MAO TSE TUNG SE DEBE ESTAR REVOLCANDO EN SU TUMBA TRAS LOS HALLAZGOS DEL CAPITALISMO AMARILLO MAS HIPÓCRITA QUE EL DE LOS ROJITOS VENEZOLANOS QUE LOS ADMIRAN.

EL PAÍS, junto con otros medios internacionales como The Guardian, BBC, Le Monde,Süddeutsche Zeitung o Asahi Shimbun, ha tenido acceso a una base documental obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que revela que al menos 13 parientes de máximos dirigentes del régimen —incluidos el actual presidente, Xi Jinping, y los ex primeros ministros Wen Jiabao y Li Peng—, así como 15 grandes empresarios y grandes compañías estatales han mantenido gran actividad en refugios fiscales.

Colocamos aquí el resumen que el diario español presentó a sus lectores:

La élite comunista de China oculta empresas en paraísos fiscales

Una investigación revela la actividad en refugios opacos de familiares de la élite

En la base de datos a la que ha tenido acceso EL PAIS figuran magnates y compañías estatales

El cuñado del presidente e hijos de exprimeros ministros y otros altos dirigentes, implicados

JAN MARTÍNEZ AHRENS / FERNANDO GUALDONI / JESÚS SÉRVULO GONZÁLEZ / ANDREA RIZZI Madrid 22 ENE 2014 – 08:55 CET

China vive la mayor y más veloz transformación que ha experimentado un país en las últimas décadas. El proceso de apertura y reforma ha sacado a cientos de millones de personas de la pobreza, pero la brecha social ha alcanzado un nivel peligroso. El enriquecimiento acelerado de las élites ha erosionado la credibilidad de los mandatarios comunistas,cuyas promesas de acabar con la desigualdad y la corrupción se enfrentan ahora a un nuevo escándalo: el uso masivo de paraísos fiscales por parte de sus familiares directos. EL PAÍS, junto con otros medios internacionales como The Guardian, BBC, Le Monde,Süddeutsche Zeitung o Asahi Shimbun, ha tenido acceso a una base documental obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que revela que al menos 13 parientes de máximos dirigentes del régimen —incluidos el actual presidente, Xi Jinping, y los ex primeros ministros Wen Jiabao y Li Peng—, así como 15 grandes empresarios y grandes compañías estatales han mantenido gran actividad en refugios fiscales.

Los registros de estas sociedades opacas, analizados en colaboración con dicho consorcio, proceden de una filtración de más de dos millones de archivos de dos gestoras (Portcullis TrustNet y Commonwealth Trust) que operan en las Islas Vírgenes Británicas. La elección de este archipiélago del Caribe por parte de la élite china no es extraña: el territorio británico de ultramar era el segundo inversor directo en China en 2010 —año hasta el que figuran registros en la base de datos filtrada—, solo por detrás de Hong Kong. Con apenas 27.000 habitantes, tiene inscritas más de un millón de sociedades, el 40% procedente de China, Hong Kong y Singapur.

El examen de los datos evidencia cómo numerosos integrantes de la élite comunista han abierto sociedades offshore después de haber labrado enormes fortunas a la sombra del régimen. Esta práctica corrobora una de las debilidades sistémicas chinas: que las tres décadas transcurridas desde que Deng Xiaoping abandonó la economía central planificada y saltó al capitalismo bajo el gobierno único delPartido Comunista Chino (PCCh) han enriquecido de forma desmesurada a un sector privilegiado de la población, gracias a su cercanía al poder.

Los documentos, que llegan hasta principios de 2010, permiten constatar cómo estas tramas familiares, pertenecientes a los más altos linajes comunistas, se han aprovechado de la opacidad de las Islas Vírgenes Británicas para enviar el dinero fuera de los circuitos habituales a través de empresas creadas por ellos mismos o de su participación en otras ya constituidas. Esto facilita ocultar bienes y dinero del control oficial (China limita el movimiento de capital al extranjero a 50.000 dólares por habitante y año) e incluso beneficiarse de los privilegios fiscales de Pekín a inversores extranjeros.

