DECENAS DE NIÑOS QUE SALIERON a sus colegios el 23 de enero de 2019 en Venezuela no han regresado a sus hogares. Se encuentran maltratados, sucios y encarcelados en calabozos militares por órdenes de jueces designados a dedo por el hombre fuerteNicolás Maduro.

La agitación política que ya cuenta con 29 muertos y casi 800 detenidos comenzó el 21 de enero, dos días antes de la protesta nacional convocada por el presidente interino Juan Guaidó para solicitar el cese de la usurpación del poder de Maduro. Una de las primeras víctimas fue un adolescente.

Para muchos de los niños que se encuentran detenidos se trataba de un día de clases como cualquier otro miércoles y quedaron atrapados en las revueltas. Otros asistieron a las manifestaciones acompañados por sus padres.

La Organización No Gubernamental Foro Penal denunció que a la mayoría de los niños detenidos se les negaron medidas cautelares para su liberación y que permanecen tras las rejas, acusados de terrorismo en distintos estados del país.

Al menos 11 niños se encuentran detenidos en Yaracuy, una fértil región agrícola ubicada en el centro occidente del país, célebre por ser la cuna de María Lionza, una diosa indígena venerada por miles de venezolanos.

El Foro Penal dijo que de los 34 menores detenidos el 23 de enero en Yaracuy, 11 quedaron privados de libertad por órdenes de la juez de control Ediluz Guedez sin “tener ni una sola prueba”. Los chicos, que tienen entre 11 y 16 años, fueron imputados por terrorismo, obstrucción de justicia, agavillamiento y asociación para delinquir, pese a la solicitud de libertad realizada por el Ministerio Público y la defensa.

El apoyo a Guaidó en las zonas populares tomó por sorpresa a las autoridades regionales pertenecientes al gubernamental Partido Unido Socialista de Venezuela (PSUV). En Yaracuy, los partidos que apoyan la revolución bolivariana habían ganado todas las elecciones a la Gobernación desde 2004.

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