El pasado 14 de marzo, ante el agravamiento de la crisis en Venezuela y tras constatar el incumplimiento de los acuerdos del proceso de diálogo que se desarrolló durante casi un año con la facilitación del trío de Ex-Presidentes Zapatero-Fernández-Torrijos, a los que en la última fase se sumó El Vaticano, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, presentó un nuevo informe en el que concluye que “los continuos esfuerzos de diálogo han fracasado”, por lo que propuso un conjunto de medidas que, al amparo de la Carta Democrática Interamericana, pudieran llegar hasta la suspensión de Venezuela de la OEA a menos que se realizarán elecciones generales anticipadas en plazo breve.
Ante ello, un grupo de Estados miembros de la OEA que incluye a Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, EEUU, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, decidió asumir un papel más activo mediante la Declaración del pasado 23 de marzo, donde señalan “la necesidad de agotar los esfuerzos diplomáticos antes de adoptar decisiones drásticas”, y por ello subraya la importancia del diálogo y la negociación como la vía idónea para llegar a soluciones duraderas, al tiempo que ofrece su colaboración para encontrar esas soluciones. También consideran urgente que se atienda de manera prioritaria la liberación de presos políticos, que se reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional y que se establezca un calendario electoral.
A esta iniciativa le siguió la celebración de sendas sesiones extraordinarias del Consejo Permanente (CP) de la OEA el lunes y martes de esta semana. La sesión extraordinaria del CP del martes fue convocada en primera instancia por los 14 Estados signatarios de la citada Declaración, a los que se sumaron Bahamas, Barbados, Jamaica y Santa Lucía, en la que se analizaría colectivamente la situación de Venezuela a fin de identificar un curso de acción que coadyuve en la búsqueda de soluciones. La sesión extraordinaria del CP del lunes fue convocada a posteriori por la delegación Venezuela, como un intento de frenar la del día siguiente, para lo cual se trasladó la Canciller Delcy Rodríguez a Washington.
Tanto el largo discurso de 43 minutos de la Canciller el día lunes, como la intervención del Vicecanciller para América del Norte y nuevo Representante Alterno de Venezuela en la OEA, Samuel Moncada, el día martes, fueron lamentables. Insultos al Secretario General para evitar discutir los temas de fondo; ataques a la OEA con la tradicional retórica de facturación cubana; rechazo a la convocatoria del CP por “tratar asuntos internos sin contar con el consentimiento del país concernido”. Y, finalmente, desdeño de los argumentos de Almagro como meras “fabricaciones” para impulsar una “intervención” de parte de una “facción minoritaria de países”; exponiendo a partir de allí, la situación actual de Venezuela en términos tan idílicos que sólo se corresponden con el particular universo paralelo del gobierno venezolano. Empero, lo peor vino al final de las respectivas intervenciones. La Canciller indicó amenazante que “de persistir estas agresiones y acosos contra Venezuela, tomaremos severas y definitorias acciones”. Colocando sobre la mesa la amenaza implícita de una hipotético retiro de Venezuela de la OEA como respuesta a una eventual aplicación de medidas drásticas en el marco de la Carta Democrática Interamericana; al tiempo que dejaba como única rendija abierta la posibilidad de retomar la facilitación del trío de Ex-Presidentes al agradecerle la ominosa carta que enviaron al CP.
Por su parte, el Vicecanciller Moncada se esforzó por subir el tono. Al saber débil su argumentación, y tras ser derrotado con la aprobación del orden del día (20 a favor, 11 en contra, 2 abstenciones y 1 ausente) y tener que escuchar las numerosas intervenciones críticas sobre la situación venezolana, calificó la sesión como un “acto hostil” y arremetió contra varios Estados miembros y el Secretario General con un lenguaje muy agresivo, al tiempo que intentaba victimizarse en un intento desesperado de dar vuelta al debate, lo cual resultó contraproducente. La Presidencia del CP conminada por varias delegaciones tuvo que llamarlo al orden en varias ocasiones. El Representante de México, Embajador Luis Alfonso de Alba, familiarizado con la estratagema del “pleito ratero”, incluso llegó a amenazar con retirarse. En todo caso, los Estados miembros recibieron una buena dosis de diplomacia pugnaz llena de “pos-verdad” que los llevó al límite.
