EN 2016 PROVEA CALIFICÓ AL GOBIERNO de Nicolás Maduro de “dictadura moderna”, como consecuencia de la suspensión ilegal del proceso de referendo revocatorio convocado por la oposición venezolana. Los argumentos esgrimidos para tal denominación partían de su legitimidad de origen, el voto en las elecciones de 2013, pero dicha legitimidad, en el ejercicio del poder, se fue diluyendo, al punto de suspender elecciones hasta tanto pudiera “ganarlas” de forma fraudulenta. Esta característica lo diferenciaba de una dictadura clásica de arribo al poder por la vía del golpe de Estado.
Maduro había llegado a la presidencia por la vía democrática, luego de una elección, que si bien fue cuestionada por la mínima diferencia con el candidato opositor Henrique Capriles (1,77%), finalmente fue reconocida por todos los sectores. No obstante, el autobús de Maduro se fue descarrilando en el camino a través de leyes, decretos y cooptación de los poderes públicos; de violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos, llevando por el despeñadero los remanentes de su popularidad y de la democracia.
La terquedad del gobierno de mantenerse a la fuerza en el poder a pesar de la crisis política, económica y social en la que ha sumido a Venezuela, lo llevó a consumar el fraude electoral del 20 de mayo de 2018. En consecuencia, finalizado el período de Nicolás Maduro, no hubo ninguna elección presidencial para sustituirlo para el nuevo período que inicia el 10 de enero de 2019, pues el evento del 20-M no puede ser considerado una elección libre ni creíble y por ende se llega a la fecha sin «candidato elegido” como establece la Constitución.
Por ende, Maduro pasa a ser un presidente «de facto» al usurpar funciones, y debe convocarse de inmediato a un proceso electoral con todos los plazos y garantías necesarias, el cual no se realizó durante el período del presidente saliente. Un gobierno «de facto» jurídicamente significa que no es ni legal ni legítimo. De hecho, la propia CIDH, en el caso del golpe de Estado en Honduras, estableció que «un gobierno de facto es el que no tiene legitimidad de origen»; situación que ocurriría en Venezuela a partir del 10 de enero si Nicolás Maduro se juramenta y toma posesión del cargo. Asimismo, el artículo 138 de la CRBV, establece que: «Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos». Esto aplicaría para sus Ministros y todo funcionario que designe.
No comparto el criterio de calificar la situación como «falta absoluta». Para ello, según los artículos 231 y 233 de la CRBV, debe cumplirse el supuesto de un «presidente electo». Si decimos que lo ocurrido el 20-M no fue una elección sino una farsa, entonces no hay candidato electo. Además, la falta absoluta obligaría a una nueva elección «dentro de los 30 días consecutivos siguientes». Una elección en 30 días sería peor a la del 20-M pues ese lapso no sería suficiente para cambiar al CNE, evidentemente cooptado por el partido de gobierno, para una observación internacional fiable, la depuración del Registro Electoral Permanente, la habilitación de candidaturas de opositores al gobierno, etc.
En conclusión, al término del período de Nicolás Maduro no hubo presidente legítimamente electo, por lo que corresponde a la Asamblea Nacional, único poder constituido legítimo y por el voto, frente a un gobierno de facto, garantizar la realización de elecciones presidenciales democráticas. La respuesta frente a esta crisis política y social es clara: la movilización y presión conjunta de la sociedad civil democrática, las organizaciones sociales venezolanas, la Asamblea Nacional, los organismos internacionales de protección de derechos humanos, la comunidad internacional, y el pueblo en su ejercicio intransferible de soberanía y deber de restablecimiento del orden constitucional, con el firme propósito de detener el avance del gobierno de facto, responsable de vulnerar las libertades y los derechos económicos y sociales de la población.
@carlosdpatino
