entro de las opciones políticas que se están discutiendo en el seno de la oposición y del Gobierno está la idea de convocar una Constituyente para resolver los problemas que ahogan a los venezolanos y, digo “todos los problemas” porque a quienes he escuchado el planteamiento creo que piensan, de verdad, que con ella se resuelve todo. Temo que más bien los agravemos tomando en cuenta nuestra “excelente experiencia” en materia de constituyentes.

No niego la idea de que este mecanismo, si gana el favoritismo de la voluntad popular que está a favor de un cambio sustancial de las reglas del juego con las que se está rigiendo a Venezuela, podría cambiarlas completamente, lo que es su principal atractivo. Posiblemente también de allí salga una nueva plataforma de políticas públicas que enderece los impresionantes entuertos económicos y sociales en los que la revolución bolivariana y socialista nos ha metido y lleguemos, de manera fácil e inmediata, al paraíso terrenal. Como tengo serias dudas de que pueda ser así, a pesar de las bondades que reconozco pueda tener una convocatoria de ese calibre, corresponde exponer unas ideas que nos ayuden a ponderar muy bien el paso que se quiere dar.

 La historia de la Constituyente de Venezuela

La verdad sea dicha: si en alguna materia no creo que podamos exhibir logros sustanciales en enderezar a Venezuela y ponerla en dirección de un orden moderno, civilizado, integrador, social y políticamente equitativo, de progreso económico sostenido, es en este de las constituyentes. Primero y principal porque todas ellas responden a ese nominalismo, tan clásico en la política venezolana, que cree que unas cuantas palabras puestas juntas y algunas leyes resuelven todo. He allí un punto de partida erróneo del tema Constituyente, como lo demuestra su propia historia de ir de una a otra, sin resolver los verdaderos problemas de fondo. Si no se cree en esto que indico revísense las intenciones, muy buenas nadie lo niega, de los contenidos constituyentes después de 1811 y 1830, donde y cuando los objetivos estaban muy claros y fueron cumplidos.

La segunda objeción que hago a los procesos constituyentes, con base en nuestra propia historia, es que cada Constituyente atendía los intereses de una parcialidad política y antes militar, porque desde 1858 y, en especial la de 1864, todas ellas o fueron producto de un golpe de Estado o de una Revolución llámese Azul, de Abril, Reivindicadora, Legalista, Liberal Restauradora o Revolución de Octubre de 1945, de la cual nace la Constituyente de 1946. El golpe de Estado de 1948, desde luego, convoca una Constituyente en 1953, se promulga una nueva Constitución que rige hasta 1961. Finalmente, culmina esta historia constituyente con la convocatoria de 1999 y la promulgación de la respectiva Constitución que todavía nos rige.

Dos asuntos se pueden deducir. Por una parte, es claro que cada una respondió a los intereses de un particular grupo político y, por la otra, es obvio que si se Intenta aplicar una medicina a una enfermedad y se tiene que repetir reiteradamente sin resultados, a mí, al menos me crea una seria duda de su eficacia en solucionar lo pretendido.

 Las constituyentes no son consensos

Quizás, me puedan argumentar que esa afirmación es cierta para todas las anteriores, menos para la de 1999, cuyo contenido y confección, parecía conducirnos al consenso, a una nueva etapa en la que Venezuela se fundaba en modernos y audaces principios de derechos humanos y políticos, en principios económicos que aumentaban la majestad de la política económica hasta, por ejemplo, dándole rango constitucional a las funciones del BCV.

Sin embargo, no es así. Revisemos el resultado en la práctica de esta Constitución que resultó de una Constituyente aprobada en referendo popular. Todo lo contrario, tanto que de ella se extrajo la instalación del socialismo en Venezuela, se creó el sistema comunal, se violó indiscriminadamente, al punto de que se quiso reformar y no se pudo. Aun cuando todos los días se nos muestre el librito azul.

En conclusión presento a la opinión pública estas consideraciones, en especial porque observo el proceso constituyente como una renovación de las rivalidades, como ha sido hasta ahora y no como un esquema para sentarnos civilizadamente, los partidos, las fuerzas vivas, el Gobierno y seamos capaces de entendernos y de verdad construir un país mucho más perecedero que ese que va y viene de Constituyente en Constituyente.

