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Derechos sin revés:  La impunidad se mantiene 26 años después de la masacre del Retén de Catia

26 AÑOS DESPUÉS, LOS HECHOS OCURRIDOS EN EL RETÉN DE CATIA entre el 27 y 29 de noviembre de 1992, no han logrado esclarecerse con exactitud. De hecho, no existe aún ningún responsable sancionado por la masacre en la que murieron, aproximadamente, 63 personas.

En realidad, existen dos versiones sobre los sucesos acaecidos en el internado judicial de Los Flores. La primera señala que, al conocerse, a través de los medios de comunicación, la noticia del intento de golpe de Estado contra el entonces presidente, Carlos Andrés Pérez, los guardias del retén abrieron las puertas de las celdas y anunciaron a los reclusos que quedaban en libertad. Esperaron la salida de los internos y de inmediato empezaron a disparar contra ellos.

La segunda versión se basa en un informe emitido por la jefatura de Servicios del Retén de Catia, en el que se señala que a las 6:10 a.m. del 27 de noviembre de 1992 “se informó a la Jefatura del Régimen que los internos de los Pabellones del Ala Sur 4 y 5 rompieron los candados, se produjo un motín y de inmediato los funcionarios de la guardia dispararon a los internos”.

Más allá de las dos versiones, los acontecimientos, finalmente, derivaron en la muerte de, aproximadamente, 63 reclusos, causaron heridas a 52 personas y la desaparición de otras 28. Las investigaciones que se iniciaron en su momento no pudieron establecer la cifra total de las víctimas, y los informes que circularon fueron confusos y contradictorios.

Hoy en día, 26 años después, solo puede concluirse, de acuerdo con la versión de testigos, que la situación de violencia en el Retén de Catia se resolvió con la intervención masiva de la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana, cuyos funcionarios dispararon indiscriminadamente armas de fuego en contra los internosy lanzaron, con igual desproporción, gases lacrimógenos.

Varios de los testimonios de los reclusos sobrevivientes y de funcionarios penitenciarios confirman los hechos. Según un informe del Sub Comisario Jefe de la División de Orden Público de la Policía Metropolitana, en el cual consta “la Relación de Armamento Largo que fue entregado en el Parque de Armas de la Brigada Especial el 27 de noviembre de 1992 y una relación del Personal (con jerarquías y número de placas) que laboró ese día en el Retén de Catia y sus alrededores”, en el operativo participaron 485 agentes de la Policía Metropolitana, quienes portaban 126 armas de fuego identificadas con su serial y tipo de arma. Las pruebas de balística realizadas por el Cuerpo Técnico de Policía Judicial a los proyectiles encontrados en los cuerpos de los internos, así como los orificios de entrada y salida en los cadáveres, comprobaron que las muertes se produjeron a consecuencia de impactos de bala realizados con armas de similares o idénticas características a las utilizadas por la fuerza pública.

En varios de los protocolos de autopsia referidos a los cadáveres encontrados en el Retén de Catia, la trayectoria de las heridas evidenciaba que algunos de los reclusos fueron ejecutados por la espalda o el costado.

El Estado no adoptó las medidas necesarias para garantizar de manera oportuna y eficaz los procedimientos y medicinas necesarios para la atención de las personas heridas a consecuencia de los hechos. La actuación de la Guardia Nacional, así como de la Policía Metropolitana y la Guardia carcelaria durante las primeras 24 horas de ocurrencia de los hechos, no fue verificada por ninguna autoridad civil. A las autoridades del Ministerio Público que acudieron a las instalaciones del Retén les fue impedido el ingreso por la Guardia Nacional, por una supuesta falta de seguridad.

Entre el 28 y 29 de noviembre de 1992 cientos de reclusos fueron trasladados del Retén de Catia a la Penitenciaría General de Venezuela (Guárico), al Internado Judicial Capital El Rodeo (Guatire) y al Centro Penitenciario de Carabobo (Valencia). Los traslados se efectuaron sin informar a los familiares de los internos sobre su paradero.

Los familiares de los internos trasladados desconocían no solo su paradero, sino sus condiciones generales. Previamente, las autoridades mantuvieron a los internos por varias horas en los patios del Retén, los obligaron a permanecer desnudos y en posiciones incómodas. Los diversos reportes oficiales no determinaron con exactitud el número de reclusos trasladados. Por ende, tampoco fue posible determinar cuántos internos fueron desaparecidos.

Pese a la impunidad que caracterizó el caso, familiares de las víctimas, con apoyo de COFAVIC, presentaron en 1996 el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en el año 2005, la Comisión presentó demanda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que publicó su sentencia el 5 de julio de 2006. En el fallo se estableció la responsabilidad del Estado venezolano en los sucesos del Retén de Catia, determinó las reparaciones pecuniarias, obligó al Estado a investigar los hechos y a mejorar la situación de las cárceles venezolanas.

