La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela

Decreta

Ley que autoriza al presidente de la República para dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley en las materia que se delegan

Artículo 1. Se autoriza al Presidente de la República para que, en Consejo de Ministros, dicte Decretos con Rango Valor y Fuerza de Ley, de acuerdo con las directrices, propósitos y marco de las materias que se delegan en esta Ley, de conformidad con el último aparte del artículo 203 y el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, en consecuencia:

1. En el ámbito de la lucha contra la corrupción:

a) Dictar y/o reformar normas e instrumentos destinados a fortalecer los valores esenciales del ejercicio de la función pública, tales como, solidaridad, honestidad, responsabilidad, vocación de trabajo, amor al prójimo, voluntad de superación, lucha por la emancipación y el proceso de liberación nacional, inspirado en la ética y la moral socialista, la disciplina consciente, la conciencia del deber social y la lucha contra la corrupción y el burocratismo; todo ello, en aras de garantizar y proteger los intereses del Estado en sus diferentes niveles de gobierno.

b) Dictar y/o reformar normas destinadas a profundizar y fortalecer los mecanismos de sanción penal, administrativa, civil y disciplinaria para evitar lesiones o el manejo inadecuado del patrimonio público y prevenir hechos de corrupción.

c) Dictar normas contra la legitimación de capitales.

d) Establecer mecanismos estratégicos de lucha contra aquellas potencias extranjeras que pretendan destruir la Patria en lo económico, lo político y lo mediático.

e) Combatir el financiamiento ilegal de los partidos políticos.

f) Establecer normas que eviten y sancionen la fuga de divisas.

g) Emitir disposiciones en defensa de la moneda nacional a fin de contravenir el ataque a la misma.

h) Fortalecer el sistema financiero nacional.

2. En el ámbito de la defensa de la economía:

a) Dictar y/o reformar leyes que consoliden los principios de justicia social, eficiencia, equidad, productividad, solidaridad, a fines de asegurar el desarrollo humano integral, una existencia digna y provechosa para el pueblo venezolano y lograr de este modo la mayor suma de felicidad y el buen vivir.

b) Dictar y/o reformar las normas que establezcan lineamientos y estrategias para la planificación, articulación, organización y coordinación de los procedimientos, especialmente en materia de producción, importación, distribución y comercialización de los alimentos, materia prima y artículos de primera necesidad, que deben seguir los órganos y entes del Estado involucrados, garantizando la seguridad y soberanía alimentaria.

c) Dictar y/o reformar las normas y/o medidas destinadas a planificar, racionalizar y regular la economía, como medio para propulsar la transformación del sistema económico y defender la estabilidad económica para evitar la vulnerabilidad de la economía; así como, velase por la estabilidad monetaria y de precios, y el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de nuestro pueblo y fortalecer la soberanía económica del país, para de ese modo, garantizar la seguridad jurídica, la solidez, el dinamismo, la sustentabilidad, la permanencia y la equidad del crecimiento económico, en aras de lograr una justa distribución de la riqueza para atender los requerimientos y necesidades más sentidas del pueblo venezolano.

d) Fortalecer la lucha contra el acaparamiento y la especulación que afecta la economía nacional.

e) Regular lo concerniente a las solicitudes de divisas a objeto contrario para el fin solicitado.

f) Garantizar el derecho del pueblo a tener bienes y servicios, seguros, de calidad y a precios justos.

Artículo 2. Cuando se trate de un Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, al cual el Presidente de la República le confiera carácter Orgánico y no sea calificado como tal por la Constitución de la República, deberá remitirse antes de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de que ésta se pronuncie sobre la constitucionalidad de tal carácter, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 3. La habilitación al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las materias que se delegan tendrá un lapso de duración de doce (12) meses, para su ejercicio, contados a partir de la publicación de esta Ley en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 4. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los ocho (08)días del mes de Octubre de dos mil trece. Año 203º de la Independencia y 154º de la Federación y 14º de la Revolución Bolivariana.

Valencia, 19 noviembre 2013.- El alcalde del municipio San Diego y jefe de la Mesa de la Unidad Democrática en Carabobo, Vicencio “Enzo” Scarano, denunció que el presidente Nicolás Maduro no permitirá la entrada de Miguel Cocchiola al país “y nosotros no permitiremos que a Valencia la sigan destruyendo”.

Scarano hizo la advertencia en respuesta a Maduro, quien la noche de ayer señaló “anótenlo, Cocchiola no vuelve al país”, en referencia al parlamentario y candidato por la MUD a la Alcaldía de Valencia.

