La Academia Nacional de Ciencias Económicas, en cumplimiento de sus atribuciones, de acuerdo con el Artículo 2º, numeral 4, de su Ley de creación, se dirige al Gobierno y a la opinión pública nacional con relación a las medidas económicas anunciadas por el Gobierno Nacional.
Los problemas económicos de inflación, escasez y desempleo que Venezuela está padeciendo en los actuales momentos no tendrían razón de ser si no fuera por la insistencia reiterada del Gobierno Nacional en tomar medidas contrarias y contraproducentes a las posibilidades de desarrollo sostenido que permiten los recursos naturales, el capital y el talento humano con que cuenta el país. La economía venezolana ha sido expuesta durante los últimos años a una serie de medidas que han generado importantes desequilibrios macroeconómicos, afectando seriamente el funcionamiento del sistema económico interno, especialmente en su capacidad para proveer los bienes y servicios requeridos para mantener y mejorar el nivel de vida de la población, así como para incrementar el empleo productivo. La exagerada expansión del gasto del sector público, financiado en buena medida con endeudamiento, y la emisión monetaria sin respaldo por parte del Banco Central de Venezuela, en un marco de hostigamiento a la actividad económica privada, de inseguridad jurídica y desestimulo a la inversión, destacan como causas fundamentales del extraordinario proceso inflacionario que hoy nos afecta. Asimismo, la escasez de divisas, la incertidumbre sobre el desenvolvimiento del tipo de cambio, el ineficiente manejo de las empresas expropiadas por parte del Estado y las distorsiones que los controles de precios han creado en el funcionamiento de los mercados de bienes, servicios y factores, deben añadirse como elementos que contribuyen a que Venezuela sea, ya desde hace varios años, el país con la más elevada tasa de inflación y con las peores expectativas de crecimiento en América Latina.
Es de destacar que tanto en la esperada alocución del Presidente de la República del 15 de enero de 2014 como en la del Vicepresidente para el Área Económica del 22 de enero, ninguna de las medidas anunciadas permite concluir que se están tomando decisiones de política económica dirigidas a corregir los desequilibrios y distorsiones estructurales que hemos señalado como causas fundamentales de los severos problemas económicos que nos aquejan.
En cuanto a las medidas de política cambiaria anunciadas, debemos alertar que la devaluación del bolívar, que resulta de trasladar una porción de las transacciones externas corrientes desde una tasa de cambio de Bs. 6,30 por dólar a la tasa que prevalece en el llamado Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD) no resuelve el problema de la significativa apreciación de nuestra moneda, factor que tanto daño ha hecho al desarrollo del aparato productivo interno. Por otra parte, los anuncios no reducen la incertidumbre respecto a la disponibilidad de divisas y los tipos de cambios que deberán afrontar los diferentes sectores de la economía. Asimismo, existen serias dudas sobre la suficiencia y sostenibilidad del régimen cambiario anunciado, dado el evidente déficit en la oferta global de divisas, si se tiene en cuenta el comportamiento histórico reciente de las importaciones de bienes y servicios del país.
Es un hecho que preocupa sobremanera que la relación entre la liquidez monetaria y las reservas internacionales, que ya superaba en más de nueve veces el tipo de cambio oficial para finales de 2013, se siga expandiendo sin restricciones. La profundización del desequilibrio cambiario y monetario propicia expectativas adversas que seguirán generando una demanda por dólares a niveles que superan largamente su oferta a los precios oficiales. Al mantener ilegalizada toda transacción con divisas no realizada a los precios oficiales, es inevitable que continúe operando un mercado negro donde el tipo de cambio seguirá siendo bastante elevado. Como lo prevé la teoría económica, el racionamiento de las divisas producto del régimen de control de cambios estimula un comportamiento especulativo que incrementa la demanda por dólares “baratos” mientras dispara su precio en el mercado ilegal, dando lugar a una generalizada corrupción que incrementa aún más las distorsiones y la ineficiencia en el mercado cambiario. Lamentablemente, además, el precio del dólar en el mercado ilegal se ha convertido en una importante referencia para la fijación de precios en muchas transacciones domésticas.
