Las declaraciones ofrecidas por la presidente de la Asamblea Nacional, Dinorah Figuera, en una entrevista emitida por VPI donde fijan la ruta para las siguientes fases del proceso de diálogo con representantes del gobierno interino, donde se abordarán temas esenciales a nivel institucional y democrática del país.
A partir del mes de septiembre, la mesa de negociación se centrará en las garantías políticas y civiles del país. Figuera enfatizó la relevancia de este punto dentro de las conversaciones, argumentando que se trata del ejercicio directo de los derechos de la ciudadanía y de las acciones que la dirigencia debe sostener ante la sociedad.
El debate
“Ya vamos a estar el próximo mes de septiembre con las garantías políticas y civiles. Es un temazo, es un temazo muy importante que tiene que ver precisamente con el ejercicio de los derechos políticos y civiles y allí, por supuesto, nosotros tenemos en este caso mucho que discutir”, afirmó la dirigente.
La vocera explicó que el abordaje de estos derechos implica hacer un resumen general de la estructura judicial venezolana y señaló que este eje se unirá directamente con la revisión de las instancias del sistema de justicia, incluyendo de forma prioritaria la situación del Tribunal Supremo de Justicia.
“Implicar este tema de la reforma del Tribunal Supremo de Justicia y vincularlo con las otras instancias de temas que vamos a trabajar, por supuesto, nos lleva a nosotros a hacer una síntesis de todo el sistema de justicia que tiene también que ver con los derechos civiles y políticos”, puntualizó.
Inhabilitaciones y revisiones
Dentro de la agenda fijada para septiembre, la delegación planteará la suspensión de las inhabilitaciones políticas y la derogación de instrumentos legales que limitan las acciones de los partidos, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos. Figuera remarcó la importancia de restituir las condiciones para la participación en los procesos electorales.
“Planteo a ustedes que sin partido no hay democracia. Entonces, nosotros estamos comprometidos a esa propuesta y sobre todo también acusar el tema de las inhabilitaciones personales de carácter político. Aquí uno de los objetivos de nosotros es que se les devuelva el ejercicio del derecho a participar en procesos electorales a las personas que han sido criminalizadas, perseguidas, exiliadas y que se les ha violado ese derecho”, aseveró.
En relación con el panorama normativo, indicó que se persigue la anulación de leyes específicas que restringen el “ejercicio democrático” en el país. “Un tema de justicia que estamos persiguiendo es derogar las leyes. Las leyes contra el odio, la ley contra las organizaciones no gubernamentales, la ley también del tema de los activos, otras leyes de carácter coercitiva que nos han limitado en el ejercicio democrático”, declaró Figuera.
Figuera destacó que se iniciaron pasos formales, los cuales incluyeron la reforma de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia, la modificación de leyes complementarias del sistema de justicia, la renovación del Comité de Postulaciones Judiciales, la apertura de un nuevo proceso para la designación de magistrados y la creación de un consejo de revisión de credenciales de los postulados.
Acompañamiento internacional
Con respecto al papel de la comunidad internacional en las conversaciones, Figuera valoró el rol que ha desempeñado la administración estadounidense en el proceso y aclaró el alcance de la participación en las mesas de trabajo del país.
“Sabemos que estamos bajo un acompañamiento de Estados Unidos en los procesos de diálogo, por lo cual hemos estado agradecidos y han sido muy respetuosos. Teníamos dudas porque para Estados Unidos no iban a estar dentro de las discusiones y que iban a servir en este caso más bien de acompañante donde le informábamos pero que no iban a ser interventores de un proceso dentro de lo que fue el proceso de diálogo”, explicó Figuera.
El proceso de negociación sigue manteniéndose sobre una agenda de cuatro puntos principales orientados a la reinstitucionalización del país: la reforma del Tribunal Supremo de Justicia, la reinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral, las garantías políticas y civiles, y la libertad de expresión. Todas estas conversaciones iniciadas en agosto de 2026 hablan del posible desarrollo del trabajo técnico y político continuo que lleven a una conclusión donde se contemple el resultado para el mes de diciembre.
