Una Característica esencial de la nueva dictadura latinoamericana es la deformación de las instituciones de control del poder desde adentro. La idea es ir deformándolas gradualmente hasta cambiarles su naturaleza del todo, sin necesidad de abolirlas. Lo que acaba de suceder en Venezuela, donde la Asamblea Nacional ha otorgado a Nicolás Maduro poderes para gobernar por decreto durante un año, es un cabal ejemplo de eso.

¿Qué hace una oposición que tiene representación parlamentaria ante la desnaturalización definitiva del espacio democrático por excelencia, es decir, el Parlamento? Lo único que puede hacer es aceptar la invitación del gobierno a sustituir ese espacio por otro: el de la calle. De allí que Henrique Capriles, a quien muy probablemente le robaron la victoria en las elecciones presidenciales en las urnas hace unos meses, haya convocado para este fin de semana manifestaciones contra el gobierno en toda la república. El líder de la resistencia democrática, muy criticado por otros opositores al régimen por haber abandonado la calle como escenario de acción política, ha acabado por aceptar que no hay más remedio que trasladar los esfuerzos allí. Con todos los riesgos consabidos, empezando por actos de provocación del gobierno que acaben en hechos de violencia de los que inevitablemente será culpada la oposición.

La lectura que ha hecho Capriles probablemente sea la correcta: van cerrándose del todo los espacios democráticos y al mismo tiempo va aumentando el descontento popular frente al gobierno. Ambas cosas apuntan a que la protesta civil vuelva a ser el elemento central del esfuerzo de la Mesa de la Unidad Democrática por devolver la democracia a Venezuela.

La forma en que fue aprobada la Ley Habilitante da una idea de la mentalidad de huida hacia adelante en que está el gobierno. Necesitaban tres quintas partes de los votos: como no pudieron comprar ningún voto opositor, desaforaron a la diputada María Aranguren, una disidente del chavismo, con acusaciones fabricadas a la medida de la situación, lo que automáticamente abrió las puertas del suplente, Carlos Flores, al que el gobierno ya tenía cooptado. Este suplente es quien dio la mayoría necesaria al oficialismo para entregarle a Maduro el poder de gobernar por medio de ucases durante los próximos 12 meses, prescindiendo de la asamblea, que pasa a ser un órgano decorativo del Estado.

Esta operación política se da en un contexto electoral: en dos semanas habrá elecciones municipales, que en Venezuela tienen un carácter mucho más político que vecinal. No es difícil saber que una mayoría de votantes castigará al gobierno en ellas, si juzgamos con objetividad lo que vienen diciendo las pocas encuestas fiables. El diario El Universal publicó la más reciente, realizada por el Instituto Venezolano de Análisis de Datos: 68,5 por ciento tiene una opinión negativa de la marcha del país y quienes rechazan a Maduro suman ya un 10 por ciento más que quienes aprueban su gestión. Un tercio de los venezolanos pide abiertamente el adelanto de las elecciones presidenciales y otra sexta parte cree que urge una asamblea constituyente.

Maduro ha entendido bien su predicamento: de allí que solicitara los poderes absolutos a la asamblea en octubre, calculando que los obtendría antes de los comicios. Como lo más probable es que haya que apelar a un fraude para evitar una derrota o para reducir la victoria opositora que los pronósticos anticipan, hace indispensable abolir en la práctica el poder -de por sí mermado- de la asamblea antes de ese día. Así, se podrá evitar lo que ocurrió después de los comicios presidenciales, cuando los diputados de la oposición hicieron un uso eficaz del espacio parlamentario. Todos recordamos la golpiza que propinaron los diputados oficialistas y sus guardaespaldas a la oposición precisamente por el impacto que estaban logrando en la opinión pública nacional y extranjera al denunciar un fraude electoral.

