Son 60 años de Retroceso con la Denuncia de Venezuela de la Convención Americana de Derechos Humanos

La larga historia de los derechos humanos en los escenarios nacionales e internacionales ha revelado la nueva conciencia adquirida de individuos y comunidades sobre su valor y dignidad.

Como afirma el maestro de la escuela praxeológica napolitana, Gino Capozzi, los derechos humanos son la medida de la emancipación de individuos y pueblos, en la memoria de la civilización, los cuales surgen como poderes inalienables de la persona y de los pueblos.

Desde el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, y conscientes de la suprema misión universitaria de búsqueda de la verdad y de la promoción de los valores humanos y superiores de nuestro ordenamiento jurídico, frente a la grave problemática social, política y económica que vive el país, queremos formular algunas consideraciones jurídicas a propósito de la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante CADH).

Es razonable preguntarnos acerca de los motivos que llevaron a la denuncia de la CADH por parte del Ejecutivo Nacional el 6 de septiembre de 2012 mediante nota diplomática No. 00025, y materializada el 10 de septiembre de 2012 y sus graves consecuencias para la tutela de los derechos de las personas, bajo la jurisdicción del Estado Venezolano.

Fueron básicamente argumentos de naturaleza política, entre ellos, la preservación de la soberanía nacional, la ineficacia y perversión de los órganos del Sistema interamericano de derechos y la parcialización y politización de casos contra el Estado venezolano.

“Los principios vinculados a los derechos humanos deben ser preservados al margen de estas instituciones viciadas que, con su práctica han deslegitimado y desnaturalizado su rol como garante de los compromisos contraídos por los Estados en el Pacto de San José”.

Si pensamos las motivaciones que llevaron a los países latinoamericanos, incluida Venezuela (mediante Ley Aprobatoria de la CADH, según Gaceta Oficial No. 31.256 de fecha 14-6-77), a dotarse de un sistema de tutela interamericano debemos indicar entre otras la necesidad de fortalecer los sistemas democráticos y proteger los intereses de los mismos en la comunidad internacional, para adecuarnos a los desarrollos de los derechos humanos en el plano internacional, a fin de brindarles a las víctimas una tutela complementaria frente a la ineficacia de la tutela nacional.

Por otra parte, ya se había reconocido el derecho internacional de los derechos humanos como principio guía del derecho interamericano, por la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos, por lo cual Venezuela no quería quedar al margen de estos desarrollos ni del resto de los Estados latinoamericanos.

Ahora bien, el acto de la denuncia del Tratado Internacional en análisis, como acto del Ejecutivo Nacional, de conformidad con nuestra Carta Magna, cercena flagrantemente los principios constitucionales de preeminencia de los derechos humanos (art. 2), de jerarquía y supremacía constitucional (art. 7), de progresividad de los derechos humanos (art. 19), del rango constitucional de los tratados internacionales de los derechos humanos (art. 23 CN), del derecho de petición o Amparo Internacional (art. 31).

Por otra parte, se deja en estado de indefensión a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos (art. 23), incluidos venezolanos y extranjeros que se encuentren en la jurisdicción del Estado venezolano, al no poder recurrirse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no obstante sigamos bajo la tutela de la Comisión Interamericana, por ser ésta órgano principal de la OEA y estar bajo el mandato de la carta constitutiva de la misma. En este sentido, dicho instrumento impone obligaciones al Estado venezolano así como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948.

En el plano internacional, esta denuncia constituye aislar a Venezuela del sistema de tutela interamericano, por cuanto es contraria a la tendencia internacional de la Universalización del sistema que, por ejemplo, se clamó recientemente en Bolivia, es decir, de una mayor ratificación de los Estados de instrumentos convencionales de derechos para una mayor protección de las personas. Sólo Trinidad y Tobago en 1999 denunció la Convención Americana para introducir la pena de muerte en dicho país.

En el orden interno, la denuncia constituye una mutilación constitucional de nuestro Texto Fundamental, siendo una forma sistemática de golpe a nuestra frágil democracia, a nuestra tradición republicana y a los valores y principios constitucionales, siendo a todas luces dicho acto gubernamental írrito y violatorio de la normativa internacional de los derechos humanos cuyo principio informante es el Pro-homine.