Tomé estos datos del trabajo de Allan R Brewer-Carias. “Las Asambleas Constituyentes en la historia de Venezuela” s/f.

maximross@cantv.net

Publicado en: www.derechos.org.ve

El pasado martes se consumó el tan anunciado retiro de Venezuela de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH). Desde el 2002 el gobierno se enfrascó en una guerra innecesaria contra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, descalificando y atacando los planteamientos de la Comisión y desconociendo las sentencias de la Corte.

Este hecho no es contradictorio con el comportamiento de quienes rigen los destinos del país. Desde hace bastante tiempo vivimos un progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática, impulsado por un modelo que, a juzgar por acciones como ésta que analizamos hoy, no es nada novedoso y que busca el control absoluto de la sociedad. Las observaciones y actuaciones internacionales parecen molestar y sobre todo, parecen sobrar, tomando en cuenta que se quiere imponer una visión propia de los derechos humanos.

Desde la revolución se trata de promover un nuevo paradigma en derechos humanos que denominan “visión crítica de los derechos humanos”, donde las responsabilidades del Estado y sus instituciones son transferidas, supuestamente, al ciudadano común y la han complementado con una serie de normas y leyes que han incidido de manera determinante en la política sistemática de criminalización de quienes piensan distinto y lo hacen público.

Bajo este esquema no es de extrañar que el gobierno de Venezuela rechace cualquier observación y critica de organismos internacionales y nacionales. Por ahora, no se ha peleado con las Naciones Unidas, pero cuando sus relatores empiecen a hacer más señalamientos sobre violaciones de derechos humanos en el país, cambiaran las cosas. No es necesaria una bola de cristal, solo hay que ver cuál ha sido el patrón de conducta de la política internacional venezolana.

Lo que más preocupa de esta política promovida y aplicada por el ejecutivo, es que se deja a un lado a las víctimas de violaciones de derechos humanos, que en definitiva son las que están buscando ventanas y puertas abiertas para luchar contra la impunidad, y se desprotege al ciudadano común frente a futuras violaciones y abusos en contra de sus derechos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido un pilar fundamental para luchar contra la impunidad en nuestra región. Sin ir muy lejos, fue la Corte quien brindó una luz de justicia a los familiares y víctimas del Caracazo, en 1989, después de que el sistema de justicia venezolano de la época desconoció la responsabilidad del Estado por los centenares de venezolanos que fueron asesinados durante las protestas, los abusos en los allanamientos ilegales, etc. O en el caso de la masacre de El Amparo ocurrida en 1988, cuando catorce pescadores fueron masacrados por efectivos del Comando Específico “José Antonio Páez” (CEJAP).

Los derechos a la protesta y a la huelga

Venezuela atraviesa tiempos de crisis económica, social y política. Son los ingredientes que alimentan la protesta de los ciudadanos en la calle y las huelgas de trabajadores. Protestas y paros, por cierto, consagrados como derechos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que dice:

Artículo 68.Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley.

Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público.

Artículo 97.Todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y del privado tienen derecho a la huelga, dentro de las condiciones que establezca la ley.

Vemos en la Constitución cómo, sin necesidad de interpretaciones, los ciudadanos pueden ejercer ese tipo de acciones dentro de los parámetros legales.

Sin embargo, diferentes instancias del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y del Poder Moral hacen la vista gorda de estos preceptos constitucionales a la hora de reprimir protestas, someter a proceso judicial a quien protestan o hacen huelga, intervenir militarmente en conflictos laborales, etc. Los ciudadanos, al no respetar el gobierno la Constitución que les garantiza derechos, quedan indefensos.

Cuando los órganos de justicia nacionales no hacen su trabajo, la opción que le queda a las víctimas es acudir a los órganos internacionales, aspecto que, por cierto, también está garantizado en la Constitución:

Artículo 31.Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos.

El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales previstos en este artículo.