Estos son los factores que Maduro controla en parte. Pero hay otros que están fuera de su control y han empezado a cobrar protagonismo. Me refiero al descalabro económico. Los poderes que ha obtenido Maduro han sido justificados por el gobierno para librar “una guerra económica” contra los responsables del desabastecimiento, la inflación y la inseguridad. ¿Quiénes son los responsables? Básicamente, tres grupos: los empresarios, la oposición y el imperialismo.

Por tanto, la Habilitante tiene un doble propósito: acabar de concentrar el poder político y el poder económico. Ya existe mucha concentración de ambas cosas (por ejemplo, el control de cambios rige desde 2003 y ya Hugo Chávez hizo uso de Leyes Habilitantes en su día), pero la economía está resultando tan terca que cada intento por aumentar el control acaba frustrándose. La frustración desembocó, hace unos días, en esas escenas dantescas cuando la gente, impelida por la convocatoria de Maduro (“Que no quede nada en los anaqueles”), empezó a saquear tiendas de la cadena de electrodomésticos Daka en la ciudad de Valencia. En otros lugares, el gobierno mandó arrestar a los gerentes de varias tiendas, a los que acusó de acaparamiento y aumento “usurero” de los precios.

La inflación ya supera el 50 por ciento en términos anualizados y hay economistas que la sitúan en 70 por ciento. Quienes hayan vivido bajo hiperinflaciones (este servidor incluido) saben que pasar de tres o cuatro por ciento a 40 o 50 por ciento es mucho más difícil que pasar de 50 o 70 por ciento a 1.000 por ciento. Venezuela está al borde de una hiperinflación. No es de extrañar: desde 2002, la oferta monetaria (M2) ha aumentado a un ritmo anual de 54 por ciento, mientras que la producción, en términos reales, sólo lo ha hecho a un ritmo de cuatro por ciento.

Contribuye a alimentar este fenómeno de expectativas inflacionarias lo que ocurre con el tipo de cambio. La calle ha fijado el tipo de cambio en un precio 10 veces superior al oficial. Venezuela importa todo y no produce nada, salvo petróleo. En un escenario de mercado libre, la salida constante y masiva de divisas para importar bienes habría devaluado la moneda. Pero el gobierno ha impedido que el mercado haga su trabajo, manteniendo un cambio irreal, lo que, al igual que en Argentina, ha llevado a una pérdida de reservas. La gente sabe que el bolívar (llamado oficialmente “bolívar fuerte”, ironía donde las haya) se deprecia cada vez más. Ello contribuye a que las expectativas sean inflacionarias.

Las expectativas de todos: comerciantes y compradores. De allí que incluso quienes importan con dólares obtenidos de manos del gobierno al cambio oficial acaben vendiendo los productos a precios bastante por encima del que pagaron para importarlos (cuando cambiaron los bolívares por dólares oficiales). No se diga nada de quienes tuvieron que importar con dólares que compraron en el mercado negro: ellos necesariamente tienen que vender los productos muy por encima del precio de importación traducido a bolívares de acuerdo con el cambio oficial.

Este escenario puede sonar un poco técnico, pero para millones de venezolanos es cualquier cosa menos técnico. No importa cuántos empresarios vayan a la cárcel ni cuántos gerentes de tiendas y mercados sean procesados: la economía del chavismo, como todas las economías controladas de la historia, se ha declarado en rebeldía permanente contra el gobierno. El efecto es el deterioro de la confianza en Maduro. Ha perdido 20 por ciento de respaldo desde las elecciones presidenciales, hace apenas medio año.

Si se entiende este contexto, se entiende mejor la desesperación que delatan las distintas medidas recientes del gobierno: desde la creación de un Viceministerio de la Suprema Felicidad y el adelanto de la Navidad (literalmente) hasta la apelación a Samsung, o sea al capitalismo coreano, para que le envíe de urgencia 400.000 artefactos electrodomésticos aduanados en países cercanos y la polémica Ley Habilitante.

