AL AÑO DE ESTAR DETENIDA INJUSTAMENTE -y de manera ilegal- a la Jueza María Lourdes Afiuni le adelantaron la cita médica en el Hospital Oncológico Padre Machado para evitar que las mujeres de distintas organizaciones que allí fueron convocadas para manifestarle su apoyo no pudieran verla.
La jueza Afiuni tiene problemas de salud bastante serios en sus partes más íntimas y debido a ello es que ha tenido que someterse a los exámenes médicos, los que se la ha prohibido recibir en su justo tiempo. Un pequeño tumor se le desarrolló en uno de sus senos y tampoco en la prisión en a que está recluida se le ha permitido recibir la asistencia al tiempo requerido.
Hoy unas cincuenta mujeres la esperaban para manifestarle su apoyo y a la vez demostrarle a los militares de la Guardia Nacional que la han vejado constantemente la fuerza de la denuncia que se hace al año de su reclusión. Pronto se sabrán los resultados de los exámenes que mostrarán maltrato por parte de los encargados de su custodia.
Los militares quisieron quitarle a los médicos del Oncológico, hace apenas una semana, los informes sobre el estado de la Jueza Afiuni.
La propia reclusa ha escrito diferentes cartas a personalidades de todo el mundo explicando su caso que estuvo apegado, ciento por ciento, a la ley y los reglamentos judiciales vigentes en Venezuela y su estado de “Derecho”.
Hasta ahora sabemos que el ex presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, le envió una misiva al presidente Hugo Chávez solicitando la libertad de la doctora María Lourdes Afiuni.
Por el momento nadie en el gobierno se ha dado por aludido.
Hoy Amnistía Internacional hizo público un comunicado solicitando su libertad:
“A un año de su detención arbitraria, Amnistía Internacional reitera el pedido de liberación de la Jueza Afiuni.
Amnistía Internacional considera que la detención de la jueza María Lourdes Afiuni Mora el pasado 10 de diciembre de 2009 es un caso de indebida interferencia política por parte del ejecutivo. Su detención vulnera los Principios Básicos de la ONU relativos a la Independencia del Poder Judicial, adoptados en 1985, que determinan que “[l]os jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad…sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualquiera sectores o por cualquier motivo”.
La jueza Afiuni ha sido acusada de “corrupción propia, abuso de autoridad, favorecimiento para la evasión y asociación para delinquir”. Su detención se produjo horas después de haber emitido una orden de libertad condicional a favor del banquero Eligio Cedeño. Decisión que se encontraría dentro de su competencia y se ajustaría a las leyes venezolanas que establecen que nadie puede estar detenido a la espera de juicio más de dos años.
La orden de libertad condicional dictada por la jueza en diciembre de 2009 fue condenada públicamente por el Presidente del Gobierno Hugo Chávez. Un año después, la Fiscalía General de la República no habría presentado ninguna prueba fehaciente para sustentar los cargos en contra de la jueza Afiuni.
Amnistía Internacional se encuentra profundamente preocupada por las consecuencias que este caso pudiera tener en la disposición que puedan tener las y los jueces de Venezuela a extender a todas las categorías de procesados, los beneficios y salvaguardas contempladas en la constitución y las leyes de Venezuela, así como en los convenios internacionales de los cuales Venezuela es parte. El temor de las y los jueces a la falta de aceptación de sus decisiones por parte del Ejecutivo y otras instancias del Estado venezolano y las posibles consecuencias que esto acarrearía, podría afectar la realización de los derechos humanos de la población y la capacidad de los procesados, víctimas y familiares de posibles abusos a los derechos humanos, a obtener justicia y reparación bajo claras normativas preestablecidas.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, la Relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados, y la Relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, han insistido que “se ponga a la Jueza Afiuni en libertad inmediata e incondicional” y que “[l]as represalias por ejercer funciones constitucionalmente garantizadas y la creación de un clima de temor en el poder judicial y en los abogados no sirve a otro propósito que el de socavar el estado de derecho y obstruir la justicia”, en palabras de estas instancias de Naciones Unidas del 16 de diciembre de 2009.
Preocupa asimismo a Amnistía Internacional que la encarcelación preventiva de la jueza Afiuni en instalaciones en las que se encuentran reas que habrían sido condenadas por ella, pondría a la magistrada en situación de riesgo, y constituiría un castigo cruel, inhumano y degradante, por el prolongado temor a sufrir lesiones graves o muerte. Temor fundamentado por las constantes amenazas e intentos de atentar contra su integridad física, que hasta la fecha habría denunciado la jueza y que al parecer, continúan sin ser debidamente investigados; así como por la situación de violencia generalizada en las prisiones del país, la cual ha ameritado repetidas medidas de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Además, de acuerdo a la información recibida, la jueza Afiuni tiene diversos problemas de salud que requieren medicación y atención médica que incluye pruebas ginecológicas y oncológicas; y en más de una ocasión se le habría negado acceso a atención médica adecuada.
Amnistía Internacional EXHORTA a las autoridades VENEZOLANAS a:
Liberar a la jueza Afiuni y asegurar de forma inequívoca y públicamente su respeto a la labor de los operadores de justicia y su compromiso a respetar y garantizar la independencia del poder judicial”.