En los datos analizados figuran al menos 13 miembros de la denominada nobleza roja, es decir, parientes de los dirigentes de la cúpula comunista en activo, jubilados o fallecidos. Entre ellos, destacan el cuñado de Xi Jinping; el hijo y el yerno del anterior primer ministro, Wen Jiabao; la hija de su antecesor, Li Peng; un yerno del fallecido Deng Xiaoping, o el nieto del legendario comandante de la revolución Su Yu. Estas 13 personas aparecen vinculadas al menos a 25 sociedades en calidad de accionistas o directores.

El caso de Deng Jiagui, marido de Qi Qiaoqiao, hermana mayor del actual presidente chino, es emblemático de la nueva China: construyó junto a su pareja un imperio inmobiliario en Hong Kong y Shenzhen en apenas 20 años. Wen Yunsong, hijo del ex primer ministro Wen Jiabao, creó en un paraíso fiscal la empresa Trend Gold Consultants. Una investigación de The New York Times publicada en 2012cifra la fortuna de la familia de Wen Jiabao en 2.700 millones de dólares.

Otra aristócrata que ha operado en refugios fiscales es Li Xiaolin, la hija del ex primer ministro Li Peng, quien reprimió sangrientamente las manifestaciones democráticas de Tiannanmen. La hija es conocida en su país como Power Queen (Reina de la Energía) porque controla uno de los monopolios eléctricos chinos, y porque ostenta su riqueza e influencia sin ningún pudor.

Gran parte de la actividad offshoredesarrollada por la nobleza roja corresponde a la época en que su parentela ejercía el poder. Así ocurre, por ejemplo, con el hijo y el yerno del exprimer ministro Wen Jiabao, fundadores de una empresa en las Islas Vírgenes Británicas en pleno mandato del padre (2003-2013). En el caso del actual presidente, Xi Jinping —él mismo un príncipe, nombre con el que son conocidos los descendientes de los altos líderes y exlíderes del PCCh—, la constitución de la sociedad offshore coincide con su etapa como vicepresidente (2008-2013), aunque la creación de la inmobiliaria copropiedad de su cuñado Deng Jiagui fue anterior a su llegada a la presidencia en marzo del año pasado. En la base de datos no figuran el presidente ni el ex primer ministro.

También constan en los registros al menos una quincena de magnates empresariales. Muchos son protagonistas de la vertiginosa efervescencia económica experimentada por China en las dos últimas décadas. Es el caso de Ma Huateng, fundador de Tencent, el coloso de la mensajería digital, con una fortuna estimada en 10.100 millones de dólares (7.400 millones de euros).

EL PAÍS ha mantenido contacto directo con autoridades diplomáticas del país asiático para contrastar la información concerniente a los familiares de los mandatarios chinos. El Gobierno de Pekín, como ha sido su práctica habitual ante otras revelaciones periodísticas de este tipo, ha declinado dar respuesta. Los casos que se publican a partir de la investigación han sido comprobados documentalmente y este periódico dispone de los registros correspondientes.

Fuentes próximas al Gobierno chino sostienen que la apertura de sociedades en paraísos fiscales no está vinculada a un fenómeno de corrupción o delictivo e insisten en que se trata de una práctica mercantil común entre empresarios chinos para competir con firmas extranjeras que invierten en China y que el Gobierno favorece con exenciones de impuestos. Para obtener las mismas condiciones, siempre según estas fuentes, los magnates locales abren sociedades en la Islas Vírgenes Británicas, desde allí reenvían el dinero al país asiático y, reconvertido en capital extranjero, reciben beneficios fiscales. Esta práctica se ha reducido notablemente, según las mismas fuentes, que alegan que ninguno de los documentos implica directamente a mandatarios chinos, sino solo a familiares que son empresarios. En esta línea, sugieren que la salida a la luz de los datos perjudica a los líderes que luchan contra la corrupción en China.

Las gestoras Portcullis TrustNet y Commonwealth Trust han declinado dar su opinión a este periódico sobre la filtración.

Investigaciones anteriores —como la de The New York Times u otra de la agencia de noticias estadounidense Bloomberg— sobre la acumulación de bienes de la élite comunista han acarreado la imposición de barreras al trabajo periodístico de dichos medios y el bloqueo de sus ediciones digitales en China. En el último año, el régimen chino ha emprendido una cruzada contra la corrupción, el despilfarro y el enriquecimiento ilícito de sus clases política y empresarial.

