El Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe, vigente desde 2005 por iniciativa del gobierno venezolano, contempla el suministro de petróleo financiado de Venezuela a varios países del Caribe en términos preferenciales. Adicionalmente, existe el Fondo Alba Caribe para financiar proyectos de desarrollo energético y social de los países del Caribe con un aporte inicial de $50 millones de Venezuela. Para 2012, el intercambio fue -en promedio- 121 mil barriles diarios y se calcula una deuda acumulada entre 2011 y 2012 de más de 6 mil millones de dólares de estos países con PDVSA.
Hasta la fecha, se han asignado alrededor de 207 millones de dólares a través del Fondo Alba Caribe para financiar 88 proyectos de desarrollo en 12 de los países miembros. Cifras oficiales explican que cerca de 12.5 millones de personas se benefician con las iniciativas. Dichos proyectos comprenden las áreas de educación, salud, protección del ambiente e infraestructura, además de la ejecución de tres “proyectos eléctricos retornables” a los que se asignaron un total de 29 millones de dólares.
A pesar de que Venezuela se encuentra actualmente en medio de una crisis eléctrica e importando petróleo refinado (gasolina), Petrocaribe financia 18 proyectos de refinerías alrededor del Caribe y 10 de mejoramiento o creación de infraestructura eléctrica. Ninguno de estos se ejecuta en Venezuela.
PDVSA y Petrocaribe no incluyen dentro de sus informes, página web y medios de comunicación datos e información referentes a la deuda total acumulada con Venezuela, pagos acumulados recibidos por PDVSA y sus consecuentes transferencias al tesoro nacional, estructura del fondo Alba Caribe, plazos o método de pago, inversión y ejecución de los proyectos eléctricos y petroleros de Petrocaribe. De igual forma, existen contradicciones entre las cifras que contienen los informes presentados por las instituciones que preside Rafael Ramírez: PDVSA y el Ministerio de Petróleo y Minería. Todos estos vacios de información y contradicciones son preocupantes y propician ambientes de alta discrecionalidad en el uso de los fondos y corrupción.
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