Por lo antes expuesto y por cuanto nuestros derechos humanos son universales, irrenunciables, inalienables e indivisibles, no podemos renunciar a los derechos previstos en la Convención y por lo tanto, todos como sociedad civil tenemos el deber de dirigir nuestra voz unísona y exigir inmediatamente al Estado Venezolano la reconsideración de dicha denuncia.

Asimismo, está pendiente la decisión del recurso de nulidad por inconstitucionalidad de dicho acto por ante la Sala Constitucional de nuestro Tribunal Supremo.

Fuente: www.talcualdigital.com

Investigadores del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM buscan anticipar o detectar esa afección desde su inicio

 Fuente: www.eluniversal.com.mx

En ciertos medios impresos y digitales venezolanos hemos leído distintos enfoques relativos a una presunta guerra económica que se está suscitando en nuestro país, y sostienen que una “Guerra económica es un conjunto de acciones encubiertas o disimuladas destinadas a afectar de manera desfavorable el desempeño de la economía nacional, bajo la apariencia de ser consecuencia de la exclusiva gestión deficiente del respectivo Gobierno Nacional”. Desde otro ángulo sostienen que Salvador Allende (presidente 1970-1973) “fue víctima de las más salvajes estrategias de desestabilización política y económica”; afirmación, entre otras, que nos impulsó a revisar históricamente la situación económica que experimentaba Chile hace 43 años.

Resulta pertinente citar que Allende ganó las elecciones de 1970 en el marco de un país dividido políticamente en tres partes con un 36,2% de los votos (inferior al 38,9% que obtuvo en 1964); y desde el inicio de su mandato instrumentó un modelo económico denominado Sistema Social que propició elevación del bienestar durante 1971 y principios de 1972, cuando se inicia una reversa que ya en 1973 mostraba una pérdida del control del país por parte del Presidente, hasta su trágico deceso el 11 de septiembre de ese 1973.

Según la Unidad Popular  la economía chilena presentaba en 1970 cuatro características fundamentales: monopólica, externamente dependiente, oligárquica y capitalista; sosteniendo que para superar estas condiciones económicas era necesario cambiar la estructura de propiedad, razón por la cual todas las medidas económicas del Gobierno estaban destinadas atraspasar la propiedad privada al sector estatal. La transición al socialismo, sostenían, requería de profundos cambios estructurales para superar el capitalismo tal como la estatización de los medios de producción; a la luz de ello el Gobierno aplicó un conjunto de políticas macroeconómicas de corte populista con el propósito de conseguir una rápida reactivación con una acelerada redistribución, que se tradujo en una fuerte expansión de la demanda con implícitos desequilibrios crecientes tal como un agotamiento de los inventarios, mayor dependencia con relación al sector externo de la economía, escasez de divisas, fuga de capitales, desmonetización de la economía y un manifiesto proceso inflacionario; estas políticas altamente expansivas eran realmente un mecanismo para obtener una fuerte base de apoyo político que facilitara adelantar cambios más radicales en la economía y en la sociedad chilena.

La política sobrexpansiva redistributiva y sus consecuentes desequilibrios, recibieron fuertes críticas (inclusive de economistas y sectores gubernamentales) que el Gobierno recibió comomeras observaciones técnicas, y por ende nada hizo, ni ajuste ni modificaciones en la política económica  privilegiando la ideología, dándole más importancia al mantenimiento de la imagen progresista y revolucionaria que a la reducción de los desequilibrios. Como era predecible se generó un déficit fiscal de 60% en 1972 y de 72% en 1973, que se financió mediante emisiones monetarias del Banco Central (dinero inorgánico) que tuvo como obvia consecuencia un fuerte incremento de la cantidad de dinero en circulación de 173% en 1972 y de 413% en 1973 hasta aumentar 30 veces en tres años; se redujo en un 23% el poder adquisitivo y hubo de transcurrir más de ocho años para que las remuneraciones reales recuperaran el nivel que tenían en 1970; la caída de la producción interna fue la causa principal de la escasez interna de bienes, que a su vez impulsó un incremento de las importaciones totales entre 1970 y 1973, mientras que las importaciones de alimentos crecieron 3,8 veces en el mismo lapso; lasreservas internacionales netas se redujeron un 62% en 1972 con respecto al nivel de 1971, hasta perder el 84% de dichas reservas en tan sólo dos años, al extremo que en 1973 el nivel de las  reservas internacionales netas disponibles a corto plazo equivalían a 22 días de importaciones.