Bajo esos poderes, Maduro ha anunciado lo que equivale a una radicalización del estatismo controlista: decretos con fuerza de ley para fijar los costos y ganancias de los negocios, un registro único de comerciantes (“para sacarlos de las manos de quienes les roban”) y la creación de un organismo para controlar todo el comercio exterior, entre otras cosas. El gobierno intuye que la erosión de su base de apoyo puede acelerarse muy velozmente ante el caos económico que vive la población. Pretende, por tanto, ir hacia la estatización definitiva de la economía cuanto antes, aparejada con la eliminación de la oposición como factor significativo.

Curiosamente, el propio caos económico conspira contra ese proceso de abolición del capitalismo. Dado el desabastecimiento, el gobierno ha invitado a Samsung a formar una empresa mixta en Venezuela para permitir la fabricación de celulares, tabletas, refrigeradores, neveras y otros bienes. Esta iniciativa parece una contradicción si se la coteja con todo el proceso estatista que se quiere acelerar mediante el uso de poderes excepcionales. Sin embargo, es una contradicción sólo aparente, pues detrás de ella está Cuba, donde Raúl Castro ha entendido que una combinación férrea de control político y de economía estatizada con algo de capital extranjero puede darle más perdurabilidad al régimen. No nos sorprendamos, pues, si Maduro invita a otras corporaciones imperialistas a invertir en alianza con el Estado venezolano. Ya se habla en Caracas de tratar de engatusar a Renault y a la japonesa Yamaha.

La oposición tiene un calendario más dilatado que el gobierno. La razón es evidente: el tiempo parece jugar a su favor a medida que el desbarajuste económico, incontrolable por más controles que se apliquen, tiende a empeorar y las medidas que Maduro ha anunciado prometen colaborar muy solícitamente en ese sentido. Este factor puede acabar reduciendo la base popular del chavismo a una expresión que ya no haga sostenible el esquema actual. Por ahora, no se ha producido la guerra abierta que se vaticinaba entre quien preside la Asamblea Nacional, el ambicioso militar Diosdado Cabello, y el propio Maduro, pero la oposición percibe que una evaporación definitiva de la base popular del chavismo por efecto de la zozobra económica tenderá a fracturar al régimen.

Hay otra razón por la que la economía puede tener un efecto político que favorezca a la oposición: una cosa es cometer fraudes electorales cuando se tiene el voto de cerca de una mitad de los sufragantes venezolanos, y otra muy distinta es hacer eso mismo con 15 o 20 por ciento. Ir en contra de una mayoría aplastante de los votantes requiere un régimen monolítico con todos los estamentos militares y policiales dispuestos a masacrar a mucha gente.

La oposición a partir de este fin de semana comenzó a dar un salto cualitativo en su esfuerzo contra el gobierno de Maduro manifestándose en las calles. ¿Tendrá esta iniciativa un seguimiento? ¿Han ganado el debate interno en la Mesa de la Unidad Democrática quienes pedían esto desde hace medio año? Habrá que esperar para saberlo.

Fuente:  La Tercera

En los últimos 20 años, 670 periodistas han sido asesinados en América Latina y el Caribe según los delegados de la alianza IFEX-ACL durante la presentación de su Informe Anual de Impunidad 2013 “Rostros y Rastros de la Libertad de Expresión en Latinoamérica y el Caribe”, publicó el diario U Chile. Los crímenes – la mayoría de estos aún en la impunidad – demuestran cómo este hecho se ha convertido en la mayor amenaza para la libertad de expresión en la región.

México y Brasil fueron los países en donde se produjeron más agresiones. mientras que El Salvador, Honduras y Guatemala fueron señalados como los de mayor riesgo para la profesión.

Los 225 casos de agresiones a periodistas en México durante los primeros nueve meses de 2013 ya convirtieron este año como el más violento en los últimos 10 años. La delegación destacó el caso delperiodista Armando Rodríguez quien fue asesinado hace cinco años sin que las autoridades esclarezcan el crimen.

De Brasil se destacaron las 98 violaciones contra medios de la comunicación durante las protestas que se han vivido en el país desde junio de 2013. El 71 por ciento de estas agresiones fueron perpetradas por la policía. El caso más grave fue el del fotógrafo Sergio Silva quien perdió la visión en un ojo tras un disparo de bala de goma.

