Durante la entrega de créditos productivos a comerciantes del Mercado Plaza Los Teques y emprendedores del Plan Mi Bodega, el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, reflexionó sobre la crisis que vive el país. “Ellos (el gobierno) controlan todo, el petróleo, los aeropuertos, las carreteras, Corpoelec, el agua, la mayoría de gobernaciones y alcaldía, pero dicen no ser responsables de nada”.

“Todo se está destruyendo, pero no son culpables de nada. Se va la luz, el agua, no hay comida y ellos no tienen responsabilidad. Se acaba el papel y dicen que la gente va mucho al baño. La inflación está disparada, ¿Cuánto va a costar una hallaca? Hay un único responsable de todo este desastre y es el gobierno”.

Lamentó que la bonanza petrolera no se haya utilizado en beneficio del pueblo. “Este país lo han saqueado, ¿cuántos millones de dólares han entrado? Y tenemos una inflación desbocada. Vaya usted con 100 bolívares al mercado o a una farmacia para que vea qué puede comprar. El salario mínimo lo ajustaron 10%, eso significa 9 bolívares diarios, qué hace usted con eso. No hay luz, no hay comida, pero afirman que hay patria. Eso es una burla al pueblo. Patria es que usted tenga un buen ingreso, que tenga una vivienda, que las escuelas funcionen, que en los hospitales haya insumos, que se encuentren las medicinas y la comida, que no nos maten en la calle, eso es tener patria, es tener vida. Lo demás es manipulación y chantaje”.

Asimismo, dijo que el Gobierno de Miranda ha impulsado y seguirá fortaleciendo el emprendimiento, al tiempo que refirió que su compromiso es que no haya ningún trabajador informal en la calle. “Hay que construir otro mercado para la economía informal aquí en Los Teques Rómulo. Todos los hermanos que aún quedan en las calles, también merecen un espacio. Queremos que las calles sean de los automóviles, que Los Teques se transforme, que se convierta en la capital del cambio. El Mercado Plaza Los Teques es un centro comercial popular, no otro como este en el país. Con su guardería, prescolar y esta plaza que tiene donde podemos poner una pantalla gigante para ver los partidos de la Vinotinto o los juegos del Caracas y Magallanes. Es un lugar para el encuentro. Hay otros que les molesta el encuentro. Que quieren a los comerciantes informales desunidos.

El Gobernador de Miranda dijo que este viernes fueron entregados 725 mil bolívares en créditos productivos para los comerciantes del Mercado Plaza Los Teques y 520 mil que se otorgaron para la constitución de las Bodegas Comunitarias. “Hay algunos que nos preguntan cómo estiramos los recursos con la crisis presupuestaria que tenemos, les decimos que es gracias al pronto pago de créditos anteriores, hemos podido multiplicar el beneficio”.

Imagino cómo será un día cualquiera en una oficina de algún oscuro funcionario del Cesppa, el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, creado recientemente para “declarar de carácter reservado, clasificado o de divulgación limitada, cualquier información, hecho o circunstancia que se considere estratégico para preservar la seguridad nacional, así como prever y neutralizar potenciales amenazas de enemigos internos o externos”, una pendejaíta.

Supongo que a los funcionarios se les irán los primeros días en esperar las tarjetas de presentación, los sobres, las libretas de recibos, los carnets respectivos, todo más grande de lo habitual para que semejante nombre quepa completo en la papelería, asunto que se llevará mucho tiempo dado que, como sabemos, hay escasez de papel. Quizás contraten a los mismos funcionarios que estaban en el Cesna, Centro Situacional de Estudios de la Nación, un organismo idéntico que creó Chávez en 2010 y que nunca sirvió para nada; solo se diferencian en que el de Chávez tenía nombre de avión y el de Maduro suena más bien a marca de moto.

Pero mientras diseñan el nuevo logo y les llega la papelería, se me ocurre  que habrán buscado a algún experto en Inteligencia, Censura, Represión y asuntos afines, para que les dicte un taller de capacitación a los empleados del Cesppa, porque  resulta bastante probable que tamaña responsabilidad se les puede salir de las manos y confundan una  cola frente a Mercal con una potencial amenaza de  enemigos internos o que cualquier declaración de Pedro Carreño sea considerada de divulgación limitada.