La filtración saca a la luz la colaboración de importantes entidades financieras, como UBS y Credit Suisse, en el flujo de dinero hacia los paraísos fiscales. Pero sobre todo revela el desdoblamiento ideológico del sistema chino, que en el interior del país actúa como guardián de una férrea disciplina económica, pero en el exterior se convierte en un usuario compulsivo de los servicios y privilegios que facilita la opacidad de los paraísos fiscales.

Los cables de Wikileaks publicados en 2010 por este diario y otras cuatro cabeceras internacionales ya daban algunas pistas sobre el sospechoso enriquecimiento de las familias de los máximos dirigentes chinos. Un informe secreto enviado a Washington desde el consulado de Shanghái en 2007 recoge declaraciones de una fuente que señala que “la familia de Wen es un notable dolor de cabeza político para el [entonces] primer ministro” y el “disgusto” del mismo con los negocios de sus allegados.

En otro cable, un viejo amigo del actual presidente sostiene que Xi Jinping “no es corrupto y no está para nada interesado en el dinero”, pero podría “ser corrompido por el poder”. La fuente describe a Xi Yuanping —hermano del dirigente— como “muy rico” y destaca su costumbre de “exhibir joyas y ropa de diseño”.

Uno de los sectores chinos más activos en la creación de firmas en los paraísos fiscales es el petrolero, según los documentos filtrados. La trinidad energética —Petrochina, Sinopec y China National Offshore Oil Corporation (CNOOC)— es la punta de lanza y el sustento de la pujanza económica del país, y sus dirigentes están entre los más influyentes dentro de la élite local. Tanto es así, que varios expertos afirman que los altos cargos de la industria energética tienen un grupo propio dentro del aparato del PCCh. Muchos de los dirigentes que conforman la “facción petrolera” han sido formados en universidades occidentales y cuentan con una amplia experiencia internacional. Y aunque son designados por el Politburó, tienen autonomía para gestionar a las empresas tanto desde el punto de vista financiero como estratégico. La base de datos muestra que las petroleras y sus directivos establecieron docenas de empresas en las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Cook y otras jurisdicciones extraterritoriales entre 1995 y 2008, aunque no hay pruebas de que hayan participado en actos ilegales.

Los documentos sobre las actividades opacas de la élite china remiten a uno de los problemas fundamentales del gigante asiático: el fuerte aumento de la desigualdad social. Los dirigentes comunistas temen el malestar y las protestas que el desigual reparto de la renta puede inducir, hasta el punto de haber convertido el asunto en una auténtica prioridad política. Pese a ello, la acumulación de riqueza en pocas manos no deja de crecer: el número de mil millonarios en el país asiático ha pasado en una década de cero a 315. Y la afluencia del dinero fácil a las élites políticas es tal que 153 de las 1.000 personas incluidas en la lista de los más ricos de China son diputados de la Asamblea Popular Nacional o de su órgano consultivo. En esta línea, los 20 miembros más opulentos de esta asamblea acumulaban en 2012 un patrimonio de 62.200 millones de dólares, es decir, 46 veces más que los 20 congresistas estadounidenses más acaudalados, según datos de Roll Call, un centro de información especializado en la política de Washington.

Además de ser causa de indignación popular, la salida ilícita de capitales es un factor que potencia la desigualdad, porque reduce la capacidad de recaudación y por tanto de redistribución por parte del Estado. La cuantificación exacta de los movimientos ocultos de capitales es hoy en día imposible, pero la organización sin ánimo de lucro Global Financial Integrity, un centro de estudios estadounidense, ha calculado que en 2011 —último año disponible— salieron ilegalmente de China unos 150.000 millones de dólares, casi un 12% del PIB español.

En los últimos días y como reactivo catártico al asesinato que ya todos conocemos bien, una petición se ha visto por ahí. No han sido pocos los que claman por la muerte. Pena de muerte para acabar con la delincuencia insoportable. Échele baygón. Quizás si han sido pocos, pero en cualquier caso, preocupa que sean algunos. Ellos sostienen el siguiente argumento: La pena de muerte como condena máxima prevendría el delito, pues el asesino o violador o secuestrador, por salvar su pellejo, evitaría incurrir en aquellos hechos ilícitos que tendrían como consecuencia el baygón. Y ya está.