En la sentencia también se ordena la adecuación de la legislación interna, a los estándares internacionales, sobre uso de la fuerza y la implementación de un cuerpo de vigilancia penitenciaria de carácter civil.

Sin embargo, la situación en las cárceles no ha mejorado, por el contrario, se ha profundizado la militarización, hay hacinamiento, dificultad en el acceso a alimentación y a medidas de protección de salud mínimamente adecuadas.

 

A continuación, los nombres de las víctimas, cuyos casos fueron presentados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aparecen en la sentencia:

Alexis Antonio Martínez Liebano

Benjamín Eduardo Zerpa Rodríguez

Deyvis Armando Flores Velásquez

Edgard José Peña Marín

Franklin Antonio Armas González

Gabriel Antonio Figueroa Ramos

Henry Leonel Chirinos Hernández

Inocencio José Ruíz Durán

Jaime Arturo Henriquez Rizzo

Jesús Rafael Navarro

José León Ayala Gualdrón

Juan Carlos Saavedra Rincón

Marcos Nerio Ascanio Plaza

Nancy Ramón Peña

Néstor Gavidia Velásquez

Pedro Ricardo Castro Cruces

Víctor Jesús Montero Aranguren

Wilcon Alberto Pérez Santoya

 

 

Derechos sin revés: La Carta de las Naciones Unidas, la génesis de la paz y los derechos humanos

LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS es el documento por medio del cual se constituyen las Naciones Unidas, el 24 de octubre de 1945. Con la ratificación de este documento fundacional de la mayoría de sus signatarios, incluidos los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, las Naciones Unidas entraron oficialmente en vigor.

La Carta es una suerte de constitución interna que rige al organismo supranacional, surgido en 1945, tan solo un mes después del fin de la Segunda Guerra Mundial. La Carta es el instrumento constituyente de la Organización: determina los derechos y las obligaciones de los Estados Miembros y establece los órganos y procedimientos de las Naciones Unidas. En su calidad de tratado internacional, la Carta codifica los principios fundamentales de las relaciones internacionales, desde la igualdad soberana de los Estados hasta la prohibición del empleo de la fuerza en las relaciones internacionales en cualquier forma que sea incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas.

Su historia se remonta al 12 de julio de 1941 con la “Declaración de Londres”, firmada por los representantes de Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, y Sudáfrica, además de los gobiernos en exilio de Bélgica, Checoslovaquia, Grecia, Luxemburgo, Noruega, los Países Bajos, Polonia, Yugoslavia y Francia representada por el general De Gaulle.

Este documento se constituyó en un pronunciamiento a favor de la concertación de la paz de forma conjunta, y se estableció que la única base de una paz duradera es la cooperación voluntaria de todos los pueblos libres para evitar la amenaza de una agresión.

En efecto, el Preámbulo de la Carta reafirma de manera explícita la “fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas”.

El primer artículo establece que uno de los objetivos principales de las Naciones Unidas es el de desarrollar y promover “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”.

De hecho, los líderes del mundo decidieron complementar la Carta de las Naciones Unidas con una hoja de ruta para garantizar los derechos de todas las personas en cualquier lugar y en todo momento. Ese documento, con esos preceptos, más tarde se convirtió en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, examinado en la primera sesión de la Asamblea General en 1946.

Es decir, el objetivo primordial de la Carta de las Naciones Unidas y de la organización en sí es “preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles; a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas; a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional; a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad”, según se refiere en el Preámbulo.

Bajo esos mandatos, la finalidad de la Carta de las Naciones Unidas es practicar la tolerancia para propiciar la convivencia en paz. Unir fuerzas para el mantenimiento de la seguridad internacional. Asegurar, mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos, que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común, y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos.

El término “derechos humanos” se menciona siete veces en la Carta fundacional de la ONU, por lo que su promoción y protección también son objetivos fundamentales y principios rectores de la Organización.

La Carta fue ratificada el 24 de octubre de 1945, y la primera Asamblea General de la ONU se reunió en Londres el 10 de enero de 1946. Más de 190 naciones acordaron apoyar esta Declaración. Uno de los principales objetivos de la Carta es la promoción y el fomento del “respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin distinción de raza, sexo, lengua o religión”.

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La firma de la Declaración de los Derechos Humanos sigue siendo el hecho más importante de la historia para garantizar los derechos humanos de todos. Muchos otros documentos se han firmado desde entonces, tratando de fortalecer estos derechos.

En la actualidad, 193 Estados son miembros de las Naciones Unidas, que están representados en el órgano deliberante, la Asamblea General.

Debido a las facultades que le confiere la Carta y su singular carácter internacional, las Naciones Unidas pueden tomar medidas sobre los problemas que enfrenta la humanidad en el siglo 21, como la paz y la seguridad, el cambio climático, el desarrollo sostenible, los derechos humanos, el desarme, el terrorismo, las emergencias humanitarias y de salud, la igualdad de género, la gobernanza, la producción de alimentos y mucho más.