Lo que sí habrá que preguntarse, en serio, es cómo funcionará semejante manguareo. ¿De qué manera van a decidir los encargados de vigilarnos si declarar de carácter reservado o no alguna información? ¿En qué momento lo harán: después de que esté divulgada, cuando ya sea demasiado tarde para preservar la seguridad nacional? ¿O antes de que sea divulgada, lo que la convertirá en un tremendo chisme que correrá más rápido que un run run de Bocaranda?  ¿Serán ellos quienes tratarán de impedir que los medios de comunicación tengan acceso a la información oficial, que suele ser la más susceptible de alimentar al enemigo?  Pero si eso es precisamente lo que han estado haciendo desde hace catorce años todos los ministros de “Información” que han pasado por este y el gobierno anterior sin ningún resultado: esconderse detrás de periodistas complacientes y adulantes para que la “verdad” sea lo que ellos quieren que sea. Impedir que los medios privados se les acerquen con sus reporteros y sus preguntas peligrosas. Un fracaso la estrategia, por cierto. Basta recordar cómo se filtró el caso de Rafael Isea, de quien se dijo y se publicó y se aseguró de todas las maneras posibles que había hecho una fortuna mientras fue uno de los ministros consentidos de Hugo.  O la corrupción con el Fondo Chino. O todas las mentiras sobre el cáncer del presidente y su presunta recuperación. O los escándalos de Pudreval. Que protegiendo la seguridad de la patria, los cientos de medios del gobierno, canales y emisoras y diarios, lo único que han hecho es esconder, entaparar, disfrazar cualquier hecho noticioso que consideren material estratégico para la protección de los bolsillos y las propiedades de algunos.

Entonces cabe modificar la pregunta: se estará curando en salud el gobierno sobre la terrible realidad que sabe que le espera al país, cuando ni siquiera el Instituto Nacional de Estadísticas ha podido maquillar –su especialidad–, las cifras sobre la canasta alimentaria, cuyo costo no lo cubre ni dos salarios mínimos. Opta el gobierno por la represión de la información cuando la gente no tiene tiempo ni de ver televisión porque está constantemente en la calle quejándose por las colas para comprar un pollo, porque no hay luz, clamando por el estado de los hospitales… ¿Cómo van a callar a ese medio de comunicación, más poderoso que ninguno, que cualquier revolucionario cursi llamaría la voz del pueblo?

Tremendo elefante en la sala tiene el gobierno, viejo refrán que se usa para significar que se tiene un problema gigante enfrente pero lo mejor es negarse a verlo. El que habita en Miraflores es blanco, para más señas, y está destruyendo la sala cada vez que da un paso.

Fuente: El Nacional

El próximo 15 de octubre Provea cumplirá 25 años. Dos décadas y media dedicada a promover y defender los derechos humanos en el país. Nuestros beneficiarios y beneficiarias han sido en su gran mayoría personas de muy bajos recursos. Los pobres son siempre los más vulnerables a las violaciones de sus derechos.

Campesinos, dirigentes sindicales, habitantes de urbanizaciones y barrios afectados por problemas de servicios públicos o sin vivienda, niños, niñas y adolescentes vulnerados en su derecho a la salud o al estudio, refugiados, asilados políticos, jueces, militares, policías tanto de organismos nacionales como regionales, mujeres organizadas en la defensa de sus derechos, estudiantes y profesores universitarios , familiares de personas ejecutadas por la policía o militares, personas torturadas, familiares de personas privadas de libertad han recibido la asesoría y acompañamiento de Provea. Gracias a acciones de exigibilidad de derechos realizadas junto a las víctimas, hemos logrado que en algunos casos se haga justicia llegando a la sanción de los responsables y en otros, el restablecimiento de derechos violados.

25 años levantando la voz contra el abuso del Poder.

Por nuestra irreverencia frente a las conductas y políticas arbitrarias de los gobernantes se nos descalifica y amenaza. Una variedad de epítetos lanzadas desde la presidencia de la República o algún ministro, ha pretendido intimidarnos sin lograrlo. Defensores de terroristas, de delincuentes, agentes del imperialismo, pitiyanquis, son algunos de los calificativos recibidos. Para tal fin se recurrió al uso de medios públicos y privados. Además, apertura de juicios. Aún así, nunca han logrado autocensurarnos, ni consiguen que dejemos de acompañar a las víctimas.

El aniversario se produce en un momento de mucha complejidad en Venezuela y donde persisten importantes déficit en materia de derechos humanos. En medio de una alta polarización que dificulta diálogos y consensos mínimos para afrontar graves problemas que tiene el país entre otros la inseguridad, inflación, impunidad y pobreza. Problemas que requieren para su solución la suma de la mayor cantidad de voluntades dispuestas a contribuir, lo cual pasa necesariamente por diagnósticos compartidos y definición de políticas públicas elaboradas en esfuerzos colectivos.

