Provea investiga y difunde: “Corrupción y Derechos Humanos: violación del derecho a la salud”
Desde Provea compartimos y saludamos los anuncios realizados por el Presidente Nicolás Maduro de iniciar un proceso de lucha contra la corrupción.
También hemos expresado nuestra preocupación toda vez que empiezan a notarse signos negativos alrededor de los anuncios realizados, y el principal de ellos es la instrumentalización política del combate a la corrupción.
Advertimos que el empleo de la lucha contra la corrupción con fines proselitistas y para atacar a alguna parcialidad política, le resta fuerza y credibilidad.
La lucha contra la corrupción en una sociedad democrática es fundamental. Y desde la perspectiva de los derechos humanos necesaria.
La corrupción viola los derechos humanos de aquéllos a quienes perjudica y tiene un impacto desproporcionado sobre las personas que pertenecen a grupos vulnerables.
Los más pobres tienen menos capacidad para defenderse frente a actos de corrupción, por lo tanto, cuando el disfrute pleno de sus derechos se ve afectado por hechos de corrupción, se refuerza la exclusión social a la que están expuestos.
La corrupción, profundiza la violación de derechos humanos y los problemas que ya existían para los sectores históricamente excluidos.
La corrupción afecta el ingreso de quienes viven en condiciones de pobreza, compromete el desarrollo de políticas, programas sociales y estrategias dirigidas a satisfacer las necesidades básicas, desvía los recursos públicos para inversiones en sectores como la salud, educación, alimentación y servicios públicos, que son elementos de importancia crucial para lograr reducir la pobreza en el país.
En Venezuela, casos recientes de corrupción, han afectado de manera grave derechos humanos como el derecho a la salud, derecho la vivienda y el derecho a la alimentación.
En materia de salud, la corrupción afecta el efectivo goce de este derecho cuando el dinero destinado a la compra de medicamentos es desviado para uso personal, o cuando por el interés particular de obtener ganancias en comisiones se compran más medicinas de las que realmente se necesitan.
A propósito de ello, recordamos que en 2010 la Contraloría General de la República, presentó en su Informe de Gestión los resultados de una revisión efectuada a una muestra conformada por un total de 20 contratos de adquisiciones de medicamentos y vacunas por Bs.F. 1.317.834.669,86, suscritos con la República de Cuba, observando que los mismos no respondían a un adecuado proceso de planificación y programación por parte del Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS).
El Informe de la Contraloría General detalló las consecuencias de esta falta de planificación y mal manejo de recursos: recepción de medicamentos provenientes de Cuba cuyas cantidades superaban las requeridas en el país; retención de medicamentos en la Aduana Principal de La Guaira, lo que generó un incremento en los costos administrativos; atrasos en la entrega de medicamentos por parte de laboratorios lo que produjo incrementos muy superiores a los establecidos inicialmente y finalmente; recepción de medicamentos vencidos por parte del SEFAR.
Por otro lado, se afecta también el derecho a la salud, cuando no se realizan las contrataciones necesarias para el mantenimiento de equipos médicos- tal como ocurre actualmente con los equipos de radioterapia- y se compromete el derecho a la vida de miles de pacientes con cáncer en el país.
En días recientes la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional presentó el resultado de una investigación que plantea la presunta omisión de parte de la ex ministra de salud Eugenia Sader, al no garantizar la renovación del contrato con las empresas que realizarían el mantenimiento preventivo a los equipos de radioterapia del país.
Aceleradores lineales, unidades de cobalto, tomógrafos, simuladores, braquiterapias y gamma cámaras, entre otros equipos indispensables para el tratamiento a pacientes con cáncer, sufrieron daños y quedaron fuera de servicio a falta de mantenimiento preventivo.
De los 19 centros de atención oncológica inspeccionados, la Comisión de la AN encontró sólo 5 en funcionamiento.
El diputado del PSUV Henry Ventura, Vicepresidente de la Comisión, señaló: “Estamos en presencia de una omisión por parte de la ex ministra Sader con la deficiente situación de las radioterapias al no firmar el contrato de mantenimiento. Es un hecho lamentable las muertes por esta omisión”.
Por negligencia e indolencia de funcionarios en el sector salud se condenó a muerte a miles de venezolanos y venezolanas. Una clara responsabilidad del Estado por omisión al no brindar atención oportuna y adecuada.
Consideramos que debe garantizarse la investigación y sanción de todos los involucrados en hechos donde se puedan estar afectando en mayor manera los derechos de miles personas, particularmente los distintos hechos de corrupción que han afectado el pleno disfrute del derecho a la salud como una obligación del Estado venezolano, contenida en el artículo 83 de nuestra Carta Magna.
Con esta serie de trabajos, Provea busca contribuir, desde una perspectiva de Derechos Humanos, a lo que consideramos debe ser una lucha sincera y sostenida contra la corrupción en el país.