Destruyeron la economía y deben irse, por Claudio Fermín

La caída de los precios del petróleo ha sido un fenómeno cuya importancia no puede desdeñarse. Ningún país petrolero lo hace. La diferencia con Venezuela es que otros productores, miembros o no de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, no mantienen absoluta dependencia de los altos precios del crudo para su desenvolvimiento.

Han tomado previsiones y ahorrado parte de sus ingresos petroleros para momentos de relativos bajos precios como los actuales y han fomentado sectores agropecuarios, industriales y de servicios en manos de particulares, es decir de ciudadanos de esos países, para asegurarse torrentes de inversiones permanentes no provenientes de los ingresos petroleros.

A la vez que han mantenido sistemas políticos que inspiran absoluta confianza a inversionistas propios y extranjeros que no obstante la coyuntura de los bajos precios petroleros mantienen altas inversiones, las cuales minimizan el efecto erosivo que en Venezuela causa el derrumbe de los precios.

De allí que es poco seria la posición del grupo político que desde hace diecisiete años tiene un control férreo de todos los poderes públicos venezolanos. Han desarrollado una multimillonaria campaña propagandística para popularizar la tesis según la cual  nuestro país está metido en problemas porque los precios del petróleo se derrumbaron de más de cien dólares a menos de treinta el barril.

Muchos otros países sufrieron el bajón pero no viven el impacto que los venezolanos hemos padecido. Esa afirmación habla por sí sola.

Maduro tiene ya tres años de presidente y antes estuvo catorce como vicepresidente, ministro de Relaciones Exteriores, Presidente de la Asamblea Nacional y como factor político de mucho poder dentro del gobierno. Nunca estuvo de observador ni de invitado de piedra. Por tanto, no son convincentes  posiciones autoindulgentes en las que se declara víctima de la sorpresiva reducción de los ingresos petroleros.

Tiempo y poder han tenido para tomar previsiones. ¿Por qué tuvieron que gastarse todo lo que ingresó esos doce largos años con petróleo por encima de cien dólares el barril? Y no es que hayan sido malos los otros varios años con ingresos por encima de setenta y ochenta dólares el barril.

Nada hicieron al respecto y hoy el país paga las consecuencias de esa irresponsable imprevisión.

Ciertamente crearon el Fondo Nacional de Desarrollo Endógeno, mejor conocido por sus siglas, FONDEN, pero el objetivo de éste eran las inversiones, distinto propósito del de un Fondo de Estabilización Macroeconómica, incluso previsto en la Constitución Nacional.

Ese Fondo de Desarrollo Endógeno no ha dejado desde el año de su creación, 2005, ninguna inversión que valga la pena comentar. Ha sido más bien un fondo para gastos, cualquier tipo de gastos que a Chávez se le antojara antes y ahora a Maduro.

Los dirigentes del PSUV y sus diputados ante la Asamblea Nacional se limitaban a celebrar la socarrona viveza de un fondo que no era presentado ante la Asamblea Nacional para aprobación y vigilancia, como si se tratase de dineros heredados por el Ejecutivo de un extraterrestre y personalísimo causante, y que por ese ardid, al no ser incorporado al presupuesto nacional, no se sumaban esos montos para el cálculo del situado que debió enviarse a estados y municipios.  Todo una jugada delictiva para negar fondos a alcaldes y gobernadores que no les obedecían.

Si a lo largo de estos últimos diecisiete años de total control del gobierno y de otras instituciones políticas, hubiesen estimulado y auspiciado un fuerte sector privado de la economía, grande sería el torrente de inversiones no petroleras que tuvieran hoy a Venezuela como centro de sus acciones. Pero no fue así.

Por lo contrario, se dedicaron a amenazar cualquier iniciativa particular. A humildes comerciantes los acosaban, aún hoy, por tonterías. El SENIAT los clausuró momentánea o definitivamente porque no tenían la copia azul del recibo sino la rosada cuando el fiscal de ese organismo levantaba el informe. Cualquier argumento ha sido válido para humillar e invalidar a quienes consideran adversarios políticos o disidentes de sus líneas de acción.