América Latina ha vivido numerosas experiencias populistas y sistemáticamente todas hanterminado en un absoluto y rotundo fracaso, que en el caso chileno pasó por la intención de sustituir un sistema capitalista por un modelo socialista, impulsados por un elemental diagnóstico que les “indicaba” que los ricos eran los responsables de la existencia de los pobres, y la solución requería expropiar a los ricos para transferir recursos a los pobres. Tanto el análisis como la solución fueron erróneos y fracasaron totalmente.

JESÚS ALEXIS GONZÁLEZ
@jagp611

Fuente: cedice.org.ve

La ley de gestión comunitaria y el Proyecto de Ley de Presupuesto consolidan un subsistema de comunas y desmantelan la institucionalidad de Estado

El programa de gobierno 2013-2019 del actual Presidente y el Proyecto de Ley del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2013, conjuntamente con las Leyes del Poder Popular aprobadas en 2010 y la Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y Otras Atribuciones, son instrumentos que permiten llevar a la práctica la construcción del Estado comunal y del modelo económico socialista. Este proyecto político, que fue rechazado en el referendo constitucional de 2007, se está abriendo paso en la realidad política de la sociedad venezolana a través de una serie de leyes que contradicen y dejan de lado los principios constitucionales. Trata de coexistir con instituciones propias del Estado democrático y social de derecho y de justicia, que nada tienen que ver con las nuevas formas de organización del poder popular, al tiempo que desmonta esa misma institucionalidad restándole espacios y competencias.

El reto para un sector importante de la sociedad venezolana que no comparte esta visión de país es convivir con esta nueva distribución territorial del poder y participar en estos espacios para que sus intereses sean tomados en cuenta, haciendo sentir su presencia durante el período de gobierno 2013-2019 en el cual se radicalizará y profundizará el proyecto socialista.

Obligados a participar

El programa de gobierno 2013-2019 plantea como uno de los cinco grandes objetivos históricos para el próximo período presidencial “continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI”, para lo cual se hace fundamental profundizar la consolidación del poder popular a través del “autogobierno en poblaciones y territorios específicos conformados como comunas, entre otras políticas”. Así, se habla de radicalizar la democracia participativa y protagónica, de pulverizar completamente al Estado burgués y de lograr la irrupción definitiva del nuevo Estado social de derecho y de justicia.

Para justificar legalmente la nueva institucionalidad del poder popular el Gobierno se vale de una burda interpretación de la Constitución de 1999, específicamente de los artículos 70 y 184 en los cuales se establecen los mecanismos de participación ciudadana, así como la descentralización y transferencia de servicios desde los estados y municipios a las comunidades y grupos vecinales organizados. De esta forma la Constitución busca promover la participación en los asuntos públicos, a través de estas formas de organización y dando lugar a la creación de nuevos sujetos de descentralización en las comunidades.

Sin embargo, las leyes del poder popular dejan de lado estas formas de organización para incorporar en el nuevo esquema de distribución del poder únicamente a las de base del poder popular[1]. De hecho, la propuesta de gobierno 2013-2019 solo habla de comunas, consejos comunales y distritos motores, sin mencionar asociaciones de vecinos, organizaciones no gubernamentales o las simples comunidades.

La diferencia entre las formas de organización del poder popular y las que establece la Constitución es sustancial. La Ley Orgánica del Poder Popular define a la comuna como la célula fundamental del Estado comunal, y se establece como fin de las organizaciones del poder popular la construcción de la sociedad socialista[2], con lo cual están atadas a un proyecto político de izquierda. No son formas de organización que surjan espontáneamente de la sociedad, sino que vienen determinadas por un mandato legal. Por su parte, la Constitución busca promover formas de organización que sí nacen de la acción espontánea de las comunidades, y que no responden a los intereses de una parcialidad política.

Además, leyes como la de gestión comunitaria de competencias tutelan y coaptan la participación ciudadana por tres razones: definen de forma taxativa y excluyente los medios de participación (formas de organización del poder popular); delimitan las atribuciones que puede asumir la comunidad de acuerdo con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación que dicta el Ejecutivo y establecen con qué fines se organizará la sociedad, a saber: profundizar y consolidar el poder popular para la construcción del Estado comunal o la sociedad socialista.

