El Gobierno de Nicolás Maduro busca ayuda de Argentina, Ecuador y Perú para evitar que turistas venezolanos obtengan en esos países divisas en efectivo para luego revenderlas en el mercado paralelo local.

“No es secreto para nadie que en Argentina, Perú y Ecuador hay empresas que se dedican a esta irregularidad y ya se ha hablado con la Cancillería” venezolana para que busque con sus similares “alguna forma” de frenar el asunto, dijo a periodistas José Khan, presidente de la gubernamental Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).

En Venezuela rige desde el 2003 un estricto control estatal de cambio que impide la libre compraventa de divisas, administradas de manera exclusiva por el Estado, principalmente por Cadivi que las vende de manera condicionada, en montos limitados y tras engorrosos trámites.

En el caso de la moneda estadounidense, Cadivi la vende a 6,30 bolívares por dólar, tasa que más que se sextuplica en el ilegal mercado paralelo o “negro”.

En el caso de turistas que viajan a países andinos, Cadivi les vende a la tasa oficial 500 dólares en efectivo y permite que gasten con tarjetas de crédito el equivalente a otros 2.500 dólares, monto que se eleva a 3.000 euros para gastos en destinos europeos y se reducen a 700 dólares en viajes a países vecinos. Cadivi también vende a la tasa oficial de cambio hasta 400 dólares en efectivo para viajes de menores de edad.

El objetivo gubernamental es que las divisas que vende Cadivi no regresen al país para ser vendidas en el ilegal “mercado negro”. Ello, debido a que la especulación encarece los precios de venta de cualquier producto de la oferta nacional al no considerar la tasa oficial de cambio sino la ilegal.

Khan también reveló que este fin de semana fueron detenidas 32 personas en el aeropuerto que sirve a Caracas por gestionar divisas en Cadivi y que se presume pretendían revenderlas luego en el “mercado negro”.

“Quisieron montarse en los aviones con permisología (permisos) por 500 dólares para menores, pero viajaban solas; otras pidieron euros para ir a España, destino para el cual Cadivi da 3.000 euros, pero iban a Panamá, para donde se da 700 dólares”, manifestó Khan.

Los operativos de Cadivi en ese y otros aeropuertos se cumplen desde el jueves y de manera conjunta con fiscales del Ministerio Público y soldados de la Guardia Nacional, policía militarizada.

La Fiscalía informó ayer que 21 pasajeros fueron imputados en el mismo aeropuerto de Caracas por los mismos delitos e infracciones tipificadas en normas que regulan el control estatal de divisas.

En “un sondeo aleatorio” a más de 1.500 viajeros, la Fiscalía dijo en una nota que entre el jueves y viernes pasados abordó en ese aeropuerto a más de 1.500 viajeros y detectó en 21 de ellos “irregularidades en el uso de los cupos en moneda extranjera otorgadas por Cadivi” que hacen presumir “un desfalco al Estado”.

Cadivi también constató, prosiguió la nota, que los boletos se adquieren en Venezuela a una tarifa “mucho mayor” que las ofrecidas por una misma ruta y por una misma aerolínea en otros países.

El director ejecutivo de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela, Humberto Figuera, señaló al respecto que “es común que viajeros provenientes de Suramérica hagan escala en Venezuela y compren en el país boletos para otros lugares del mundo”. “Llegan, cambian dólares por bolívares (en el “mercado negro”) y adquieren los pasajes en la moneda nacional, y así les sale más económico”, reveló.

Fuente: Portafolio.co

El Gobierno de Nicolás Maduro parece empeñado en la insólita tarea de empujar a Venezuela por el despeñadero. Que una potencia petrolera esté sumida, a pesar de los altos precios internacionales del crudo y de unos ingresos anuales de 90.000 millones de dólares, en la catástrofe económica debería llevar a los responsables a un replanteamiento drástico y realista de sus políticas. Lejos de ello, Maduro y sus colaboradores han optado por perseverar en la senda de los despropósitos.

La inflación anual del 40% —la más alta de América Latina—, el prolongado desabastecimiento de productos básicos, la escasez de divisas, el mercado negro y el declive de los servicios públicos no son fruto de conspiraciones ni sabotajes contra el Socialismo del Siglo XXI —cínica cantinela a la que, según las encuestas, solo da crédito el 4% de los venezolanos—. Son la consecuencia inevitable de 14 años de intervencionismo, ineficacia e hiperregulación; del drástico control de cambios y precios y de la asfixia de la iniciativa privada. Y algo sospechaba Maduro cuando nombró en abril como vicepresidente del área económica al “pragmático” Nelson Merentes, partidario de algunos ajustes. Ahora, sin embargo, acaba de sacrificarlo para contentar al sector marxista ortodoxo, reforzando la sensación de que navega sin rumbo.

Además, ha pedido a la Asamblea Nacional poderes extraordinarios para gobernar por decreto (la llamada Ley Habilitante). No se entiende bien que Maduro necesite esta prerrogativa “para transformar la economía” y “combatir la corrupción” cuando controla los Poderes Legislativo y Judicial. A no ser que tenga otros propósitos. En este sentido, la petición de poderes especiales coincide con la salida de Venezuela de la Convención Americana de Derechos Humanos o la creación del esperpéntico Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, para “neutralizar” a los enemigos internos —en lenguaje chavista, opositores y periodistas independientes—.

