Estamos ante actos que responden a los dos criterios que determinan el crimen de lesa humanidad
El desprecio por los derechos humanos y las libertades fundamentales ha sido una constante en los países en donde se imponen regímenes totalitarios. No escapa a esta apreciación, desde luego, el régimen militar-cívico venezolano que viola sistemáticamente los derechos de los ciudadanos. Esta afirmación la hacemos, no por un simple capricho o por la racional postura crítica ante la locura que nos invadió en 1998, sino por razones bien fundadas en conclusiones de órganos internacionales e información veraz de organizaciones no gubernamentales serias y responsables.
En su falso discurso afuera, los mal llamados «revolucionarios bolivarianos» se ufanan del «éxito sin precedentes» de las políticas que garantizan los derechos económicos y sociales. Pero la realidad es otra. Imponen medidas y controles absurdos e ilegales que se traducen en un mecanismo perverso muy bien estructurado para empobrecer y dominar. También irrespetan los derechos sociales de los venezolanos cuando acosan la educación privada y convierten el trabajo decente en dádiva, basada en una relación excluyente de contenido puramente ideológico. Ni hablar de los derechos civiles y políticos, cuando desde el poder se decreta la discriminación oapartheid político y la consecuente persecución, la confiscación de los espacios mediáticos, el aniquilamiento progresivo de la libertad de expresión y del derecho a la información, el derecho a protestar pacíficamente.
La comunidad internacional sigue con preocupación las políticas del régimen venezolano mucho más hoy ante las violaciones graves, generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos, realizadas mediante torturas y prácticas humillantes y degradantes que conforman una política de Estado. Muy distinto a los «reconocimientos» de ayer, sus socios más destacados: Kirchner, Ortega y Morales se muestran distantes, mientras otros como Rousseff se presentan críticos ante los abusos revolucionarios, lo que pareciera ahora significar que después de tantos años de atropellos y juego de intereses, los vecinos y amigos de la revolución se percatan de la realidad que ocultaban los abultados precios del petróleo.
En días pasados, ante el silencio cómplice de la Fiscal General de la República y la Defensora del Pueblo se conocieron otros actos repugnantes de tortura y otros tratos inhumanos y degradantes infligidos a Leopoldo López, Enzo Scarano, Daniel Ceballos y Salvatore Luchesse, dirigentes opositores detenidos arbitrariamente por protestar o simplemente por disentir y condenar la barbarie, fueron hacinados, humillados con excremento en sus celdas y cuerpos, atormentados y encerrados en cuatro metros cuadrados, sin posibilidad de ver la luz del día.
Muy distinto a los «reconocimientos» de ayer, sus socios más destacados— Kirchner, Ortega y Morales— se muestran distantes
Estos actos producto de la maldad y el odio se unen a las atrocidades cometidas en contra de estudiantes que ejercieron su derecho a protestar. Jóvenes golpeados, torturados, abusados sexualmente; todo ello recogido en Informes serios remitidos a los órganos internacionales, como el Comité contra la Tortura, que levantó su voz y exigió al régimen de Maduro que pusiera fin a tales prácticas.
No sólo estamos ante actos que constituyen el crimen de tortura, sancionado por las Convenciones y demás instrumentos internacionales, sino ante un crimen más grave aún, sancionado por el Derecho Internacional Penal: el crimen de lesa humanidad, que choca con la consciencia humana y que abre el ejercicio de la jurisdicción penal universal en tribunales nacionales de algunos Estados y la competencia de la Corte Penal Internacional.
Los actos de tortura física y mental en contra de los presos políticos en Venezuela no son hechos aislados, tampoco individualizados ni esporádicos, menos simplemente atribuibles a funcionarios de segundo rango, ejecutores de las órdenes superiores. Estamos ante actos crueles que responden a dos criterios que determinan el crimen de lesa humanidad: la generalidad y la sistematicidad, es decir, en contra de una parte de la población, por razones políticas o ideológicas, y ante una política de Estado, tal como se define en el Estatuto de Roma de 1998.
El régimen no investiga ni sanciona, menos condena a los responsables. Por el contrario, impera la más pura impunidad, esa que todos condenan con discursos elocuentes en los órganos internacionales. No hay voluntad de sancionar a los responsables, más bien se les trata de sustraer de la justicia. No hay un poder judicial imparcial, independiente y eficaz que responda a estas violaciones, lo que abre la aplicación del principio de la complementariedad que permite a la Corte Penal Internacional ejercer la jurisdicción que le confirieron los Estados al adoptar el Estatuto de Roma.
Esta lamentable situación y los actos perpetrados impunemente por agentes del régimen, con el odio y la violencia aupados por la alta dirigencia oficialista, abultan los expedientes abiertos a todos aquellos que han cometido o participado en la realización de estos odiosos crímenes y abren el camino a la justicia que persigue la erradicación definitiva de la impunidad por tales conductas para que no se cometan más en el futuro, en ninguna parte del mundo.