Estas formas de organización responden al principio de la democracia protagónica revolucionaria, consagrado en el primer plan socialista, que implica la entrega a la comunidad de “todo el poder originario del individuo, lo que produce una voluntad general, en el sentido de un poder de todos al servicio de todos, es decir, sustentado moral y colectivamente, lo que obliga a que la conducta de los asociados, aunque tenga intereses particulares, (voluntades particulares) para poder ser moral debe estar guiada por la justicia”. Sin embargo, es bien sabido que esa voluntad general termina sometiendo los intereses y las voluntades de las minorías a los de la mayoría.

Esto demuestra que no existe ya un Estado que represente los intereses de todos los sectores de la sociedad venezolana, sin distingo de su posición política. Estamos en presencia de un Gobierno que busca coaptar a todos los sectores de la sociedad, obligándolos a participar en estas formas de organización para legitimarlas. Esto ocurre porque mecanismos de participación ciudadana como las comunas y los consejos comunales no siempre son representativos de los intereses de toda la comunidad, ya que no todo el mundo está interesado en participar. Sus decisiones no serán representativas de lo que es mejor para todos, sino de lo que decida la mayoría. Consecuentemente, si queremos que nuestros intereses sean tomados en cuenta estamos obligados a participar.

Nueva distribución territorial del poder

Otro objetivo del programa de gobierno 2013-2019 a considerar, como parte del fortalecimiento del poder popular, es la transferencia de competencias en torno a la gestión y administración de lo público desde las instancias institucionales, regionales y locales hacia las instancias del poder popular. Este objetivo no se limita al ámbito local, sino que tiene una proyección nacional que aspira a consolidar un subsistema de comunas, distritos motores de desarrollo y ejes de desarrollo territorial. Para ello la ley de gestión comunitaria y el Proyecto de Ley de Presupuesto son dos herramientas fundamentales.

En la ley de gestión comunitaria no solo se consagra la transferencia de servicios desde el poder público (estadal y municipal), sino que también contempla la posibilidad de transferir competencias desde el poder público nacional el cual se encarga, entre otras cosas, de la seguridad y defensa del territorio, la política exterior, la regulación del sistema económico y financiero, la legislación y las políticas públicas. Así, va más allá de la Constitución, la cual solo permite la transferencia desde los estados y municipios hacia los sujetos de descentralización, y no desde el poder público nacional. Este tipo de mandatos legales se pueden convertir en un instrumento para desmantelar la institucionalidad del Estado.

Por otro lado, la ley de gestión comunitaria se vale del Consejo Federal de Gobierno como institución mediadora de ese proceso de transferencia, cuando en realidad la Constitución lo designa en su artículo 185 como el órgano “encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional a los Estados y Municipios”, no a las comunidades ni a ninguna otra forma de organización. Para salvar este obstáculo, la Ley Orgánica del Consejo Federal pretende consagrar la transferencia de competencias “a las organizaciones detentadoras de la soberanía originaria del Estado” bajo una inadecuada interpretación de los principios constitucionales.

El programa de Gobierno 2013-2019 también plantea como parte de sus objetivos la “conformación de 3.000 comunas socialistas, considerando un crecimiento anual aproximado de 450 comunas. Estas comunas agruparan 39 mil consejos comunales donde harán vida 4 millones 680 mil familias, lo que representa 21 millones 60 mil ciudadanos. Es decir, alrededor del 68% de los venezolanos del año 2019 ―más de 30 millones  550 mil― vivirá en subsistemas de agregación de comunas”. Para llevar a cabo este objetivo, el presupuesto para el año fiscal 2013 se convierte en una herramienta muy útil, pues allí se contemplan transferencias y donaciones a los consejos comunales por un monto superior a los 105 millones de bolívares, entre otras erogaciones y fuentes de financiamiento. Además, el presupuesto del Ministerio de Comunas contempla 71,5 millones de bolívares al proyecto denominado Escuela para el Fortalecimiento del Poder Popular, que tiene como objetivo la formación de voceros y líderes comunitarios del poder popular en las áreas de ética, política, ideología, cultura y técnica para la construcción del Estado socialista.

El reto para ese sector de la sociedad venezolana que no se identifica con este proyecto político no es fácil: los objetivos han sido operacionalizados con recursos y metas claras en tiempo y en espacio, lo que hace más tangible está realidad. Más aún cuando este tipo de prácticas profundizan la relación directa entre el líder y la masa que lo apoya, agudizando a su vez el personalismo y las relaciones clientelares. Ahora más que nunca debe cobrar vigencia y sentido la concepción de la democracia como un gobierno de las mayorías con respeto hacia las minorías. Una vez más la opción es participar.

