La noche de este lunes se confirmó de manera extraoficial desde la redacción de Diario República que Rafael Isea, ex Gobernador de Aragua y expresidente del Banco del Alba, se entregó a la DEA, y actualmente es testigo protegido, aseguraron fuentes radicadas en Estados Unidos y relacionadas con el Buró.

En el sector del alto Gobierno habrían  calificado la actitud de Isea de vender el alma al imperio.

Recordemos que la acusación del exministro de Interior y actual gobernador de Aragua, Tarek El Aissami contra Rafael Isea fue por presunto robo de más de 200 millones de dólares, y eso habría empujado a Rafael Isea a entenderse con DEA.

CURRICULUM DEL QUE SE ENTREGÓ A LA DEA:

Asistente de Chávez del 94 al 98, asistente a MinPlanificación,Analista Sala Situacional Miraflores

Consejero por Venezuela en el Banco Interamericano de Desarrollo

Diputado en 2005. 2006 ViceMinistro de Finanzas y Presidente BANDES

2008 Ministro de Finanzas. Gobernador del Estado Aragua

Presidente del Banco del Alba hasta Julio de 2.013

Una reseña explosiva sobre la corrupción de Isea por El Nacional

“Maracay es mágica”, indica el letrero a la entrada de la capital de Aragua. Y, en verdad, es así: hasta 2012, el “hombre fuerte” era Rafael Isea. Hoy, el ex gobernador “desapareció” de la escena política y es acusado e investigado por la Gobernación y una comisión especial del Consejo Legislativo de Aragua (CLEA) por, al menos, 5 casos de presuntas irregularidades administrativas.

El compañero de armas de Hugo Chávez entró en la lista de la “guerra contra la corrupción” anunciada por el presidente Nicolás Maduro y que, por ahora, arroja la cifra de 20 detenidos, todos de jerarquía menor en el Gobierno, y del ex mandatario de Guárico, Rafael Gallardo.

El caso de Isea es llamativo por tres razones: es investigado con la venia del PSUV; el gobernador Tareck el Aissami autorizó a la secretaria de gobierno, Caryl Bertho, a consignar en la Fiscalía General las denuncias sobre el manejo irregular que involucra a Gerardo Isea, hermano del militar retirado; y se espera que en los próximos días se anuncie que el ex ministro de Finanzas ya no está en el Banco del Alba, como una manera de facilitar la sustanciación del expediente, revelaron fuentes oficialistas regionales.

Lupa roja. El Consejo Regional, dominado por el oficialismo con 15 legisladores frente a 5 de la oposición, designó una comisión especial que cooperará con la Gobernación en la averiguación y en una serie de acciones para recuperar el Teatro de la Ópera de Maracay, convertido en un “ícono de la corrupción roja”, según dirigentes de Acción Democrática, el MAS y Alianza Bravo Pueblo.

Entre las acciones está un acto desagravio a la instalación cultural que fue destrozada por la empresa que, irónicamente, fue contratada para la reconstrucción, MigNoli 200.

El presidente de la Comisión de Cultura del Legislativo de Aragua, Alexis Zamora (PSUV), informó que harán una inspección a las obras paralizadas, cinco en total, la próxima semana y un acto con artistas populares en el teatro. “¡Aquí no hay intocables!”, aseguró sobre el caso. Sin embargo, Isea era señalado, desde hace dos años, por la oposición en la Legislatura y las denuncias fueron desechadas.

“Isea era intocable porque era del entorno de Hugo Chávez, a quien le debe toda la fortuna que levantó con las notas estructuradas cuando estuvo en el Ministerio de Finanzas”, dijo el coordinador de la Red Universitaria de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Elorza. Recordó que el diputado de Avanzada Progresista, Ismael García, solicitó a la Fiscalía General y a la Asamblea Nacional indagar una supuesta estafa con los bonos y no pasó nada. “Hubo un silencio cómplice”, manifestó.

Zamora argumentó que la averiguación arrancó ahora porque se consiguieron los elementos en las experticias a la gestión, hechas por El Aissami, en el lapso de 180 días establecido por la Contraloría General, una vez que concluye un período gubernamental.

El caso fue expuesto al Consejo Legislativo que se instaló en enero de 2013. Es decir, la responsabilidad por no haber actuado en el pasado recaería en el anterior legislativo. “El anterior CLEA no vio, no habló, ni oyó”, resumió Elorza.

