Fuente: monitoreociudadano.org

Desde el 5 de marzo hasta el 5 de septiembre, Nicolás Maduro salió 124 horas en 150 transmisiones de Cadena Nacional de Radio y Televisión. A la vez, desde el 3 de junio hasta el 9 de noviembre, ha salido en el canal del Estado VTV 248 horas en 162 transmisiones; 93 minutos cada día.

De acuerdo con los datos públicos del Cadenómetro (un proyecto de la organización no gubernamental Monitoreo Ciudadano), el uso de Maduro de la cadena nacional y VTV para promover su posición política ha side constante desde que asumió el poder como presidente.

Campaña mediática de Nicolás Maduro:

• 124 horas de Nicolás Maduro en Cadena Nacional (5 mar-10 nov)
• 150 transmisiones
• 29 minutos cada día (promedio)

• 248 horas de Nicolás Maduro en VTV, canal del Estado (3 jun-9 nov)
• 162 transmisiones
• 1 hora y 33 minutos cada día (promedio)

El uso político de los medios del Estado es un claro abuso de poder y de los recursos públicos. El uso político de los medios del Estado viola la Constitución de Venezuela, la Ley Contra la Corrupción y otras leyes venezolanas.

¡La audiencia venezolana se hace sentir!

De la mano con el ciudadano, proponemos la realización de ciber-acciones contundentes que produzcan cambios.

En campañas desarrolladas en Venezuela y en todo el mundo, el “bombardeo” sincronizado a través de menciones directas a los funcionarios o entes responsables en Twitter, SMS (mensajes de texto), correos electrónicos y cartas, ha tenido impactos positivos.

Las instrucciones

Aluvión de Tuits, SMS y Correos: Cada semana se envía un tuit, un correo y un sms diariamente. Aquí ya tienes varios tuits armados, la etiqueta incluida y el usuario a mencionar; la inversión de unos segundos para cortar y pegar, son tuyos.

Diariamente puedes elegir entre los siguientes mensajes o construir uno propio:

• Quisiera ver una cadena nacional de un modo no tendencioso #SIBCIdeTodos @drodriguezminci
• Quiero un canal que no sea la maquinaria política del Grupo Partidista que gobierne el país #SIBCIdeTodos @drodriguezminci
• Quiero dejar de ver división: ellos los malos, nosotros los buenos. No es el medio oeste #SIBCIdeTodos @drodriguezminci
• Quiero ver diversidad en los medios del Estado #SIBCIdeTodos @drodriguezminci
• La propaganda política debe desaparecer de los medios de todos los venezolanos #SIBCIdeTodos @drodriguezminci
• Quiero reconocimiento en  medios públicos de la otra mitad del país sin caricaturización ni invisibilización #SIBCIdeTodos @drodriguezminci
• Quiero una programación orientada hacia la información imparcial, la diversidad de ideas y pensamientos #SIBCIdeTodos @drodriguezminci
• Quiero medios público plurales y diversos, que le den cabida a todos los sectores que hacen vida en el país #SIBCIdeTodos @drodriguezminci
• Medios públicos deberían estar al servicio de las exigencias y necesidades de los ciudadanos. #SIBCIdeTodos @drodriguezminci
• La “hegemonía comunicacional” no es democracia #SIBCIdeTodos@drodriguezminci

@Cadenometro 2013 – Un Proyecto de Monitoreo Ciudadano (1) by runrunesweb

El directorio del máximo ente electoral venezolano está considerando sancionar al líder de la oposición, Henrique Capriles Radonski, por un video publicado en el servidor Youtube que muestra los procesos de votación y como se evidenció el ventajísmo electoral el pasado 14 de abril. El organismo considera esto como una falta por estar fuera de los lapsos de campaña electoral.

La rectora D’Amelio hizo la propuesta y se basará en que el artículo 75 de  la Ley de Procesos Electorales que establece que “no se permitirá la propaganda electoral que se produzca fuera del lapso de la campaña electoral establecido por el CNE”.