La ONU también proporciona un foro para que sus miembros puedan expresar su opinión en la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social y otros órganos y comisiones. Al permitir el diálogo entre sus miembros, y la organización en las negociaciones, la Organización se ha convertido en un mecanismo para que los gobiernos puedan encontrar ámbitos de acuerdo y resolver problemas juntos.

Cofavic Sep 19, 2018 | Actualizado hace 1 año
Derechos sin revés: Nada justifica la tortura

La tortura, tratos cueles, inhumanos y degradantes, es una de las violaciones más graves de los derechos fundamentales de una persona, destruye su dignidad, su cuerpo y su mente. Los efectos de la tortura afectan a la familia, a las instituciones y a toda la sociedad.

La prohibición de prácticas de torturas es absoluta y queda reflejada en numerosos tratados internacionales y regionales, y se considera obligatoria en todos los Estados, como una norma consuetudinaria del derecho internacional.

Los Estados no sólo están obligados a respetar esta prohibición de tortura, sino que también tienen el deber de evitarla, y de realizar investigaciones eficaces y sancionar debidamente a los culpables conforme a protocolos internacionales.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, define la tortura como “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia (…) ”.

Aunque la definición contempla como una de sus finalidades el obtener una confesión, según el artículo 15 de la Convención, ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura puede ser invocada como prueba, en ningún procedimiento.

En efecto, existe una prohibición mundial de la tortura y de todas las formas de crueldad y humillación, desde 1948, año en que se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Son 156 los países que han ratificado la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas pero la prohibición va aún más allá y es vinculante, incluso, para los Estados que no se han unido a los tratados de derechos humanos pertinentes. Ningún Estado puede torturar ni permitir ninguna forma de tortura o malos tratos, en ningún caso, ni bajo ninguna justificación. Los actos de tortura y malos tratos son considerados violaciones a los derechos humanos dentro del derecho internacional de los derechos humanos. Igualmente, la tortura es considerada como crimen dentro del derecho penal internacional, es decir, es un crimen de lesa humanidad.

Cualquier persona que se encuentre bajo custodia corre peligro de ser torturada, sin que importe su edad, género, origen étnico o filiación política. La tortura, además, puede comenzar en el momento mismo de la detención. No obstante, se ha recibido información sobre torturas en todas las etapas en que las personas tienen algún contacto con la policía o los servicios de seguridad. En todo caso, la detención en régimen de incomunicación facilita la tortura y constituye en sí misma trato cruel, inhumano o degradante de acuerdo con el derecho internacional. Por otra parte, la desaparición forzada incrementa el riesgo de tortura, y es en sí misma una forma de tortura para la persona desaparecida y para su familia. Al igual que la tortura, la desaparición forzada está terminantemente prohibida por el derecho internacional. Todos los casos de “detención secreta” constituyen desaparición forzada.

En efecto, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CPPDF), prohíbe la desaparición forzada, que ha sido reconocida como una forma de tortura, y se le exige a los Estados que tipifiquen la desaparición forzada como delito, además de instarles a aplicar varias garantías jurídicas y procesales relativas a la privación de la libertad. Con relación a este particular, existe también una prohibición absoluta para el Estado, así como la obligación de prevenirla y sancionarla de acuerdo con estándares internacionales.

La Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Convención contra la Tortura), adoptada en el año 1984 y vigente desde 1987, es el tratado internacional más completo frente a la tortura. El Comité contra la Tortura supervisa la aplicación de la Convención y recuerda, permanentemente, a los Estados la obligación de adoptar medidas preventivas. Una de ellas es hacerla visible y evitar que los torturadores queden impunes.

El artículo 2.2 de la Convención establece que “en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales” para justificar la tortura. Esto incluye las situaciones de guerra o amenaza de guerra, la inestabilidad política interna, la lucha contra el terrorismo o cualquier otra emergencia pública. No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura.

El artículo 4 de la Convención indica que cada Estado parte velará porque todos los actos de tortura constituyan delitos conforme a su legislación penal. El Comité contra la Tortura exige que los Estados parte utilicen, como mínimo, la definición de tortura contenida en el artículo 1 de la Convención. En la última revisión realizada al Estado Venezolano por el Comité contra la Tortura, este órgano indicó, entre otras cosas, que el delito de tortura tipificado en el artículo 17 de la Ley venezolana presenta carencias, ya que sólo se aplica cuando las víctimas están bajo la custodia del funcionario público. Tampoco se considera tortura bajo este artículo los dolores o sufrimientos infligidos por otra persona en el ejercicio de funciones públicas, o a instigación, con el consentimiento o aquiescencia de funcionarios públicos.