En respuesta, Zamora aseveró: “Isea no es intocable; aquí se investiga a ex funcionarios quienes, si se comprueban los hechos, tendrían responsabilidades individuales o, si se señalan a otras personas, no habrá intocables”.

Citó el caso de Isea y del diputado Richard Mardo, quien –dijo– está bajo observación desde 2009 por el CLEA porque en sus cuentas había 3 millones de bolívares, a pesar de que sus ingresos no se lo permitían. “A diferencia de la oposición, aquí no hay solidaridades automáticas. Hay la determinación de atacar la corrupción y están presos Gallardo, funcionarios de Indepabis, del Fondo Chino, lo que demuestra que no hay intocables. ¡Hay una voluntad política del Gobierno nacional y regional de atacar la corrupción como parte del legado del comandante! ¡No es solo una intención; es una acción contra la corrupción!”, reiteró.

El CLEA aprobó un “acuerdo anticorrupción” el pasado 30 de julio que no fue suscrito por la oposición porque en el texto se indicaba que apoyaban el allanamiento de la inmunidad del diputado Mardo.

El dirigente de ABP, Ramón Rengifo, atribuye la cacería contra Isea a la pugna interna en el PSUV y a un plan de El Aissami por sacar del juego político a posibles rivales: “Se actuó contra Mardo e Isea con un objetivo: que no sean contrapeso al gobernador quien, por cierto, manda desde Caracas, pues, nunca está en su despacho”.

La legisladora de AD, Margarita Rivero, reconoció el gesto de El Aissami de no tapar las irregularidades. “Él asumió la investigación y delegó en la secretaria del Gobierno la vocería del caso”, dijo.

Empero, ignora cuántos recursos administró el ex mandatario porque, además del presupuesto, le asignaron créditos adicionales. Por ello, propondrá que el tema sea incluido en la investigación. “No sabemos porque Isea no presentó memoria y cuenta durante el período de gobierno; además, en la ley se eliminó el control previo, así que sólo se puede hacer una revisión posterior; es decir, cuando el mal está hecho”, señaló Rivero.

El subsecretario nacional del MAS, Jorge Mirabal, agregó que se presentaron irregularidades en Constructora Regional de Aragua (Coraza), una empresa estatal de construcción, y denunció que Isea creó el Satar, que cobra impuestos regionales, que no se puede auditar y es foco de extorsiones a empresarios que solicitan permisos para trabajar.

“Negocios fraudulentos”

A Rafael Isea se le acusa de nepotismo en la Gobernación y, por eso, es que su hermano aparece en esta contienda. Gerardo Isea fue director de Minerales de Aragua S. A. (Minarsa), creada en julio de 2009, Decreto N° 1.600, para manejar los minerales no metálicos “con sentido socialismo a los recursos del pueblo”.

La Gobernación le atribuye “negociaciones fraudulentas” por 59 millones de dólares y 9 millones de euros. En el escrito, introducido en la Fiscalía General, se indica que Isea recibió del Bandes un crédito de 67 millones de bolívares (12 millones de dólares) que no registró en la contabilidad y con los cuales adquirió una maquinaria que está deteriorada.

Las experticias determinaron que Supraragua compró 50 autobuses chinos, por 14 millones de dólares; y de un precalentador de planta de carbono, por 2.800.000 dólares, lo que muestra que contaba con recursos y no era necesario recurrir al Bandes. Además, se detectó el pago de un anticipo, por 398.000 bolívares, para la rehabilitación de un ambulatorio en Carmen de Cura, sur de Aragua, con lo que se viola la Ley de Contrataciones Públicas.

Alexis Zamora negó que el padre de Isea sea investigado, pues se le vincula con la comercialización de alimentos para la Gobernación: “No hay elementos”.

La información que circula en Maracay es que la familia Isea se marchó del país. Estarían en Miami, Estados Unidos, donde el hijo de Gerardo Isea es un pelotero reconocido. “Se presume que están fuera del país”, dijo Zamora.

A diferencia de la expresidenta de Indepabis, Consuelo Cerrada, a quien Maduro le atribuyó responsabilidad política por no vigilar a directores del organismo, el CLEA no declarará una sanción contra Isea. Levantarán un informe y lo remitirán a la Fiscalía General que determinará las responsabilidades penales o civiles.

“Ícono de la corrupción roja”

El Teatro de la Ópera es visto por maracayeros como el símbolo de la “corrupción roja”. Está en ruinas, a pesar de que se contrató a la empresa MigNoli 200 para su acondicionamiento. El grupo constructor ha trabajado también para el Ministerio de Salud.

