial de Venezuela conforme lo mandan los artículos 10 y 11 de la Constitución Nacional, de lo contrario las improvisaciones y las equivocaciones se contarán en kilómetros y millas marinas, aquí o se actúa conforme al interés nacional o se mandan a hacer nuevos mapas. Eso sí asuman el costo y réstenle 550.000kms al Norte y 150.000kms al oriente ¿o no?

No canten Patria, Patria, Patria querida, mientras entregan el territorio. Asuman la defensa de Venezuela y punto.

María Teresa Belandria

@matebe

CNE, el paracaídas del PSUV por Brian Fincheltub

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Sabemos que el PSUV es un partido que no respeta la opinión de las bases, que pasa por encima de los liderazgos locales y que poco le importa negociar con sus aliados políticos. Lo que no podemos entender es cómo en este juego de imposiciones e intrigas que vive el partido de gobierno, el actor más activo sea el Consejo Nacional Electoral. Jugando cada vez más, sin guardar ningún tipo de apariencia, a favorecer con ventajismos y decisiones arbitrarias a los candidatos de la tolda roja.

Tal es el caso de las migraciones ilegales aprobadas nuevamente por la mayoría de los rectores del CNE, donde pasando por encima de la Ley Electoral y la constitución se mudaron a seis candidatos del PSUV fuera del lapso establecido por ley, para que voten en los municipios donde fueron designados a dedo.

Hablamos de Antonio Enrique Álvarez Cisneros, quien votaba en el municipio Baruta y ahora fue cambiado al municipio Sucre, Carlos Antonio Alcalá Cordones, votaba en el Distrito Capital y hoy en día vota en Vargas, Edgardo Antonio Ramírez, antes votaba en Cuba y lo pusieron a votar en el estado Barinas, Francisco José Garcés Da Silva, votaba en el Distrito Capital y ahora vota en los Teques. Con Luis Bohórquez Soto ocurrió lo mismo lo cambiaron de centro de votación y a Miguel Ángel Pérez Pírela, quien votaba en Chacao, ahora lo pusieron a votar en Maracaibo.

Una vez más las autoridades electorales de cara a un proceso electoral se ponen la franela roja y se quitan la de rectores para favorecer a una parcialidad política. No les importa el resto del país, ellos creen que el poder es para abusar y confían en que los ciudadanos no hagan nada para cambiar las cosas.

Hoy el CNE es reincidente porque repite la ilegalidad y curiosamente de nuevo con candidatos del PSUV. En fechas previas a los comicios regionales de 2012 el órgano comicial migró fuera del lapso legal a 108 personas ligadas a candidaturas del PSUV, así como algunos candidatos. En ese momento quisieron tapar la ilegalidad diciéndonos que la cifra de migrados no era representativa, como si el delito dejara de ser delito por su representatividad numérica. Esto demuestra que para el CNE hay ciudadanos de primera, los enchufados y ciudadanos de segunda, como el pueblo venezolano. Todos los ciudadanos somos iguales ante la Ley dice la constitución nacional, pero para el CNE parece que hay algunos más iguales que otros ¿Acaso son más venezolanos los candidatos del PSUV?

Es inaceptable, es una burla al pueblo que mientras el CNE migró a 6 enchufados fuera del lapso, dejó un millón de venezolanos fuera del RE, porque no dieron más tiempo. El CNE se ha convertido en el paracaídas de los candidatos del PSUV y eso constituye un delito. Como bien lo establece el artículo 68 de la ley Contra la Corrupción “El funcionario público que abusando de sus funciones utilice su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, grupo, partido o movimiento político será sancionado con prisión de tres a seis años”.

Nuestro llamado a restituir el principio de igualdad entre los electores y equilibrio entre los aspirantes a cargos de elección popular. Sepan que cada acto de ventajismo y abuso de poder se traducirá en más ganas de participar para cambiar una realidad que no puede seguir atropellando las leyes y la constitución. La gente sabe quiénes son los que conocen su realidad y quiénes vienen apadrinados por el poder.

Seguiremos en la calle mostrando la verdad al país de un Gobierno totalmente corrupto e incapaz y estamos seguros que el próximo 8-D la inmensa mayoría de los venezolanos se manifestara a favor del cambio que merecemos votando por los candidatos de la Unidad.

