Bajo el segundo gobierno de Caldera algunos de sus altos funcionarios, sobre todo al principio, asimilaron la  descentralización a la privatización y llegaron a considerar que ambas políticas eran parte de una estrategia para desmontar el Estado nacional.

En toda su historia, Venezuela ha llevado adelante un proceso de descentralización solamente durante una década: de 1988 a 1998. Con el ascenso al poder de Guzmán Blanco, en 1870, comenzó en Venezuela un proceso de centralización del país y de la Administración Pública –no necesariamente inconveniente, al menos durante un siglo–, que se potenció con Cipriano Castro, se consolidó con Juan Vicente Gómez, se incrementó con Pérez Jiménez y se manifestó en la República civil que tuvimos a partir de 1958, hasta que se inicia la descentralización. De modo que el fin de la República civil coincide con la terminación del período de la descentralización.

Podría decirse que la tendencia natural del país es hacia el centralismo progresivo pero, en esa década, las fuerzas democráticas bajo el liderazgo de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (Copre) emprendieron una lucha contra la corriente.  La experiencia de la descentralización constituyó una revolución en el funcionamiento del Estado y de la Administración Pública, y la vuelta al centralismo –ahora galopante–, realizada por el actual Gobierno, es una verdadera contrarrevolución.

Desde los primeros momentos la descentralización comenzó a dar sus frutos en cuanto al incremento de la eficiencia en el funcionamiento del aparato público, y estudios de 1998 demostraron que los recursos administrados por los estados y los municipios tenían mejor rendimiento que los encomendados al Poder Ejecutivo[1]. Pero ese proceso no se cumplió en forma lineal. Bajo el segundo gobierno de Caldera algunos de sus altos funcionarios, sobre todo al principio, asimilaron la  descentralización a la privatización y llegaron a considerar que ambas políticas eran parte de una estrategia para desmontar el Estado nacional. Pero lo que queremos destacar ahora es que cuando en 1999 se da por concluido el período de la descentralización, a pesar de las declaraciones contenidas en la Constitución sancionada ese año, ese proceso no se había consolidado y, en muchos aspectos, tenía aún carácter experimental.

La situación actual de funcionamiento de los servicios dependientes del Estado, caracterizados estos por la ineficiencia, la ausencia de control, la corrupción y el clientelismo, la partidización, la discriminación hacia los adversarios del régimen y el irrespeto a los derechos humanos, no puede mantenerse indefinidamente. Llegado el momento, cuando las condiciones políticas lo permitan o la situación de  la economía lo imponga, será necesario acometer una reforma profunda del Estado. Sin que podamos vaticinar el tiempo en que ello ocurrirá, debemos prepararnos desde ya para ese proceso y comenzar a discutir sobre los lineamientos que deberá tener la necesaria recomposición del Estado, de la Administración Pública y de la vida social.

Una de las líneas maestras que, a estos efectos, deberá tenerse presente, es la necesidad de descentralizar el aparato público. No se trata de restablecer la descentralización –en realidad nunca estuvo realmente establecida–, sino de reiniciarla, no sin antes revisar los supuestos que tuvo el proceso en la década referida y corregir los errores en que pudiera haberse incurrido. A estos fines, se nos ocurre que como puntos de partida para la reflexión podrían considerarse estos aspectos:

En primer lugar,  hay que diseñar unas instituciones locales muy cercanas a los ciudadanos, que estos las sientan como propias y que constituyan, realmente, una escuela para la democracia. En este sentido no podemos menos que recordar el clamor reiterado de Allan R. Brewer-Carías, quien señalaba en 2001 que mientras en Venezuela hay 338 municipios, en Francia hay 36 mil 559 entes locales, lo que hace que en nuestro país tengamos un promedio de 71 mil 715 habitantes por municipio, mientras que en Francia el promedio es de mil 613 habitantes por municipio. En otros países el promedio es mayor, pero la tendencia a acercar el municipio a los ciudadanos es similar: España tiene 8 mil 082 municipios, con un promedio de población de 4 mil 825 habitantes; en Austria hay 2 mil 353 municipios, con un promedio de población de 3 mil 400 habitantes. En Italia hay 8 mil 104 municipios, con un promedio de 7 mil 157 habitantes; en Suiza hay 3 mil municipios con un promedio de 2 mil 333 habitantes; en Alemania hay 16 mil 121 municipios, con un promedio de 5 mil 086 habitantes. Estas cifras no están alejadas de la situación existente en Estados Unidos y en Canadá mientras que, por contraste, en el resto de América Latina encontramos un panorama parecido al de Venezuela. De allí concluye el autor citado que:

… la clave de la democracia de participación está, precisamente, en acercar el Poder al ciudadano, para que pueda efectivamente participar. Por ello, en nuestros países, mientras la autoridad local esté tan alejada del ciudadano, no llegaremos a ser efectiva y cotidianamente democráticos[2].

Pero los municipios que se creen bajo estos principios no pueden tener todos la misma estructura, ni la proliferación de entes locales puede significar un incremento desproporcionado del gasto local en mantener autoridades y burocracia. En la Administración comparada encontramos que, en los municipios de menor tamaño, la gestión de los servicios se encomienda a funcionarios ad-honorem. En general, en los países avanzados no encontramos empleados municipales con guardaespaldas, carros oficiales, choferes, teléfonos móviles, gastos de representación y otras facilidades, a cargo del presupuesto local.

En segundo lugar, la función del municipio es prestar servicios de carácter local con la mayor eficiencia, no distribuir dinero entre los habitantes que apoyan al Gobierno. La política clientelar es incompatible con la actuación de los municipios y, en general, de los entes públicos. Ello no excluye que estos entes puedan, o incluso deban, participar en el otorgamiento de prestaciones a las personas de menores recursos, en cumplimiento del imperativo de la solidaridad social. Pero en todo caso, estas funciones deben cumplirse con objetividad, de acuerdo a la situación real de las familias, sin discriminaciones y sin vincularlas a la adhesión a un grupo político determinado, como se viene haciendo. En cambio, lo que sí debe impedirse  es la intromisión del Gobierno nacional en la autorización para el funcionamiento de mecanismos de participación, como se ha venido haciendo con el llamado poder popular, con fines político-partidistas.

En tercer lugar, hay que introducir modificaciones en el funcionamiento de los estados. La reelección indefinida de los gobernadores o la permanencia de grupos familiares en el gobierno estadal son inconvenientes y hay que promulgar normas que pongan coto a esas situaciones. Es indispensable determinar, con la mayor precisión posible, las competencias y los recursos que incumben a los estados con respecto a los otros niveles del poder público, incluyendo los distritos metropolitanos, el Distrito Capital y las demás figuras previstas en la Constitución, y hay que potenciar los mecanismos de control, tanto social como formal, en todos los niveles del Estado.

En cuarto lugar, hay que restablecer la vigencia de los criterios sobre distribución de recursos públicos que fueron consagrados en la Constitución de 1999 y que han sido puestos de lado por interpretaciones ilícitas del Gobierno y del Tribunal Supremo de Justicia, y por leyes y decretos-leyes inconstitucionales. En particular, debemos regresar al punto de partida de la Constitución vigente en cuanto al Situado que corresponde a los estados y a los municipios y terminar la práctica, viciada y totalmente lesiva al ordenamiento constitucional, de la existencia de fondos paralelos, sin aprobación parlamentaria y sin control, que restan recursos a los entes subnacionales.

En quinto lugar, es indispensable definir las relaciones de cooperación y de comunión que deben existir entre los diferentes ámbitos y niveles del poder público. Para ello hay que descartar la idea de que entre el Poder Ejecutivo, las entidades federales y los entes municipales existen vínculos de supra y subordinación, en virtud de los cuales el primero ordena y los demás obedecen, o de que las relaciones entre ellos pueden estar regidas por el interés de competir. A estos fines, la unidad de acción entre las diferentes instituciones que integran el Estado venezolano debe lograrse principalmente mediante la discusión y aprobación de planes de desarrollo, de modo que los planes de ámbito más amplio se integren con los planes de menor extensión y que ello sea el resultado del diálogo y la consulta. En este sentido debemos señalar que durante la década de la descentralización no se le dio la debida importancia al establecimiento de un sistema concertado de planificación que pudiera producir planes nacionales, sectoriales, regionales, locales y de ordenación del territorio, debidamente armonizados entre ellos, y también que la planificación ha estado totalmente ausente en la actuación del gobierno que nos ha regido desde 1999, como no sea en el aspecto político, para asegurar y prolongar su permanencia en el ejercicio del poder.