El vídeo se centra en cómo votar el 8-D y evitar las trampas electorales que supuestamente se presentaron en las presidenciales del 14-A. Capriles pedía a través de su cuenta de Twitter que los internautas le “ayuden a difundir” el vídeo acompañado de la etiqueta #QueNadaTeDetenga.

Aquí el mencionado vídeo:

JOSE LUIS PANIAGUA

EFE

El 9 de noviembre de 2013, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), institución adscrita a la Vicepresidencia de la República, inició un procedimiento administrativo sancionatorio contra 8 proveedores públicos y privados de Internet, entre ellos CANTV, MOVILNET, MOVISTAR, DIGITEL, INTER, SUPERCABLE, NETUNO, OMIVISION y LEVEL 3. La averiguación comenzó porque las plataformas de telecomunicaciones, permitieron estar al aire a portales que difundieron información sobre la cotización de divisas con montos distintos a los establecidos oficialmente, de acuerdo a los lineamientos del control cambiario establecidos por el gobierno nacional. La decisión fue tomada en Caracas, Distrito Capital.

El director del organismo estatal y presidente del Directorio de Responsabilidad Social, Pedro Maldonado cuestionó las páginas como www.dolartoday.org, www.tucadivi.com, www.lechugaverde.biz, www.dollarparalelovenezuela.com , www.dolarparalelo.com, www.preciodolar.info y www.dolarparalelo.tklas -en las que se establece el precio del dólar con relación al bolívar (moneda oficial), en el mercado paralelo-. Dijo que estos medios digitales podrían alterar el orden público con la fijación de montos falsos entre la monada oficial y las extranjeras.

CONATEL también dictó medidas cautelares a estos proveedores y ordenó que retiren de su plataforma otros portales que difundan contenidos similares que puedan vulnerar la percepción de la economía nacional, y provocar “zozobra” entre los venezolanos. Los proveedores de Internet tienen un plazo de 10 días para presentar ante la institución los alegatos correspondientes a su defensa, u oponerse a la medida cautelar.
CONATEL inició estos procedimientos después de que el Presidente de la República cuestionara en Cadena Nacional, el 6 de noviembre de 2013, los contenidos que varias páginas web difundían información sobre el valor del dólar y que presuntamente contribuían con la “especulación”.

Estas medidas se enmarcan en una serie de decisiones tomadas por el gobierno nacional, supuestamente, para hacerle frente a la guerra económica y combatir los altos índices de inflación que afectan al mercado nacional.

Fuente: ipysvenezuela.org

El pasado 7 de noviembre, Nicolás Maduro anunció mediante alocución la puesta en marcha de la Misión Barrio Nuevo Tricolor en el estado Miranda, y su decisión de instalar baterías antiaéreas en puntos clave del país, incluyendo barrios y áreas ubicadas en la zona montañosa de toda Venezuela.

Estas defensas antiaéreas que consistirían en cohetes aire-tierra y distintas clases de misiles que el Gobierno venezolano ha adquirido durante los últimos 14 años a Rusia, Bielorrusia y China, tendrían como objetivo hacer frente, de acuerdo a Maduro, a una eventual injerencia imperialista en el espacio aéreo venezolano, pues para quien actualmente ejerce la presidencia, el país se haya en medio de una guerra económica y debe enfrentarse a planes conspirativos organizados por la derecha internacional conjuntamente con quienes él ha denominado como la trilogía del mal.

Este anuncio, que es sumamente grave y debe ser condenado por las consecuencias que generaría a la población civil conforme al derecho internacional, ha sido opacado por hechos noticiosos relacionados con  medidas económicas y acciones emprendidas supuestamente para luchar contra el acaparamiento, la especulación y la usura que terminaron en saqueos en tiendas de electrodomésticos, los cuales han monopolizado la atención de la opinión pública nacional e internacional.

