Para tratar este punto, la directiva de la Asamblea, concedió el derecho de palabra a la exministra del Ambiente, Ana Elisa Osorio y a Ángel Luzardo, constituyentista y profesor en derecho ambiental de la Universidad Central de Venezuela.

Osorio afirmó que en su condición de mujer, ecologista, revolucionaria y chavista, el «Decreto del Arco Minero del Orinoco es un ataque a la vida, un criminal desconocimiento a los pueblos indígenas y una violación a la esencia de la Constitución».

Enfatizó que la explotación minera significa obtener ingresos monetarios a corto plazo, a cambio de la destrucción socio ambiental de una proporción de territorio nacional.»Estos 112 mil kilómetros cuadrados, 12% de territorio nacional del Arco Minero, incluyen selvas tropicales húmedas, grandes extensiones de sabanas, extraordinaria diversidad y territorio indígena, todo esto amenazado con ser devastado si se lleva a cabo lo contemplado en ese decreto», acotó la exfuncionaria.

«No hay ninguna tecnología de la minería en gran escala que sea compatible con la preservación ambiental, las experiencias ambientales son contundentes. Cuando  fui Ministra del Ambiente se suspendió esa primera concesión. El presidente Chávez, nos dijo en su momento, ese oro se queda debajo de la tierra, por eso defiendo ese legado», explicó la ex funcionaria.

Por su parte el profesor Ángel Luzardo, señaló que este Decreto «es totalmente ecocida, contaminaría con mercurio y con cianuro las últimas reservas de agua potable no contaminadas de Venezuela que están al sur del Orinoco».»No es posible sustituir el rentismo petrolero por el rentismo minero. Se pierde la República y se destruye el territorio, debe ser rechazado», dijo Luzardo.

En cuanto al debate de los parlamentarios, Américo de Grazia, denunció que el Gobierno quiere venir a raspar la olla con el Arco Minero. Indicó que quieren entregar a 150 empresas transnacionales «nuestro patrimonio y hablan de soberanía.» La explotación del Arco Minero no resuelve el problema de fondo de Venezuela.

Por su parte, el diputado Julio Cesar Reyes señaló que estamos en presencia de un daño ecológico impredecible. «Se trata de las futuras generaciones las que se serían afectadas, Venezuela y la Constitución en avanzada en derechos ambientales»

Mientras que el parlamentario del bloque de la patria, Héctor Rodríguez, destacó que el Arco Minero es una política económica correcta.