Ante la posibilidad cierta de un cambio de régimen político en un plazo que puede ser corto o mediano, estimamos necesario que en los diferentes sectores de la sociedad democrática se comiencen los estudios y la discusión sobre las características que deberá tener el proceso de descentralización a reiniciarse en el país para hacer al Estado más eficiente y a la sociedad más democrática, tal como fueron los objetivos que se le asignaron a la Copre cuando se creó en 1985. El esquema de descentralización que resulte del debate nacional deberá poder llevar a los sectores más desfavorecidos de la población la seguridad de que va a comenzar una nueva etapa en la vida del país en la que se abrirán amplias posibilidades para el progreso social, familiar y personal, en un clima de paz, seguridad y solidaridad.

*Profesor de Derecho Administrativo de la UCV.

Dicen que los cocodrilos, mientras devoran a sus víctimas, lagrimean. Obvio que no es por tristeza ni dolor.  De allí deriva la popular expresión para referirse a quien, como en una obra de teatro, parece estar llorando cuando en realidad comete un acto de fuerza destructivo.  El miércoles, Maduro volvió a lanzar ataques, descalificaciones y desprecios hacia los trabajadores de Sidor y Ferrominera, tratando de criminalizarlos.  Mientras lo hacía, soltaba “lágrimas de cocodrilo” quejándose porque los sidoristas le estarían “haciendo daño a 300 mil familias que están esperando su vivienda este año al no fabricar las cabillas”.

¿Por qué Maduro no se quejaba ni lloraba cuando el gobierno del que ha formado parte todos éstos años destruía la capacidad productiva de la siderúrgica, abandonaba el mantenimiento y las inversiones, designaba a forasteros desconocedores de la industria para mal manejarla, todo lo cual resultó en que Sidor produjera 45% menos cabillas y 60% menos acero, con pérdidas, solo en 2012, de 961 millones de dólares?.   ¿Va a evadir su responsabilidad en esa ruina?.

¿Por qué Maduro no explica que hizo con el cheque de los 314 millones de dólares que para inversiones de recuperación productiva para Sidor firmó Chávez el 20 de agosto de 2012 y aún no han llegado?

¿Por qué Maduro no reclamaba al gobierno del que era ministro y a los jefes rojos rojitos a los que pusieron en Guayana en cuya gestión de 2010 y 2011 se produjeron 11 millones y medio de cabillas menos que en 2006-2007?.

¿Por qué Maduro no explica por qué motivos provocó que se reanudara la huelga, al ordenar desconocer los acuerdos  a los que se había  llegado el sábado 31 entre los representantes de su gobierno y los trabajadores por lo que ese mismo día se puso fin a la huelga y reanudaron labores?   Si Maduro no hubiera dado esa orden Sidor estaría hoy trabajando y produciendo normalmente, pero él prefirió provocar un conflicto para luego acusar a los trabajadores de estar vendidos “al imperio” y justificar su “cuento chino”  (o cubano) del falso “plan del colapso total”.

¿Por qué Maduro no explica la razón de que su gobierno, tres meses después de los acuerdos firmados con los trabajadores de Ferrominera, incumpla todo, siga manteniendo confiscadas (violando la Ley y la justicia) las prestaciones sociales, retenidos (también ilegalmente) los dineros del trabajador que le son descontados para su caja de ahorros, sus seguros médicos y de vehículos, su bono compensatorio por los tres años de contrato vencido y el pésimo estado del hospital?.

¿Por qué Maduro no se quejaba todos éstos años, como hace hoy para criminalizar a los ferromineros, de la destrucción de los equipos de Mina de FMO por lo cual su gobierno tiene privatizada el 70% de la producción de mineral de hierro?.