La obra cumple 4 años de estar paralizada, aunque la compañía reportó al Registro Nacional de Contratistas (RNC) el 2 de noviembre de 2011 que había “un avance de 95%”. “Destruyeron un patrimonio cultural; no se consultó a la oficina de Patrimonio Nacional”, dijo el legislador del PSUV, Alexis Zamora, quien solicitó que el RNC esté más vigilante con los reportes de los ingenieros de las empresas.

Informó que harán un informe y que, en un plazo de 60 días, se decidirá cómo se hará la restauración. El Consejo Legislativo aprobó Bs 30.000 para este estudio; luego le dará los recursos para la reconstrucción. La apertura será por etapas.

El ex presidente le asignó, incluso, los fondos para remodelar el Teatro de la Ópera, recordó el profesor Jesús Elorza.

Obras inconclusas

– Estadio Iberoamericano, ubicado en la vía a Palo Negro. Sólo hay unas bases levantadas. El presupuesto original fue de Bs 60 millardos, pero luego se le aprobaron Bs 60 millardos más. “Es un elefante rojo”, afirmó Jesús Elorza.

– Distribuidor Simón Bolívar. Se proyectó como una entrada directa a la ciudad para evitar el paso por el peaje. El 11 de octubre de 2012, la infraestructura colapsó.

– Distribuidor Mariño: paralizada.

– Teatro de la Ópera: paralizada.

“Gracias Maduro y Jaua por la confianza”

“Rafael Isea es como la chica regional”, bromean en Maracay. Nunca se le ve la cara y menos ahora que salió de la Gobernación.

En la cuenta de Twitter @Isea_EnContacto suele defenderse de los ataques pero, en julio, apenas escribió 4 tuits. El 22 de julio, retuiteó a Pedro Carreño ‏@PedroCarreno cuando atacó a Henrique Capriles Radonski.

El 2 de julio redactó otros cuatro mensajes, en los cuales condenó la prohibición de vuelo del presidente de Bolivia, Evo Morales, por Francia y Portugal.

El 26 de junio reportó, vía Twitter, que iba a Bolivia a supervisar proyectos en ejecución del Banco del Alba; el 7 de junio informó la incorporación de Dominica al Banco del Alba.

El 23 de abril agradeció al Gobierno el apoyo: “Regresando de Reunión del Alba en Guayaquil! Gracias al Presidente Maduro y al Canciller Jaua por la confianza para presidir Banco del Alba!”.

La incorporación al Banalba fue criticada en Aporrea. “¿Por qué nombraron a Rafael Isea como director del Banco del Alba?”, preguntó el militante del PSUV, Miguel Ángel Maregatti, el 3 de junio. “Todo el pueblo aragüeño revolucionario e incluso toda Venezuela, debería sentirse orgullosa y contenta del nombramiento de Isea, pero lamentablemente no lo es, debido a la nefasta actuación como gobernador del estado”.

Enjuiciados

En el oficialismo destacan ex gobernadores sacados por supuesta corrupción:

-Carlos Giménez, Yaracuy: hoy asilado en Costa Rica, se le dictó auto de detención en abril de 2009.

-Jesús Aguilarte, Apure: fue destituido por Hugo Chávez, sin someterlo a un referéndum revocatorio, en febrero de 2011.

-Luis Felipe Acosta Carlez, Carabobo: el general retirado peleó con Chávez y cayó en desgracia a partir de 2008. Fue acusado de hechos irregulares.

-Rafael Gallardo, Guárico: ex rector de la URG, sustituyó en la Gobernación a Willian Lara, fallecido en un accidente. Fue denunciado por el gobernador Ramón Rodríguez Chacín en junio de 2013.

El Dato

En 2009, Hugo Chávez conoció los “gustos oligárquicos” de Rafael Isea cuando le llamó la atención por los campos de golf de Maracay, donde solía practicar el ex gobernador.

José Andara Rivas/DiarioRepública/José Rafael Ramírez

Fuente: Diario República

El rol del periodista como guardián de la democracia afronta cada vez más peligros debido al aumento de la violencia del crimen organizado y a la represión y corrupción de los gobiernos en el hemisferio occidental,manifestó este martes Carlos Lauría, como coordinador para América del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) ante la Casa de Representantes de EE.UU.

