TAL Y COMO LO DENUNCIÓ EL FUGADO, y ahora converso anti-chavista, magistrado Eladio Aponte Aponte las reuniones semanales en la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela para decidir hacia qué lado debe inclinarse la balanza judicial venezolana se siguen celebrando sin ningún “son-rojo”.
Los miembros del cónclave son además del vicepresidente Elías Jaua la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia Luis Estela Morales, la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz, el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello y la Procuradora General Cilia Flores. Otros funcionarios pueden ser invitados dependiendo de lo que se vaya a discutir.
En una de las últimas reuniones se decidió darle la libertad condicional bajo régimen de presentación al detenido por el caso Microstar Gustavo Arraíz.
Arraiz inició el 17 de mayo una huelga de hambre para reclamar beneficios procesales que le correspondían por haber cumplido la mayoría de la pena. El empresario fue detenido en el año 2007, y recibió una sentencia de 8 años en el 2009, por la distracción de 26 millones de dólares entregados por Cadivi a la empresa Microstar. Por la misma causa fue puesto a la orden de la justicia Eligio Cedeño, quien luego salió del país, cuando la jueza María Lourdes Afiuni dictó su liberación. En el mismo cónclave se decidió darle la libertad condicionada por motivos de salud al empresario Ricardo Fernández Berruecos, detenido en la DIM desde hace dos años y medio por los juicios que se le siguen tras la debacle de sus bancos y empresas.
(Aquí la reseña del momento de su detención a través de varios medios: Fernández Barrueco adquirió a través de su grupo empresarial los cuatro bancos que resultaron intervenidos este viernes por el Gobierno nacional, (Banco Canarias, Banpro, Banco Confederado y bolívar Banco) así como mantiene negocios en el área de alimentos y vende productos a la red de Mercal, por lo que es conocido como “el zar de Mercal”. En el caso del Banco Confederado, el superintendente de bancos Edgar Hernández Behrens informó que esa institución incumplió las regulaciones al “conceder financiamiento con sobregiro a Fernández” y adquirir certificados de participación por unos 283,7 millones de dólares de las empresas Inverfactoring C.A. y Activos Corporativos AG. De igual modo, bolívar Banco y Banpro también desacataron la regulación al financiar con sobregiros a Fernández y comprar certificados de Inverfactoring y Activos Corporativos AG por unos 269,76 millones de dólares y 289,76 millones de dólares, respectivamente).
El caso de un militar de alta graduación que estuvo al lado del presidente Chávez en los primeros cuatro años de su gobierno fue considerado en la reunión. Aunque sobre él han querido tomar medidas para detenerlo y seguirle juicio la decisión se quedo a la espera. Quien más duro estuvo contra el general habría sido Cabello.
Por estos días podría aparecer la orden de detención.
Es decir, todo confirma lo que el militar magistrado afirmó al llegar a Costa Rica. La justicia roja se maneja así.