La crisis que atraviesa el país impone la necesidad del diálogo. Ello requiere de los actores políticos un lenguaje que lo favorezca y crear escenarios que lo propicien. La permanente confrontación coloca en la agenda pública asuntos que no son los que precisamente interesan a las mayorías. Aquellos que afectan su calidad de vida.

Desde Provea seguiremos apostando al dialogo y al entendimiento. Seguiremos trabajando para lograr una mejor Venezuela donde haya cada vez menos violaciones a los derechos humanos, menos impunidad, mayor calidad de vida, justicia social, participación protagónica y autónoma del pueblo y una democracia sólida.

Si mañana un cataclismo, o un virus racista, destruyera todas las universidades de América Latina y España, la cultura planetaria apenas sufriría un imperceptible arañazo, especialmente en el terreno de la ciencia y la técnica, pero también en el de las humanidades y los estudias sociales.

El asunto es muy triste. Las universidades iberoamericanas no están entre las 150 mejores del planeta. Aunque son varios millares, son muy escasas las que figuran entre las 500 mejores del mundo. Las menos malas son algunas brasileras, chilenas, colombianas, argentinas, mexicanas y españolas. Las caribeñas y centroamericanas apenas comparecen en la lista, con la excepción de la costarricense en alguna facultad privilegiada.

¿Cómo lo sabemos? Porque anualmente se compilan varios índices de calidad universitaria en distintas latitudes y todos concuerdan en las conclusiones. Los más conocidos son los que confecciona el diario The Times de Londres, la Universidad Jiao Tong de Shanghái, la revista U.S. News and World Report de Estados Unidos y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid.

Para medir la excelencia de las instituciones tienen en cuenta las publicaciones en revistas acreditadas, la presencia en Internet, las veces que los artículos, libros o autores son citados, el número de profesores con Premios Nobel o Medallas Fields (matemáticas), el desempeño de los graduados y las opiniones de expertos. No se trata de ensalzar a algunos países y denigrar a otros. Intentan establecer cierta jerarquía. Sólo eso.

Es una pena, porque la primera universidad que se fundó en el Nuevo Mundo fue la de Santo Domingo en 1538, prácticamente un siglo antes de Harvard. Poco después se crearon las de México y Lima en 1551. La de La Habana tiene casi 300 años y antecede en 20 a la de Princeton. Esa tradición ha servido de muy poco. Tal vez, incluso, ha sido una rémora.

Cuando comenzaron nuestras universidades en Hispanoamérica, todas legitimadas por la Corona española y operadas por frailes, el método de enseñanza y la filosofía que lo animaba se basaban en la Escolástica. Todas las verdades ya habían sido descubiertas por las autoridades religiosas. La labor del docente y del alumno (literalmente, “el nutrido”) era llegar a ese conocimiento mediante ejercicios memorísticos o juegos retóricos.

La universidad era para repetir, no para innovar. Recuérdese que uno de los delitos perseguidos por la Inquisición era la innovación. Todavía a menudo se cita la increíble frase del rector de la Universidad de Cervera, en Cataluña, al rey Fernando VII: “lejos de nosotros, majestad, la funesta manía de pensar”.

Naturalmente, se trata de un problema cultural. En nuestro mundillo iberoamericano no abunda, como en otras latitudes, la voluntad de cambiar, de innovar, de progresar, de encontrar nuevas y mejores formas de hacer las cosas. Vivimos en una cultura reiterativa, no transformativa.

Para nosotros una persona culta no es la que es capaz de modificar nuestro presente, sino la que retiene una asombrosa cantidad de información sobre el pasado. Vivimos dándole vueltas a lo que ocurrió hace mucho tiempo, lo que, por cierto, no nos ha salvado de cometer los mismos o parecidos errores una y otra vez, desmintiendo la inútil advertencia de Jorge Santayana (“Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo”). Los latinoamericanos lo recordamos y lo repetimos.

No quiero decir, por supuesto, que las universidades latinoamericanas son inservibles. Eso sería una estupidez. Muchas de ellas gradúan personas  muy competentes. De algunas egresan magníficos médicos, abogados, dentistas, periodistas, economistas, ingenieros, expertos en cuestiones empresariales, y así hasta el medio centenar de profesionales valiosos, absolutamente indispensables para el buen funcionamiento de las sociedades.

Ese no es el problema. La consecuencia negativa del fenómeno de las culturas reiterativas es que viven parasitariamente a remolque de centros creativos radicados fuera de su perímetro. En gran medida, la extensión de nuestra vida y cómo la vamos a vivir, se dicta en esos sitios intelectualmente densos y generadores de ideas. De una forma perversa, sin darnos cuenta, continuamos calificando de “funesta manía” la actividad de pensar con nuestra propia cabeza. Y así nos va.