En el marco de la audiencia pública Desafíos de la Democracia en el Hemisferio Occidental del Sub Comité de la Casa de Representantes, Lauría explicó que en el contexto actual de agitación política y debilidad institucional de los países de la región, los medios y los periodistas que reportan sobre crímenes, corrupción y abusos a los derechos humanos desempeñan una labor de alto riesgo.

En México, más de 50 periodistas han desaparecido o muerto en los últimos seis años, convirtiéndose en uno de los países más mortales para la práctica periodística  en el mundo. La violencia a cargo del crimen organizado y la corrupción han devastado a los medios, despojando a los ciudadanos de sus derechos a la libertad de expresión y acceso a la información, detalló Lauría. “Un clima de impunidad generalizada exacerba el problema”, enfatizó.

En abril de este año, la CPJ aplaudió la aprobación en México de una ley que le concede a las autoridades una jurisdicción federal sobre los delitos cometidos contra la libertad de expresión, como un avance en la lucha contra la impunidad. Se espera que con esta nueva ley, el gobierno del presidente mexicano Enrique Peña Nieto muestre mayor voluntad política para imponer la justicia.

El periodista local es el que paga el precio más alto, pues, a nivel mundial, según un reporte de la CPJ, nueve de cada diez periodistas mueren por investigar temas de su propia comunidad.

El representante de la CPJ también citó el caso de Honduras, país que tiene el índice de homicidios más alto del mundo, según un informe estadístico de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Desde julio de 2009 han muerto 16 periodistas hondureños, tres de ellos en represalia directa por sus investigaciones.

En Brasil, siguió Carlos Lauría, otro de los lugares más inseguros para los periodistas y décimo en el Índice de Impunidad de la CPJ de este año, cuatro reporteros han muerto en lo que va del 2013. El año pasado murieron diez, nueve de los cuales reportaron sobre corrupción de autoridades y otros crímenes dentro de sus provincias, según informó la CPJ.

Colombia continúa entre los más peligroso para el ejercicio del periodismo a nivel mundial, con 44 periodistas asesinados desde 1992 a la fecha. Mientras que el número de periodistas asesinados ha disminuido, las amenazas a se han incrementado. El editor en jefe de la unidad de investigación de la revista Semana, Ricardo Calderón, sufrió un intento de asesinato en mayo pasado, como muestra un reporte de la CPJ.

Lauría agregó que el desdén de muchos gobiernos por las instituciones democráticas y su búsqueda de control del flujo de la información, definiendo a los periodistas críticos como la oposición no elegida, incrementan la intolerancia de las autoridades a los medios que las cuestionan.

El caso de Venezuela, por ejemplo, es el más claro de la falta de tolerancia frente a la diversidad de opiniones. Un estudio de la CPJ muestra que en los últimos 14 años Venezuela ha utilizado diferentes leyes, medidas reguladoras y decisiones judiciales que progresivamente han ido aniquilando a la prensa privada e independiente.

Ecuador y su Ley de Comunicación aprobada en junio representa una seria afrenta a la libertad de expresión, según la CPJ y otras organizaciones regionales e internacionales que velan por la libertad de prensa.

Lauría concluyó su testimonio subrayando los recientes acontecimientos en EE.UU. como la agresiva persecución de los informantes que filtraron documentos clasificados sobre seguridad nacional a la prensa, y la masiva e indiscriminada vigilancia de las comunicaciones que fueron reveladas por el ex analista de la Agencia de Seguridad Nacional Edward Snowden, la cual envía un desalentador mensaje al periodismo y a sus fuentes, tanto a nivel nacional como internacional.

Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección

y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión

Relatora Especial para la Libertad de Expresión

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA

Declaración conjunta sobre violencia contra periodistas y comunicadores en el marco de manifestaciones sociales

Septiembre 2013 – El Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, Frank La Rue, y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Catalina Botero, han observado con preocupación la forma en que algunas autoridades estatales han reaccionado frente a las protestas sociales ocurridas en las Américas en los últimos meses. En general, los participantes de las protestas se han manifestado en forma pacífica, aunque se han reportado hechos de violencia. En ese contexto, los relatores especiales han sido informados sobre decenas de detenciones, amenazas y agresiones que habrían sido cometidas contra periodistas, comunicadores, manifestantes y usuarios de redes sociales que reportaban sobre las manifestaciones.

