En un país como Chile, donde la historia política ha estado marcada por la experiencia del exilio, las dictaduras y la defensa de los derechos humanos, sorprende la incoherencia con la que se abordan dos temas que hoy se cruzan inevitablemente: la migración venezolana y el régimen autoritario de Nicolás Maduro. Aunque los programas oficiales de los partidos y coaliciones suelen apelar a principios como la inclusión, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, en la práctica, sus discursos y acciones reflejan una realidad mucho más fragmentada y contradictoria.
La izquierda y sus tensiones ideológicas
En el oficialismo, el Frente Amplio y el Partido Comunista conforman un bloque que, en teoría, defiende una migración con enfoque de derechos y condena toda forma de autoritarismo. Sin embargo, mientras se proclama integración y respeto, muchas de sus figuras evitan calificar a Venezuela como una dictadura o relativizan las denuncias de violaciones de derechos humanos, apelando al “principio de no intervención” o al argumento del bloqueo económico. Esta ambigüedad genera fisuras que se agudizan cuando desde sus propias alcaldías o regiones no se implementan políticas migratorias claras, y se deja el problema en manos del gobierno central.
Por su parte, el Partido Socialista ha tenido un discurso más abierto a condenar el autoritarismo chavista, pero arrastra aún lealtades históricas con el proceso bolivariano que condicionan su posicionamiento. Gobernadores y alcaldes socialistas han impulsado desalojos de migrantes o se han alineado con demandas de mayor control fronterizo, mientras su programa aboga por una migración digna y ordenada. El doble estándar se vuelve evidente.
La derecha entre el discurso humanitario y la estigmatización
En el otro extremo, la derecha chilena –especialmente Chile Vamos y el Partido Republicano– no tiene problemas en calificar a Maduro como dictador y se posiciona como defensora de los venezolanos como víctimas del comunismo. Sin embargo, esta solidaridad termina apenas el migrante cruza la frontera. La criminalización sistemática, los discursos xenófobos y el uso político del miedo al extranjero han sido moneda común en regiones del norte y en medios afines. La contradicción aquí es ética: ¿cómo condenar una dictadura y a la vez rechazar sin matices a quienes escapan de ella?
La derecha ha instrumentalizado el caso venezolano como un arma política, tanto para atacar a la izquierda chilena como para justificar políticas de cierre y expulsión, muchas veces sin distinción entre víctimas, refugiados o migración irregular. La coherencia moral queda en entredicho.
Populismo, oportunismo y el olvido de los derechos
Los partidos emergentes, como el PDG o movimientos como Demócratas y Amarillos, han oscilado entre discursos técnicos, llamados al orden y propuestas populistas que reflejan más oportunismo que principios claros. Si bien en algunos casos han condenado el régimen venezolano, sus posiciones sobre la migración se ajustan al termómetro electoral o a la presión mediática del momento.
A este panorama se suman organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación y sectores sociales que, dependiendo del sector político con el que simpatizan, adoptan una actitud selectiva: silencian violaciones si provienen de gobiernos “amigos” o exageran la amenaza migrante para sostener agendas de seguridad.
¿Y la coherencia?
La principal víctima de estas contradicciones no es solo la verdad, sino los propios migrantes, convertidos en objeto de discursos, pero raramente de políticas integrales y sostenidas. También lo es la ética política: no se puede exigir democracia afuera mientras se desatienden sus consecuencias dentro. No se puede condenar el despotismo en Caracas mientras se promueve el rechazo, el estigma o la deshumanización del que huye de él.
Chile necesita más que posicionamientos tácticos: requiere una política de Estado coherente, transversal y humanitaria sobre migración, y un consenso político que no utilice el drama venezolano como moneda de cambio electoral.
La historia, si algo enseña, es que las incoherencias discursivas tienen costos. Y que no basta con declararse defensor de la democracia si no se está dispuesto a asumir sus implicancias, incluso cuando incomodan las propias narrativas.
- Historiador – Universidad de Los Andes / Magister en Gestión de Gobierno – Universidad Autónoma de Chile. / Instagram: Nixonjds
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