Un gobierno que en las recientes encuestas tiene un respaldo que no alcanza a la mitad de la población, tiene que conversar con los principales representantes del país (políticos, empresarios y trabajadores de todas las tendencias) para sacar a Venezuela de este marasmo.

En tiempos de crisis más de una vez se oye hablar de herederos que renuncian al legado de sus padres, porque este contiene más deudas que recursos para amortizarlas. Nicolás Maduro dice temer que la oposición le inocule un veneno, pero ya Chávez se lo inyectó al nombrarlo heredero, y él, con sus políticas descaminadas, pone cada vez en mayor peligro el patrimonio de la nación.

 Muchos pasivos y pocos activos

El patrimonio de cualquier empresa se calcula sustrayendo las obligaciones o deudas que ha adquirido (pasivos) de los bienes (activos) que posee. Chávez, en sus años de gobierno, destruyó o depreció muchos de los activos que había recibido de sus antecesores, y comprometió al país con una deuda cada vez mayor. Su sucesor ha recibido, en consecuencia, un país en bancarrota.

Vamos a recontar brevemente el pasado reciente, tratando de ser benévolos con las intenciones de su principal protagonista.

Hugo Chávez vio que uno de los obstáculos principales para que Venezuela se desarrollara adecuadamente estaba en la enorme desigualdad de recursos y oportunidades entre los diversos sectores de la población, y se propuso modificar esa situación. Para ello configuró un Gobierno enfocado en mejorar las condiciones de los más necesitados.

Desafortunadamente su formación previa, y la de los asesores en quienes más confiaba, le empujaron a transitar un camino que históricamente se ha mostrado incapaz de lograr ese objetivo.

Convencido -no sin razón- de que muchos empresarios trabajaban más por incrementar su beneficio personal que el acervo social, decidió asumir progresivamente el aparato productivo, apropiándoselo por la fuerza, sin pensar si los gerentes del Gobierno tenían motivos más altruistas que los empresarios privados, y sobre todo si tenían la capacidad para llevar adelante las tareas que les habían sido encomendadas.

En la actualidad el Gobierno tiene el monopolio de 21 actividades económicas. Pero ¿qué se ha logrado con eso?

En varias estaciones del Metro se encuentra una propaganda de Lácteos Los Andes con obreros sonrientes y un gran letrero que dice: Hecho en socialismo.  Si se atuviera a la realidad, ese lema debería decir: Deshecho en socialismo. En el año 2012 la empresa redujo 61,4% su utilidad. El 25 de abril de este año 150 de sus trabajadores se concentraron para declarar que la empresa estaba quebrada y las condiciones de trabajo eran infrahumanas. La producción nacional de leche ha descendido en picada.

Lo mismo se podría repetir con el vidrio, papel, cemento (la Fábrica Nacional de Cemento lleva tres años consecutivos con pérdidas), alimentos (la importación en este rubro creció 58% en 2012), envases, y tantos otros bienes que antes producíamos, al menos en parte, y ahora importamos casi en su totalidad.

Los sindicatos de las empresas básicas se quejan de que trabajan a 30% de su capacidad. En 2012 en Pdvsa cada trabajador producía apenas un tercio de lo producido en 1998; además, el pasado año hubo en la empresa 519 accidentes, 3 mil 400 lesionados y 143 mil 597 barriles derramados, mientras seguimos importando gasolina de Estados Unidos a precios internacionales para venderla internamente a un precio inferior al del agua embotellada.

No contentos con eso continuamos regalando a otros países dinero y petróleo a cambio de su apoyo incondicional en los foros internacionales, y hemos comprado a Rusia 78% de las armas que ese país ha vendido a América Latina.

Como el petróleo no puede financiar todos esos desaguisados, la deuda pública se cuadruplicó durante los gobiernos del presidente Chávez.

¿Logros sociales?

Hay que reconocer que se lograron varios de los objetivos que el fallecido presidente se había propuesto con el fin de mejorar la situación de los sectores de menores ingresos.

Entre 2000 y 2012, según cifras oficiales, el desempleo bajó de 14,6% a 8,7%; la distribución del ingreso medida por el coeficiente de Gini (donde un índice más bajo indica una distribución más igualitaria) pasó de 46,3 a 44,8; la pobreza total (la de aquellos que no pueden acceder a la canasta básica) descendió de 46,3% a 21,2%, y la pobreza extrema (la de aquellos que ni siquiera pueden alcanzar la canasta alimentaria) de 18% a 6%. En términos reales el consumo se incrementó casi en 90%, y los habitantes de los barrios pudieron acceder a alimentos subsidiados, y hasta lograron mejorar su nivel de vida con equipos audiovisuales o aparatos electrodomésticos adquiridos a precios reducidos y con créditos ventajosos.

