El Examen Periódico Universal (sistema de evaluación por periodos continuos o ciclos, durante los cuales los Estados miembros de las Naciones Unidas revisan y reactualizan entre pares todas sus obligaciones y compromisos con los derechos humanos universales) comenzó a aplicarse en 2008 y al finalizar 2011 todos los Estados habían pasado por su primer ciclo. Los segundos ciclos se iniciaron en 2012 y finalizan este año 2016. La comparecencia de las autoridades venezolanas está prevista para el 1 de noviembre.

En el EPU de cada país, el conjunto de los Estados miembros del Consejo sesionan como Grupo de Trabajo, sin incluir a los que son examinados, y sus funciones son: la relatoría del examen, incluyendo en esta función la elaboración del informe final. La compilación de la lista de preguntas anticipadas, por escrito, que suministran los Estados examinadores, y su transmisión al Estado examinado. La confección de la lista de oradores de acuerdo con el procedimiento, y la administración de los tiempos de intervención, según el número de oradores inscritos. La aprobación del Informe Final sobre los resultados del examen, que contendrá todas las recomendaciones, apoyadas o no por el Estado examinado, y sus observaciones.

La relatoría se asigna a 3 Estados miembros, elegidos por sorteo de grupos regionales diferentes, a los que se llama La Troika. Estos relatores, con una composición diferente para el examen de cada país, pueden ser funcionarios o expertos que designan los Estados elegidos. Los Estados de La Troika pueden participar como examinadores en el diálogo. Un Estado de La Troika puede pedir su declinación a un examen. El Estado examinado también puede pedir que un Estado de La Troika sea de su propio grupo regional y la exclusión de uno, sólo por una vez, en un examen.

En la sesión de examen del primer ciclo del EPU de Venezuela, participaron 47 Estados. En esa oportunidad los Estados elegidos para La Troika fueron Guatemala, Burkina Faso y República Checa. Para la sesión de examen del segundo ciclo de Venezuela, que se efectuará el 1 de noviembre de 2016, los Estados de La Troika son México, Nigeria y Kirguistán.

De acuerdo con las reflexiones de Carlos Villán Durán, profesor de Derecho internacional de los derechos humanos, Presidente de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH). Antiguo miembro de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos en su libro La República Bolivariana de Venezuela ante el Sistema de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos Humanos, entre los principios que inspiran al mecanismo, cabe destacar que se trata de “un proceso intergubernamental dirigido por los miembros de las Naciones Unidas y orientado a la acción”, que debe “complementar y no duplicar la labor de otros mecanismos de derechos humanos, aportando así un valor agregado”.

Villán Durán cree que debe “desarrollarse de una manera objetiva, transparente, no selectiva y constructiva que evite la confrontación y la politización”. Y también se debe asegurar la participación de todos los actores interesados pertinentes, con inclusión de “las instituciones nacionales de derechos humanos”.

Entre sus objetivos se encuentra “el mejoramiento de la situación de los derechos humanos en el terreno”; “el cumplimiento de las obligaciones y los compromisos del Estado en materia de derechos humanos y la evaluación de los avances y los retos a los que se enfrente”; y “el fortalecimiento de la capacidad del Estado y de la asistencia técnica, en consulta con el Estado examinado y con su consentimiento”.

Edward McMahon, profesor Asociado de Investigación en el Departamento de Desarrollo Comunitario y Economía Aplicada y a la vez del el Departamento de Ciencias Políticas en la Universidad de Vermont, Estados Unidos, incluidas en el estudio El examen periódico universal: Un trabajo en progreso, es importante identificar una serie de observaciones que podrían contribuir al fortalecimiento del mecanismo EPU y a asegurar su papel, a largo plazo, como instrumento para incorporar normas universales de derechos humanos en las prácticas habituales de los Estados.

Es muy importante hacer seguimiento en el ciclo siguiente del EPU con recomendaciones que vayan en correspondencia con las emitidas en la fase anterior, en lugar de simplemente duplicarlas.

Establecer como norma la elaboración de informes a mitad de período., dos años tras el examen del país. Cada vez más Estados han adoptado esta práctica, aunque no es obligatoria y no estaba incluida en los preceptos originales que establecieron el EPU.

Esos informes permiten a los Estados resaltar sus avances y mencionar dificultades en la aplicación de las recomendaciones aceptadas. Asimismo, el Estado y la comunidad internacional pueden plantearse cómo mejorar el cumplimiento de las recomendaciones antes del examen del Estado en el siguiente ciclo.

La inminencia de un examen sirve a los Estados de incentivo para ratificar más tratados de derechos humanos o realizar una invitación a los procedimientos especiales del CDH.

Asimismo, el EPU ha servido para desencadenar autoevaluaciones por parte de los Estados, de cara a una futura revisión ante el Consejo, de forma que numerosos Estados han iniciado un proceso de revisión interna y debate interministerial.