Hacia el final del debate, Canadá presentó en nombre de 20 Estados miembros una nueva Declaración que emplaza a la OEA a “concretar una hoja de ruta en el menor plazo posible” para “apoyar el funcionamiento de la democracia en Venezuela”. Agregando que “coincidimos en la necesidad de que encontremos propuestas concretas para definir un curso de acción que coadyuve a identificar soluciones diplomáticas, en el menor plazo posible, en el marco institucional de nuestra organización y a través de consultas incluyentes”. Por tanto, aunque muchos no lo perciban y el gobierno venezolano intente cantar victoria dada la falta de una resolución formal como colofón de las intensas sesiones, la OEA ha dado un paso adelante respecto a la crisis venezolana. Una amplia mayoría de Estados miembros con gran preocupación por el deterioro de la crisis venezolana que puede llevar a escenarios de explosión social, violencia e inestabilidad política con consecuencias para todo el vecindario; han decidido reactivar labores de diplomacia preventiva desde los pasillos de la organización, mostrando mayor disposición a impulsar y asumir tareas de facilitación o mediación tendientes al pronto restablecimiento del orden democrático en Venezuela.
Todo esto enmarcado en los principios del Sistema Interamericano, acordados expresamente en la Carta de la OEA, así como en la Carta Democrática Interamericana suscrita en forma soberana en tiempos de Hugo Chávez, e invocada en el pasado –concretamente en la crisis de Honduras de 2009- por Nicolás Maduro cuando ejercía funciones de Canciller, y por ello no cabe hablar de intervencionismo. Estamos ante un ejercicio de responsabilidad de parte de los Estados miembros, ya que fueron ellos mismos -incluyendo a Venezuela-, quienes se han comprometido individual y colectivamente a promover y defender la democracia y los derechos humanos en el Hemisferio.
Resulta por ello difícil de entender para el resto de los Estados miembros de la OEA, el rechazo tozudo del gobierno venezolano a la identificación de acciones y mecanismos -como la recomposición de los facilitadores y la constitución de un Grupo de Países Amigos propuesto por algunas delegaciones-, con el objeto de encauzar un nuevo proceso de diálogo y negociación entre venezolanos con una agenda concreta y monitoreo periódico, para producir resultados en un tiempo razonable, dentro del marco institucional de la OEA. No obstante, ni la paciencia de los Estados miembros es infinita ni el gobierno venezolano tiene escapatoria de una realidad signada por la crisis interna y su aislamiento externo.
Cualquier cálculo que pueda estarse haciendo en altas esferas del poder tendiente a una ruptura con la OEA, como se desprende del discurso de la Canciller Rodríguez y los últimos actos del Tribunal Supremo de Justicia, debe tomar en cuenta varias cosas:
1) Más allá de la dimensión normativa de las relaciones internacionales, sólo se encuentran las realidades del poder desnudo, donde Venezuela tiene pocas bazas a su favor en momentos en que los precios del petróleo están deprimidos y no tienen perspectivas de recuperación en el corto y mediano plazo;
2) Romper con el marco multilateral hemisférico sólo implica una mayor exposición ante acciones de terceras potencias, cuyas acciones unilaterales pueden ser incluso vistas en esos escenarios como legítimas;
3) Resulta crucial no creer en la propaganda propia; ni el Movimiento de los No Alineados se encuentra en su mejor momento, ni UNASUR sirve de cobertura como en tiempos pretéritos debido a los cambios políticos que ha experimentado la región;
4) Debe tenerse mucho cuidado con los consejos envenenados que podría estar dando Raúl Castro que sólo buscan alentar al gobierno venezolano a realizar peligrosas acciones temerarias, para intentar así invisibilizarse y sobrevivir a la Administración Trump;
5) Ni Venezuela es Cuba, ni Maduro es Fidel, ni 2017 es 1962. Por cierto, tampoco la Rusia de Putin o la China de Xi pueden ser vistas como una URSS rediviva. ¿Y usted qué opina?
@kenopina
Doctor en Ciencias Políticas, MBA en Energía e Internacionalista. Profesor de la UCV y Presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI).