El informe elaborado por la alianza regional de IFEX en América Latina y el Caribe (ALC) hace un análisis de la situación de impunidad en 11 países de esta región para reflexionar sobre los hechos más recientes y del contexto actual en material de impunidad.

En Bolivia se vive un ambiente de violencia contra el ejercicio de la prensa y la libertad de expresión. Algunos casos que lo demuestran fueron el linchamiento por parte de una turba al periodista Carlos Quispe o la incineración de la que fue víctima el periodista Fernando Vidal.

En el caso de Colombia los delegados de IFEX-ALC señalaron un ambiente de impunidad en el que 63 de los 142 homicidios contra periodistas desde 1967 han prescrito; es decir, que ya no se investigarán más. Los mayores agresores de la prensa en el país son el narcotráfico, los grupos paramilitares y los grupos guerrilleros, y en una minoría los funcionarios públicos y políticos. El informe también destaca el caso de la periodista Jineth Bedoya, quien fue secuestrada, torturada y abusada sexualmente hace 13 años y sigue sin obtener justicia.

La “Ley de linchamiento mediático” y su impacto en la libertad de expresión hacen parte del informe deEcuador. El modelo con el que cuenta el país estaría dirigido a desacreditar periodistas. El Estado – de donde provienen las mayores agresiones al a prensa según los delegados de este país – controla de forma directa más de 20 medios y es el mayor inversionista de publicidad. El 60 por ciento de la información que se publica se hace con base en fuentes oficiales.

En Guatemala las cifras de violaciones a la libertad de expresión pasaron de 19 casos en 2010 a 48 hasta septiembre de este año. Dentro de la cifra se incluyen cuatro asesinatos y ocho amenazas de muerte.

De acuerdo con el informe, América Latina atraviesa por un momento crucial de debate para garantizar la libertad de expresión. En la región coexisten situaciones de extremo riesgo derivadas del crimen organizado con la debilidad constitucional. Cursan procesos legislativos polémicos que rodean a la libertad de prensa. Los funcionarios públicos siguen utilizando las denuncias por difamación para silenciar la prensa, y sectores históricamente vulnerados – como los pueblos indígenas – no logran participar abiertamente en los asuntos de interés público.

“Un año después de la publicación del informe de impunidad 2012 constatar que no existen avances judiciales significativos en general, y que varios de los casos emblemáticos siguen sin resolverse, nos muestra un panorama desolador”, señala la editorial del informe de este año.

Por esta razón, las recomendaciones de la alianza IFEX-ALC a las autoridades de la región es que impulsen investigaciones judiciales y garanticen que éstas se llevarán a cabo de manera exhaustiva “de acuerdo a las obligaciones internacionales que han adquirido ante los organismos de derechos humanos”.

Fuente: knightcenter.utexas.edu

El presidente Nicolás Maduro encabezó este lunes un acto en el sector Catia en Caracas, donde activó la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor.

En el acto, Maduro informó que se reunirá esta noche con el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, a quien le planteará que el Plan de la Patria, presentado por el fallecido presidente Chávez, sea convertido en Ley de la República. “Una vez que la Asamblea Nacional lo apruebe, Venezuela legalmente se va a regir por el segundo plan socialista y será de obligatorio cumplimiento para todos, Gobierno nacional, gobernadores, alcaldes”, dijo.

“El que sea electo como alcalde tendrá que gobernar con el Plan de la Patria como ley”, afirmó.

Añadió que sostendrá una reunión con el alto mando político “para consolidar los precios bajos y llegar hasta el último comercio que tengamos que llegar”.

Globovisión

La organización hizo esta observación con relación a la campaña de cara al 8 de diciembre. Denunció al gobierno de Nicolás Maduro por la discrecionalidad en la entrega de los recursos de propaganda y por decretar el “Día de la lealtad y amor a Chávez” el mismo día de la elección

El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) informó que el sistema electoral “no garantiza adecuadamente las condiciones de igualdad entre los diversos actores políticos“. La afirmación se hizo con relación a la primera semana de campaña electoral de cara a las elecciones municipales del 8 de diciembre.