 

Brian Fincheltub

Brian@juventudsucre.com

@Brianfincheltub

Transparencia Venezuela: Ciberacción por la Libertad de Expresión e Información en Venezuela

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La reducción de espacios para la disidencia, opiniones críticas y diversas en los medios de comunicación de Venezuela y especialmente en los medios públicos, es una realidad que afecta el día a día de los venezolanos. En Venezuela se ha minimizado desde el poder del Estado la posibilidad de visibilizar la amplitud de intereses y expresiones vigentes en la palestra pública que representen la pluralidad del conjunto de la sociedad; todo esto respondiendo a una política hegemónica de imponer un desequilibrio comunicacional a favor de la postura gubernamental y del partido que ejerce el poder. La democracia se alimenta de la posibilidad de ejercer la libertad de expresión proporcionando la amplitud de espacios en los que todas las voces puedan ser escuchadas y que, dentro de esa gama de opciones, la elección sea libre y esté en manos de los ciudadanos.

 

¡La audiencia venezolana se hace sentir!

 

De la mano con el ciudadano, la Alianza por la Libertad de Expresión, se propone la realización de ciber-acciones contundentes que produzcan cambios:

En campañas desarrolladas en Venezuela y en todo el mundo, el “bombardeo” sincronizado a través de menciones directas a los funcionarios o entes responsables en Twitter, SMS (mensajes de texto), correos electrónicos y cartas, ha tenido impactos positivos.

 

Las instrucciones son las siguientes:

Aluvión de Tuits, SMS y Correos: a las 10:00 am (Desde el 1 al 30 de septiembre) se envía un tuit, un correo y un sms diariamente. Aquí ya tienes varios tuits armados, la etiqueta incluida y el usuario a mencionar; la inversión de unos segundos para cortar y pegar, son tuyos.

Diariamente puedes elegir entre los siguientes mensajes o construir uno propio:

El usuario destinatario es: la Ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Delcy Rodríguez –> TWITTER: @drodriguezminci O Conatel: @Conatel. CORREO: derodriguezg@mippci.gob.ve / conatel@conatel.gob.ve

Quisiera ver programas ya sean de producción nacional o internacional de un modo no tendencioso #SIBCIdeTodos @drodriguezminci

Quiero un canal que no sea la maquinaria política del Grupo Partidista que gobierne el país #SIBCIdeTodos @drodriguezminci

Quiero dejar de ver división: ellos los malos, nosotros los buenos. No es el medio oeste #SIBCIdeTodos @drodriguezminci

Quiero dejar de ver resentimiento #SIBCIdeTodos @drodriguezminci

Quiero ver diversidad #SIBCIdeTodos @drodriguezminci

La propaganda política debe desaparecer #SIBCIdeTodos @drodriguezminci

Quiero reconocimiento en medios públicos de la otra mitad del país sin caricaturización ni invisibilización #SIBCIdeTodos @drodriguezminci

Quiero una programación orientada hacia la información imparcial, la diversidad de ideas y pensamientos #SIBCIdeTodos @drodriguezminci

Quiero medios público plurales y diversos, que le den cabida a todos los sectores que hacen vida en el país #SIBCIdeTodos @drodriguezminci

Medios públicos deberían estar al servicio de las exigencias y necesidades de los ciudadanos. #SIBCIdeTodos @drodriguezminci

Quiero ver programación de calidad #SIBCIdeTodos @drodriguezminci

Queremos programación que dé cabida a la crítica, a la denuncia, a la diversidad #SIBCIdeTodos @drodriguezminci

Queremos programas en los que la libertad ciudadana encuentre expresión real #SIBCIdeTodos @drodriguezminci

No pueden exigir “equilibrio” en los medios privados, si los públicos no dan el ejemplo #SIBCIdeTodos @drodriguezminci

La “hegemonía comunicacional” no es democracia #SIBCIdeTodos@drodriguezminci

NOTA: Es imprescindible que desde hoy coloques en tu celular o reloj una alarma en modalidad “diaria” a la hora prevista para colocar el mensaje y así ayudarte a recordarlo.