Supongo que es natural que ante la situación de desesperación e impotencia que genera la delincuencia campante, alguno tienda a clamar por esa justicia de talión. Pero la realidad de nuestro tiempo hace necesaria una reflexión más profunda que evite que pensamientos como este se contagien. No es mi intención comentar las conquistas de nuestro continente en materia de derechos humanos, ni sobre la característica de progresividad de esos derechos. Y no lo haré porque esa noción de progresividad y de pertenencia a la continentalidad americana, esto es, al sistema interamericano de protección de derechos humanos, aquí, nos importa un pepino. Aquí reina la soberanía, y la voluntad popular, capaz de destruirlo todo en esa despiadada y tergiversada idea que tenemos de democracia.

Para hacer un argumento contra la pena de muerte, no hace falta referirse a los números de los países en los que aún existe, ni a estadísticas rimbombantes que demuestren su fracaso. Limítese usted a entender al verdugo. A esa autoridad estrambótica que expropia porque le da la gana; esa que declara guerras contra los anaqueles; esa que amenaza con cárcel a la disidencia; esa que no tiene compasión con presos enfermos, esa y no otra autoridad, decidiría quién muere y quién vive. Simonovis, Díaz y Forero hace rato hubiesen pasado por el cadalso, y con ellos tantísimos otros, víctimas de esos jueces provisorios (o incluso titulares), temerosos del coletazo de temor generado en el aparato judicial por el caso Afiuni. La autoridad que ya da miedo, daría el doble. La autocensura que hoy nos agobia, se multiplicaría por mil, sumiéndonos a todos en el terror de la muerte impuesta por un Estado sin Derecho.

Cuidado. No pretendo decir que si existiese un Estado de Derecho, de tribunales independientes y debido proceso, la pena de muerte sería aceptable. Nunca lo será, porque el derecho tiene la virtud y la fatalidad de ser alterado, muchas veces para dejar de ser derecho y convertirse en instrumento de quien tiene la sartén por el mango. Y aunque no lo sea, entender a la ley y al derecho como una puridad, independiente de la sociedad, de la democracia y de la republicanidad, es no entender nada. Un verdadero Estado moderno es sólo posible cuando las tres interactúan. En las dictaduras también hay leyes.

Clamar por un degolladero es ponerse media soga al cuello; someterse a la azarosa y manipulable voluntad del verdugo que, con seguridad, se disfrazaría de voluntad popular. De mitades más uno. De mayorías asesinas. Sería la guinda de esta falsa revolución: llenar las plazas, como lo hizo la verdadera, de guillotinas, para terminar de darle al mundo más pena. Pena de muerte.

Miguel E. Weil Di Miele

Twitter: @weilmiguel

Gobiernos como el nuestro son en esencia impositivos y penalizadores, generadores de temores e inhibidores de la libertad, poco transparentes y manipuladores. En las formas de operar de estos socialistas dogmáticos hay de por medio una especie de reconocimiento de que si no es a través de la férrea imposición de controles para restringir y asfixiar el desenvolvimiento ciudadano y el de las empresas, las normas que se dicten no van a ser pacíficamente abrazadas. Es por ello que en el discurso de los líderes revolucionarios los insultos, las amenazas, la oferta lapidaria de sanciones deben estar siempre presentes.

La política cambiaria recién anunciada, la política comercial que le será adosada y los controles a las utilidades de los negocios, son la mejor demostración de que no puede normarse con holgura la transformación que el país clama. Esta transformación debe revestir la forma de una camisa de fuerza para que pueda funcionar, en su opinión. Además, no debe revelarse a los gobernados el fin último perseguido sino debe rodearse la estrategia de un morboso misterio. El caso es que estamos desde esta semana frente a un proceso creciente y programado de devaluación de nuestro signo monetario y frente a mayores y más sofisticadas vías para instaurar calles ciegas al desarrollo de la empresa privada en el país. A esto, en síntesis, se ha circunscrito la nueva política económica que con tanta fanfarria se ha anunciado y que el país esperaba con inquietud.

