El Ministerio Público solicitó una acción de protección para imponer a los órganos de seguridad del Estado que cumplen funciones de orden público, la obligación de no utilizar gases lacrimógenos u otros agentes químicos de disuasión en las inmediaciones de los centros educativos y de salud, tanto públicos como privados.
El requerimiento fue interpuesto por el fiscal 100º del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Juan Vicente Gómez, con competencia en protección de niños, niñas y adolescentes, civil e instituciones familiares, ante el Tribunal 32º de esa jurisdicción.
Con esta acción judicial, el Ministerio Público busca garantizar la integridad física, el derecho a la vida y a la salud de los niños, niñas y adolescentes que están en los centros de salud infantil y los planteles educativos, en vista de las últimas actuaciones de los cuerpos de seguridad que, a través del uso de gases lacrimógenos para el control de manifestaciones públicas, han afectado el desenvolvimiento cotidiano de las actividades de estudiantes y pacientes.