“La primera semana de la campaña electoral no ha sido muy alentadora desde el punto de vista democrático“, afirma el Observatorio.

“En lugar de escuchar primordialmente las propuestas de los diversos candidatos para sus respectivos municipios, (…) hemos sido testigos de un debate muy agresivo, dominado por consignas que, en lo fundamental, tienden a descalificar al contrario y a dividir aún más al país”, afirmó el OEV a través de un comunicado.

La institución también aseveró que el gobierno de Nicolás Maduro privilegia a los candidatos oficialistas con el “facilitamiento” de herramientas que les permiten hacer propaganda.

De acuerdo con el comunicado emitido por el Observatorio, esto “ha quedado expresado en las constantes cadenas de los medios de comunicación, la manipulación de iniciativas y programas de carácter social, la inauguración de obras con la presencia de candidatos oficialistas, el uso parcializado de la televisión estatal y la propaganda ilegal“.

“A todo lo cual se suma la decisión de decretar el 8 de diciembre, día de las elecciones, como ocasión para honrar la memoria del presidente Chávez”, denuncia el mismo texto con relación a la reciente decisión del presidente Nicolás Maduro de celebrar ese día el “Día de la lealtad y amor a Chávez”.

Por último, el OEV afirma que aunque el sistema electoral venezolano cumple “técnicamente” con los mecanismos que certifican que el voto sea secreto y que se totalice respetando la voluntad de los electores, no puede asegurar que se estén garantizando las condiciones de igualdad entre los diversos actores políticos. 

Fuente: http://www.infobae.com

Venezuela está sufriendo muchas formas de desesperanza. Una de las más peligrosas es, sin duda, la que nace de la pérdida de confianza en la política y los políticos. Son muchos los que atribuyen a la política todos los males. De verla con recelo e indiferencia se ha pasado en muchos casos a excluirla como tema de conversación y tratarla con rechazo e, incluso, repugnancia.

Suelen sobrar los argumentos, comenzando por las formas desfiguradas que ella ha adoptado muchas veces. Pocos vinculan el ejercicio de la política al bien común y al interés general. Son más los que la equiparan a corrupción, mentira, demagogia, ambiciones, juego sucio, búsqueda de provecho individual o partidista, promoción de una cultura del adversario como enemigo y del país como botín.

Estas deformaciones han hecho, desde luego, mucho mal a la democracia. Han generado desconfianza en sus instituciones. Han permitido la entrega del poder a los menos capaces, a los más ambiciosos. Han conducido al cambio de los métodos del diálogo por los de la imposición, de la búsqueda del bien común por el provecho personal. El abandono de la política o su desfiguración ha conducido a las desviaciones de la violencia, el abuso, el caos, la arbitrariedad. La pérdida de calidad y autoridad en los líderes ha dado lugar a la pérdida de su credibilidad y legitimidad y, en consecuencia, al debilitamiento de la gobernabilidad.

Son estas desviaciones las que han dado impulso a una corriente de antipolítica, frente a la cual podría argumentarse que la política está en todo, que es inherente a la vida en sociedad, que su negación solo daría la razón a Arnold Toynbee cuando decía: “El mayor castigo para quienes no se interesan por la política es que serán gobernados por personas que sí se interesan”. Sentado el rechazo a una política convertida en arte de la utilidad, la intriga, la corrupción, el desafuero, es preciso afirmar que el desprecio y el abandono de la política producen siempre más males que bienes. “Sembrando antipolítica no cosecharemos democracia”, ha escrito recientemente Luis Ugalde, y tiene razón.