 

¡Contamos contigo!

El Nuevo Herald: Informe revela negligencia en explosión de refinería en Venezuela

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Antonio María Delgado

@DelgadoAntonioM

La negligencia, la falta de mantenimiento y un abandono generalizado de la cultura de seguridad dentro de la estatal PDVSA serían los causantes de la explosión de la refinería de Amuay en el 2012, accidente que dejó al menos 55 muertos y 156 heridos y ocasionó pérdidas por más de $1,830 millones, concluyó un informe sobre el siniestro en cuya elaboración participaron cerca de 30 expertos de la industria.

El informe, preparado por una comisión del Centro en Orientación en Energía (COENER), contradice la versión oficial del régimen de Nicolás Maduro de que el peor siniestro en la historia petrolera del país fue provocado por “actos directos de sabotaje” que habrían sido orquestados por la oposición y Estados Unidos con fines electorales.

La versión del gobierno “es como una falta de respeto [a la capacidad intelectual]”, dijo desde Caracas Diego González, presidente de COENER, un centro de investigación venezolano.

“El señor ministro [de Energía, Rafael Ramírez] incluso ha involucrando al gobierno de Estados Unidos en actos de sabotaje, cuando esas cosas simplemente no ocurren en una instalación petrolera. Los que hemos trabajados en este tipo de instalaciones, ya sea de refinación, ya sea de operaciones de producción, o terminales de embarque, sabemos que esas cosas no ocurren, son muchos los controles, los mecanismos de seguridad”, agregó González.

El experto petrolero se refería a las acusaciones lanzadas por Ramírez y el propio Maduro, quienes han insistido en que la terrible explosión de agosto del 2012 fue provocada por la oposición para restarle votos al fallecido presidente Hugo Chávez en las elecciones de octubre del año pasado.

“Esta derecha no tiene escrúpulos para hacerle daño a la Patria” comentó Maduro hace unos días. “Sectores desesperados, que creían que incendiando una refinería le ganaban las elecciones a Chávez; y no sólo fue que se las ganaron, sino que fueron coleteados por el pueblo”.

Ramírez, por su parte, respaldó la versión del máximo líder del chavismo.

“Hemos podido detectar y detectamos en lo últimos eventos, sabotaje directo, nuestros técnicos de algunos de los eventos que han ocurrido en Amuay han detectado, y ya está comprobado, que no hubo falla ni nada, sino un sabotaje directo sobre nuestras instalaciones”, aseguró el funcionario en un programa de televisión.

El caso está bajo investigación de las organizaciones policiales del chavismo, cuyos líderes han dejado entrever que pronto podrían presentar cargos formales contra dirigentes de la oposición.

No obstante, los expertos llegaron a conclusiones muy distintas, ya que el informe delinea una cadena de fallas y de incumplimientos en las normas de prevención y de seguridad dentro de la refinería.

Según el informe, la explosión fue causada por la ignición de una nube de gas creada por un escape incontrolado de olefinas, componentes inflamables producidos en el proceso de refinación.

La fuga –probablemente producida por el colapso de algún sello mecánico- generó la peligrosa nube de gas que se acumuló en la zona por la falta de viento.

“De acuerdo a testimonios de vecinos de la zona, así como por mensajes y declaraciones de trabajadores y responsables de una de las empresas privadas afectadas por la explosión e incendio, se determinó la presencia de gas en el ambiente varias horas antes de la explosión”, señaló el informe.

“Sin embargo, no se activaron alarmas ni se tiene conocimiento de acción alguna para llevar a cabo el desalojo de las áreas adyacentes”, indicó.

Las únicas acciones que se tomaron consistieron en tratar de bloquear válvulas y equipos en forma manual en el sitio de la fuga, resultando todas ellas infructuosas dada la magnitud del escape y las altas concentraciones de gas en el ambiente, explicó el estudio.

El informe resalta que ésa no era la primera vez que en las instalaciones de Amuay se producían escapes de gas e incendios en los equipos de bombeo, y resaltó que uno de los reportes de la empresa aseguradora australiana QBE documenta que la refinería había registrado cerca de 100 incendios el año anterior.