Ganaderos y agricultores con varias generaciones al frente de pequeñas, medianas y grandes fincas, han sido perseguidos, intervenidos y expropiados. Daba dolor ver a modestos empresarios del campo sacando millones de bolívares de donde no los tenían para poder cancelar los honorarios de bufetes y especialistas que durante meses se dedicaron a reconstruir cadenas titulativas, el tracto legal de fincas que desde hace centenares de años habían estado en manos de sus antepasados o que ellos adquirieron en buena lid, registro público mediante, pero cuya titularidad era cuestionada por un gobierno que quería esas tierras.

La carga de la prueba había sido invertida por el chavismo. Era ahora el propietario quien debía probar su titularidad y no el acusador, en este caso el gobierno, demostrar el fraude o hurto de la propiedad.

Expropiaron, sin razón alguna, a un gentío. Fueron dejando un desierto en el campo. Hoy día el estado es propietario de centenares de fincas que nada producen. Ni se cría ni se siembra. Son sólo el lugar de pago de una larga nómina de activistas. La verdad es que así el petróleo no alcanza ni que se venda a mil dólares el barril.

Poco, casi nada se produce hoy en el país y eso no tiene que ver con los altos inventarios de crudos que tienen los países industriales, con las fuentes alternas de energía, con la contracción de las economías china, rusa e india, que ha contribuido a la baja demanda de hidrocarburos. No se produce en Venezuela porque desde el gobierno han destruido la economía al hostigar a los productores, a la gente de trabajo.

Como si no bastase con lo anterior, el gobierno de Chávez, antes, y ahora el de Maduro, han hecho lo que les ha dado la gana con las reglas del juego. No hay ley que dure dos meses. Y si duran, las violan. Los tribunales están allí para cumplir con la voluntad y capricho de los mandones de turno y no para hacer justicia. El Tribunal Supremo de Justicia atiende instrucciones de comisarios políticos, no el frío texto de los expedientes en curso.

Las bajas jugarretas de siete abogados que conforman la llamada Sala Constitucional contra políticos de oposición, son cuidadosamente observadas por los inversionistas, por aquellos que tenían unos reales dispuestos para montar un negocio, o que habían constituido una sociedad para solicitar un préstamo bancario y llevar adelante un proyecto. Todos se acobardan. Todos deducen que ellos, que ningún poder tienen, pueden también ser objeto de esas trampas judiciales para favorecer a los testaferros de los políticos poderosos en el poder. O piensan que mañana, después de tener todo en marcha, pueden ser expropiados sin que nadie los defienda.

Total, ninguna inversión viene a Venezuela y ningún venezolano se atreve a poner su patrimonio para multiplicarlo en generación de empleos, de bienes y de servicios. Es preferible aguantarse.

Esas son las causas gruesas por las cuales la economía venezolana se encuentra postrada. No los bajos precios del petróleo. Mucho menos el ridículo argumento de la guerra económica, que supone que industriales, comerciantes e inversionistas quiebran a propósito, dañando su patrimonio, sólo para darse el gusto de ver fracasar al gobierno que los lesiona. Nunca antes necedad tan grande fue tratada de convertir en teoría.

Uno de los elementos más llamativos en esta oscura hora en la que no hay alimentos, repuestos para automóviles, medicinas ni insumos para la actividad agropecuaria, es que la autocrítica y la humildad brillan por ausencia. No hay un solo asomo de rectificación.

Nada se produce en el país. No hay dólares para importar. Además, las líneas de créditos se perdieron y tardarían meses en restablecerse. El bolívar no vale nada. No hay una sola voz confiable en el gobierno.

Lo más grave de todo eso es que los perjuicios son para Venezuela toda. No es que Maduro se desprestigia y no llega ni a 15% de aceptación popular, es que la gente se muere no por las enfermedades sino por falta de medicinas.

La verdad es que aunque fue electo por un período determinado, los venezolanos no merecemos que una persona con tal grado de ceguera y con tan evidente ineptitud para comprender la hora actual y emprender las urgentes rectificaciones que la sociedad demanda, siga al frente del Poder Ejecutivo.

Como tampoco nada abona para que quienes le han servido de soporte en la destrucción del país continúen al frente de gobernaciones, alcaldías y otros centros de decisiones públicas.

