La garantía del efectivo goce y ejercicio de los derechos humanos es lo que permite atestiguar, si se está en presencia o no de un Estado democrático real, más allá de lo que disponga su Constitución y demás instrumentos legales.
De todos esos derechos, la libertad de expresión, en su doble carácter de derecho individual y colectivo, e, implicando el buscar, recibir y difundir toda clase de información, resulta incómoda a quienes desean detentar el poder sin críticas ni escrutinio ni oposición.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, entiende a los medios de comunicación como el enemigo a vencer o aplastar. Prescindir de ellos o controlarles es su meta. Y para ello se vale de artimañas jurídicas y artilugios legales, acompañados de una prédica belicista contra quienes en ellos laboran.
Casos emblemáticos hay muchos: Teleamazonas, el diario El Universo, y un largo etcétera. El denominador común es omnipresente. Los medios “desinforman” y “desestabilizan”. La “verdad” del gobierno se torna tan dogmática que hace palidecer la infabilidad papal.
Correa hace uso de indebidas presiones al poder judicial y peores afrentas al legislativo para lograr sus propósitos: procesos penales amañados e inventados, amenaza de cerrar medios, sanciones pecunarias millonarias o de imponer leyes absurdas como aquella que pretende censurar lo que se diga en el marco de un proceso preelectoral.
Ante la disidencia, Correa opta por la descalificación y hace que su país tenga un débil récord en lo que a la libertad de expresión se refiere. El vilipendio es su caliz y no permite que nadie le tuerza los ojos si quiera. Es pues, el culto a la personalidad llevado al paroxismo.
Y por ello no titubea en insultar periodistas a diestra y siniestra.
Intentó, sin éxito, crear un sistema paralelo de protección de derechos humanos a nivel regional a través de la CELAC. Lo que logró, por vía alterna, hace apenas unos días a través del Consejo Permanente de la OEA, fue reformar a la Comisión Interamericana y ponerle cortapisas al loable trabajo de la Relatoría para la Libertad de Expresión.
Es claro pues que Correa busca restarle poder a los organismos internacionales llamados a velar por el cumplimiento de los estándares en materia de libertad de expresión. Además, son estos mismos organismos quienes reciben y procesan denuncias de la sociedad civil.
En síntesis, el gobierno ecuatoriano amenaza la libertad de expresión. Y lamentablemente, muchos mandatarios regionales andan en la misma onda contraviniendo lo dispuesto en la muy nombrada pero poco respetada, Carta Democrática Interamericana.
Omar Hernández
Internacionalista
@omarhUN