En los momentos que vivimos, es importante rescatar el valor y la dignidad de la política definida por el expresidente checoslovaco Vaclav Havel como: “…Una de las maneras de buscar y lograr un sentido en la vida; una de las maneras de proteger y de servir a este sentido; como moral actuante, como servicio a la verdad, como preocupación por el prójimo, preocupación esencialmente humana, regulada por criterios humanos”. Vista así, lejos de ser un simple ejercicio burocrático, la política recupera su dignidad como instrumento para servir, unificar, dialogar, organizar, construir consensos, progresar como sociedad.

Que la política sea así depende de los ciudadanos, pero sobre todo de los políticos. Desde esta perspectiva, el político –el buen político– es fundamentalmente un servidor de la comunidad, un conductor creíble y honesto, honrosa posición comparable en la entrega a la mejor visión del sacerdocio. Pensar así del político es pensar en alguien dotado de coraje, responsabilidad, pasión, coherencia, honradez, honestidad, vocación de servicio. La función del buen político requiere visión, profunda convicción ética, sensibilidad, iniciativa, capacidad para tomar riesgos y responder a los desafíos cambiantes de la realidad. Del líder político se espera capacidad para representar el proyecto común y construir acuerdos, autoridad moral para promover los valores éticos y lograr el compromiso participativo de la sociedad, preparación para enfrentar la realidad, actitud previsora ante los escenarios de amenazas y oportunidades.

¿Tenemos derecho de aspirar a políticos honestos, creíbles y capaces? La buena política a la que aspiramos no se consigue, desde luego, sino con la participación ciudadana, una participación que no puede reducirse al acto de votar. La mejor política necesita de un ciudadano interesado, crítico, consciente de su responsabilidad, dispuesto a exigir pero, sobre todo, a aportar.

Fuente: www.el-nacional.com

En su columna de opinión publicada en el diario El Nacional, el historiador Edgardo Mondolfi señala al sociólogo alemán como uno de los mayores responsables ideológicos del “desastre que estamos viviendo”. A continuación su artículo:

La opinión salvadora

 Edgardo Mondolfi

En estos momentos está de moda leer a Heinz Dieterich. Tanto, que este periódico, que ha sido mi casa desde hace muchos años, le da amplia cabida ahora a las columnas que el sociólogo alemán escribe, cada vez con mayor frecuencia, desde México. Pocas veces he visto un frenesí semejante: en estos días de incertidumbres se está a la espera de la palabra orientadora de Dieterich; se corre a consultar y comentar lo que dice este arúspice que ha hecho suya la tarea de desentrañar el futuro de la República.

Ahora, el acento de sus desvelos se concentra en lo que ha llamado el rumbo caótico que, a su juicio, el gobierno de Nicolás Maduro está dándole al proyecto político heredado de Chávez. Pareciera que leer a Dieterich asegurara el camino al mejor vaticinio.

Sin embargo, no perdamos de vista que este académico de espesos bigotes blancos, que ha plasmado su militancia en una quincena de libros, es uno de los mayores responsables ideológicos del desastre que estamos viviendo. De hecho, la temprana presencia de Dieterich entre nosotros puso en evidencia la debilidad de la izquierda en el patio local a la hora de tratar de darle algún fundamento teórico de peso a la revolución bolivariana. Importado al igual que Martha Harnecker para opinar desde otras experiencias históricas, Dieterich se hizo cargo, con empeño y persistencia, de desecar las lagunas que caracterizaban la pobreza intelectual del bolivarianismo.

Estemos claros acerca de la catadura del personaje. Fue él quien, como pocos, se hizo cargo de darle pábulo a las ambigüedades con que el chavismo ha solido manejarse frente al concepto de democracia. Y, desde luego, más que formular una propuesta que reivindicara a la sociedad como protagonista de un proceso de cambio, el peso de todo su entusiasmo frente al fenómeno Chávez radicó siempre en la concepción individuo-céntrica del líder.

En pocas palabras, cuando el personalismo y el voluntarismo representaban una regresión en las relaciones entre gobernantes y gobernados, Dieterich acudía a exaltar tales conceptos. Justificador del cesarismo en el poder, Dieterich ha sido una especie de Laureano Vallenilla Lanz a su manera.