En el artículo 10 de la Convención se exige a los Estados parte que tomen medidas para garantizar que la formación profesional que recibe el personal encargado de la aplicación de la ley (sea éste civil o militar) el personal médico, los funcionarios públicos y otras personas que puedan participar en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de cualquier persona sometida a cualquier forma de arresto, detención o prisión, se incluya una educación y una información completas sobre la prohibición de la tortura.

La Convención establece que las víctimas de tortura tienen derecho a presentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado por las autoridades competentes (artículo 13). Asimismo, en virtud del artículo 14, se garantiza a la víctima de tortura el derecho a la reparación y a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible.

Además de la Convención hay otros instrumentos y mecanismos internacionales que prohíben la tortura. El artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. La Declaración Universal de los Derechos Humanos también afirma que toda persona tiene derecho “a un recurso efectivo” que la ampare contra los actos que violen sus derechos fundamentales (art. 8).

El artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estipula que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Además, el artículo 10.1 establece que “toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.

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Cofavic: Utilizar declaraciones bajo tortura va claramente en contra de los principios de la justicia

EL COMITÉ DE FAMILIARES DE VÍCTIMAS (Cofavic) recordó este viernes que la información obtenida bajo formas ilegales es una de las causas más graves de la tortura.

Esto, a propósito del video difundido por el ministro de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, en el que habla Juan Requesens sobre su presunta participación en “magnicidio” contra el presidente Nicolás Maduro.

“El principal cometido de la tortura ha sido siempre el de obligar a un acusado a confesar o proporcionar información (…) La información obtenida bajo tortura y formas ilegales de coacción es una de las causas más graves de la tortura”, expresó a través de su cuenta en Twitter.

Cofavic indicó que han sido múltiples los casos en que se han demostrado que cuando se somete a tortura o existe una amenaza, la persona va a hacer o decir cualquier cosa para evitar el dolor.

“Utilizar las pruebas obtenidas mediante la tortura en cualquier procedimiento es contrario al derecho internacional y a la Constitución”.

“Utilizar declaraciones bajo tortura va claramente en contra de los principios de la justicia”.

Derechos sin revés: Un defensor de DDHH se define  por lo que hace y no por quién es

“Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”, refiere el artículo 1 de la Declaración de la ONU sobre Defensores y Defensoras.

Ese principio ratifica el hecho de que los defensores y defensoras de derechos humanos provienen de cualquier disciplina: pueden ser abogados, periodistas, médicos, educadores, sindicalistas, campesinos, víctimas o familiares de víctimas de abusos y violaciones de los derechos humanos. Independientemente de su edad, su nacionalidad o su religión.

Algunas personas se convierten en defensores y asumen el compromiso como parte de su función profesional, mientras que una gran mayoría lo hace de forma voluntaria o sin remuneración.

En realidad, no existe ninguna definición estricta de los defensores y defensoras de los derechos humanos ya que puede referirse a cualquier persona que actúa en cualquier momento para la promoción y la protección de los derechos de otros.

Por esta razón, una persona defensora se define, ante todo, por lo que hace, por sus acciones y no por quien es. No importa su identidad.

Esto significa que toda persona que se compromete y actúa para la promoción y la protección puede ser considerada como defensor o defensora.

Esto significa, igualmente, que se puede considerar defensora de los derechos humanos una persona que actúa toda su vida para promover y proteger los derechos humanos o si solo lo hace de forma ocasional o puntual, e, incluso, a veces, una sola vez en su vida.

En efecto, no hay ningún “requisito” especial para asumir el rol de defensores de derechos humanos, y en la Declaración sobre los defensores se indica que todas las personas, potencialmente, pueden serlo, si se lo proponen y lo llevan a cabo. Se advierte, eso sí, en la misma declaración, que los defensores tienen tanto responsabilidades como derechos.

Los defensores de los derechos humanos deben reconocer el carácter universal de los derechos humanos, conforme se proclama en la Declaración Universal de Derechos Humanos. No pueden negarse a unas personas algunos derechos humanos y reconocerlos en otros. El reconocimiento debe ser a todos, por igual.

Por otra parte, debe definirse y aceptarse a los defensores de los derechos humanos por los derechos que defienden y por su propio derecho a hacerlo. Las acciones que se realicen deben ser pacíficas, con arreglo a lo establecido en la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos.

Por último, las personas defensoras de los derechos humanos deben aceptar el hecho de que cada derecho humano es indivisible de los otros y que el conjunto de estos derechos forma un conjunto universal, interdependiente y se aplica a todas las personas sin importar el lugar o el momento.

Sería ideal, en todo caso, que en todos los sectores de la población exista un defensor o defensora de derechos humanos, y sobre todo que, entre los jóvenes, se unan también y se empoderen. El empoderamiento es, según la antropóloga mexicana Marcela Lagarde, “un proceso a través del cual cada persona se faculta, se habilita y desarrolla la conciencia de tener derecho a tener derechos y a confiar en la propia capacidad para conseguir sus propósitos”.