“Los indicadores de accidentalidad de PDVSA durante los últimos años muestran una tendencia creciente, con cifras significativamente altas y muy superiores a los promedios internacionales”, resalta el informe.

“Esta situación evidencia la pérdida de la Cultura de Seguridad, Salud y Ambiente necesaria para operar, de manera responsable, instalaciones de la magnitud y complejidad de la industria petrolera”, agregó.

Pero una vez detectado el peligro, los esfuerzos para tratar de evitar y contener el siniestro fueron ineficientes.

Hubo un inadecuado manejo de la contingencia, con deficiencias en las acciones y medidas tomadas en la zona -tanto por parte de PDVSA como por los cuerpos de atención de emergencias- durante la operación.

Las deficiencias se produjeron en el sistema que debía haber detectado la fuga de gas antes de la explosión, el control y extinción del incendio, y posterior atención de las personas afectadas.

Uno de los problemas fue el uso de agua para tratar de extinguir el incendió ya que el líquido diluyó y le restó eficacia a la espuma contra incendios que estaba siendo usada simultáneamente.

Por otro lado, las fallas detectadas en el plan de evacuación “probablemente hayan incidido en el incremento del número de víctimas”, dijo el informe.

Más de 30 expertos de la industria petrolera participaron en la elaboración del informe. Algunos de ellos han sido directores de operaciones de refinación en Venezuela y el exterior, dijo González.

“La preocupante cantidad de incidentes y accidentes que se han reportado, posteriores al 25 de agosto de 2012 [el día del siniestro], nos permiten destacar que el irrespeto a las sanas prácticas operacionales centradas en confiabilidad y seguridad, no ha cesado en el CRP [Complejo de Refinación de Paraguaná, que incluye la refinería siniestrada]”, advirtió el documento.

“De no producirse cambios importantes en la estrategia operacional de PDVSA […] en nuestra opinión validado por esta fatídica experiencia, se podría estar gestando otra tragedia similar”, concluyó

 

Myra Lee Machado / La huelga ayer y hoy

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Fuente: Provea

Pueden existir oposiciones de interés entre la clase obrera y el Estado soviético y la lucha huelguística puede estar justificada por la necesidad en que se encuentran los trabajadores de combatir las deformaciones burocráticas y las supervivencias del pasado capitalista.”

Lenin en El papel y las tareas de los sindicatos en la nueva política económica el 12 de enero de 1922.

Desde comienzos del siglo XIX la huelga fue considerada como un delito. Así aparecía en el Código Penal francés de 1810, en el que se inspiraron otras legislaciones europeas.

Como todo delito, la huelga estaba sujeta a sanciones penales.

La abolición del delito se produjo en Francia en 1864, en Alemania en 1869 y en Italia en 1890. Sin embargo, su abolición no constituía que se convirtiera en un derecho.

En esta nueva situación las consecuencias de la huelga eran la ruptura del contrato individual del trabajo y la extinción de la relación laboral.

Habrá que esperar en muchos países, más allá de la mitad del siglo XX para que la huelga se convierta en un derecho de los trabajadores. (Camacho, 2002)

Hoy en día, el derecho a huelga es un derecho fundamental reconocido en la mayoría de los países, y ha sido consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (1966), y amparado por los órganos de control de la Organización Internacional de Trabajadores (OIT), principalmente el Comité de Libertad Sindical – desde 1952 – y la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones – desde 1959 –.

Las decisiones de estos órganos han sentado un cuerpo de principios sobre el derecho a la huelga ampliamente compartidos en la comunidad internacional, y ratificados por Venezuela, a partir de los principios generales de la libertad sindical proclamados en la Constitución de la OIT y en los convenios fundamentales relativos a esta materia.

En el caso venezolano es de utilidad rescatar el parámetro propuesto por Brewer Carías (1961) para hacer un acercamiento a la normativa legal que regula los conflictos en el país:

“La huelga y su concepción o no como derecho, tiene conexión inmediata con la estructura política de una sociedad determinada. De esta forma la existencia de regímenes totalitarios o autoritarios, trae como consecuencia la negación del derecho a huelga, o la declaración de ilicitud de dicho fenómeno”

En este sentido, tal como lo ha denunciado la ONG Provea, diferentes mecanismos legales criminalizan el derecho a la huelga, tales como: La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LODOFAT) junto con la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa de la Nación.