*Licenciada en Ciencias Políticas y Administrativas.

Notas:

[1] Así lo establece el artículo 6 de la ley de gestión comunitaria: “son sujetos de transferencia todas las formas de organización de base del Poder Popular, en especial: las comunas, los consejos comunales, las organizaciones socioproductivas bajo régimen de propiedad social y las nuevas formas de organización popular reconocidas por el ordenamiento jurídico vigente”. El mismo principio se encuentra a lo largo de toda la ley.

2 Vale la pena destacar que esta misma propuesta fue rechazada en el referendo constitucional de 2007, cuando se pretendían reformar los artículos 16 y 70 de la Constitución ―entre otros― para incluir estas estructuras.

fuente: http://sicsemanal.wordpress.com/

La buena, muy buena noticia, es que en -estos tiempos terribles de deterioro de la cultura del trabajo, de fractura moral y de auge de los antivalores de la corrupción y el facilismo- en los barrios más pobres de nuestro país unos 95 mil niños y jóvenes se capacitan en 173 escuelas técnicas populares, donde imparten clases más de 1300 docentes agrupados en la Asociación de Promoción de la Educación Popular, APEP.

La mala, muy mala noticia, es que en breve plazo esos 1300 docentes podrían quedar sin trabajo, esas 173 talleres-escuelas podrían cerrar y (lo más trágico de todo) esos 95 mil niños y jóvenes de nuestros barrios podrían quedar sin educación, todo ello debido a que el Gobierno Nacional les adeuda desde el año 2009 unos miserables 190 millones de bolívares, que la APEP requiere con urgencia para cancelar los pasivos laborales de trabajadores, los compromisos con el IVSS y el FAOV, además de las liquidaciones pendientes que datan desde hace tres años.
 

Y lo que convierte toda esta información es una burla sangrienta al pueblo es que, mientras frente a la sede del Ministerio de Educación protestaban el pasado jueves 17 los docentes y trabajadores de estas escuelas técnicas populares, por otro lado la Ministra del Deporte admitía que el Estado había dado millones de dólares a unos supuestos atletas, pilotos de autos y motocicletas, que para solicitar tales divisas falsificaban informes, adulteraban records, hacían montajes de informaciones sobre supuestas hazañas deportivas que jamás existieron y llegaron hasta a presentar trofeos falsos, tan falsos como la firma de esa misma funcionaria en las aprobaciones de tales recursos.

Pese a lo grave de la denuncia, la Ministra Benítez se negó a precisar montos, y también se negó a decir los nombres de los implicados en tales actividades dolosas “porque los respetaba como atletas”, como insólitamente afirmó. Pero por lo menos informó que en apenas uno de los casos, la cantidad de dólares asignada con estos soportes fraudulentos a uno de estos “pilotos” que “tenían las conexiones necesarias” llegaba a la cantidad de 66 millones de dólares.

Rogamos al lector que relea los datos: A uno sólo de los “pilotos enchufados” le dieron 66 millones de dólares. Hagamos una operación matemática sencilla: Multipliquemos esos 66 millones de dólares por el cambio oficial del dólar CADIVI a Bs. 6,30.Obtendremos que sólo ese “boli-piloto” recibió del gobierno madurista 415 millones 800 mil bolívares. Dicho en otras palabras: Sólo uno de estos “atletas” de la corrupción habría recibido MAS DEL DOBLE de los que necesitan para seguir teniendo acceso a una educación de calidad 95 mil niños y jóvenes venezolanos que logran, gracias a las Escuelas Técnicas Populares de la APEP, escapar hoy a las garras de la violencia y el vicio en las calles recibiendo la formación que les permitirá mañana protegerse también de las fauces del desempleo.

Esto no es “casualidad”. ¡Esto se llama corrupción!: En efecto, cuando el Estado ha tenido muchísimo dinero producto de la más alta y larga bonanza de los precios internacionales del petróleo; Cuando ese dinero ha sido manejado de manera absolutamente discrecional y arbitraria por un funcionariado de muy diverso rango y nivel; Cuando los controles institucionales a los administradores de los recursos públicos son reducidos a su mínima expresión (como en el caso de la Contraloría General de La República, que ni Contralor designado legalmente tiene y que funciona con el mismo presupuesto de hace una década), y cuando los controles sociales (la denuncia pública, la protesta ciudadana, la prensa libre) son considerados “enemigo interno”, cuando ocurre todo eso, entonces la corrupción gana.