Pero estos avances quedan matizados por otros datos no tan alentadores. Para empezar, muchos otros países latinoamericanos, que no tienen petróleo, lograron resultados semejantes o mejores en estas variables, sin sufrir las distorsiones que nosotros hemos experimentado en el aparato productivo y en el valor de la moneda.

El salario mínimo, que es el que se paga a muchos obreros y a todos los pensionados, ha subido solo un 20,8%, mientras que los precios han crecido en ese período (2000-2012), 2.158,13%.

En el año 2000, el 10% más rico tenía un ingreso veinte veces mayor que el 10% más pobre; pero en 2012 esta proporción había subido a 33 veces. Dado que la oligarquía tradicional ha sido fuertemente golpeada, cabe sospechar que esos nuevos ricos están estrechamente ligados a los círculos gubernamentales.

El índice de desarrollo humano descendió de 0,770 a 0,748. En Latinoamérica están por delante de nosotros Chile, Argentina, Uruguay, Cuba, Panamá, México y Costa Rica.

Hay además en todo este tema un punto de reflexión sobre el carácter de las mejoras sociales que se han logrado recientemente.

Los gobiernos populistas necesitan que los pobres no desaparezcan del todo, y que les estén eternamente agradecidos por sus dádivas. Por eso se les ata en corto poniéndoles, por ejemplo, trabas para que sean dueños de las viviendas que el Gobierno les ha otorgado, o se les humilla al otorgarles alimentos subsidiados obligándoles a soportar largas colas,  racionando los bienes que pueden adquirir, e inscribiéndolos en determinadas misiones para  poderles exigir en retorno algunos favores, como la presencia en manifestaciones públicas o el voto asistido.

En un coloquio organizado el 26 de junio por la Academia Nacional de Ciencias Económicas, Ángel García Banchs se pregunta si los fondos erogados por el Gobierno con ese fin son gasto social o fomentan el clientelismo político, y responde de la siguiente manera:

Es sencillo diferenciar entre programas sociales y políticos. […] Mientras el retorno de los primeros es la transformación de la vida de los seres humanos, el de los últimos es el voto condicionado. Así, mientras los programas sociales liberan al individuo, los políticos le condenan a la dependencia del Estado, del gobierno o de un partido político. Dicho de otro modo, mientras los programas sociales implican un período de asistencia, uno de capacitación, y uno final de inserción a la esfera productiva, los políticos solo implican asistencia. Mientras los primeros hacen que el individuo termine independiente con un empleo o un emprendimiento en el sector privado de la economía, los últimos le excluyen adrede del mercado de trabajo para garantizar su dependencia.

Escasez de productos y de marcas

Desde la perspectiva económica, uno de los signos más negativos de este régimen ha sido el de la escasez. No solo por la cantidad (a veces llega a 20%) sino porque la mayoría de las veces afecta a alimentos de la dieta básica y a otros productos de uso diario.

Eso ocurre, entre otras razones, porque los agentes privados, que no solo son los grandes empresarios, sino también los gerentes de bodegas y pequeños abastos, se han especializado durante décadas en un eslabón del proceso de producción y distribución de bienes y servicios, y no pueden ser sustituidos impunemente por unos funcionarios públicos sin experiencia en el manejo de los mercados.

Adicionalmente, los canales privados de distribución que todavía no han sido engullidos por la voracidad pública no pueden ofrecer bienes si se les fijan precios que estén por debajo de los costos, ni pueden importarlos por falta de divisas. Si nos creemos la monserga oficialista de que esas quejas provienen de empresarios sin escrúpulos que se quieren enriquecer a costa de los demás, escuchemos lo que dicen los modestos trabajadores que se niegan a vender productos regulados en los mercados populares.

El hecho de que quienes, directa o indirectamente, controlan la importación de alimentos con divisas preferenciales sean en gran parte, una vez más, empleados públicos, no solo origina la vergonzosa y delictiva putrefacción de centenares de contenedores en los puertos, sino que hace que estemos consumiendo productos de peor calidad que hace unos años.

Seamos concretos. Nadie va a negar el excelente nivel de la industria láctea en Uruguay, pero a veces la leche uruguaya que ha llegado a nuestros mercados tiene un gusto extraño. Nicaragua produce muy buen café, pero algún café nicaragüense que se vende en Venezuela sabe a aserrín, porque probablemente está mezclado con otros productos.

¿Nos están engañando los demás países enviándonos lo que ellos no quieren consumir, o los importadores nacionales están adulterando los productos que compran en el exterior para engrosar sus beneficios?

