La trampa habilitante por Valentina Oropeza
Ya el gobierno anunció la creación de un organismo oficial que gestionará las importaciones y lo eximirá del compromiso de entregar dólares a los empresarios.
El pasado martes 8 de octubre, Nicolás Maduro invirtió tres horas de discurso ante la plenaria de la Asamblea Nacional venezolana en justificar por qué conviene a Venezuela que se le deleguen poderes especiales durante un año para que postergue lo inevitable: la aplicación de un paquete económico de ajustes estructurales que permita reflotar la economía nacional.
Apegado a un guion de cerca de 100 páginas y extraviado en citas de autores que a ratos leía con dificultad, Maduro atribuyó la inflación y la escasez que enloquece a los consumidores en las filas de los mercados en Venezuela a la “burguesía parasitaria”, un despiadado enemigo que es inexplicablemente hábil para burlar el control cambiario instalado por Hugo Chávez en el 2003, y que invierte los dólares preferenciales asignados vía Cadivi en la compra de productos que luego revende a precios exorbitantes. O que se aprovecha de las divisas que el Estado entrega como cupos de viajeros para “raspar” las tarjetas de crédito en cualquier otro país que disfrute de libertad económica. Según Maduro, son ellos los promotores del “rentismo petrolero”.
No hubo precisiones sobre el talante de las medidas que tomará en la lucha contra la corrupción y “la guerra económica” que no lo deja gobernar a pesar de que cuenta con la mayoría en el Parlamento y la identificación ideológica de todos los poderes públicos, especialmente aquellos constituidos para velar por los intereses de la ciudadanía como el Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo. Los economistas y abogados constitucionalistas en Venezuela se desgañitan en alertas contra la posibilidad de que Maduro aproveche la habilitante para maximizar el control del Estado sobre la economía a costa de descabezar a la iniciativa privada, actor fundamental en el proceso productivo nacional según lo establece la propia Carta Magna redactada por Chávez y aprobada en 1999 en referéndum popular.
Las sospechas no son infundadas. Ya el gobierno anunció la creación de un organismo oficial que gestionará las importaciones y lo eximirá del compromiso de entregar dólares a los empresarios. Además, Maduro destituyó de la Vicepresidencia del Área Económica a Nelson Merentes, promotor del diálogo con el sector privado, para rellenar los vacíos de inventario que ocasiona la revolución cada vez que expropia un latifundio o una compañía productora de alimentos. Su sustituto no es otro que Rafael Ramírez, ministro de Energía y Petróleo, y presidente de PDVSA. Será casualidad porque es la “burguesía parasitaria” la culpable del rentismo petrolero.
La promesa de muerte a la corrupción se va sincerando a medida que pasan los días. Voceros del gabinete reconocieron que no pueden seguir entregando divisas a una tasa de 6,30 bolívares por dólar, lo cual cristaliza la amenaza de una nueva devaluación que derretiría aún más el poder adquisitivo del ciudadano de a pie, ese que jamás ha llenado una planilla de Cadivi para solicitar dólares preferenciales, ese que no se entera de los escándalos de desfalco por cifras descomunales en instancias gubernamentales como el Banco de Desarrollo Social o el Fondo Chino porque está ocupado en buscar leche completa y papel sanitario.
Maduro pretende hacer creer que le declara la guerra a los corruptos “de cuello amarillo y cuello rojo rojito”, es decir, de la oposición y el oficialismo, escoltado desde el podio de la Presidencia de la Asamblea Nacional por el diputado Diosdado Cabello, el mismo a quien un famoso presentador de televisión chavista le atribuye la fuga de 25.000 millones de dólares en empresas de maletín a través del control cambiario. Desde su silla parlamentaria, Cabello no atina a guardar las manos en los bolsillos y denegar el derecho de palabra que pide la oposición con un silencio o un simple gesto. Bate los brazos para reforzar la amenaza de represalias, insulta y se regodea en la mayoría parlamentaria del gobierno para pronosticar una nueva derrota política contra sus adversarios.
La corrupción moral, además de la económica y política, de los poderes venezolanos es tan abierta y descarnada que para obtener el voto del único diputado que necesitan para lograr la aprobación de las tres quintas partes de la Asamblea Nacional, el gobierno recurre a un antejuicio de mérito contra una parlamentaria para sacarla del debate y llevar a su suplente a la discusión de la ley habilitante. Luego chantajea a ese legislador sustituto con confiscarle una finca familiar si no apoya la iniciativa del oficialismo, y así zanjan la matemática de la “democracia participativa y protagónica”.
En medio de tanta trampa y miopía política, la única incógnita que aún resulta indescifrable es identificar a quién le tocará asumir la transición desde una economía fracasada hacia una viable, con los costos políticos y sociales que conllevará reconocer que el socialismo del siglo XXI, por el camino que marcha, no se sostiene.
Fuente: El Universo (Ecuador)