Paradójicamente, Nicolás Maduro quien ocupó el Despacho de Relaciones Exteriores por más de 6 años vuelve a demostrar su ignorancia en materia de derecho internacional, por lo que se considera oportuno alertar a Maduro, a sus asesores y a la opinión pública en general sobre las implicaciones que acarrearía la implementación de estos planes. La instalación de armas de guerra en zonas donde habitan civiles traerá como consecuencia convertir a estos civiles en blanco militar, y por ende es contrario al objeto y fin de normas de derecho internacional humanitario contenidas en tratados que han sido suscritos y ratificados por Venezuela, específicamente el Acuerdo de Ginebra relativo a la protección debida a los civiles en tiempos de guerra de 1949 y los Protocolos Adicionales a los Acuerdos de Ginebra de 1977.

Estos tratados establecen los principios de distinción y protección, el primero de estos principios acarrea que la población civil está protegida en todo momento durante las hostilidades, por lo que no debe intervenir en conflictos armados, mientras que el segundo principio trae como consecuencia que se deba evitar exponer a civiles a fin que sean confundidos de cualquier manera con objetivos militares, razón por la cual no deben asimilarse bajo ninguna circunstancia con los combatientes, quienes son los que intervienen en el conflicto armado y por ende asumen la condición de objetivos militares.

Asimismo, se debe advertir que la instalación de baterías anti-aéreas en puntos claves de zonas habitadas por civiles, como lo son los barrios ubicados en las zonas montañosas del país, traerán como consecuencia que Maduro y quienes lo acompañen en esta iniciativa, se conviertan en criminales de guerra a quienes se les podría exigir responsabilidad penal individual por la comisión de crímenes de guerra conforme al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Se espera que Maduro rectifique, porque de lo contrario, convertiría a civiles indefensos venezolanos en objetivos militares y Nicolás pasará a la historia  como criminal de guerra.

@jeisakuvargas

juancarloseisaku@gmail.com

Fuente: www.eluniversal.com

Es muy doloroso reconocerlo, pero vamos derecho al descalabro nacional. Nada significativo se hará desde el gobierno para evitarlo; tampoco lo puede hacer la oposición y parece extremadamente difícil que prevalezcan el realismo, el instinto de supervivencia y la sensatez en actores decisivos de ambos lados a fin de lograr un aterrizaje de emergencia evitando que se estrelle el avión nacional, para luego juntos lograr que vuelva a levantar vuelo, democrática y socialmente. ¿Somos hoy los venezolanos capaces de llegar a acuerdos imprescindibles para no estrellarnos? ¿Esta sociedad y los “médicos” en cuyas manos se ha puesto son capaces de decirse la cruda y dura verdad sobre su enfermedad y someterse a la cirugía de emergencia para cortar y salvar la vida e iniciar un tratamiento más largo y coherente? Estamos hablando de aterrizaje civil -pues en el actual dominio lo militar es parte central de la enfermedad- y de un proceso en el que es necesaria la participación civilista y democrática de la Fuerza Armada.

Estos momentos, de tanta angustia nacional y tanto cinismo gubernamental, dedicado a negar la realidad de su fracaso e inventar enemigos, causas externas y guerras o simplemente a contar cuentos de hadas, predicando éxitos falsos, ocultando monstruosas corrupciones, son también propicios para el desánimo y el fatalismo casi determinista: los venezolanos no podemos controlar este avión en caída libre y sólo queda cerrar los ojos y rezar. Lo que no es verdad y mucho menos es la solución. Los venezolanos podemos y debemos evitar la catástrofe y para ello por encima de todo hace falta de sinceridad y realismo.