En este sentido, reiteró que “podrán inhabilitar, podrán impedir a Miguel Cocchiola entrar al país, como en efecto fue anunciado por Nicolás Maduro, pero deben reconocer que ya Cocchiola no es un individuo sino es todo el pueblo de Valencia, que busca rescatarla de la corrupción roja a la que ha estado sometida en los últimos años. El miedo de ver perder las elecciones en Valencia, ya que no cuentan con apoyo popular, los llevó a utilizar las instituciones como verdugos de aniquilación a su oponente. Les aseguro que los valencianos no seguirán sumisos ante gobernantes corruptos y antidemocráticos”.

Precisó que “el abuso de poder y las arbitrariedades gubernamentales llegan al extremo de asumir poderes dictatoriales y decidir en cadena nacional quién es culpable o inocente, ofender y exponer al escarnio público a todos los que pensamos diferente a ellos, e inclusive evitar que los venezolanos ingresen al país, sin tener ninguno de los señalados el derecho a defenderse a través de los mismos medios que ellos utilizan”.

“Nuevamente denuncio, ante la opinión pública carabobeña, la persecución política que sufrimos todos los que pensamos diferente al régimen”, insistió Scarano.

“Es pública y notoria la persecución política sistemática, de la cual hemos sido objeto todos los candidatos del sector democrático. De lo que se trata es de una emboscada que se ha preparado desde el sector oficialista, que conlleva inhabilitaciones y amenazas de toda índole contra los candidatos y sus familias”, alertó el burgomaestre, tras sostener que “sabemos cómo actúan y cuál es la condición moral de quienes hoy detentan el poder, sin embargo, a ellos les digo que no me atemorizarán y seguiré con el compromiso de rescatar la democracia y recuperar la credibilidad en nuestras instituciones, así como la libertad en nuestra región”.

Asimismo, Scarano sostuvo que “lo que hoy se vivió en la Asamblea Nacional fue la crónica de una muerte anunciada; a través de un acto de corrupción aprobaron una Ley Habilitante que es inconstitucional y violatoria del estado de derecho”.

En este sentido, señaló que “no obstante, a esa grosera intervención del ejecutivo en los poderes públicos, mi llamado no es a la desesperanza, sino por el contrario a enfrentar esta tiranía con las armas que conocemos los civiles, que son: Las ideas, las razones y el voto”.

Pidió al pueblo no permitir que “el régimen con sus artimañas nos desmotiven a seguir la lucha”, afirmando que “ahora más que nunca debemos permanecer unidos para defender los espacios que hoy tenemos y los que sin ninguna duda conquistaremos el próximo 8 de diciembre”.

Fuente: www.notitarde.com

Ante la muy compleja coyuntura que hoy enfrenta Venezuela, la solución debe ser profundizar y fortalecer la democracia, pero este no parece ser el camino tomado.

Más espinas que rosas marcan por estos días el presente de Venezuela. Corrupción en el seno del Gobierno, que no se esfuerzan en negar las mismas voces oficiales; indicadores de inseguridad al alza, inflación por las nubes, serias deficiencias en la prestación de servicios públicos básicos, un total desbarajuste de la economía, del que se deriva un creciente desabastecimiento de bienes esenciales, son solo algunos de los nubarrones que hoy se ciernen sobre este país.

Ante tal conjunción de males, su presidente, Nicolás Maduro, logró ayer que la Asamblea Nacional le aprobara una ley habilitante, que le otorga, entre otros, la facultad de expedir leyes sin el aval del Legislativo durante un año para hacerle frente a la tormenta, con énfasis en la lucha contra la corrupción. Y lo consiguió con la cantidad mínima de apoyos requerida y en medio de no pocas dudas sobre las maniobras para alcanzar el voto decisivo.

Muchos en la orilla opositora se preguntan si era necesaria esta maniobra cuando el Ejecutivo ya tiene el control de la Asamblea. Y es que la separación de poderes se desvanece en forma acelerada del otro lado de la frontera, por no hablar de ciertos derechos y libertades que se han convertido en privilegios de unos pocos.

Para entender mejor los últimos acontecimientos, entre los que se tiene que mencionar también la intervención de tiendas de electrodomésticos para obligarlas a vender sus productos a precios dictados por Miraflores, se debe tener presente la proximidad de las elecciones locales del próximo 8 de diciembre. No hay que olvidar el estrecho margen que le dio el triunfo al sucesor del inspirador de la Revolución Bolivariana el pasado 14 de abril, situación que lo pone en la obligación de robustecer la legitimidad de su mandato –hacia adentro y hacia afuera–, sobre todo en tiempos tan convulsionados. Un factor clave aquí es que por primera vez en los últimos 15 años –según las últimas encuestas– los venezolanos responsabilizan en primer lugar al Gobierno de problemas tan sensibles como el citado desabastecimiento o el auge del crimen en las calles.