La intransigencia del gobierno ha quedado expuesta una vez más. Mientras el mundo avanza en el reconocimiento y fortalecimiento de instrumentos y espacios legales para brindar dignidad a los seres humanos, en Venezuela vemos un claro retroceso. (Marco Ponce y Mikel las Heras, 18.09.13, Tal Cual)

Lunes 9 de septiembre. Mañana fresca y parcialmente nublada en Londres. El Secretario Kerry se aprestaba a realizar la rueda de prensa con el Canciller británico Hague, en el palacio neo-renacentista italiano que alberga el Foreign Office en Whitehall. Las noticias en Washington resultaban preocupantes. Las últimas encuestas mostraban un aumento de la oposición de los estadounidenses a un ataque a Siria. En consecuencia, se estaba gestando una revuelta silenciosa en la Cámara de Representantes. El Presidente Obama había conseguido victorias tempranas con la aprobación de una Resolución en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado el 4 de septiembre, y el respaldo de los líderes de los partidos en ambas cámaras. Empero, los representantes con la mente puesta en las elecciones de medio término a finales de 2014, estaban dispuestos a revelarse contra sus autoridades. El frente internacional volvía a cobrar fuerza.

Después de exponer su posición y subrayar el respaldo de 33 países a la declaración que pedía una “respuesta internacional firme en Siria”, le hicieron la pregunta de rigor sobre la posibilidad de evitar el ataque. En lugar de responder negativamente, el Secretario Kerry intentó desarmar al periodista: “Seguro que sí, si Assad entrega todas y cada una de sus armas químicas a la Comunidad Internacional la próxima semana -entregarlas todas y sin retraso. Pero no lo va a hacer y además no se puede hacer” dijo despreocupadamente. No sospechaba que su comentario activaría al ágil Canciller ruso Lavrov, quien en cuestión de horas, presentó una propuesta para colocar todas las armas químicas sirias bajo control internacional y logró el respaldo público de Assad. Acto seguido, el Presidente Putin se permitió publicar una columna en el New York Times dirigida al “pueblo estadounidense”  -recurso muy manido por EEUU desde los tiempos de Wilson- donde hacía un llamado a la “cautela”, ya que atacar Siria traería como consecuencia “más víctimas inocentes y una escalada”, además “desataría una nueva ola de terrorismo”. EEUU había sido puesto contra las cuerdas.

La maestría de la jugada diplomática rusa estribaba en que ofrecía protección a su aliado Assad, al tiempo que una salida para un Presidente Obama que no quería atacar, que no tenía respaldo de la ONU ni de los estadounidenses y ahora corría el riesgo de una derrota en la Cámara de Representantes; pero que tampoco podía voltear hacia otro lado sin daño a su credibilidad y capacidad disuasiva. El Presidente Obama desde el Salón Este de la Casa Blanca el jueves 12 de septiembre, aceptó la propuesta rusa y la valoró como producto de su amenaza creíble de utilizar la fuerza. Le pidió al Congreso que retrasara la votación sobre Siria – sin descartar un ataque en caso de fracasar esta iniciativa diplomática.

El acuerdo final fue alcanzado el sábado 14 de septiembre en Ginebra, tras intensas negociaciones entre el Secretario Kerry y el Canciller Lavrov, el cual quedó compuesto por cuatro grandes aspectos: 1) Siria debe firmar la Convención de Prohibición de Armas Químicas, con el compromiso de EEUU y Rusia de asegurar la destrucción del programa de armas químicas sirio a través de una Resolución en el Consejo de Seguridad; 2) Siria debe presentar en una semana una lista completa de nombres, tipos y cantidades de sus agentes de armas químicas, municiones y sitios de almacenamiento, producción e investigación; 3) Siria debe proporcionar apoyo a los inspectores de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPCW) y la ONU, que deben culminar su verificación en noviembre de 2013; 4) Destruir todos los equipos de producción, mezcla y llenado para noviembre de 2013; y eliminar todas las armas químicas en el primer semestre de 2014.