Organizaciones como Front Line Defenders (una organización de defensa de los derechos humanos, fundada en Dublín en 2001, para proteger a los defensores de los derechos humanos), Amnistía Internacional o ProtectDefenders consideran que es vital tener más líderes de distintas causas sociales para que a través de sus ideas, opiniones y acciones puedan contribuir a que el mundo sea un lugar más justo y de esta manera continuar con la defensa de los derechos humanos.

En 2017, por ejemplo, Amnistía Internacional lanzó la campaña “Valiente” para invitar a la gente a que se convierta en defensora de derechos humanos sin miedo y con la convicción de que la justicia es posible sin discriminación alguna. “No importa si sales a la calle a manifestar o clamas por los derechos a través de las redes sociales, te conviertes en defensor o defensora cuando demandas justicia por cualquier medio”, dijo Guadalupe Marengo, directora del Programa Global sobre Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos de Amnistía Internacional.

Ese trabajo, sin embargo, tiene enormes riesgos sobre todo ahora, donde los niveles de violencia e injusticia en el mundo están tan elevados. “Si sabes que al defender los derechos humanos de otros o los propios te pueden atacar, te pueden asesinar, te pueden detener arbitrariamente, te pueden acusar de terrorista, espía y hasta traidor a la patria, se necesita un cúmulo de valentía para seguir adelante”, recalcó la directora del programa global para defensores y defensoras de derechos humanos de Amnistía Internacional.

De hecho, la gravedad y la escala de las represalias fueron una de las razones principales por las que se aprobó la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos y se definió el mandato del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre su situación. Hay preocupación por la situación de los defensores de los derechos humanos en todos los países, incluidas las democracias emergentes y los países que poseen instituciones, prácticas y tradiciones democráticas muy antiguas.

Sin embargo, se ha hecho especial hincapié en los países donde existe un conflicto armado interno; graves desórdenes públicos, y la protección y las garantías legales e institucionales no están plenamente garantizadas o no existen en absoluto.

En todos esos escenarios muchos defensores han sufrido violaciones de sus derechos humanos. Han sido objeto de ejecuciones, tortura, palizas, detención y prisión arbitrarias, amenazas de muerte, hostigamiento y calumnia.

También se les han limitado sus libertades de circulación, expresión, asociación y reunión. Los defensores han sido víctimas de falsas acusaciones y de procesos y condenas injustas. Por lo general, las violaciones se cometen contra los propios defensores o las organizaciones y mecanismos por medio de los cuales desarrollan su actividad.

Es importante saber que, en la mayoría de los casos, los actos cometidos contra los defensores de los derechos humanos vulneran el derecho tanto internacional como nacional. Adicionalmente, la falta de una respuesta policial o judicial efectiva crea un clima de impunidad que sirve de estímulo a estas violaciones.

Solicitan medidas cautelares a favor de Geraldine Chacón y Gregory Hinds

La Coalición Nacional de ONG de Derechos Humanos en Venezuela, el Foro por la Vida, conjuntamente con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (UNIMET) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) solicitaron este viernes 18 de mayo medidas cautelares, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a favor de los jóvenes defensores de Derechos Humanos Gregory Miguel Hinds Rodríguez y Geraldine Patricia Chacón Villarroel, quienes se encuentran, arbitrariamente, detenidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), ubicada en El Helicoide, en la ciudad de Caracas, Municipio Libertador, quienes a pesar de haber recibido ambos una boleta de excarcelación, emitida por el Tribunal Trigésimo Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 2 de abril de 2018, permanecen detenidos en dicha instalación. Los jóvenes enfrentan un riesgo inminente para sus vidas e integridad personal, luego de los graves sucesos que se han presentado desde el 16 de mayo de 2018 en el mencionado sitio de reclusión.

En Venezuela, y en los últimos años, la actividad de los defensores y defensoras de derechos humanos ha tenido que enfrentar distintos obstáculos, varios de los cuales configuran violaciones de sus derechos humanos. Al respecto,  el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la CIDH han hecho referencia a los actos de hostigamiento, amenazas y ataques contra la integridad personal y contra la vida de los defensores y defensoras en el país, así como a la impunidad en que permanecen estos hechos y han insistido en que el Estado venezolano debe adoptar todas las medidas necesarias para proteger a los defensores y defensoras de Derechos Humanos y cesar todo tipo de declaración descalificatoria en su contra por parte de agentes estatales.

Tanto Gregory Hinds como Geraldine Chacón, ambos de profesión abogados, formaban parte de la Fundación Embajadores Comunitarios, donde desarrollaban programas educativos basados en la promoción de los instrumentos de protección de derechos humanos y modelos de las Naciones Unidas entre jóvenes pertenecientes a comunidades populares del Área Metropolitana de Caracas, entre otras actividades de educación y empoderamiento social.