Independientemente de cuál sea el resultado –algunos incluso predicen que la oposición podrá alcanzar por primera vez más del 50 por ciento del total de los sufragios, aunque esto no se traduzca en la obtención de la mayoría de las alcaldías–, lo cierto es que se anuncian más medidas del corte de las vistas la semana pasada. Ante estas nuevas reglas de juego, que limitarán severamente las ganancias de los comerciantes, será inevitable una agudización de la escasez de bienes de todo tipo. La lectura del documento que justifica la petición de las facultades extraordinarias permite concluir que no existe por lo pronto ningún interés del Gobierno en corregir los marcados desajustes fiscales, mas sí se observa una clara voluntad de seguir con la presión sobre los sectores productivos.

De igual forma, hay escepticismo sobre la utilidad de la citada ley habilitante en la lucha contra la corrupción, en cuanto las señales desde Caracas no son halagadoras y nada permite augurar un giro repentino. Serias denuncias contra altos funcionarios siguen archivadas y una ley en este sentido, respaldada por la bancada opositora, corrió la misma suerte en la Asamblea.

Cuando un país se encuentra ante un camino tan empinado, la respuesta debe ser profundizar y fortalecer la democracia. A juzgar por las señales vistas, lamentablemente Venezuela ha optado por la contravía.

EDITORIAL

Fuente: www.eltiempo.com

El 68,5 % de los venezolanos ve con malos ojos la situación actual del país y el 53,1 % tiene una opinión negativa de la gestión del presidente Nicolás Maduro, reveló una encuesta publicada hoy en el diario caraqueño El Universal. El sondeo del Instituto Venezolano de Análisis de Datos (IVAD), cuya publicación coincide con la prevista aprobación de poderes especiales para Maduro por parte de la Asamblea Nacional, mostró que la valoración negativa de la situación del país creció 1,1 puntos porcentuales frente a una medición anterior realizada en septiembre. Dicha valoración acumula un incremento de 17,4 puntos desde el inicio del Gobierno de Maduro, en abril pasado.

En la misma línea, la desaprobación a la gestión de Maduro aumentó 5,9 puntos respecto de septiembre y alcanzó su nivel más alto en lo que va de su gestión, incluyendo un breve período como presidente encargado durante la enfermedad de Hugo Chávez, de acuerdo con la encuesta.

La percepción negativa sobre el Gobierno supera además a la evaluación positiva, que al momento del cierre de la encuesta este mes era de 44,7 %.

El pesimismo se repite cuando se consulta a los venezolanos sobre su situación personal. Un 60 % afirmó que es peor que hace un año frente al 39 % que la calificó como mejor, mientras que un 50,9 % no confía en la capacidad del Gobierno para resolver los problemas económicos frente al 46,3 % que le dio un voto de confianza.

Entre quienes consideran que hay que buscar una salida para la situación actual, un 33 % opinó que habría que adelantar las elecciones presidenciales al próximo año, un 19 % se inclinó por convocar a una Asamblea Constituyente y un 18 % por un llamado a un referendo revocatorio cuando Maduro cumpla la mitad de su mandato de seis años.

En tanto, un 12 % sostuvo que “no hay salida electoral a la crisis”.

Al ser consultados sobre quién es el responsable de los principales problemas del país, el Gobierno fue señalado como el culpable.

Un 49 % de los venezolanos culpó al Gobierno por el desabastecimiento de bienes básicos, seguido por un 12 % que responsabilizó a las empresas privadas y por un 5 % que atribuyó la situación a la oposición.

Un 59 % vio, además, como responsable de la inflación, que acumula un 45 % en los primeros 10 meses de este año, al Gobierno.

La situación se replicó en cuanto al culpable de la inseguridad en el país, ya que un 56 % ve responsable al Gobierno, seguido de lejos con un 11 % y un 10 % por quienes señalan al “pueblo” y a “la falta de valores”.

Pese al pesimismo, un 59 % respaldó la dirección del país establecida por el fallecido presidente Hugo Chávez frente al 37,7 % que la rechazó.

La encuesta fue realizada del 2 al 11 de noviembre, justo antes de que Maduro anunciara una ofensiva para bajar los precios en los comercios que generó una ola de consumo entre los venezolanos.

De acuerdo con “El Universal”, la encuesta comprendió 1.200 entrevistas y posee errores máximos de 1,03 % y 2,37 %.

EFE / SAS

Fuente: diariodecaracas.com

El presidente de Venezuela recibió este martes poderes especiales para legislar el país.

Tras solicitar el pasado 8 de octubre la aprobación de una ley habilitante que lo revista de facultades exclusivas para legislar sin control parlamentario alguno, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió este martes de la Asamblea Nacional poderes especiales para emitir decretos con fuerza de ley por período de un año.

Dicha decisión es polémica pues, según la oposición, podría fortalecer el modelo de control estatal instaurado por su antecesor, el fallecido presidente Hugo Chávez.