Es la hora de luchar por el cambio total.

La caída de los precios del petróleo ha sido un fenómeno cuya importancia no puede desdeñarse. Ningún país petrolero lo hace. La diferencia con Venezuela es que otros productores, miembros o no de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, no mantienen absoluta dependencia de los altos precios del crudo para su desenvolvimiento.

Han tomado previsiones y ahorrado parte de sus ingresos petroleros para momentos de relativos bajos precios como los actuales y han fomentado sectores agropecuarios, industriales y de servicios en manos de particulares, es decir de ciudadanos de esos países, para asegurarse torrentes de inversiones permanentes no provenientes de los ingresos petroleros.

A la vez que han mantenido sistemas políticos que inspiran absoluta confianza a inversionistas propios y extranjeros que no obstante la coyuntura de los bajos precios petroleros mantienen altas inversiones, las cuales minimizan el efecto erosivo que en Venezuela causa el derrumbe de los precios.

De allí que es poco seria la posición del grupo político que desde hace diecisiete años tiene un control férreo de todos los poderes públicos venezolanos. Han desarrollado una multimillonaria campaña propagandística para popularizar la tesis según la cual  nuestro país está metido en problemas porque los precios del petróleo se derrumbaron de más de cien dólares a menos de treinta el barril.

Muchos otros países sufrieron el bajón pero no viven el impacto que los venezolanos hemos padecido. Esa afirmación habla por sí sola.

Maduro tiene ya tres años de presidente y antes estuvo catorce como vicepresidente, ministro de Relaciones Exteriores, Presidente de la Asamblea Nacional y como factor político de mucho poder dentro del gobierno. Nunca estuvo de observador ni de invitado de piedra. Por tanto, no son convincentes  posiciones autoindulgentes en las que se declara víctima de la sorpresiva reducción de los ingresos petroleros.

Tiempo y poder han tenido para tomar previsiones. ¿Por qué tuvieron que gastarse todo lo que ingresó esos doce largos años con petróleo por encima de cien dólares el barril? Y no es que hayan sido malos los otros varios años con ingresos por encima de setenta y ochenta dólares el barril.

Nada hicieron al respecto y hoy el país paga las consecuencias de esa irresponsable imprevisión.

Ciertamente crearon el Fondo Nacional de Desarrollo Endógeno, mejor conocido por sus siglas, FONDEN, pero el objetivo de éste eran las inversiones, distinto propósito del de un Fondo de Estabilización Macroeconómica, incluso previsto en la Constitución Nacional.

Ese Fondo de Desarrollo Endógeno no ha dejado desde el año de su creación, 2005, ninguna inversión que valga la pena comentar. Ha sido más bien un fondo para gastos, cualquier tipo de gastos que a Chávez se le antojara antes y ahora a Maduro.

Los dirigentes del PSUV y sus diputados ante la Asamblea Nacional se limitaban a celebrar la socarrona viveza de un fondo que no era presentado ante la Asamblea Nacional para aprobación y vigilancia, como si se tratase de dineros heredados por el Ejecutivo de un extraterrestre y personalísimo causante, y que por ese ardid, al no ser incorporado al presupuesto nacional, no se sumaban esos montos para el cálculo del situado que debió enviarse a estados y municipios.  Todo una jugada delictiva para negar fondos a alcaldes y gobernadores que no les obedecían.

Si a lo largo de estos últimos diecisiete años de total control del gobierno y de otras instituciones políticas, hubiesen estimulado y auspiciado un fuerte sector privado de la economía, grande sería el torrente de inversiones no petroleras que tuvieran hoy a Venezuela como centro de sus acciones. Pero no fue así.

Por lo contrario, se dedicaron a amenazar cualquier iniciativa particular. A humildes comerciantes los acosaban, aún hoy, por tonterías. El SENIAT los clausuró momentánea o definitivamente porque no tenían la copia azul del recibo sino la rosada cuando el fiscal de ese organismo levantaba el informe. Cualquier argumento ha sido válido para humillar e invalidar a quienes consideran adversarios políticos o disidentes de sus líneas de acción.