El pasado mes de abril de 2018, tanto Gregory Hinds como Geraldine Chacón, fueron declarados presos de conciencia por Amnistía Internacional.

Antecedentes del caso:

El miércoles 31 de enero de 2018, presuntos funcionarios adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), se presentaron en la sede de la Fundación Embajadores Comunitarios (FEC), sin orden judicial de allanamiento, ni orden judicial de detención emitida por ningún Tribunal de la República e ingresaron a la sede en búsqueda de los directivos encargados de la fundación.

Horas más tarde, Gregory Hinds, Director General de la Fundación, se dirigió voluntariamente hasta la sede de la organización para preguntar sobre los motivos de la visita del mencionado cuerpo policial a sus instalaciones.  A las 5:00 pm le solicitaron que los acompañara hasta la sede del SEBIN, ubicada en El Helicoide, en Caracas, a los fines de rendir una entrevista para que la misma “fuera grabada”.

Gregory Hinds les acompañó, sin que en ese momento se le indicara que estaba siendo detenido, ni los motivos de su aprehensión. Desde entonces, el joven Gregory Hinds no volvió a salir del Helicoide, donde fue recluido en una celda con espacio muy reducido, aislado, sin ventilación, ni luz solar y sin acceso a agua potable, según la versión que el mismo Gregory dio a sus abogados minutos antes de entrar a la audiencia de presentación.

Además, en el momento de la audiencia de presentación ante el Tribunal 31 de Control, Gregory Hinds mencionó que fue sometido a un “proceso de entrevista de cinco horas”, sin oportunidad de contar con un abogado, ni Fiscal del Ministerio Público que garantizara el respeto del debido proceso y, en especial, el derecho a su defensa.

Posteriormente, en la madrugada del jueves 01 de febrero de 2018, fue detenida arbitrariamente la joven Geraldine Chacón, por un grupo de más de 10 presuntos funcionarios del SEBIN fuertemente armados, mientras se encontraba en su residencia. Los presuntos funcionarios del SEBIN no llevaban orden de aprehensión, ni de allanamiento.  Ingresaron a su residencia, tomaron varias fotografías al lugar, y luego de unos minutos le pidieron a Geraldine Chacón que los acompañara a la sede del Helicoide, para realizarle una entrevista, en su condición de Directora de Programas de la Fundación Embajadores Comunitarios, le indicaron que sería breve y que podría retornar a su residencia. Geraldine Chacón accedió sin oponer resistencia. Lamentablemente, desde la fecha no ha regresado a su casa y permanece injustamente detenida.

Tanto Geraldine Chacón, como Gregory Hinds fueron interrogados sin tener asistencia jurídica, violando su derecho a la defensa, establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ninguno ha podido recibir visitas por parte de sus familiares o abogados durante más de 104 días de detención. Asimismo, sus familiares han manifestado temer por la integridad de ambos, puesto que no han podido constatar sus condiciones actuales de salud.

La audiencia de presentación se llevó a cabo el 5 de febrero ante el Tribunal 31º de Control, cuyo juez no se encontraba en el despacho, por lo que se encargó de la celebración de la audiencia la juez del Tribunal 30º en Funciones de Control del mismo Circuito Judicial.  En dicho acto la Representación Fiscal no imputó hechos y/o conductas concretas atribuibles a Geraldine Chacón y a Gregory Hinds.

 Solicitud de medidas cautelares:

Desde el día 16 de mayo de 2018, las amenazas a su integridad personal y a su derecho a la vida han venido escalando en su gravedad, específicamente por los recientes hechos ocurridos en la sede del SEBIN, ubicada en el Helicoide, donde un grupo de detenidos han denunciado públicamente, así como sus familiares, graves violaciones a sus derechos, incluyendo casos de presuntas torturas, privación de alimentación, falta de atención médica, no acceso a agua potable, así como el no cumplimiento de varias boletas de excarcelación ordenadas por los Tribunales de la República, entre otros.

No hay conocimiento por parte de sus familiares de si Gregory Hinds está recibiendo la medicación que requiere diariamente para atender su hipertensión. Ni que Geraldine Chacón ha recibido atención médica oportuna frente a problemas respiratorios y estomacales experimentados durante el periodo en el que ha permanecido detenida.

Asimismo, desde el pasado miércoles 16 de mayo, no ha habido constancia del estado físico y psicológico de estos jóvenes, a pesar de las múltiples solicitudes, de sus familiares y de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y de la Conferencia Episcopal de Venezuela, a las autoridades venezolanas para que se aboquen al caso. Si se materializa un asalto de las fuerzas de seguridad al sitio donde los jóvenes se encuentran detenidos, sus vidas e integridad personal estarán seriamente amenazadas y corriendo un riesgo inminente.