Aún no sabemos si este acuerdo, difícil de implementar en medio de una guerra, tendrá éxito. Lo que sí sabemos es que el Presidente Putin se ha apuntado una victoria diplomática al erigirse como gran árbitro. Por otra parte, el Presidente Obama ha dejado claro que seguirá apoyando a los rebeldes sirios: los perdedores de este acuerdo. Todo esto nos remite a dos escenarios posibles:

a) Éxito diplomático: Assad accede a la entrada de los inspectores de la ONU y la OPCW, entrega las armas químicas y se ve forzado a abrir unas negociaciones de paz que le llevarán a ceder el poder a un gobierno provisional. La guerra civil termina y Assad se exilia en Moscú. La experiencia de Irak servirá para no cometer el error de desmontar las instituciones del Estado y el Ejército. Las minorías alawita, kurda, cristiana y drusa son incluidas junto a la mayoría sunita en un sistema de reparto de poder donde es necesario el consenso, siguiendo el modelo del Acuerdo de Taif de 1989 que cerró la guerra civil libanesa. EEUU y Rusia ejercen influencia compartida. Se genera una dinámica que permite incluir a Irán y entrar en negociaciones fiables sobre su programa nuclear. El Presidente Obama deja como legado la culminación de las guerras en el Medio Oriente y el “pivote al Pacífico” para encarar el ascenso de China.

b) Estratagema: Assad evita los bombardeos de EEUU gracias a un cumplimiento limitado del Acuerdo de Ginebra, y aprovecha la estratagema diplomática para afirmarse en el conflicto gracias al apoyo de Hezbollah y las armas que le suministran rusos e iraníes. Juega con los inspectores de la ONU y la OPCW y les entrega sólo una parte de su arsenal químico. EEUU y las monarquías del Golfo suministran armas y entrenamiento a los rebeldes. La cruenta guerra civil continúa y la credibilidad internacional de EEUU sufre un serio revés. Siria empaña el legado de Obama y los republicanos le acusan de haber debilitado a EEUU en el Mundo. Lamentablemente el escenario más probable, ya se observan dilaciones.

@kenopina

Alfonso XIII fue el último rey español antes de la insurgencia de la Segunda República. Hijo póstumo, este Borbón apodado “el africano” fue proclamado mayor de edad a la temprana edad de dieciséis años, y desde ese momento tuvo que asumir el poder de una sociedad en transición hacia la industrialización y una mayor presión demográfica. Los primeros años del siglo XX fueron turbulentos, de ganancias y pérdidas, de recomposición y de perplejidad ante nuevas formas de protestas, por nuevas razones, en las que los titulares del gobierno estaban constantemente expuestos a las precoces prácticas del terrorismo. España no fue la excepción. Pocos años antes, en los estertores de la regencia de su madre la reina María Cristina se habían perdido las últimas posesiones coloniales. Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Estados Unidos se había encargado de patrocinar el desalojo y por lo tanto España buscaba una nueva posición en el mundo, buscando al menos ser una buena aliada ahora que ya no era poderosa.

El monarca no pudo interpretar apropiadamente el signo de los tiempos, marcados por las exigencias de una mayor liberalidad y necesidad de paz, progreso y democracia. No haberlo entendido le hizo apostar por una serie experiencias bélicas desastrosas que terminaron de dañar la reputación de la monarquía.  Contrario a lo que indicaba el sentido común la respuesta que intentó Alfonso XIII fue apoyarse en una serie  de gobiernos dictatoriales que comenzaron con el golpe de Estado que dio  el General Miguel Primo de Rivera. La dictadura, empero, no pudo atajar la convulsión social y las exigencias de una mayor apertura. La corrupción, la impunidad y el cohecho practicado por los afectos al rey junto a los malos resultados de la gestión pública obligaron al barajo del gobierno, la proposición de una “dictablanda” y el llamado para  elecciones municipales, que se pactaron para el 12 de abril de 1931. El desastre fue total. Las principales ciudades del reino fueron ganadas por el bando republicano que rápidamente cantó victoria, decidido a cobrar su triunfo mediante la exigencia de nuevas condiciones para el ejercicio del gobierno y la titularidad del Estado. Esa misma noche el rey debió abandonar el país y con su partida se proclamó la II República.