Algo más se puede abonar a la cuenta cuando de las proezas intelectuales del opinante se trata: Dieterich obró el milagro de hacer que la izquierda, históricamente desconfiada de los movimientos populistas, aceptara cínicamente los cantos de sirena del neopopulismo. Y al vender su original interpretación de la conexión líder-masas lo hizo a expensas de que esa izquierda se prestara muchas veces a darle un apoyo oportunista y provisional a los aspectos más delirantes del proyecto voluntarista que ahora se exaltaba.

Pero creo que tampoco puede perderse de vista lo mucho que este autor, ahora tan leído, hizo por darle consistencia sideral al liderazgo de Chávez. Retengamos esta afirmación que corrió alguna vez por su cuenta: La larga noche de la teoría revolucionaria antiburguesa (…) duró tres lustros hasta que (…) Hugo Chávez la rehabilitó públicamente y le devolvió su status emancipador, no sólo en defensa de la humanidad sino en pro de su liberación definitiva.

La Revolución Mundial pasa por Hugo Chávez. Esta aseveración acerca del paladín de la Humanidad está fechada en 2005.
De Dieterich podría decirse lo que dijo Rómulo Betancourt acerca de Vallenila Lanz: que era preciso empastarlo en papel higiénico. Sólo que, en este caso, si se consigue.

Sufrimos una dictadura que tiene las siguientes características: Una coalición cívico-militar que sustenta un gobierno dirigido mayoritariamente por militares y que en su conjunto tienen el proyecto de implantar el comunismo en Venezuela. Mejor decirlo así, “claro y raspao” que seguir invocando todos esos eufemismos con los que le salvamos, una y otra vez, la reputación al régimen.

Y esta calificación no tiene que ver con cuantas elecciones hayan hecho (porque ya no son competitivas sino ventajistas y tramposas), tampoco con que haya una Constitución (porque no la respetan) o porque ellos mismos no den un paso sin invocar al “poder popular”.

Este régimen es una dictadura porque, tal y como lo plantea Carl Schmitt en su famoso libro “La Dictadura”, esta forma de gobierno “ejerce y realiza el poder estatal de una manera inmediata, es decir, no mediatizado a través de instancias intermedias, entendiendo por ella el centralismo, por oposición a la descentralización”. Antes atina a decir que “la mera abolición de la separación de los poderes se la llama ya dictadura”. Y en esto llevamos quince años.

La dictadura venezolana del siglo XXI tiene como atributo más usual el usufructo de leyes habilitantes que concentran el poder legislativo, ejecutivo y judicial en una sola persona, el presidente de la República, quien la ejerce sin control político, habiendo sometido al resto de las instituciones y contando con el acatamiento, disciplinado y rigoroso, del estamento militar. El presidente dice ser la encarnación viviente de un orden soberano de carácter “cuasi-divino” y gaseoso que ellos llaman pueblo, o si se quiere “poder popular”, entidad abstracta e inconmensurable que ha depositado sobre los hombros del líder toda su voluntad y capacidad de disposición.

El dictador actúa en nombre del pueblo, lo interpreta con criterios de exclusividad, y por esa misma causa no tiene que consultar ni el qué ni el cómo con nadie. Una de las características más conspicuas de la dictadura es que la consulta se convierte en un ritual vacío de contenidos, más propaganda que proceso real, más excusa que una conducta evidente.

El dictador, ya lo decía Hobbes de su Leviathan, se justifica en la eficacia de los resultados. Sin embargo tiene que comprar tiempo y legitimidad logrando sus objetivos sin importar los costos. No hay dictadura sin fines estrambóticos que están, supuestamente, al alcance de la mano siempre y cuando puedan sortear barreras e impedimentos jurídicos.

Por eso la habilitante. Al dictador le estorban los debates y considera tiempo perdido eso que llaman “la justicia burguesa”. Y por supuesto, no hay dictador que no advierta sobre la presencia de “los enemigos del pueblo y de la patria” que lo obligan a usar toda la fuerza de que disponen para lograr sus objetivos y al mismo tiempo son la excusa recurrente que utilizan por no haberlos logrado.