La irreparabilidad del daño que puede ser causado a las víctimas en este caso es evidente. De comprobarse esta situación, estaríamos ante graves violaciones al derecho a la integridad personal, libertad personal, libertad de asociación, protección a defensores a los derechos humanos y sus garantías procesales.

En el escrito de solicitud las organizaciones firmantes, el Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC), Espacio Público, Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, Acción Ciudadana contra el Sida (ACCSI), Acción Solidaria, Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello,  Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana, Comisión Justicia y Paz Los Teques/Cáritas Los Teques, Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), integrantes de la Coalición Nacional de ONG de Derechos Humanos en Venezuela Foro por la Vida; conjuntamente con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (UNIMET) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), piden:

  1. Se cumpla con las órdenes de excarcelación dictadas por el Tribunal Trigésimo Primero (31) en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas de fecha 2 de abril de 2018, ratificadas en fechas 06, 09, 10 y 11 de abril de 2018 a favor de los abogados y defensores de derechos humanos Geraldine Chacón y Gregory Hinds, tal como establece el artículo 44 numeral 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
  2. Se garanticen los derechos de los defensores de derechos humanos Geraldine Chacón y Gregory Hinds, al debido proceso, el derecho a la defensa y a la comunicación con sus abogados y familiares, todos estos establecidos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

iii.            Se adopten las medidas de protección, previa consulta con los beneficiarios, necesarias para prevenir la violación de los derechos a la vida, libertad e integridad personal de los beneficiarios;

  1. Inicie una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en contra de las presuntas torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes sufridas por los abogados y defensores de derechos humanos Geraldine Chacón y Gregory Hinds, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley.
Derechos sin revés: La paz es un valor, un principio y un objetivo

 

La paz no sólo es la ausencia de conflictos. Tampoco es una abstracción. La paz es un derecho humano del que todas las personas, grupos y pueblos son titulares. Todos tienen derecho a vivir en paz, a una paz justa, sostenible y duradera, según lo proclama la Unesco.

La paz es un concepto amplio y positivo que abarca el derecho a ser educado en y para la paz; el derecho a la seguridad humana y a vivir en un entorno seguro y sano; el derecho al desarrollo y a un medio ambiente sostenible; el derecho a la desobediencia civil y a la objeción de conciencia frente a actividades que supongan amenazas contra la paz; el derecho a la resistencia contra la opresión de los regímenes que violan los derechos humanos; el derecho a exigir a todos los Estados un desarme general y completo; las libertades de pensamiento, opinión, expresión, conciencia y religión; el derecho al refugio; el derecho a emigrar y participar en los asuntos públicos del Estado en el que se resida; y el derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación efectiva que asiste a las víctimas de violaciones de los derechos humanos.

El profesor de Derecho Internacional y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Héctor Gros Espiell (2005), en El derecho humano a la paz, señala que la paz también es una aspiración universal fundada en una idea común a todos los miembros de la especie humana. Es un valor, un principio y un objetivo que anida en la mente y en el corazón de todos los seres humanos.

En realidad, la cultura de paz trasciende los límites de los conflictos armados para hacerse extensiva en todos los espacios posibles: las escuelas y los lugares de trabajo del mundo entero, los parlamentos y las salas de prensa, las familias y los lugares de recreación.

Naciones Unidas también ha establecido que convivir en paz consiste en aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a los demás, así como vivir de forma pacífica y unida. Es un proceso positivo, dinámico y participativo en que se promueva el diálogo y se solucionen los conflictos en un espíritu de entendimiento y cooperación mutuos.

En efecto, la Asamblea General, al reconocer la necesidad de eliminar todas las formas de discriminación e intolerancia, en su resolución 72/130, declaró el 16 de mayo como el Día Internacional de la Convivencia en Paz, y enfatizó la importante función de la sociedad civil, incluidos el mundo académico y los grupos de voluntarios, en el fomento del diálogo entre religiones y culturas.

La Declaración del Milenio establece la importancia de propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén libres del temor y la violencia. No puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible, sostiene la ONU.

De acuerdo con la Unesco, la paz, el desarrollo y la democracia forman un triángulo interactivo. Los tres se requieren mutuamente. Sin democracia no hay desarrollo duradero: las disparidades se hacen insostenibles y se desemboca en la imposición y el dominio.

Además, la paz, en alianza con los derechos humanos, no podrá hacerse eco de discriminaciones, ni proponer nuevas formas de exclusión. No puede haber ganadores ni perdedores. Promueve la inclusión dentro de la sociedad y la reparación a las víctimas.  

Los derechos humanos y la paz son una convocatoria a pensar, hablar e idear formas más armónicas de convivencia y en ese ejercicio de imaginar sociedades más justas surge la cultura de la paz y su estrecha relación con los derechos humanos porque cuando se promueve la comprensión, el respeto y la solidaridad, en realidad se propicia el logro de una convivencia más justa, libre y respetuosa de la dignidad humana.