En otra parte de Europa los bolcheviques habían implantado el “comunismo de guerra”. Habiendo tomado el poder se produjo una época de convulsiones y de guerra civil que los obligó en 1918 a tomar medidas para abastecer al ejército rojo y a las principales ciudades de la URSS.  La guerra fue la excusa para controlar las grandes empresas, planificar y organizar la producción desde el Consejo Superior de Economía, eliminar el derecho de huelga y exigir conciencia y disciplina laboral, constituir el servicio de trabajo obligatorio para las clases no obreras (trabajo forzado), legalizar y practicar las requisas de los excedentes agrarios de los campesinos para distribuirlos al resto de la población, racionar alimentos y artículos esenciales que comenzaron a ser distribuidos de manera centralizada, ilegalización de la empresa privada, y poner bajo el control militar a los ferrocarriles, que no significaba otra cosa que la apropiación de los sistemas y canales de distribución. Este régimen económico hizo más penosa la conflagración. Se vaciaron las principales ciudades porque sus habitantes se morían de hambre y volvían a los campos para encontrar algo con que alimentarse. El mercado negro surgió con fuerza y arrojo a pesar de la ley marcial y la lucha contra la especulación. El rublo se derrumbó al punto que se hizo efectivo un régimen de trueques que contribuyó al hundimiento de la industria pesada, la debacle de los salarios y el desplome de los servicios públicos. Todas estas consecuencias no fueron el resultado de la guerra sino del comunismo de guerra que se le había aplicado a la economía soviética. El resultado fue una hambruna que duró entre 1921 y 1922.

El hambre obligó a Lenin a una pausa en el camino hacia el comunismo. “No somos lo suficientemente civilizados para pasar directamente al socialismo” se lamentaba a la par de impulsar una Nueva Política Económica que oficializaba el Capitalismo de Estado en coexistencia precaria con la pequeña empresa y los pequeños productores del campo. Esa pequeña ventanilla hacia el mercado hizo, no obstante, la gran diferencia que los mantuvo a flote hasta la instauración de los planes quinquenales de Stalin que, por volver a la línea dura del comunismo de guerra, aseguró el derrumbe final que ocurrió en 1991. Todos los historiadores están de acuerdo en que fueron precisamente malas decisiones económicas y políticas lo que acabaron con el intento de realizar esa distopía.

Pero el hombre está condenado a replicarse y a cometer los  errores que aseguraron la tragedia de otros en otras épocas. En Venezuela se practica el mismo esquema de “comunismo de guerra” aunque no haya guerra civil alguna y se devanen los sesos para inventar conjuras y conspiraciones. La guerra económica existe pero no como lo propone la propaganda oficial. La de verdad  la ha aplicado sistemáticamente el gobierno para imponer su socialismo a pesar de que ya cuentan con evidencias suficientes de que ellos son los que están provocando los mismos resultados que hicieron a Lenin buscar una pausa en su marcha hacia la nada.

Estos ejemplos nos demuestran que los malos resultados económicos pueden provocar efectos políticos insólitos que obligan a los gobernantes a intentar un salto o una pausa. Alfonso XIII vio en sus plebiscitarias elecciones  municipales un chance. Lenin pensó en el retroceso táctico, dos pasos atrás para el posterior reimpulso.

Maquiavelo aseguraba que la suerte del príncipe dependía de su virtud y de su fortuna. Se refería a la capacidad que se demuestra en una oportunidad crucial o que se pierde en un último error, en la pérdida del pedal, en la caída ridícula y en la risa burlona que disuelve cualquier posibilidad de  respeto. Mantenerse en el poder es una función compleja de atributos, buenos resultados, credibilidad, autoridad y respetabilidad. Sin esa mezcla no hay otra salida que la decidida por Alfonso XIII, asumir los resultados, agarrar el automóvil, manejar hasta Valladolid, tomar un barco y partir hacia un exilio que solo terminó con la muerte.  Porque al final la realidad impone sus condiciones.

victormaldonadoc@gmail.com

@vjmc