Porque hay que recalcarlo una y otra vez: La corrupción no es un asunto de “anécdotas”: Que si un contratista mafioso en Bolívar, que si un alcalde ladrón en Valencia, que si unos burócratas traviesos en el Fondo Chino… No. Esas son estampitas de la corrupción, barajitas de un álbum. El álbum completo es lo que nos interesa. La corrupción como sistema en que nos han metido durante estos 14 años en que han querido hacer aparecer como “normal” que la sociedad esté invadida por el Estado, que el Estado esté colonizado por el Gobierno, que el gobierno sea el botín de un partido y que ese partido sea manejado con despótica discrecionalidad, antes por un caudillo y ahora por una cúpula.

La corrupción sistémica es la que pretende que veamos como “algo normal” que un alto funcionario haga campaña electoral en cadena de radio y TV; o ver como “algo normal” que las marchas y mítines del partido de gobierno se realicen pasando lista con la nómina pública y movilizando a esos modernos “siervos de la gleba” en autobuses de las empresas del Estado; o ver como “algo normal” que la campaña de los candidatos a alcaldes del partido consista en actos de Estado como inauguración de obras o regalando electrodomésticos chinos en operativos oficiales. La corrupción sistémica es la que hace posible la corrupción anecdótica. Por eso, decir que se combate las anécdotas de la corrupción mientras se intenta reforzar al sistema corrupto es el segundo mayor acto de corrupción e hipocresía.

Para derrotar a esa burocracia corrupta que antepone sus ambiciones, complicidades y caprichos a las necesidades de la gente, el pueblo no necesita “habilitante”, sino lucha diaria y voto firme. Y de ambas cosas hay bastante.

¡Palante!

Fuente: http://radardelosbarrios-fuerzavenezuela.blogspot.com/

Un demoledor cansancio se siente a veces, cuando al ver la realidad nos topamos de frente contra los afanes, cada día más drásticos, de Maduro, empecinado en hacernos creer a todos que su mandato goza de una legitimidad de origen y de desempeño que le son completamente ajenas, y abocado a mantener, al precio que sea, un estado de las cosas y una situación general que ya hasta los suyos lo sienten, son absolutamente insostenibles.

Nos hemos dejado hacer mucho daño, todos, y nos seguimos dejando dañar, todos. Acá no vale hacer distinciones maniqueas. Podemos, si estamos en el bando oficialista, buscarle por ejemplo mil y una justificaciones a la absurda cacería de brujas que se ha desatado contra todos los viajeros en los puertos y aeropuertos de la nación, desde que a Maduro y a sus “genios” se les ocurrió la idea de revisarnos hasta los interiores cuando salimos del país; pero hasta el rojo más rojito debe aceptar, así sea para sus adentros, que se trata de una política abusiva, completamente ilegal (buscan castigarte por delitos cambiarios que al momento en el que estás saliendo del país ni siquiera se han empezado a cometer), violatoria de la más elemental dignidad personal, y lo que es más grave francamente inútil.

Si Maduro de verdad quisiera algo diferente a “hacerse sentir” como supuesto “hombre fuerte” de Venezuela, no atacaría a los eslabones más débiles de la cadena cambiaria, a los ciudadanos destinatarios de las divisas que primero Chávez y ahora él nos han obligado a mendigarle; se ocuparía por el contrario de los “peces gordos” que se encargan de decidir, cobrando a mansalva cuotas y comisiones, quién recibe o no las divisas. Es a esos a quienes debe investigar, es a esos a quienes que habría que revisarles hasta el alma, pues no pocas sorpresas, si es que en verdad “no sabe” que el control cambiario ha sido la fuente de corrupción más grande de la que nuestro país haya tenido noticia, le depararía el asomarse a los estilos de vida y a las riquezas que ahora ostentan muchos que antes no tenían ni para el café de la mañana.