Lo dramático es que pueda pensarse, dentro del liderazgo revolucionario, que tal turbio esquema pueda convertirse en el ambiente dentro del cual los particulares y las empresas se animen a arriesgar sus dineros en Venezuela, como inocentemente lo anuncia el presidente. Ante una tasa de cambio cuya evolución y alcance se ignora; ante la incapacidad material de importar insumos para sus procesos, o productos para comercializar; ante las limitaciones prometidas a las utilidades; ante la imposibilidad real de remitir las utilidades al exterior; ante una esquema laboral penalizador de la actividad productiva, ¿cómo puede este gobierno pretender que el esquema anunciado es uno en donde cualquier inversionista se sentirá cómodo? Alguien tendría que explicarle a quienes manejan el país que la condición básica de quien invierte es poder planificar en primer lugar, y en segundo, hacerlo dentro de un ambiente donde se actúa con estabilidad y transparencia.

Así pues, lo que tenemos en el panorama es un proceso acelerado de desabastecimiento y carestía que la población cada día asimilará peor. Más grave que todo ello es que no hay corrección del rumbo: está pasión controladora determinará la incapacidad de recuperar el ritmo de crecimiento por la vía de la llegada de nuevos capitales que le inyecten dinamismo a las actividades susceptibles de convertir a este país en uno menos dependiente del petróleo.

Controles e inversión no comen juntos en el mismo plato.

El Nacional

La alegría de caminar es incomparable y muchas de nosotras no sabemos cuáles son los beneficios que nos brinda hacer este ejercicio.

Ya sea por flojera o falta de tiempo, preferimos evitar caminar unas cuadras numerables todos los días, pero hacerlo con buena actitud ayuda a reducir derrames cerebrales y enfermedades coronarías al corazón.

Aquí te dejamos una lista con los beneficios que le dará a tu salud si dejas el sedentarismo de lado:

– Es bueno para el corazón y ayuda a reducir el colesterol alto

– Aumenta el bienestar mental, eleva tu estado de ánimo, ayuda a superar la depresión y la ansiedad, y libera la tensión

– Ayuda a reducir el riesgo de cáncer de mama, cáncer de colon y la diabetes no dependiente de insulina

– Es bueno para el cerebro, los huesos y los músculos

– Disminuye la presión arterial y la grasa corporal

– Te ayuda a dormir mejor y aumenta tus niveles de energía

– Es un ejercicio de bajo impacto, por lo tanto produce menos tensión en las rodillas y las articulaciones

– Prolonga tu vida cerca de 2 minutos

– Se reducen los dolores de artritis y de espalda

ElComercio.pe

El nombramiento de 107 viceministros de 29 ministerios del gabinete Ejecutivo fue publicado hoy en la gaceta Oficial N 40.337.

Destaca entre los nombramientos los 5 viceministerios que conforman el Ministerio de Interior, Justicia y Paz: “Seguridad Jurídica, José Vicente Rangel Avalos; Sistema Integrado de Policía, Marcos Jesús Rojas Figueroa; Gestión de Riesgos y Protección Civil, Joaquin Alejandro Liñayo Rovero, Prevención y Seguridad Ciudadana, Manuel Sabino Suárez Hidalgo y Sistema Integrado, María Wendolay Martínez Montero.

Para el Despacho de la Presidencia y seguimiento de la gestión de Gobierno fueron designados, Cesar Gabriel Trompiz, Carolina del Valle Cestari y Pedro Alfonso González Salmeron.

En el ministerio de la Defensa  estarán los viceministros  César Alberto Salazar, Servicios, Personal y Logística; Paúl Grillet Planificación y Desarrollo de la Defensa y Luis Eduardo Quintero, Educación para la Defensa.

Cinco viceministerios conformarán el Ministerio de salud: Salud Integral, Carlos Humberto Alvarado; Redes de Atención Ambulatoria de Salud, Rosillar del Valle Mata León; Redes de Salud Colectiva, Pasqualina Cursio; Hospitales, Juana Contreras y Recursos, Tecnología y regulación, Aurelio Tosta.

En el Ministerio de Comunicación e Información resalta el nombramiento de cinco viceministros: Rolando Jesús Corao, Comunicación e Información; William Alfredo Castillo, Televisión; Manuel Pérez Santana, Radio; Felipe Alberto Saldivia, Medios Impresos y José Miguel España Figueroa, Redes Sociales.

El Universal

Recibí a mediados de semana una llamada telefónica del propietario y director de El Nacional desde Caracas, en la que Miguel Henrique Otero me aseguró que las cosas son aun más dramáticas de lo que se ha publicado y urge una solidaridad internacional para impedir lo que se viene. Se refería al riesgo inminente de que Venezuela se quede sin periódicos.