En la Venezuela de antes de la revolución, una empresa que vendía café adulterado se arruinaba, porque los clientes compraban el mismo producto de otra marca. Pero ahora no solo padecemos escasez sino falta de diversidad, por lo que muchas veces encontramos en los supermercados una sola marca y no tenemos más remedio que comprar el producto, aunque sea fallo, o dejar de consumirlo.

¿Quién iba a pensar que las promesas de bienestar se iban a convertir en esta pesadilla diaria que nos hace perder tiempo, paciencia y esperanza de recuperar lo que tantos otros países poseen como algo natural, y lo que también nosotros teníamos hace no muchos años?

Moneda depreciada

Un problema adicional es que, aunque tuviéramos todos los productos y marcas que se exhiben en un país normal, cada vez tenemos menos dinero para adquirirlos.

La inflación de 2013 va a ser probablemente cercana al 40%, cifra que nunca habíamos alcanzado en los últimos años.

Aunque parezca obvio, recordemos lo que esto significa. El año que viene necesitaremos Bs.100 para comprar algo que hoy nos cuesta aproximadamente Bs. 70[1]. Es como si el Gobierno entrara en nuestra casa, abriera nuestra cartera, nos sacara los billetes de Bs. 10 y nos metiera a cambio manojos de Bs. 7. Esto sin olvidar que como el Banco Central de Venezuela incluye bienes con precios regulados en la canasta con la que mide la inflación, el incremento real de los precios es siempre más alto que el anunciado oficialmente.

Pero si el bolívar vale poco dentro de nuestras fronteras, todavía pierde más valor fuera de ellas. Esto no afecta únicamente a los que viajan o a los que tienen dólares. Gran parte de los alimentos que consumimos diariamente se pagan en moneda extranjera; si el bolívar se devalúa pagamos cada vez más por comer.

El hecho de que en el mercado paralelo el dólar cueste cinco veces más que en el mercado oficial, además de ser un exabrupto, se presta al cobro de comisiones y otras corruptelas. Jorge Giordani se ha quejado de que hay muchas empresas fantasmas que reciben millones de dólares preferenciales y no compran nada. Lo mismo confirmó el inefable Mario Silva en su supuesta conversación con un miembro del G2 cubano. El hecho de que todavía no se haya apresado ni encarcelado a nadie por tamaño desmán nos hace pensar que quienes hacen esos negocios están bien protegidos en el entramado de las connivencias de la administración pública.

Entre lo deseable y lo posible

Ante esta situación ¿qué se debería hacer, y qué se puede realmente esperar? La Academia de Ciencias Económicas emitió el 27 de junio un Comunicado a la Nación, como conclusión del coloquio sobre política económica celebrado el día anterior.

Este contiene un conjunto de recomendaciones como: instaurar un sistema eficiente de incentivos que promueva la iniciativa privada; mejorar los servicios públicos; recuperar la capacidad de inversión pública y privada; mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos petroleros;  imponer una disciplina fiscal que retome el gasto de inversión, impida el financiamiento con emisión monetaria y la manipulación del tipo de cambio; implementar una política cambiaria dinámica y competitiva; desmontar los controles y sustituirlos por una supervisión eficaz y razonable; reducir los impuestos sobre las nóminas y las trabas al empleo formal; evitar la fuga de capital humano; enfrentar exitosamente los desafíos de la competitividad internacional; instrumentar políticas sociales destinadas a promover la equidad y una mejor calidad de vida.

Se puede discutir si todas esas recomendaciones son convenientes; se puede argüir que es más fácil y cómodo dar consejos desde un escritorio que fajarse desde un organismo público con los problemas reales del país. Lo que no se puede hacer es seguir avanzando en sentido contrario. Se puede no alcanzar las metas deseadas, pero al menos hay que trabajar para conseguirlas.

Un gobierno que en las recientes encuestas tiene un respaldo que no alcanza a la mitad de la población, tiene que conversar con los principales representantes de la sociedad venezolana (políticos, empresarios y trabajadores de todas las tendencias) para sacar al país de este marasmo.

Ojalá las recientes reuniones de Maduro con los empresarios del sector alimentos, y la intención de Nelson Merentes de flexibilizar el acceso a mercados cambiarios regulares, señalen unos primeros pasos en el camino de la conciliación.

Eduardo J. Ortiz F.

Doctor en Economía de la UCAB.

El gobierno solicita a la AN una Ley Habilitante a los fines de que le delegue la función de legislar durante un año para “enfrentar la corrupción y enderezar el modelo económico”.

