El empresario Alejandro Betancourt, presidente de Derwick Associates (empresa favorecida con más de una decena de contratos públicos en Venezuela), principal inversor de la firma de gafas Hawkers y socio del español Alberto Cortina en el grupo financiero DBK Financial Group, está siendo investigado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional española por un presunto delito de blanqueo de capitales.

Así lo confirmaron al diario El Mundo (Madrid) fuentes conocedoras de la investigación, centrada en operaciones inmobiliarias realizadas en España -remitidas a la Policía por el servicio de inteligencia financiera Sepblac (Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales)- y en contratos adjudicados por la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) a la sociedad de construcción de plantas termoeléctricas Derwick Associates de Venezuela, participada por Betancourt y su primo Pedro Trebbau.

La investigación vincula al venezolano con movimientos de dinero de procedencia presuntamente ilícita, que entraron y salieron de cuentas bancarias españolas mediante transferencias, cheques y reintegros en efectivo, a través de la compra de inmuebles. Precisamente, una de las operaciones investigadas es la adquisición de la finca del ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, en marzo de 2012, por la cual pagó 22,8 millones de euros.

La adquisición se hizo a través de la sociedad española Derwick Associates International, registrada hoy como Compañía de Inversiones Agrícolas Trieste. Seis días antes de que se produjera el pago, el banco JP Morgan Chase Bank NA Private, en Nueva York, cuyo titular era Derwick Associates Corporation, transfirió 28,7 millones a la española Derwick Associates bajo el concepto de préstamo participativo.

De acuerdo con información de la web Poderopedia, Betancourt, quien ha sido identificado como un «bolichico» (jóvenes que amasaron fortunas con dinero del Estado durante la administración de Hugo Chávez), obtuvo a través de Derwick Associates 12 contratos públicos en 14 meses sin licitación alguna, a pesar de ser una compañía sin experiencia. Sobreprecio y triangulación tecnológica se incluyen entre las irregularidades de su relación con el Estado, indica que portal, que apunta que adjudicación de acuerdos se hizo en medio de la emergencia eléctrica que atravesaba el país entre los años 2009 y 2010.

Más información en el diario El Mundo.