A la muerte de Gómez parecía imposible que el ala gomecista más dictatorial y armada pudiera ser derrotada Y era impensable que el Ministro de la Defensa de López Contreras tuviera la decisión, la inteligencia, el instinto de conservación y la astucia para hacerlo y para llamar del exilio y de la oposición interna a hombres claves  para su gabinete y para el sorprendente “Programa de Febrero”. Asombroso. Aunque después se dieran frenazos y retrocesos, en definitiva se avanzó hacia la democracia, sin violencia mayor y sin guerra civil. Tenemos otros casos como el salto del Plebiscito dictatorial de diciembre de 1957 al democrático “23 de enero” del mes siguiente. Ahora también podremos, si cuanto antes, reconocemos el dramático dilema que vive el país en el cual no hay salida sin realismo, honestidad con nosotros mismos y cambios de fondo.

La base del problema es económica. Vivimos un caos planificado para destruir el capitalismo y el éxito es tal que se va destruyendo la sociedad. La base de la solución es el acuerdo para una cirugía mayor en la economía, con terapia inclusiva en lo social. Desde el gobierno se planificó y se aplicó -con el uso y abuso del Estado- la economía estatal de rentismo petrolero distributivo. Con base en gasto público abundante, derrota y desaparición de la empresa privada sustituida por la estatal sin productividad, dólares sin límites para la importación e ideología regaladora de felicidad suprema. Es la fórmula suicida que nos ha llevado a esta situación terminal: sin producción, sin dólares suficientes y un gasto público que es una fábrica de inflación. El desastre económico arrastra irremediablemente lo social y lo político. En su angustia el gobierno radicaliza la criminalización de todo opositor y públicamente se cuelgan fotos de dirigentes, señalados criminalmente como “trilogía del mal”, para producir el deseo de matarlos o celebrar su persecución y eventual asesinato.

Sería trágico que dentro de un mes esta política desastrosa se sintiera favorecida y respaldada en las elecciones. Para lo cual bastaría una alta abstención de opositores o su división; el resto lo haría el gobierno con los acostumbrados métodos ilegales. Es obvio que se necesita la derrota electoral de este caos planificado, pero no basta: la recuperación de la República pasa por una nueva y drástica conciencia nacional con medidas honestas muy dolorosas con apertura económica, con fuerte devaluación (ya es una realidad) y fomento de la inversión, diversificación y trabajo productivo, junto con el saneamiento implacable de las actuales cloacas públicas, legitimadas en nombre del socialismo. En esa emergencia harán falta políticas compensatorias decididas y eficaces para no castigar más a los pobres y engañados.

Soy de los que creen que sí podemos, si hacemos verdad el “sí queremos” que sacuda la conciencia de la gran mayoría de los venezolanos (no importa su color político) y la disponga a dar lo mejor de sí. Los poderes Ejecutivo, Electoral, Judicial, Militar y Legislativo, deben ser renovados constitucionalmente y restituir a cada uno su carácter y función específica. De que podemos, podemos, si hay voluntad.

Publicado en Caracas, en el diario El Nacional, el  jueves 14 de noviembre de 2013

La ONG asegura que este tipo de acciones comenzaron a producirse hace tres meses 

Bolívar, Miranda y Mérida son las entidades donde se ha concentrado el mayor número de eventos 

Entre el viernes 9 de noviembre y el martes 12 del mismo mes, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) dice haber registrado al menos 39 hechos violentos en varios locales comerciales del país, evidenciados en nueve saqueos y 30 intentos de saqueo. La organización manifiesta que las acciones en contra de los comercios se hicieron principalmente en los de ventas de productos electrodomésticos, y en muchos casos en presencia de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado.

El estado Bolívar tiene el número más alto de reportes, pues en esta entidad se produjeron 21 de los casos contabilizados.

En segundo lugar está Miranda con siete eventos de este tipo, mientras que en Mérida se cuentan dos.

Otras de las regiones en las que se produjeron actos de violencia y despojo de los equipos en las tiendas son Falcón, Mérida, Zulia, Táchira, Guárico, Barinas, Monagas y Nueva Esparta. Ayer en la tarde se detectaron nuevos intentos en Varela.