¿Por qué esta dictadura es comunista? Antonio Cova solía repetir que ellos pensaban como comunistas, actuaban como comunistas y que estaban en los trámites de hacernos vivir como comunistas, solo que nosotros (la sociedad civil) habíamos opuesto una resistencia heroica que los había retardado. Pero tienen el plan y lo administran con sagacidad desde el 2007, el primer año de vigencia del Plan Socialista Simón Bolívar. Y si Chávez no hubiera enfermado y muerto, ahora mismo estaríamos enfrascados en los ardores de la profundización del poder comunal.

El dictador, una vez resueltas dos o tres circunstancias desestabilizadoras propias del proceso, sacó del bolsillo el Plan Patria, herencia programática de su antecesor, y está en los trámites de acelerar el paso hacia la planificación central de la economía, la apropiación de los medios de producción privada, la intervención hasta su destrucción de la lógica y funcionamiento del sistema de mercado, y la constitución de un capitalismo de Estado hegemónico y aplastante. En eso consiste el comunismo, en la repartición forzada pero planificada, en el empoderamiento de las montoneras y en la destrucción de la economía y los derechos de propiedad.

Las dictaduras comunistas se administran a través de burocracias autoritarias. Por ellas, y a través de ellas las leyes se convierten en una excusa o en una amenaza. Ellas son las que expresan de la mejor manera ese apotegma latinoamericano que dice “A los amigos todo. A los enemigos la ley”. Guillermo O´Donnell las presenta como “un poder monolítico e imponente cuyo discurso celebra la superior racionalidad que debe imponer a una nación para rescatarla de su más honda crisis”.

Se venden como la única opción a la desgracia social absoluta. Se presentan unas veces como el gendarme necesario y muchas otras como el único camino para “vivir viviendo” hacia la máxima felicidad. Sólo ellos saben cómo. Sólo ellos son los poseedores de los códigos secretos para llegar allí donde los demás no han podido llegar porque antes se estrellaron. Ya sabemos por qué los que nos gobiernan se presentan como los adalides de una guerra económica que ellos inventaron.

Esta es también la razón ideológica para presentarse en comandita o montonera justiciera y arrasadora, con esa estética tan propia del opresor latinoamericana que llega en bandadas para administrar procesos sumarios, gritar culpas de otros y ordenar las colas de los que no son otra cosa que saqueos administrados. Todos esos son los atributos ceremoniales del poder dictatorial. Todas ellas son expresiones de quienes dicen tener el control sin que les importe el imperio de la ley, sin rendirle pleitesía alguna a la Constitución. Fatal arrogancia que siempre los ha hundido en el desprestigio mundial.

Orden social y normalización económica son sus consignas, pero no son sus resultados. Su forma de ser y de hacer las condena al fracaso, en primer lugar porque es una forma de dominación que se corrompe absolutamente (la palabra de Lord Acton vaya adelante) y en segundo lugar porque practican sistemáticamente la exclusión política y la exclusión económica.

Esa es tal vez la característica más resaltante de la dictadura comunista: La exclusión, el abismo que se abre entre la nomenklatura y sus asociados por una parte, y el resto del país por la otra. Vivimos esta esencia, y todo lo demás es mera apariencia. Además la vivimos en su forma primitiva y transitando los viejos errores.

Otros han progresado y no les ha quedado más remedio que acatar la realidad. El secretario general del Partido Comunista chino (PCCh) y futuro presidente, Xi Jinping, apostó esta semana que culmina por que el nuevo Gobierno (el suyo) preste “más respeto a las leyes del mercado” y juegue un “mejor papel en el camino de las reformas y la apertura”. Tal vez no sea por gusto sino por realismo y responsabilidad. Mientras tanto aquí seguimos metabolizando discursos ofensivos y promesas irrealizables.

e-mail: victormaldonadoc@gmail.com

Por Víctor Maldonado