En esta última se contempla que más del 30% del territorio nacional se vuelve zona de seguridad.

Por violarla, en los últimos cinco años más de 2 mil manifestantes y unos 150 sindicalistas han sido sometidos a procesos penales, medidas restrictivas y regímenes de presentación en tribunales, entre ellos Rubén González, el emblemático líder sindical de Ferrominera Orinoco.

Siendo hoy el derecho de huelga indisociable de cualquier sociedad que se pretenda democrática, la huelga y demás medidas de acción directa constituyen una forma de defensa de los derechos sociales, por ello es fundamental que defendamos este derecho constitucional uniéndonos a la campaña en Twitter #HuelgaNoEsDelito.

Bibliografía

Brewer Carías, Allan (1961) El derecho de huelga en el concepto de libertad en el estado moderno. Revista de la Facultad de Derecho UCV, 21, 10-37.

Bettelheim Charles (1980) La lucha de clases en la URSS primer período 1917-1923 México: Siglo Veintiuno Editores.

Camacho Ildefonso (2002) La Huelga ayer y hoy. Sal Terrae Revista de Teología Pastoral, 90, 575-586.

Óscar Arias: Lecciones de paz para oídos ausentes por Juan Gabriel Vásquez

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Óscar Arias, expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, es una de las autoridades mundiales en el arte difícil de silenciar fusiles.

El plan de paz que diseñó en 1987 puso fin a una guerra civil que se había cobrado más de cien mil víctimas en Centroamérica, y lo hizo peleando contra la oposición simultánea de los Estados Unidos y de la Unión Soviética: no es exagerado decir que se enfrentó a la Guerra Fría y salió ganando. Ha viajado por medio mundo enterándose de los procesos de paz que se han dado en otros conflictos, de Sudáfrica a Irlanda, y ha liderado las políticas de desarme más exitosas que se han visto en nuestro continente. Por todo eso, era lícito esperar que su presencia esta semana en Colombia atrajera la atención de los que tienen algo que decir acerca del proceso de La Habana. Arias vino invitado por Ulibro, la Feria del Libro de Bucaramanga, y allí, en el auditorio nuevo de la Universidad Autónoma, este hombre que se ha ganado a pulso el derecho de hablar de paz hizo un discurso lleno de ideas y propuestas y consejos. Pero los posibles beneficiarios de su experiencia, las personas que ahora mismo negocian nuestro futuro o tienen voz o voto sobre lo que pasa en La Habana, no estaban allí. Y les habría venido bien oír lo que dijo.

O quizá soy injusto: quizá esos beneficiarios siguieron atentamente las conferencias por streaming. Si es así, habrán escuchado a Óscar Arias decir que el proceso de paz, en su opinión, habría debido comenzar con el cese de hostilidades: “Acordar un alto al fuego, a los secuestros, a los asaltos, a los atentados, hubiera sido una demostración elemental de buena fe de las dos partes en conflicto y también una de las mejores maneras de aumentar las probabilidades de que se sintieran comprometidas a llevar la negociación hasta el final. Para que un proceso de negociación tenga éxito, todos deben sentir que tienen participación en el resultado y que tienen mucho que perder en caso de desistir”. Habrán escuchado a Óscar Arias decir que, al contrario de las opiniones que han manifestado varios de nuestros congresistas y negociadores, el tiempo no es ilimitado: “Muchas veces he dicho que la paz no es fruto de la impaciencia. Pero mucho menos es fruto del perfeccionismo y la postergación. Las partes deben sentir que tienen tiempo para decidir, pero que ese tiempo no es ilimitado. El conflicto centroamericano nos enseñó la importancia de aprovechar el moméntum. La atención del mundo es breve, los recursos son escasos y otras prioridades compiten siempre con la búsqueda de la paz”.