Los relatores especiales observan que en el contexto de manifestaciones y situaciones de alta conflictividad social, el trabajo de periodistas y comunicadores, y el libre flujo de información a través de medios alternativos como las redes sociales, es fundamental para mantener informada a la población sobre los acontecimientos, a la vez que cumple un importante rol al reportar sobre la actuación del Estado y de la Fuerza Pública ante las manifestaciones, previniendo el uso desproporcionado de la fuerza y el abuso de autoridad.

Los ataques contra periodistas que cubren estas situaciones viola tanto el aspecto individual de la libertad de expresioìn —pues se les impide ejercer su derecho a buscar y difundir informacioìn, y se genera un efecto de amedrentamiento—, como su aspecto colectivo—pues se priva a la sociedad del derecho a conocer la informacioìn que los periodistas obtienen. Por esta razoìn, las relatorías han reconocido que dada la importancia de la labor que cumplen los periodistas que cubren estas situaciones, el Estado debe otorgarles el maìximo grado de garantiìas para que cumplan su funcioìn. Este deber no se limita a otorgar medidas concretas de protección para los comunicadores. Incluye también la obligación de crear las condiciones necesarias para mitigar el riesgo del ejercicio de la profesión en esas situaciones.

El Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión. Su material y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas. Como se afirmó en el pronunciamiento sobre las agresiones y detenciones cometidas contra periodistas por ocasión de las protestas de Occupy en Estados Unidos, la protección del derecho a la libertad de expresión exige que las autoridades aseguren las condiciones necesarias para que los y las periodistas puedan cubrir hechos de notorio interés público como los referidos a las protestas sociales. Las restricciones desproporcionadas en el acceso al lugar de los hechos, las detenciones y la imputación de cargos por el cumplimiento de las labores profesionales de los y las reporteras vulnera el derecho a la libertad de expresión. Corresponde a las autoridades restablecer las garantías afectadas y asegurar el pleno respeto del derecho a la libertad de expresión.

Los relatores especiales observan que para hacer su trabajo de manera efectiva, los periodistas deben ser percibidos como observadores independientes y no como potenciales testigos para los órganos de justicia. De lo contrario, los periodistas pueden sufrir amenazas a su seguridad y a la seguridad de sus fuentes. En situaciones de especial conflictividad social, la percepción de que pueden ser forzados a declarar no solo limita la posibilidad del periodista de acceder a fuentes de información, sino que también incrementa el riesgo de que se convierta en un blanco para grupos violentos. Por otra parte, las autoridades no deben exigir a los periodistas que demuestren que las declaraciones de testigos divulgadas sobre los hechos son exactas o que prueben ante un juez la veracidad de las denuncias reportadas.

El Estado no debe prohibir ni criminalizar las trasmisiones en directo de los hechos y debe abstenerse de imponer medidas que regulen o limiten la libre circulación de información a través de Internet y demás plataformas de comunicación. Asimismo, las autoridades no deben estigmatizar o estereotipar a los manifestantes y sus reivindicaciones, evitando hacer generalizaciones con base al comportamiento de grupos particulares o hechos aislados. En ese sentido, las autoridades deben tener en cuenta que los funcionarios públicos tienen una posición de garante de los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, sus declaraciones no pueden constituirse en formas de injerencia directa o indirecta en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de información. Este deber se ve particularmente acentuado en situaciones de mayor conflictividad social, alteraciones del orden público o polarización social o política, precisamente por el conjunto de riesgos que pueden implicar para determinadas personas.

A este respecto, los relatores especiales señalan que es fundamental que las autoridades condenen enérgicamente las agresiones contra los periodistas y comunicadores y actúen con la debida diligencia y celeridad en el esclarecimiento de los hechos y en la sanción de los responsables. Asimismo, los relatores especiales observan que instruir adecuadamente a las fuerzas de seguridad del Estado sobre el rol de la prensa en una sociedad democrática constituye un paso importante para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación en situaciones de conflictividad social.

Los derechos de reunión y libertad de expresión, garantizados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, son fundamentales y su garantía es una condición necesaria para la existencia y el funcionamiento de una sociedad democrática. Un Estado puede imponer limitaciones razonables a las manifestaciones con el fin de asegurar el desarrollo pacífico de las mismas o dispersar aquellas que se tornan violentas, siempre que tales límites se encuentren regidos por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Además, la desconcentración de una manifestación debe justificarse en el deber de protección de las personas, y deben utilizarse las medidas más seguras y menos lesivas para los manifestantes. El uso de la fuerza en manifestaciones públicas debe ser excepcional y en circunstancias estrictamente necesarias conforme a los principios internacionalmente reconocidos.