La Habilitante pretende despojar a la AN de su función legislativa durante un año, permitiendo que el gobierno, en virtud de una delegación legislativa, invada el ámbito propio de la ley regulando materia económica, financiera, comercial, penal y procesal. El régimen pretende con la Habilitante aprobar decretos-leyes, normas con fuerza, carácter y valor de ley, sin seguir el proceso de formación de la ley y con ello evitando el debate, la consulta y el control de la sociedad y de la oposición sobre dichos textos normativos. En sencillas palabras, que el gobierno haga el trabajo de la AN durante un año. En definitiva, quieren Habilitante para imponer textos normativas no democráticos y obtener más poder y radicalizar aún más el país.

La Habilitante, técnicamente hablando, sólo procede cuando urge la necesidad de legislar de manera inmediata. Este no es el caso, porque el gobierno tiene mayoría parlamentaria para sancionar leyes, con lo cual el objetivo es dejar a la AN sin funciones y evitar el debate y la crítica que implica el proceso de formación de la ley en la AN.

La Habilitante es un instrumento jurídico-constitucional de excepción, que no procede sino por tiempos muy limitados, para palear la urgencia y la necesidad jurídica. En consecuencia, habilitar por tanto tiempo equivale a un fraudulento abandono por parte de la AN de su función más preciada.

Es inconstitucional que la Habilitante permita al gobierno dictar normas sobre materia penal, procesos judiciales o regular el sistema de libertades, como se pretende.

Para aprobar la Habilitante se requieren 99 diputados. El oficialismo no los tienes. Sólo lo conseguirían, paradójicamente, con corrupción, fraude, abuso y desviación de poder.

La Habilitante es “una patada de ahogado” de un gobierno que necesita correr sin moverse. Efectismo político; recordemos que las habilitantes anteriores del régimen tenían por objetivo cambiar el modelo económico y, la del año 2007, tenía por objeto acabar con el flagelo de la corrupción. La Habilitante no resolverá nada, sólo agudizará la crisis existente. Un paso al frente en la transición que se vive.

La salida de socios malasios y rusos de proyectos petroleros claves en Venezuela han dejado al descubierto fricciones entre empresas extranjeras y el Gobierno que podrían alejar a otras firmas del país incluso a pesar del potencial que representa la mayor reserva petrolífera del mundo, la Faja del Orinoco.

Por años, la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) ha dado la responsabilidad de impulsar la estancada producción nacional de cerca de 3 millones de barriles al día (bpd) a sus socios en unos 40 emprendimientos conjuntos y, en ocasiones, los ha amenazado con retirar sus licencias o dejar de repatriar los pagos de dividendos.

Eso, a menudo ha enfriado relaciones que son esenciales para la vital industria del miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). El crecimiento futuro depende de una serie de ambiciosos proyectos en la Faja, una de las últimas reservas de crudo del planeta, en general no explotada.

Lukoil, el segundo mayor productor petrolero de Rusia, dijo el mes pasado que quiere vender su participación en la Faja, sólo semanas después de que la petrolera estatal malasia Petronas dijera que iba a retirarse de uno de los mayores proyectos.

Fuentes de alto rango cercanas a los acuerdos dijeron que ambas empresas estaban cansadas de los reiterados desacuerdos con Pdvsa y con el Gobierno.

Las fuentes comentaron que los ingresos por exportaciones de la producción inicial en proyectos claves fueron a la petrolera estatal, en vez de a las empresas conjuntas, aumentando los problemas de liquidez de los socios.

Las empresas privadas que permanecen en el área, entre ellas la estadounidense Chevron y la española Repsol, tienen decisiones difíciles de tomar. Varias fuentes en los emprendimientos conjuntos de la Faja dijeron que Pdvsa rechazó sus reiteradas solicitudes para ablandar sus condiciones.

“Hay empresas que tomaron la decisión de estar en Venezuela con una visión de largo plazo. Hay otras cuya permanencia depende estrictamente del flujo de caja que obtengan en el país”, dijo Luisa Palacios, analista de Medley Global Advisors en Nueva York.

“Sus proyectos en Venezuela compiten con otros, particularmente en un escenario de precios del petróleo que no garantiza un claro retorno sobre las inversiones”, explicó.

Pdvsa no respondió a las consultas de Reuters acerca de su forma de tratar con las empresas extranjeras en la Faja. Pese a las últimas salidas, los ejecutivos de la estatal sólo tienen palabras optimistas sobre el atractivo de largo plazo del área.

El ministro de Petróleo venezolano, Rafael Ramírez, dijo esta semana que la nueva producción del Orinoco implica una producción estimada de 4 millones de bpd en el 2014. Sería un salto gigantesco, pero poco probable desde los niveles actuales de unos 3 millones de bpd.