Ganaderos y agricultores con varias generaciones al frente de pequeñas, medianas y grandes fincas, han sido perseguidos, intervenidos y expropiados. Daba dolor ver a modestos empresarios del campo sacando millones de bolívares de donde no los tenían para poder cancelar los honorarios de bufetes y especialistas que durante meses se dedicaron a reconstruir cadenas titulativas, el tracto legal de fincas que desde hace centenares de años habían estado en manos de sus antepasados o que ellos adquirieron en buena lid, registro público mediante, pero cuya titularidad era cuestionada por un gobierno que quería esas tierras.

La carga de la prueba había sido invertida por el chavismo. Era ahora el propietario quien debía probar su titularidad y no el acusador, en este caso el gobierno, demostrar el fraude o hurto de la propiedad.

Expropiaron, sin razón alguna, a un gentío. Fueron dejando un desierto en el campo. Hoy día el estado es propietario de centenares de fincas que nada producen. Ni se cría ni se siembra. Son sólo el lugar de pago de una larga nómina de activistas. La verdad es que así el petróleo no alcanza ni que se venda a mil dólares el barril.

Poco, casi nada se produce hoy en el país y eso no tiene que ver con los altos inventarios de crudos que tienen los países industriales, con las fuentes alternas de energía, con la contracción de las economías china, rusa e india, que ha contribuido a la baja demanda de hidrocarburos. No se produce en Venezuela porque desde el gobierno han destruido la economía al hostigar a los productores, a la gente de trabajo.

Como si no bastase con lo anterior, el gobierno de Chávez, antes, y ahora el de Maduro, han hecho lo que les ha dado la gana con las reglas del juego. No hay ley que dure dos meses. Y si duran, las violan. Los tribunales están allí para cumplir con la voluntad y capricho de los mandones de turno y no para hacer justicia. El Tribunal Supremo de Justicia atiende instrucciones de comisarios políticos, no el frío texto de los expedientes en curso.

Las bajas jugarretas de siete abogados que conforman la llamada Sala Constitucional contra políticos de oposición, son cuidadosamente observadas por los inversionistas, por aquellos que tenían unos reales dispuestos para montar un negocio, o que habían constituido una sociedad para solicitar un préstamo bancario y llevar adelante un proyecto. Todos se acobardan. Todos deducen que ellos, que ningún poder tienen, pueden también ser objeto de esas trampas judiciales para favorecer a los testaferros de los políticos poderosos en el poder. O piensan que mañana, después de tener todo en marcha, pueden ser expropiados sin que nadie los defienda.

Total, ninguna inversión viene a Venezuela y ningún venezolano se atreve a poner su patrimonio para multiplicarlo en generación de empleos, de bienes y de servicios. Es preferible aguantarse.

Esas son las causas gruesas por las cuales la economía venezolana se encuentra postrada. No los bajos precios del petróleo. Mucho menos el ridículo argumento de la guerra económica, que supone que industriales, comerciantes e inversionistas quiebran a propósito, dañando su patrimonio, sólo para darse el gusto de ver fracasar al gobierno que los lesiona. Nunca antes necedad tan grande fue tratada de convertir en teoría.

Uno de los elementos más llamativos en esta oscura hora en la que no hay alimentos, repuestos para automóviles, medicinas ni insumos para la actividad agropecuaria, es que la autocrítica y la humildad brillan por ausencia. No hay un solo asomo de rectificación.

Nada se produce en el país. No hay dólares para importar. Además, las líneas de créditos se perdieron y tardarían meses en restablecerse. El bolívar no vale nada. No hay una sola voz confiable en el gobierno.

Lo más grave de todo eso es que los perjuicios son para Venezuela toda. No es que Maduro se desprestigia y no llega ni a 15% de aceptación popular, es que la gente se muere no por las enfermedades sino por falta de medicinas.

La verdad es que aunque fue electo por un período determinado, los venezolanos no merecemos que una persona con tal grado de ceguera y con tan evidente ineptitud para comprender la hora actual y emprender las urgentes rectificaciones que la sociedad demanda, siga al frente del Poder Ejecutivo.

Como tampoco nada abona para que quienes le han servido de soporte en la destrucción del país continúen al frente de gobernaciones, alcaldías y otros centros de decisiones públicas.