Lo que pasa es que esos, los delincuentes de “cuello rojo”, sí son intocables. Son sus panas, su propia gente, los que tiene más cerca, los que sí se prestan, montados sobre sus propias conveniencias, a aplaudirle hasta sus continuos dislates verbales siempre que los verdes baratos fluyan hacia ellos sin contratiempos ni escollos, a ellos no se les molesta ni con los pétalos de una rosa. Si alguna vez la brecha entre la eficacia simbólica y la eficacia real de algún acto del poder público se ha puesto en evidencia es ahora: Con una mano, Maduro quiere hacer creer a propios y a ajenos que va “con todo” y con “mano dura” contra la delincuencia, contra una además “creada” a la medida de un régimen que no entiende que en el mundo moderno a quienes nos ganamos nuestro dinero con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, se nos debe permitir que con él hagamos lo que mejor nos parezca, sujetos sólo a nuestra conciencia y a la responsabilidad legal que pueda nacer, de su mal uso, ex post facto, que no antes de disponer de este; pero ese pescador, temeroso de los obesos tiburones que sí pueden arrancarle gruesos tajos de una sola mordida, con la otra mano los deja pasar y hacer sin incordiarles mientras lanza bravucón sus anzuelos contra las sardinas, contra los más vulnerables, porque sabe que los ciudadanos “de a pie” no pueden, por ahora, hacer más que mirarle con desprecio mientras les asesina los sueños y los enlata como “sospechosos” de crímenes que no son ellos quienes los cometen.

También anda obtuso Maduro con su bendita habilitante, al punto de que ya ni las formas guarda. Lo que quiere es demostrar que tiene la misma fuerza que Chávez tenía, haciendo incluso cosas que ni aquel, con todo y lo criticable de sus desempeños, se habría atrevido a hacer, A mí que no me vengan con cuentos los maduristas; un diputado, cualquiera, opositor u oficialista, que le otorgue a un presidente facultades para crear o modificar delitos y penas, no es sólo uno que, por ponerlo de manera relativamente elegante, está soltando sus heces con descaro sobre la Constitución bolivariana, sino además es uno que ni de humanista, de progresista, ni mucho menos de “socialista” tiene un solo pelo. La izquierda consciente y seria, haría bien en marcar distancia de tales abusos, pues no hay nada menos igualitario o colectivista que dejar todo el poder concentrado en manos de un solo hombre, mucho más cuando ese hombre ha arrastrado al país a la crisis institucional, de gobernabilidad y económica más grave de toda nuestra historia. Tan burdo es Maduro en sus afanes por la habilitante, que como sabe que no cuenta con la mayoría parlamentaria que necesita para que se la concedan, monta casos contra diputados opositores sólo para sacarlos coyunturalmente del juego, y para que sean otros, más “fáciles” de convencer, los que le rían la gracia.

Esto no es democracia, ni se trata de “astutos juegos políticos”, esto es un festín descarado en el que las hienas se ceban con los restos de lo que va quedando de la República, a la espera de que todo implosione y el “atajaperros” que viene, porque viene, las encuentre con suficientes aprestos para capear el temporal, así sea a palo seco. Es un simple “raspar la olla” mientras nuestros gobernantes se ocupan más de mantener sus cuotas de poder y sus comisiones, que del bienestar general. Mordisqueando huesos y vísceras ya putrefactas, sueltan las hienas sus risas hipócritas y sus insultos a nuestra inteligencia, empeñados en hacernos creer que “todo está bien”, cuando nuestra inflación se acerca peligrosamente a los tres dígitos, el “innombrable” vale siete veces más que el oficial, no hay reservas internacionales sino para unos pocos meses más de desmadres, y los pranes, los delincuentes y los “vivosbobos” de siempre hacen y deshacen a placer porque el gobierno, si es que así puede llamársele, se ocupa más de pegar con chicle las patas rotas de la silla, que de atender una realidad de la que definitivamente es el único y principal responsable.

Mientras tanto, hay que decirlo, aún sin escatimar la importancia de las venideras elecciones, pero sin darle la espalda a nuestra verdad diaria, algunos políticos de uno y otro bando callan o evitan tocar ciertos temas, medulares para el país, sólo porque a algunos se les antoja que poner el dedo en ciertas llagas puede restar voluntades y votos. Eso es una ofensa al electorado. Que los candidatos oficialistas cierren sus ojos a la realidad y nos describan en sus discursos un país que no existe, es de esperarse; su disociación es y será eventualmente su perdición, pero que lo hagan también los candidatos opositores, y hasta la MUD, es imperdonable. Al final, démonos cuenta, de nada valen las alcaldías o las gobernaciones, si el país ya está en la poceta esperando sólo que el descontento, con los unos y con los otros, baje la cadena.

@HimiobSantome

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