Estas iniciativas bosquejan un panorama alarmante, que apunta hacia una mayor represión y control social. Estamos a dos meses de las elecciones municipales del 14 de diciembre, que son para Maduro un referéndum tras su ajustadísima y cuestionada victoria del pasado abril. Hay motivos para sospechar que el presidente se ha embarcado en una huida hacia delante para mantenerse en el poder como sea, aún a costa de convertir a su país en una mala copia de la fracasada dictadura cubana.

Fuente: El País (España)

¿Cuándo el régimen que encabeza Maduro junto a sus sultanes dejará de darle la espalda a la realidad, a la evidencia? Sus reacciones ante las múltiples facetas de la profunda crisis del país solo producen consternación. ¿Cuándo asumirán su responsabilidad en éste barranco republicano, el cual comenzó hace catorce años? ¿Hasta dónde piensan extender esa estrategia de culpabilizar de todo a una derecha políticamente inexistente?

El descontento, la inconformidad, la desesperación que no ha dejado de aumentar en el país, paradójicamente no encuentra adhesión dentro de un marco político claro. En ese estado de cosas, es menos lo que los demócratas han ganado, que lo que el régimen chavista ha perdido.

No ocurrió en las regionales, no ocurre en el ámbito legislativo y las expectativas para las municipales no son las mejores. Conclusión, la ganancia política opositora es insignificante, comparada con la caída libre del chavismo.

Las ambigüedades en la semántica política opositora tienen su grado de culpa. Frente a ello, Maduro, se muestra satisfecho de sí mismo y persevera con su lenguaje de confrontación y avasallamiento de los medios, del depreciado sector productivo privado, entre otras amenazas a otros ámbitos de la vida republicana. Una política histérica, que a ratos se contradice, se desmiente, un día penaliza a un sector o categoría socio-económica, otro día insulta y amenaza a su principal socio comercial.

En estos tiempos de duda, la palabra presidencial es un manantial del que brotan complejos, frustraciones e influencias foráneas de las peores que la región puede aportar. El régimen de Maduro no moviliza. Es teórico y abstracto. Cuando Maduro hace un esfuerzo para hablar en concreto, como el tema cambiario. Es aún más difícil comprenderlo.

La separación entre el poder y la opinión ha tomado en menos de seis meses proporciones dramáticas. Mientras la vocería opositora, solo aporta una repuesta moral. Limitándose a invocar valores que no necesariamente seducen a los demócratas. Hay expresiones contraproducentes, sobre lo que es irrelevante. Cuando uno está desempleado, endeudado, cuando tu seguridad personal está amenazada, poco importan las expresiones tipo: pote de humo, trapo rojo y enchufados.

La estrategia opositora se ha vuelto arcaica y dogmática. A los electores se les pide paciencia, y se les propone votar en nombre de los valores republicanos. Pero como comprender dicha consigna cuando la propia dirigencia opositora estigmatiza, con sobradas razones, al CNE.

La oposición democrática tiene entre sus filas dirigentes más modernos e inteligentes que los que llevan años ocupando los primeros rangos.

Venezuela padece múltiples y terribles malentendidos, que la izquierda caviar caraqueña enmarca dentro de lo que ellos llaman polarización. No solo los representantes del pueblo no corresponden a la realidad del país, no solo los miembros de la junta que nos gobierna es minoritaria ante la opinión, el bolichavismo está minado por corrientes contradictorias que lo debilitan. Es evidente, que la crisis que atravesamos no es solo de valores, sino principalmente política. Hace falta, es urgente, que la oposición sea política, hable política, haga política.

Aqui Lo Mejor de la Semana:

1. Dear Mr. Watterson

2.The Monuments Men

3. I, Frankenstein

4. Charlie Countryman

5. Solo

6. The Armstrong Lie

7. Jack Ryan: Shadow Recruit

8. Best Man Down

9. Out Of The Furnace

10. God Loves Uganda

11. Kill Your Darlings

12. Grudge Match

13. Ghost Team One

14. Hercules: The Legend Begins

15. I Will Follow You Into The Dark

@LiveFromMind

No todos los motorizados del país son anárquicos o participan en delito. Seguramente la gran mayoría utiliza su vehículo de dos ruedas como herramienta de trabajo o para evadir el infernal tráfico urbano. Sin embargo, es indudable que la proliferación indiscriminada de motocicletas se ha convertido en un factor clave en el incremento de la inseguridad y el caos en Venezuela.

El 4 de octubre de 2011 fue publicado en Gaceta Oficial el Reglamento Sobre el Uso y Circulación de Motocicletas en la Red Vial Nacional y el Transporte Público de Personas en la Modalidad Individual Moto Taxis, el cual no ha sido aplicado por falta de voluntad política del Gobierno nacional. Pareciera que desde el poder no existe interés alguno en ponerle coto al accionar ilegal de muchos motorizados en el país.