Todo eso depende de una tarea compleja que requiere el compromiso de las autoridades y el  apoyo de todos para generar cambios estructurales que faciliten la convivencia, el arreglo pacífico de los conflictos, el respeto y el entendimiento mutuo, la promoción de la democracia, la plena vigencia de los derechos humanos y las libertades, la construcción del diálogo, la negociación, la búsqueda de consenso, la promoción del desarrollo económico y social, la eliminación de toda forma de discriminación, entre otras muchas acciones.

La paz también persigue eliminar todas las manifestaciones de racismo, xenofobia, marginación, discriminación e intolerancia. Implica fortalecer la educación para la democracia, la responsabilidad cívica, el pensamiento crítico, la tolerancia y la solución no violenta de los conflictos.

Derechos sin revés: La libertad de expresión es un fundamento para la democracia

 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión “.

Teniendo en cuenta el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, arriba mencionado, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemora cada 3 de mayo, es una oportunidad para:

Celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa; evaluar la situación de la libertad de prensa en el mundo; defender a los medios de comunicación de los atentados contra su independencia, y rendir homenaje a los periodistas que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber.

La Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, la agencia que encabeza la conmemoración de ese día, eligió para este año el lema: “Los frenos y contrapesos al poder: medios de comunicación, justicia y estado de derecho” con el fin de centrar la discusión en los medios y en la transparencia del proceso político, la independencia y la alfabetización mediática del poder judicial, y la responsabilidad de las instituciones estatales frente al público.

El día también es una oportunidad para examinar los desafíos actuales de la libertad de prensa en línea. Informar a los ciudadanos acerca de las violaciones a la libertad de prensa, así como recordarles que en decenas de países alrededor del mundo las publicaciones son censuradas, algunas multadas, suspendidas o anuladas, mientras que periodistas, editores y publicadores son acosados, atacados, detenidos e incluso asesinados.

Es una fecha para fomentar y desarrollar iniciativas en favor de la libertad de prensa, y para evaluar el estado de la libertad de prensa en todo el mundo.

Igualmente, sirve como un recordatorio a los gobiernos de la necesidad de respetar su compromiso con la libertad de prensa y profundizar la reflexión entre los profesionales de los medios de comunicación sobre temas de libertad de prensa y la ética profesional.

En realidad, cuando se habla de libertad de prensa se habla también de libertad de expresión y de toda forma de comunicar el pensamiento (oral, escrita, gestual, artística etc.) así como cualquier esfuerzo que se haga por buscar, ofrecer o difundir información.

La libertad de expresión tiene dos vertientes.  La primera se refleja en el artículo 57 de la Constitución Nacional: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura”. Ejemplos: las protestas, manifestaciones, utilización de los medios de comunicación social, denuncias, escritos, obras artísticas etc.

La otra cara de la libertad de expresión es el derecho a buscar, difundir y recibir información (art. 58 Constitución Nacional) sea a través de los medios de comunicación o de otra forma.

Ahora es importante recordar que, en las observaciones finales que emitió el Comité de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sobre el cuarto informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela, se hizo referencia a la libertad de expresión.

Quedó clara la preocupación del Comité sobre disposiciones y prácticas que podrían tener el efecto de desalentar la expresión de posiciones críticas o la publicación de información crítica en los medios de comunicación y redes sociales sobre asuntos de interés público y que podrían afectar negativamente al ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

En función de esa inquietud, el Comité recomendó al Estado venezolano adoptar todas las medidas necesarias con miras a garantizar el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa consagradas en el artículo 19 del Pacto. En particular, debe adoptar medidas para:

Asegurar que su legislación sea plenamente compatible con el artículo 19 del Pacto; que cualquier restricción del ejercicio de la libertad de expresión cumpla plenamente con las estrictas exigencias establecidas en el artículo 19, y que las autoridades encargadas de aplicar las leyes relativas al ejercicio de la libertad de expresión ejerzan su mandato de manera independiente e imparcial.

Adicionalmente sugirieron al Estado considerar la posibilidad de despenalizar la difamación, así como aquellas figuras que prevén sanciones penales para quienes ofendan o irrespeten al Presidente u otros funcionarios de alto rango u otras figuras similares y debería, en todo caso, restringir la aplicación de la ley penal a los casos más graves, teniendo en cuenta que la pena de prisión nunca es un castigo adecuado en esos casos.

Por otra parte, la libertad de expresión es concebida por la Organización de Estados Americanos (OEA) como un fundamento para la democracia. El artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana establece que el respeto a la libertad de expresión y de prensa es uno de los componentes fundamentales de la democracia por tanto una lesión de este derecho representa un peligro para esta.