La aprobación de la solicitud de Maduro, que estará vigente por 12 meses, fue anunciada por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, así: “Aprobado por la fracción revolucionaria de los diputados y diputadas de la patria”.

Las primeras medidas que emitirá Maduro son una ley referente al control de costos, ganancias y precios en todos los productos, y otra sobre “comercio exterior para garantizar el control de las importaciones y promoción de las exportaciones de Venezuela”, según señaló el mandatario venezolano.

“La crisis económica se soluciona produciendo, no confiscando ni expropiando, algo que jamás logrará Maduro, poner el país a producir”, añadió el líder opositor.

TEHERÁN. Las autoridades iraníes han rechazado la acusación del Consejo Nacional de la Resistencia Iraní (CNRI), con sede en París, de que dispone de una nueva instalación nuclear secreta en el sur del país.

Según informa hoy el diario Iran Daily, el portavoz de la Organización de Energía Atómica de Irán, Behrouz Kamalvandi, negó tajantemente las afirmaciones de la resistencia muyahidín, y aseguró que éstas “no tienen ninguna base” y están en línea con las repetidas acusaciones infundadas de este grupo.

La acusación, aseguró Kamalvandi, tiene como objetivo “sabotear el positivo clima” de las negociaciones de Irán con el Grupo 5+1 (los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad más Alemania), que se retoman hoy en Ginebra para tratar de llegar a un acuerdo que limite el programa nuclear iraní y aumente los controles de los inspectores internacionales.

El ministro de Defensa iraní, el general de brigada Hosein Dehgan, también ha negado que haya una instalación nuclear secreta, algo que calificó de “mentira”.

El CNRI denunció el lunes que Teherán tiene una nueva instalación nuclear clandestina, conocida como “012”, a diez kilómetros de la ciudad de Mobarakeho, en el sur del país, que habría comenzado a construir en 2005 y estaría a punto de concluir.

Se trata de una región montañosa, cerca de la carretera que conecta Ishahán y Shiraz, y según estos opositores para acceder a la instalación hay que pasar por el complejo industrial militar de Haft-Tir.

Fuente: www.abc.com.py

David Ludovic Jorge

Caracas, noviembre 19 (David Ludovic Jorge).- Como “manifiestamente violatoria a la Constitución” calificó la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) la Ley Habilitante aprobada este martes, que dio a Nicolás Maduro poderes especiales para legislar durante un año en temas como la economía y la corrupción.

“Rechazamos categóricamente la alteración del orden constitucional y democrático que ha llevado a cabo el Gobierno Nacional al forzar, mediante toda clase de artimañas contrarias a principios jurídicos fundamentales y a la ética propia de un sistema republicano”, aseveró la instancia opositora a través de un comunicado, en el que recordó las razones originales que esgrimió el gobierno para solicitar una Habilitante.

Al respecto comentaron que “es insostenible” el argumento de querer luchar contra la corrupción a través de la Habilitante, “dada la existencia de un proyecto de ley de reforma a la Ley contra la Corrupción que ya había sido aprobado en la Asamblea Nacional con el apoyo de todos los grupos políticos pero que no pudo ser sancionada a causa de una maniobra aplicada por Diputados del oficialismo”.

Culpable económico

Respecto a las necesidades en materia económica, la MUD opinó que “la intención es hacer creer que el gobierno de Nicolás Maduro no es el principal responsable de los problemas económicos y sociales que sufren los venezolanos”.

Aseguraron que el chavismo busca “chivos expiatorios” de la situación crítica del país, cuando, resaltan que “tiene que ver con el fracaso del modelo económico aplicado, cuyo contenido más evidente es la tendencia a la estatización de la economía”.

A manera de ejemplo, la instancia opositora citó la acumulación de deuda pública; la inflación y el desabastecimiento, y la caída de las reservas internacionales.

De manera similar, criticaron en el comunicado las medidas forzadas de reducción de precios, y advirtieron que “sin afectar las causas fiscales y monetarias que provocaron la inflación, tales como la devaluación del bolívar y la impresión de dinero sin respaldo por parte del BCV, podría llevar a Venezuela a una situación de mayor escasez”.

Persecución política

La MUD también se refirió al impacto político de la Habilitante, específicamente el apartado que busca regular el financiamiento a partidos políticos. “El Ejecutivo Nacional quiere mayores poderes para acentuar la persecución política y criminalizar las fuentes constitucionalmente lícitas de financiamiento para la oposición, lamenta el comunicado, que insiste en que “el gobierno quiere desviar la atención de la grave crisis económica que padece Venezuela”.

Por último, el texto de la MUD sobre la Habilitante recuerda sus propuestas en materia económica “sustentadas en el respeto a la ley y a los derechos de propiedad”, así como una política económica que ayude a estabilizar la economía y a sostener su crecimiento y diversificación. (Con información de prensa MUD).

Fuente: www.notitarde.com