El grupo de parlamentarios de la Mesa interpuso un recurso de Controversia Constitucional contra la sentencia 276, porque “usurpa funciones” de la AN al legislar sobre las manifestaciones, y de la Sala Político Administrativa al interpretar la Ley de Partidos Políticos.
Los diputados que integran el Bloque Parlamentario de la Unidad introdujeron ante la Sala Constitucional del TSJ un recurso de Controversia Constitucional contra sentencia Nro. 276 de esa Sala, que no solo limitó el derecho a la protesta, sino que “ahora la criminaliza, al convertir las manifestaciones de cualquier venezolano en delitos penales”.
Stalin González (UNT-Caracas), quien estuvo acompañado de sus homólogos Vestalia San Pedro, Enrique Márquez, Biaggio Piliari, Leomagno Flores, José Manuel González, Carlos Ramos, Ángel Medina y Oscar Ronderos, y fue el vocero, afirmó que con este recurso ante el TSJ “se busca la rectificación de un organismo que usurpa las funciones de otro ente al legislar sobre una materia que no es su competencia”.
González explicó que el TSJ al hacer “una interpretación inequívoca de la Ley de Partidos Políticos y de la Constitución; al establecer autorización para protestar, modificando el artículo 43 de la ley que solo habla de notificación a las Alcaldías”, contravino claramente la legislación y usurpa funciones de los diputados para crear leyes”. Además, añadió, “la interpretación se hizo sobre la Ley de Partidos Políticos, por lo que en todo caso debió haber sido la Sala Político-Administrativa y no la Constitucional quien efectuara esta sentencia”.
El parlamentario explicó que la “sentencia inconstitucional” limita también la protesta social privando a los ciudadanos de su derecho legítimo a reclamar en las calles mejores condiciones de vida, que, afirmó, “es el tema por el cual actualmente los venezolanos están en las calles”.
González reiteró que la sentencia regula todo tipo de manifestaciones, tratando el TSJ de mantener el control de la situación que vive el país; Los poderes públicos no pueden crear leyes y políticas públicas sujeta a intereses, sino para el ámbito y bienestar general de la población”.
En nombre de la bancada unitaria de la AN, exigió que con el recurso interpuesto “se reinstaure el Estado de Derecho, que haya una sentencia autónoma e imparcial y que se respete los artículos 53 y 68 de la Constitución, que habla claramente de que no es necesario solicitar autorización para reuniones públicas ni privadas; por lo que esperamos que el TSJ rectifique y se ocupe de sus verdaderas funciones”.