¿Por qué no asume su responsabilidad en tanta ruina y destrucción y en lugar de eso, pretende culpar a los trabajadores cuando ahora, con total razón y con derecho legal, reclaman, protestan y luchan?

TIP  1:   Aluminio. Precio “soberano”.  El ministerio de Industrias anunció, tras casi dos meses de burocrático “estudio” donde paralizaron toda la industria, que el nuevo precio “soberano” al que se venderá el aluminio a las industrias venezolanas transformadoras será de Bs. 31.200 la tonelada.   Ojo.  ¿Qué significa eso? ¿Que el gobierno considera que el precio real de intercambio bolívar-dólar es 17.50?, en lugar del cambio oficial a 6.30, ya que el precio internacional (LME) es -a la fecha- 1.780 dolares/ton.   Hagan la operación matemática y verán. Una brutal devaluación de 277%, la tercera en el corto gobierno de Maduro.

TIP  2:   Leído en twitter.  @jesuscasique  Inflación anualizada: Vzla 45.4%. Perú 3.3%. Chile 2.2%.Colombia 2.27%.Ecuador 2.27%. Paraguay 3.1%.Brasil 6.09%.Bolivia 6.08%.Uruguay 8.86%

TIP  3:   Aluminio.  Gobierno, “inexplicablemente”, pospuso una semana la firma con fechas en el contrato del aluminio que debió concretarse ayer en Caracas.  ¿Para que?.  ¿Provocando al trabajador para después decir que es “el imperio” o la coba inventada por ellos mismos del “plan del colapso total”?.

TIP  4:   “Pretenden debatir tonterías cuando el país está sumergido en crisis” Es del video de la intervención del diputado Américo DeGrazia (Guayana/MUD/CausaR) en el debate del pasado martes en la AN.  Vale la pena. Puede verlo enpublicoyconfidencial.com

TIP  5:   Leido en twitter:   @bevavera: Militariza Guayana, entrega El Esequibo, acaba con poder adquisitivo, crea escasez, hace subir dólar paralelo, expropia. Que gobiernito!

Con la creación de la nueva Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM), Cuba espera atraer la inversión extranjera –especialmente china-, aumentar las exportaciones y generar empleo. A partir de estas medidas, ¿puede hablarse de una transición cubana al capitalismo al estilo chino?

No creo que Raúl Castro esté tratando de imitar el llamado modelo chino. En primer lugar, porque ni siquiera hay un modelo chino. En ese país, tras la muerte de Mao, comenzaron unas reformas para aumentar la productividad agraria, pero pronto se dieron cuenta de que eran insuficientes. Cada cambio que hacían provocaban unas nuevas reformas, hasta que llegaron al punto en que están hoy: una dictadura de capitalismo salvaje de partido único y sin derechos laborales, en la que la autoridad descansa en la fuerte colaboración entre la estructura política y el ejército.

Raúl Castro, al menos por ahora, quiere que el aparato productivo fundamental se mantenga en manos del Estado. Todavía cree en el gran-Estado-empresario y deja las actividades menores y poco lucrativas a un sector privado al que, ex profeso, le corta las alas para que no crezca y acumule capital, porque eso significa una merma del control político.

Raúl Castro ha invertido el principio económico de subsidiariedad. De acuerdo con este principio, fundamental dentro de la Doctrina Social de la Iglesia, el Estado debe llegar e invertir en aquellos resquicios a donde no llega la inversión privada porque no es rentable. Para Raúl Castro, el sector privado en Cuba sólo puede llegar a donde no llega el Estado porque no es rentable.

Naturalmente, ese esquema productivo no funcionará y acabará por divorciar aún más a los cubanos del régimen, que padecen desde hace 54 años. Y no funcionará porque la ineficiencia del aparato productivo oficial continuará vigente, mientras el sector privado languidecerá sin esperanzas.