“Tenemos oleoductos que están llegando a su capacidad de diseño y trajimos del exterior instalaciones que permitirán acelerar el incremento de producción en los bloques de la faja (…) Está suscitando mucho interés y constituye un cañón de crecimiento económico para el país”, dijo Ramírez.

Sin embargo, en un inusual reconocimiento de los problemas, también admitió que la logística provisional implementada para los proyectos de la Faja bajo un plan de “producción inicial acelerada” había creado cuellos de botella.

Los potenciales socios de la industria petrolera se dividen entre el miedo a posibles estatizaciones y la esperanza de tener una parte mientras Venezuela distribuye sus 296.500 millones de barriles estimados en reservas.

Entre las empresas que han dejado Venezuela figuran dos provenientes de Rusia, un aliado político de Caracas al que recurrió Chávez para que trabajasen en el país sudamericano luego de que ExxonMobil y ConocoPhillips se retiraron en medio de disputas por las estatizaciones en el 2007.

Las nuevas partidas agravan una situación económica cada vez más difícil para el Gobierno del sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, que enfrenta problemas de desabastecimiento y una inflación anualizada que el mes pasado alcanzó un 49,4 por ciento.

Lukoil dijo que la Faja del Orinoco ya no era una prioridad y la semana pasada manifestó su intención de abandonar un consorcio ruso que tiene una participación de un 40 en el bloque Junín 6, una de las áreas más ricas y que tendría un potencial de producción de 450.000 bpd.

Hace menos de un año, Surgutneftegaz, el cuarto mayor productor de Rusia, también hizo votos por retirarse del bloque.

El comprador más probable para la participación de Lukoil es Rosneft en una operación que le daría un dominio casi total del consorcio Junín 6 y aumentaría las operaciones del estatal ruso en Venezuela.

Junto con la china CNPC, Rosneft se ha convertido en el mayor participante extranjero en el país sudamericano tras adquirir los intereses de TNK-BP.

Casi desde el comienzo, los ejecutivos de las empresas extranjeras se quejaron de que el trabajo en la Faja había sido limitado por la falta de infraestructura, la incertidumbre por los impuestos, los retrasos en los pagos de Pdvsa y por lo que dijeron era un comportamiento autocrático.

Ejecutivos extranjeros dijeron que, a menos que PDVSA suavice sus términos y escuche más a sus socios, otras empresas podrían marcharse.

“No hay gobernabilidad (…) Pdvsa quiere que las empresas mixtas funcionen como apéndices de ella”, dijo el presidente de una petrolera extranjera que trabaja en nuevos proyectos en la Faja.

Esos problemas estuvieron entre las razones principales para la salida de Petronas el mes pasado de Petrocarabobo, un proyecto emblemático en la Faja que tiene inversiones planeadas por alrededor de 20.000 millones de dólares en un período de 25 años.

El ejecutivo extranjero dijo que los jefes de Petronas visitaron Venezuela pero se fueron decepcionados y argumentaron que Pdvsa se negó reiteradamente a permitir que los socios extranjeros participaran en la toma de decisiones.

El consorcio también posee inversiones de Repsol, la firma india ONGC y dos compañías indias menores.

Dos fuentes importantes involucradas en los acuerdos dijeron que los ingresos por las exportaciones de la producción inicial en proyectos claves como Petromiranda, con los rusos, y los bloques Junín donde operan ENI y Petrovietnam, fueron a PDVSA en vez de a las empresas conjuntas, lo que causó problemas de flujo de caja desde el inicio para las compañías más pequeñas.

Las dificultades financieras sólo empeorarán en las etapas posteriores de los proyectos, como la construcción de mejoradores que transforman el crudo extra pesado de la Faja del Orinoco en un producto apto para exportación.

Las cantidades involucradas ahora son relativamente pequeñas -unos 25.000 bpd-, pero esto es visto como una señal de que Pdvsa podría volver a utilizar los fondos en lugar de entregarlos a las empresas conjuntas, algo negado por Pdvsa.

Ejecutivos extranjeros dijeron que recientemente Ramírez suavizó su postura hacia las compañías privadas que trabajan en la Faja.

“Pero no es suficiente. Las parcelas de poder en Pdvsa entorpecen todo, hay mucho caciquismo y cambios repentinos de opinión”, dijo el presidente de una compañía petrolera extranjera, agregando que no estaba muy ansioso por entregar fondos al proyecto.

“No es que no vamos (a seguir con su proyecto), pero vamos paso a paso, no estamos empujando la carreta”, agregó.