Es la hora de luchar por el cambio total.

La caída de los precios del petróleo ha sido un fenómeno cuya importancia no puede desdeñarse. Ningún país petrolero lo hace. La diferencia con Venezuela es que otros productores, miembros o no de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, no mantienen absoluta dependencia de los altos precios del crudo para su desenvolvimiento.

Han tomado previsiones y ahorrado parte de sus ingresos petroleros para momentos de relativos bajos precios como los actuales y han fomentado sectores agropecuarios, industriales y de servicios en manos de particulares, es decir de ciudadanos de esos países, para asegurarse torrentes de inversiones permanentes no provenientes de los ingresos petroleros.

A la vez que han mantenido sistemas políticos que inspiran absoluta confianza a inversionistas propios y extranjeros que no obstante la coyuntura de los bajos precios petroleros mantienen altas inversiones, las cuales minimizan el efecto erosivo que en Venezuela causa el derrumbe de los precios.

De allí que es poco seria la posición del grupo político que desde hace diecisiete años tiene un control férreo de todos los poderes públicos venezolanos. Han desarrollado una multimillonaria campaña propagandística para popularizar la tesis según la cual  nuestro país está metido en problemas porque los precios del petróleo se derrumbaron de más de cien dólares a menos de treinta el barril.

Muchos otros países sufrieron el bajón pero no viven el impacto que los venezolanos hemos padecido. Esa afirmación habla por sí sola.

Maduro tiene ya tres años de presidente y antes estuvo catorce como vicepresidente, ministro de Relaciones Exteriores, Presidente de la Asamblea Nacional y como factor político de mucho poder dentro del gobierno. Nunca estuvo de observador ni de invitado de piedra. Por tanto, no son convincentes  posiciones autoindulgentes en las que se declara víctima de la sorpresiva reducción de los ingresos petroleros.

Tiempo y poder han tenido para tomar previsiones. ¿Por qué tuvieron que gastarse todo lo que ingresó esos doce largos años con petróleo por encima de cien dólares el barril? Y no es que hayan sido malos los otros varios años con ingresos por encima de setenta y ochenta dólares el barril.

Nada hicieron al respecto y hoy el país paga las consecuencias de esa irresponsable imprevisión.

Ciertamente crearon el Fondo Nacional de Desarrollo Endógeno, mejor conocido por sus siglas, FONDEN, pero el objetivo de éste eran las inversiones, distinto propósito del de un Fondo de Estabilización Macroeconómica, incluso previsto en la Constitución Nacional.

Ese Fondo de Desarrollo Endógeno no ha dejado desde el año de su creación, 2005, ninguna inversión que valga la pena comentar. Ha sido más bien un fondo para gastos, cualquier tipo de gastos que a Chávez se le antojara antes y ahora a Maduro.

Los dirigentes del PSUV y sus diputados ante la Asamblea Nacional se limitaban a celebrar la socarrona viveza de un fondo que no era presentado ante la Asamblea Nacional para aprobación y vigilancia, como si se tratase de dineros heredados por el Ejecutivo de un extraterrestre y personalísimo causante, y que por ese ardid, al no ser incorporado al presupuesto nacional, no se sumaban esos montos para el cálculo del situado que debió enviarse a estados y municipios.  Todo una jugada delictiva para negar fondos a alcaldes y gobernadores que no les obedecían.

Si a lo largo de estos últimos diecisiete años de total control del gobierno y de otras instituciones políticas, hubiesen estimulado y auspiciado un fuerte sector privado de la economía, grande sería el torrente de inversiones no petroleras que tuvieran hoy a Venezuela como centro de sus acciones. Pero no fue así.

Por lo contrario, se dedicaron a amenazar cualquier iniciativa particular. A humildes comerciantes los acosaban, aún hoy, por tonterías. El SENIAT los clausuró momentánea o definitivamente porque no tenían la copia azul del recibo sino la rosada cuando el fiscal de ese organismo levantaba el informe. Cualquier argumento ha sido válido para humillar e invalidar a quienes consideran adversarios políticos o disidentes de sus líneas de acción.