A fines de los ochenta Gorbachov y su entorno descubrieron que el modelo comunista no era reformable y tenían que demolerlo. Esa tarea le tocó a Boris Yeltsin. Lo que luego ocurrió en la URSS no es lo mejor -el capitalismo mafioso-, pero es superior al colectivismo previo. Lo mismo que sucede en China. El capitalismo salvaje de partido único no es lo mejor, pero supera con mucho a las comunas maoístas. En algún momento Raúl Castro y su entorno, o sus herederos, tendrán que enfrentarse a la realidad y enterrar de una vez ese disparate.

En una foto de julio de 2006 se ve al entonces presidente Álvaro Uribe uniendo sus manos a las del primer mandatario venezolano Hugo Chávez, como símbolo del cierre de un negocio exitoso. Estaban celebrando la puesta en marcha del gasoducto binacional Antonio Ricaurte, en La Guajira, que sería construido por la empresa venezolana Pdvsa para transportar gas colombiano al país vecino. Siete años después se acabaron los motivos para celebrar.

Aunque el compromiso era que Colombia le vendería a Venezuela 150 millones de pies cúbicos diarios de gas hasta el 30 de junio de 2014, se estaban dando conversaciones para que el acuerdo se extendiera hasta 2016. Sin embargo, según le dijo Sara Moya Machado, gerenta de Pdvsa sucursal Colombia a El Espectador, desde ayer quedó claro que la empresa no va más. El acuerdo que le representa US$20 millones a Colombia mensuales no se extenderá.

El motivo: Pdvsa señala que los errores que ha cometido el Ministerio del Interior colombiano en cuanto a la consulta previa (determinando cuáles eran las comunidades afectadas por el proyecto), dejaron una puerta abierta que les ha permitido a otras comunidades wayuus exigir beneficios que, según Pdvsa, no les corresponden. “Agotaron las vías legales y ahora pretenden con vías de hecho que se realice un nuevo proceso de consulta previa. Frente a las vías de hecho, Pdvsa dice no más”, afirma Moya.

La gerenta de Pdvsa se refiere a los últimos hechos protagonizados por un grupo wayuu que exige, principalmente, la realización de una nueva consulta previa para incluir a algunas comunidades que según ellos también están siendo afectadas . El gasoducto binacional contempla un tubo subterráneo de 89,7 kilómetros y cuatro estaciones externas.

Lo primero fue la toma del consulado de Venezuela en La Guajira. Los días 2 y 12 de septiembre indígenas wayuus se plantaron en el lugar exigiendo presencia del Gobierno y de representantes de Pdvsa. Lo segundo fue el viaje de estas comunidades a Bogotá (por invitación del Ministerio del Interior, que cubre sus viáticos y estadía), para realizar una mesa de concertación. Han pasado 12 días y no se ha llegado a ningún acuerdo.

La tesis de los voceros de los wayuus presentes en Bogotá es que el proceso de consulta previa no fue legítimo. “Estamos representando a una población de 9.000 personas de la zona de influencia a lo largo del gasoducto (102 comunidades y tres asociaciones), porque los requisitos de consulta previa no se cumplieron en lo mínimo. Algunas comunidades se vieron beneficiadas con regalos y hay algunas personas que estuvieron de acuerdo, pero porque no tuvieron claros sus derechos”.

El viceministro Aníbal Fernández de Soto dice que este “es un tema cerrado”, que el trámite ya se surtió y que el mismo Consejo de Estado lo avaló. Fernández reconoce, sin embargo, que hay otras quejas relacionadas con proyectos de Pdvsa que deberían beneficiar a la comunidad, las cuales se están discutiendo en esa mesa de concertación. “Lo que les hemos dicho a los líderes indígenas es que no es necesario acudir a las vías de hecho: es inaceptable una toma en el consulado, es innecesario porque la voluntad del Gobierno es ayudar y contribuir a que se cumplan los compromisos”, señala, y agrega que el ministerio debe clarificar si los líderes con quienes está dialogando en Bogotá son los directamente afectados.

Precisamente este es el argumento de Pdvsa: sostiene que las personas que están liderando las protestas “no son los interlocutores legítimos”. Pero, sobre todo, se remite a los tropiezos que el mismo Ministerio del Interior habría provocado en este proceso: según explica, el mismo Mininterior fue el que definió en 2006 que eran 62 las comunidades afectadas, y fue con ellas que se realizó el trámite de consulta previa y compensación.