Pretender combatir la inflación, como insiste el Gobierno, acentuando los controles de precios, conducirá inevitablemente a mayores distorsiones, con graves consecuencias para la economía nacional. La estructura de precios determina la toma de decisiones de los distintos agentes económicos. El sistema de precios que hoy prevalece en Venezuela desincentiva la inversión real en los sectores productivos nacionales, estimula las importaciones y las actividades especulativas, y sobre todo hace más imperfectos y menos competitivos los mercados, potenciándose los efectos negativos sobre el empleo, los salarios y el desabastecimiento.
Seguir atribuyendo la escasez y la falta de inversión a acciones perversas de quienes, a juicio del Gobierno, han desatado una “Guerra Económica” contra el bien común, obvia la estructura de incentivos que han propiciado las erradas medidas de política económica a las que hemos aludido. Es en la radical corrección de estas políticas que debe centrarse la búsqueda de soluciones y no en respuestas de inspiración bélica o policial que, lejos de erradicar estas prácticas, aumentan su atractivo. De la misma manera, centralizar las importaciones, exigir mayores requisitos e incrementar las penalidades a los infractores, no harán más que elevar significativamente los costos de la actividad económica en Venezuela. Pretender controlar, además, las tasas de ganancia elimina el incentivo principal a la actividad innovadora, condenando el aparato productivo y comercial al estancamiento y deteriorando aún más el ingreso real de los asalariados.
Cabe señalar que el reforzamiento de los controles y el incremento de medidas punitivas infringen derechos económicos consagrados en la Constitución y acentúan la inseguridad jurídica que han venido confrontando las empresas durante los últimos años. La incertidumbre resultante disuade las inversiones productivas, sacrifica empleos y alienta la fuga de capitales.
La Academia Nacional de Ciencias Económicas considera imperiosa la rectificación de la actual política económica, si es que se quiere evitar un mayor deterioro de nuestra economía. Insistimos que no es con mayores controles como se pueden corregir las distorsiones que han propulsado la inflación, el desabastecimiento, el desempleo y la salida de capitales que vienen destruyendo el bienestar de los venezolanos. Es menester levantar estos controles y desmantelar las regulaciones excesivas para sincerar los precios de los bienes y servicios que se transan en el mercado interno, en un marco de seguridad jurídica y respeto por los derechos económicos que aliente la actividad productiva, genere empleos, propicie la sana competencia y reduzca la dependencia de las importaciones. Una política macroeconómica que procure restablecer los equilibrios básicos en los distintos mercados habrá de generar el clima de confianza necesario para la inversión y el crecimiento económico, para beneficio de la inmensa mayoría de los venezolanos. En este escenario, debe flexibilizarse el esquema cambiario con miras a la liberación perentoria de todas las transacciones en moneda extranjera. Por último, es imprescindible erradicar el financiamiento monetario del déficit del sector público, tanto directo como indirecto.
Felizmente el país cuenta aún con una importante capacidad para generar ingresos por exportaciones de petróleo que, lamentablemente, ha sido dilapidada por la política equivocada de gerencia del sector petrolero y muy especialmente de PDVSA. Aprovechar la potencialidad de los recursos petroleros, a través de un manejo acertado de la industria, generaría ingresos que, inteligentemente empleados, podrán paliar los efectos perniciosos sobre el nivel de vida de algunos sectores de la población que pudiera acarrear, transitoriamente, la rectificación de políticas que solicitamos, así como financiar la inversión en infraestructura y en la mejora de los servicios para la recuperación del aparato productivo.
La Academia Nacional de Ciencias Económicas reitera su disposición a colaborar con la formulación de los lineamientos que podrían guiar la rectificación esperada.
Luis Mata Mollejas Eduardo Ortiz
Presidente Secretario
Caracas, 29 de enero de 2014
