ONG del continente criticaron la Declaración de Haití, por considerar que reabre temas ya debatidos en el reciente proceso de reforma que sufrió el organismo regional.
Un nuevo intento por minar la autonomía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue denunciado por casi una veintenta de organizaciones de Derechos Humanos del continente, las cuales objetaron extractos de la Declaración que los miembros de la Organización Estados Americanos (OEA) suscribieron en Haití a finales de mayo.
Las agrupaciones rechazaron, en un comunicado, que los gobiernos pretendan en la Asamblea General de la OEA que se inició hoy en Asunción (Paraguay) “se acepte la disposición de Uruguay y México (…) de acoger los períodos de sesiones de la CIDH durante los próximos dos años”, por considerar que atenta contra la independencia del organismo, pues sus estatutos le permiten trasladarse fuera de su sede (Washington) si considera que así agilizaría su labor a favor de las garantías fundamentales.
Precisamente la sede de la Comisión y su posible mudanza desde Estados Unidos a Costa Rica, donde ya se encuentra la Corte, fue uno de los puntos más álgidos del recientemente proceso de reforma que sufrió. No obstante, la propuesta no prosperó.
Otro asunto que los gobiernos pretenden volver a discutir es el del financiamiento, en particular esperan forzar a la CIDH a que los recursos que obtiene fuera de la región vayan a un fondo y que la OEA apruebe en qué serán invertidos.
“Tal propuesta claramente violaría la autonomía de la Comisión, en tanto supedita a aprobación gubernamental previa el financiamiento que tienen la obligación de garantizar los Estados”, replicaron las organizaciones civiles.
Tras denunciar que la reunión de Haití se “realizó sin transparencia ni participación de la sociedad civil organizada”, las organizaciones exigieron a los Estados de la OEA que “no reabran a debate temas ya cerrados durante el reciente proceso de reflexión, y que permitan que la CIDH implemente sus reformas reglamentarias y centre sus esfuerzos en cumplir de manera eficiente su mandato de promover y proteger los Derechos Humanos en la región”.
Por Venezuela firmaron este comunicado Espacio Público, Acción Solidaria contra el Sida, el Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de 1989 (Cofavic), el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Sinergia, la Vicaría Apostólica de Caracas, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y Civilis.
