La pasada semana se presentaron dos eventos que tienen que ver con los Derechos Humanos en Venezuela y la gestión del Estado venezolano para defenderlos.
En primer lugar la sesión ordinaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Bogotá en donde se discutió el caso del ex alcalde de Chacao Leopoldo López y en donde se definiría si se violó o no su derecho a elegir y a ser elegido. Este caso senta precedente a nivel continental porque dependiendo de la decisión, se puede eliminar este procedimiento que tanto ha sido utilizado como método de hostigamiento político.
La decisión que salga de estas deliberaciones debe ser acatada por Estado puesto que en el artículo 23 de la Constitución, se establece que todos los tratados de internacionales que tienen relación con los derechos humanos prevalecen en el orden interno y son de inmediata aplicación. El gobierno venezolano a través de diversos personeros, entre ellos la presidenta del TSJ, ha insistido en no reconocer la decisión lo que los colocaría al margen de la Constitución y de la Ley lo que reforzaría la tesis de que el gobierno utiliza todos los elementos jurídicos que tiene a su alcance para sacar de la contienda política a las personas que pueden adversarios.
En segundo lugar el Embajador ante la OEA Chaderton critico fuertemente el informe de la CIDH porque “es elaborado por fuentes de oposición”. El problema es que el gobierno no es transparente en sus informes y adicionalmente no se ha permitido la visita de la Comisión desde hace 9 años.
Este tipo de declaraciones lo que hace es evidenciar la falta de voluntad por parte del gobierno para solucionar o investigar las denuncias de violaciones. La situación en las cárceles, los presos que actualmente no tienen procedimientos judiciales abiertos, las inhabilitaciones políticas, las desapariciones de opositores y la forma en la que reprimen a la oposición . El papel de un Estado responsable debe ser el de investigar este tipo de denuncias y enmendar las situaciones que así lo amerite por ende este es un Estado que defiende solamente los derechos de una parcialidad política.