El reglamento antes mencionado obliga a los motorizados a cumplir, entre otras normas, con las siguientes: no transitar por las aceras  o en contra vía; no exceder los límites de velocidad; no conducir utilizando equipos electrónicos o de comunicación móvil o celular; no circular cambiando continuamente de canal; no estacionarse en sitios prohibidos y tampoco transportar simultáneamente a más de dos personas (incluyendo al conductor), niños menores de diez años o mujeres embarazadas. Todos los motorizados deben igualmente portar siempre un chaleco reflectivo, identificado con el código alfanumérico que a tal efecto determine el INTT, el cual debe ser idéntico al del carné único de motociclistas. En la actualidad nada de esto se cumple y los infractores se burlan de las autoridades.

La mayoría de los robos y sicariatos en Venezuela se cometen con la participación de motorizados. Asimismo, hace pocos días causó gran impresión en la sociedad el saqueo que realizó un grupo de motociclistas a un camión que se había accidentado en la autopista Francisco Fajardo, mientras el chófer del mismo agonizaba. También son frecuentes los entierros en los cuales participa un gran número de motorizados que, aprovechando el caos que generan, ejecutan fechorías contra la ciudadanía.

Estudios recientes calculan que hoy en Venezuela circulan cerca de un millón y medio de motocicletas. Este número se mantiene en constante ascenso. La importación masiva y el relativo bajo costo de la mayoría de estos vehículos, ha influido en esta situación. Hoy en cada ciudad o pueblo del territorio nacional, la proliferación de motos es una realidad.

Pareciera que el oficialismo permite el caos y el desastre que generan muchos motorizados, porque algunos de ellos son utilizados como grupos de choque en los distintos eventos electorales o como elementos disuasivos en las protestas estudiantiles, laborales o comunitarias. Esta complicidad facilitaría la impunidad.

Otra parte del problema está representado por el gran número de accidentes que a diario sufren los motorizados. En estos percances muchos pierden la vida o quedan gravemente heridos. Las emergencias de los hospitales frecuentemente se encuentran abarrotadas por esta situación. Se trata de un verdadero problema de salud pública.

Es imprescindible que el accionar de los motorizados sea efectivamente regulado. De lo contrario, el caos, la anarquía y la inseguridad seguirán aumentando en Venezuela.

Comunicado de La SVM Oct 2013

Las cifras de inflación de septiembre de 2013 evidencian que la inflación sigue deteriorando el poder adquisitivo de los venezolanos. Al cierre de septiembre la tasa de inflación anualizada alcanzó a 49, 4%, el mayor incremento de precios desde 1997. Esta aceleración de la inflación ha ocurrido no obstante los controles de precios y de cambio que se han venido aplicando desde febrero de 2003. Todo esto refleja un estrepitoso fracaso de la política económica del gobierno de Maduro.

Uno de los aspectos que más preocupa de esta escalada inflacionaria es el alza de los precios de los alimentos los cuales sufrieron un aumento de 70,0% en términos anuales. En particular, se destaca el significativo aumento de los precios de los bienes agrícolas los cuales subieron 83,2% anualizado durante septiembre. Debido a que los estratos más pobres de la población dedican más de 40,0% a la adquisición de alimentos, es claro que la inflación a quien más golpea es a los pobres. Así, los pobres de Venezuela son las víctimas directas de la inflación que genera las políticas del gobierno. En tanto que el estrato más pobre de la población acusó una inflación de 50,2% para el estrato de mayores ingresos la inflación fue 43,7%.

Al comparar la meta de inflación que se fijo el gobierno para 2013 (entre 14% y 16%) es claro, a la luz del comportamiento de los precios, que la misma será rebasada por el impulso que ha adquirido la inflación, tal como se aprecia en el gráfico. Ello refleja la poca credibilidad en los anuncios que hace el gobierno.

El aumento de los precios a lo largo de 2013 tiene su explicación en la devaluación del bolívar de 46,0% decretada por el gobierno el 8 de febrero, la depreciación sostenida del bolívar en el mercado negro de divisas y en la permanente expansión de la cantidad de dinero que ha propiciado el BCV para financiar el déficit fiscal. Con una creación de dinero inorgánico por parte del BCV equivalente a 60,0% durante 2013 no se podía esperar otra cosa que un alza de precios de 50,0%, tal como reflejan las cifras del BCV.

Similarmente, la escasez aumentó en septiembre al situarse en 21,2%, superior al 13,7% del mes de septiembre del año 2012. Ello refleja que de cada cien artículos que conforman la muestra del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), veintiuno estaban ausentes al momento de la medición. Ello claramente evidencia las declinaciones de la producción nacional,  especialmente la de alimentos.

La MUD ha insistido en que Venezuela exige un cambio en la política económica. Para ello la MUD ha definido con toda claridad una propuesta para el país que se basa en un nuevo modelo de desarrollo para Venezuela que se basa en incentivos a la producción nacional, la unificación gradual de los tipos de cambio, impulso del programa hecho en Venezuela para fortalecer la capacidad agroindustrial y políticas para bajar la inflación y aumentar los salarios reales de los venezolanos.