“En los tres años siguientes el ministerio encontró que no se habían incluido todas las poblaciones afectadas. Estaba el proyecto en pleno funcionamiento y se dijo que faltaban más”, explica Darío Córdoba, asesor legal externo de Pdvsa. En 2008 se definió que eran 123 en total las comunidades afectadas. Se hizo entonces una nueva consulta previa.

“Eso creó un precedente fatal. Si te equivocas una vez, te equivocas dos”, dice Sara Moya, de Pdvsa. Luego vendrían varias acciones judiciales de otros pobladores que buscaban estar en ese censo. Ninguna prosperó.

Lo cierto por ahora es que “Pdvsa dice no más”, en palabras de Moya.

Fuente: El Espectador (Colombia)

Una de las responsabilidades que tendrá el gobierno venezolano al tener la presidencia pro tempore del bloque regional Mercosur, es organizar para los próximos meses la XXIV Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos y Cancillerías del Mercosur (RAADDHH). La última reunión se realizó en la ciudad de Montevideo, Uruguay, el día 13 de junio de 2013. Las reuniones se realizan de manera ordinaria una vez por semestre en el país que tiene temporalmente la presidencia.

La RAADDHH está integrada por los titulares de los ministerios, secretarías, direcciones o áreas gubernamentales equivalentes con principal competencia en materia de derechos humanos y por los titulares de las direcciones de derechos humanos o equivalentes de las cancillerías de los estados parte y asociados.

Con una anticipación de al menos cuarenta y cinco días, el gobierno venezolano debe informar a los estados parte y asociados la fecha y lugar donde se llevará a cabo así como la propuesta preliminar de la agenda. Deberá el gobierno elaborar una agenda definitiva y darle publicidad.

Entre las funciones de esta instancia se encuentran: Contribuir a la consolidación de los derechos humanos como un eje fundamental del proceso de integración política y social del Mercosur; Promover estrategias, políticas y acciones comunes en materia de derechos humanos; Intercambiar experiencias y buenas prácticas en el diseño, implementación y seguimiento de políticas públicas en derechos humanos; Impulsar acciones comunes y debates que promuevan la implementación interna de estándares internacionales de derechos humanos.

La RAADDHH discute y aprueba los proyectos de acuerdos elaborados por las comisiones y grupos de trabajo. Presenta al máximo órgano del Bloque Regional, el Consejo del Mercado Común, proyectos de decisiones y recomendaciones en materia de derechos humanos.

En las reuniones también participan organizaciones de la sociedad civil vinculadas a los temas de derechos humanos. Expresamente está establecido que se debe  promover la más amplia participación social. A tal fin se debe facilitar mecanismos adecuados para que las organizaciones sociales interesadas puedan realizar aportes previos, enviar documentos y participar presencialmente o mediante el uso de nuevas tecnologías en las reuniones plenarias, comisiones permanentes, grupos de trabajo y conferencias públicas. Las organizaciones sociales interesadas pueden acreditarse para participar presencialmente o mediante el uso de nuevas tecnologías.

a) En carácter de observadoras en todas las reuniones que no fueran reservadas para los Estados. b) En las comisiones permanentes y grupos de trabajo podrán hacer uso de la palabra al finalizar cada segmento de la agenda. c) En las reuniones plenarias, la agenda establecerá un espacio específico para que las organizaciones acreditadas hagan uso de la palabra sobre temas que no fueron abordados en las comisiones permanentes o grupos de trabajo o en asuntos incluidos en los proyectos de acuerdo. d) En las conferencias públicas, las organizaciones acreditadas podrán hacer uso de la palabra conforme la agenda prevista.

Las organizaciones sociales debemos preparar nuestra participación en esta importante reunión, pues es una oportunidad para exponer puntos de vista y propuestas que contribuyan a mejorar la situación de los derechos humanos en este bloque regional. Además servirá  para establecer vínculos con otras organizaciones del Mercosur explorando las posibilidades de acción conjunta a futuro.

www.derechos.org.ve