Desde fines del año pasado, el gobierno no otorga a las empresas que editan diarios las divisas para importar papel de periódico. El lo importa desde Canadá y Estados Unidos, pero otras empresas periodísticas lo traen desde lugares tan distintos como Brasil o Finlandia. Los inventarios han quedado reducidos a la mínima expresión; en el mejor de los casos, limitando el número de páginas drásticamente, podrán sobrevivir cuatro semanas. Algunos no tienen inventarios ni siquiera para eso y su agonía puede ser mucho más corta.

¿Qué explicación les da Cadivi, el organismo estatal encargado de otorgar las divisas? Ninguna. Para mantener la ficción de que el gobierno no está actuando deliberadamente, Cadivi no ha prohibido el acceso de los diarios a las divisas: simplemente se niega a ejecutar la entrega sin dar la menor explicación.

En muchas otras áreas de la economía, lo que sucede en este tipo de situación es que se apela al dólar clandestino en el mercado negro, que cotiza 10 veces por encima del precio oficial (68,69 bolívares contra 6,3). Las empresas que importan insumos como papel de periódico del extranjero por obvias razones no pueden hacer eso. Sería imposible para ellas ocultar semejante operación, para no hablar de los riesgos que correrían, en caso de intentarlo, bajo un gobierno que los tiene vigilados día y noche, y los acosa con expedientes judiciales y procesos administrativos.

Una parte del problema es, desde luego, “ambiental”: el clima general en el que se desarrolla la economía está signado, entre otras calamidades, por la pérdida de divisas en manos del Estado a ritmo acelerado. Sólo en 2013 ellas cayeron 28%. Pero, a decir de Otero y compañía, esto no explica el problema y constituye una oportunidad dorada para un gobierno que quiere, simple y llanamente, “que desaparezcan los periódicos”. ¿Por qué los periódicos? Porque, tras la desaparición de la televisión crítica e independiente y el sometimiento de gran parte de las radios, ellos son la familia de medios de comunicación donde se concentra lo que queda de periodismo crítico (los medios cibernéticos constituyen un caso aparte).

Aunque su impacto social no pueda compararse con el de los medios audiovisuales, en la Venezuela de hoy, donde el apagón democrático en la televisión es total tras la venta de Globovisión a manos cercanas al oficialismo, el papel de los periódicos ha cobrado dimensiones desproporcionadamente importantes. Una prueba es la agresividad con que el gobierno los ataca.

Maduro lo sabe y está utilizando el papel periódico, la materia física de la que dependen los diarios como los pulmones del aire, para sacarse de encima los remanentes de independencia informativa y de opinión fiscalizadora en Venezuela. Lo que reclaman los dueños y directores de periódicos en esta dramática circunstancia es la máxima solidaridad internacional para obligar a Maduro a retroceder.

No es exagerado decir que si Maduro logra dejar a su país sin periódicos, habrá dado un salto definitivo hacia la creación de una segunda Cuba en el hemisferio occidental.

Fuente: La Tercera 

El presidente de la Comisión de Finanzas de la AN indicó que se definirán los sectores prioritarios que seguirán recibiendo las autorizaciones para adquirir divisas a Bs. 6,30 por dólar.

El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Ricardo Sanguino, dijo que los cambios planteados al esquema cambiario no implican restricciones en el acceso a las divisas y que la decisión del Ejecutivo es avanzar hacia un sistema cambiario dual.

“Vamos a otra etapa, vamos a un cambio dual, un dólar a Bs 6,30 y otro a tasa de la subasta Sicad”, dijo el parlamentario este lunes en la noche en una entrevista a Unión Radio.

Sanguino afirmó que se establecerán prioridades y citó como ejemplo el caso de una persona natural que requiere divisas para asumir gastos de salud en el exterior, en cuyo caso se mantendrá la tasa de Bs 6,30 por dólar.

“Muchas personas valiéndose de lo que decían las normas abusaron de la utilización de los dólares de Cadivi. El gobierno tiene que tomar los correctivos para minimizar que esto no siga ocurriendo”, expresó el presidente de la instancia parlamentaria.

Añadió que la eliminación de Cadivi será progresiva y que “lo que esté en trámite, se asignará lo que corresponda”.

El Universal