Ganaderos y agricultores con varias generaciones al frente de pequeñas, medianas y grandes fincas, han sido perseguidos, intervenidos y expropiados. Daba dolor ver a modestos empresarios del campo sacando millones de bolívares de donde no los tenían para poder cancelar los honorarios de bufetes y especialistas que durante meses se dedicaron a reconstruir cadenas titulativas, el tracto legal de fincas que desde hace centenares de años habían estado en manos de sus antepasados o que ellos adquirieron en buena lid, registro público mediante, pero cuya titularidad era cuestionada por un gobierno que quería esas tierras.

La carga de la prueba había sido invertida por el chavismo. Era ahora el propietario quien debía probar su titularidad y no el acusador, en este caso el gobierno, demostrar el fraude o hurto de la propiedad.

Expropiaron, sin razón alguna, a un gentío. Fueron dejando un desierto en el campo. Hoy día el estado es propietario de centenares de fincas que nada producen. Ni se cría ni se siembra. Son sólo el lugar de pago de una larga nómina de activistas. La verdad es que así el petróleo no alcanza ni que se venda a mil dólares el barril.

Poco, casi nada se produce hoy en el país y eso no tiene que ver con los altos inventarios de crudos que tienen los países industriales, con las fuentes alternas de energía, con la contracción de las economías china, rusa e india, que ha contribuido a la baja demanda de hidrocarburos. No se produce en Venezuela porque desde el gobierno han destruido la economía al hostigar a los productores, a la gente de trabajo.

Como si no bastase con lo anterior, el gobierno de Chávez, antes, y ahora el de Maduro, han hecho lo que les ha dado la gana con las reglas del juego. No hay ley que dure dos meses. Y si duran, las violan. Los tribunales están allí para cumplir con la voluntad y capricho de los mandones de turno y no para hacer justicia. El Tribunal Supremo de Justicia atiende instrucciones de comisarios políticos, no el frío texto de los expedientes en curso.

Las bajas jugarretas de siete abogados que conforman la llamada Sala Constitucional contra políticos de oposición, son cuidadosamente observadas por los inversionistas, por aquellos que tenían unos reales dispuestos para montar un negocio, o que habían constituido una sociedad para solicitar un préstamo bancario y llevar adelante un proyecto. Todos se acobardan. Todos deducen que ellos, que ningún poder tienen, pueden también ser objeto de esas trampas judiciales para favorecer a los testaferros de los políticos poderosos en el poder. O piensan que mañana, después de tener todo en marcha, pueden ser expropiados sin que nadie los defienda.

Total, ninguna inversión viene a Venezuela y ningún venezolano se atreve a poner su patrimonio para multiplicarlo en generación de empleos, de bienes y de servicios. Es preferible aguantarse.

Esas son las causas gruesas por las cuales la economía venezolana se encuentra postrada. No los bajos precios del petróleo. Mucho menos el ridículo argumento de la guerra económica, que supone que industriales, comerciantes e inversionistas quiebran a propósito, dañando su patrimonio, sólo para darse el gusto de ver fracasar al gobierno que los lesiona. Nunca antes necedad tan grande fue tratada de convertir en teoría.

Uno de los elementos más llamativos en esta oscura hora en la que no hay alimentos, repuestos para automóviles, medicinas ni insumos para la actividad agropecuaria, es que la autocrítica y la humildad brillan por ausencia. No hay un solo asomo de rectificación.

Nada se produce en el país. No hay dólares para importar. Además, las líneas de créditos se perdieron y tardarían meses en restablecerse. El bolívar no vale nada. No hay una sola voz confiable en el gobierno.

Lo más grave de todo eso es que los perjuicios son para Venezuela toda. No es que Maduro se desprestigia y no llega ni a 15% de aceptación popular, es que la gente se muere no por las enfermedades sino por falta de medicinas.

La verdad es que aunque fue electo por un período determinado, los venezolanos no merecemos que una persona con tal grado de ceguera y con tan evidente ineptitud para comprender la hora actual y emprender las urgentes rectificaciones que la sociedad demanda, siga al frente del Poder Ejecutivo.

Como tampoco nada abona para que quienes le han servido de soporte en la destrucción del país continúen al frente de gobernaciones, alcaldías y otros centros de decisiones públicas.

Es la hora de luchar por el cambio total.