La guerra que Arias logró terminar es, con mucho, la más parecida a la que nos agobia, y sólo por eso son atendibles (yo diría: invaluables) sus lecciones, su experiencia y su sensatez. “Se requiere humildad y flexibilidad”, dijo Arias hablando de los procesos de paz. “Se requiere hidalguía y sentido de responsabilidad histórica. Lo que nos enseñan procesos como el de Irlanda del Norte, como el de Sudáfrica, como el de Centroamérica, es que la paz no es la obra de héroes ni titanes, sino de hombres y mujeres imperfectos, luchando en tiempos difíciles por un resultado incierto”.

Eso dijo Arias. Y yo me digo: ojalá alguien, en Cuba o en Colombia, haya tomado nota.

Fuente: El Espectador (Colombia)

El Espectador (Colombia): Lo revolucionario es sincerarse por María Teresa Ronderos

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A las FARC no les gusta el referendo para someter a votación el acuerdo de paz porque, por su naturaleza masiva, este documento de 50 o más páginas tendrá que ser simplificado en unas cuantas opciones de sí o no.

Y temen que, después de tan difícil negociación, el mensaje que se envíe es que vale la pena aprobarlo sólo porque conduce a acabar con las Farc. Eso daría al traste con su propósito en esta negociación, que puesto en las palabras de Timochenko es: “No pretendemos la revolución en una mesa, pero sí, al menos, concertar un gran acuerdo que saque al país para siempre de la opresión violenta, que siente unas bases mínimas para la construcción de la justicia social”.

Las Farc parecen resignadas a salirse de la guerra, a sabiendas de que ya no consiguieron la fuerza militar ni política para imponer su versión de sociedad y Estado, pero sólo si los colombianos entienden que no habrá paz duradera si la democracia, vestida de sofisticada institucionalidad, finos debates jurídicos y vigor económico, sigue con su alma bestial intacta, atajando, sobre todo con violencia, la puja de la gente común por equilibrar la arquitectura de un país extremadamente desigual, sobre todo en el campo.

Los jefes de las Farc quieren asegurarse de que no sólo ellos, sino todos, dejen la violencia como arma de la política. Para evitar que la historia de la UP se repita, sí, pero también porque —adivino— creen que si no se vuelve a asesinar a líderes políticos o sociales en Colombia, la política cambiará radicalmente desde abajo. Y si no consiguen eso —que no es poco— consideran más digno para ellos sucumbir en el monte, como Jojoy o Reyes.

Sin embargo, la alternativa que proponen, convocar a una asamblea nacional constituyente para refrendar los acuerdos, puede jugarles a favor a los sectores más retardatarios en el terreno donde estos se sienten más cómodos: convertir una mayúscula decisión política en un asunto de formas legales. Se puede escribir una nueva Carta, con el riesgo de que salga más conservadora que la del 91, sin cambiar las cosas injustas en la realidad. Las normas solas, ni siquiera cuando la justicia funciona —61 congresistas condenados por valerse de la violencia paramilitar para sacar réditos políticos fáciles—, no han transformado la política colombiana en una más democrática o pacífica.

Más que pedir leyes, lo revolucionario ahora sería si las Farc se sinceran en serio. Si le dijeran al país que ellas también han sido responsables del aplastamiento violento a la voluntad popular, y sobre todo a la campesina. Si reconocieran que han montado un régimen más tirano que el que dicen querer derrocar, fusilando a quienes no sigan su arbitrario mando. Si confesaran que la guerra les ha sacado callo frente al sufrimiento atroz de sus víctimas, y aceptaran que, como sus enemigos, ellos sucumbieron al dinero fácil del narcotráfico, que les ha descompuesto ideales y cuadros.

Si las Farc, que piden verdad y legitimidad al establecimiento, comienzan a dar el ejemplo, podrían evitar que se venda la paz como una forma expedita de derrotarlas. Quizás temen que darse el lapo las debilite aún más en la mesa. Pienso lo contrario, como dijo de Petro el genial Mockus esta semana, “el día que haga el milagro de autocriticarse, ganará”. Si la guerrilla da el paso audaz de mirarse en público críticamente, ganaría credibilidad, y haría mucho más por conseguir su objetivo de lograr que esta paz “saque al país para siempre de la opresión violenta y siente unas bases mínimas para la construcción de la justicia social”.

@mtronderos

Fuente: ElEspectador.com