COMENZARON EN SEPTIEMBRE
Pese a que las noticias sobre saqueos se han disparado en el último fin de semana, el coordinador general del OVCS, Marco Antonio Ponce, asegura que este tipo de incidentes vienen ocurriendo de manera sistemática en el país en los últimos tres meses.

Según explica, estos se han producido en manos de motorizados y vecinos, no sólo en abastos también en almacenes que comercian productos de higiene y aseo personal; además se han hecho asaltos a transportes de carga.

Manifiesta que ve con preocupación cómo se agrava el nivel de tensión, al tiempo de la pérdida de control por parte de las autoridades. Dice que nada más en el mes de octubre ocurrieron cinco incidentes de esta naturaleza, lo que supone al menos un saqueo por semana. De acuerdo con Ponce, desde hace tiempo se viene sintiendo la molestia en la calle.

“Hay un descontento generalizado que evidentemente tiene de fondo la crisis económica que se vive en el país y la forma en la que el Gobierno la ha manejado”, apunta. Y este malestar social, a su juicio, se agudizó con el discurso del presidente Nicolás Maduro, quien anunció en cadena de radio y televisión acciones en contra de comerciantes que promueven la especulación y la usura en la venta de productos, lo que promovió la congregación de numerosas personas a las puertas de distintos locales de venta.

Acciones Responsables

La organización asegura que valoran las medidas orientadas a garantizar los derechos económicos de los ciudadanos. Sin embargo, exige que las medidas impulsadas desde el Ejecutivo sean ejecutadas en el marco del Estado de Derecho de Venezuela, en consonancia con los tratados y convenios internacionales suscritos. En este sentido, el OVCS solicita a los poderes públicos instar a los funcionarios del Estado moderar el lenguaje usado en los discursos que puede ser interpretado como llamados a la violencia.

También solicita investigar de manera expedita y oportuna para establecer las responsabilidades de Cadivi en la entrega de divisas a las empresas denunciadas por el Jefe de Estado; además de determinar responsabilidades de civiles y representantes de los cuerpos de seguridad del Estado en los actos de violencia ocurridos.

Ponce sostiene que al principio los efectivos habían mantenido una actitud muy permisiva pero que en las últimas horas sí han intervenido en los procesos de paz y calma en la colectividad. Rescata que el Ministerio Público desde ayer haya anunciado la presentación de cargos contra ciudadanos por su participación en los actos vandálicos.

Fuente: Tal Cual

La entidad señala que en la última década se han dado dos expansiones: la económica y la delictiva.

América Latina es la única región del mundo donde los homicidios se incrementaron entre el año 2000 y el 2010, con once países con tasas consideradas como “epidemia” por la OMS y un millón de víctimas de violencia criminal en una década, según un informe presentado en Nueva York por Naciones Unidas.

“Entre el 2000 y el 2010 la tasa de homicidios de la región creció 11 por ciento, mientras que en la mayoría de las regiones del mundo descendió o se estabilizó.

En una década han muerto más de un millón de personas en Latinoamérica y el Caribe por causa de la violencia criminal”, afirma el estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Esta “epidemia de violencia, acompañada por el crecimiento y difusión de los delitos, así como por el aumento del temor entre los ciudadanos” tiene lugar a pesar de que América Latina “muestra hoy en día economías más fuertes e integradas, menos pobreza y democracias más consolidadas”.

“En la última década, América Latina ha sido el escenario de dos grandes expansiones: la económica y la delictiva”, resume el estudio de 285 páginas y que ofrece una visión regional de la seguridad ciudadana para 18 países, desde México hasta Argentina, sumando a República Dominicana.

Según las datos recabados, once países (Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Venezuela) presentan un “alto nivel” de homicidios, con tasas superiores a 10 por cada 100.000 habitantes.

Esta porcentaje es considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un nivel de “epidemia”. Por debajo de él se encuentran los otros siete países analizados: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Nicaragua, Perú y Uruguay.

AFP