El pasado 17 de junio se cumplió una año de la entrada en vigencia de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, mejor conocida como Ley Desarme. Nada ha cambiado en este lapso. Este instrumento legal, que fue aprobado por unanimidad en la Asamblea Nacional y que generó tantas expectativas en la población, ha terminado, como tantos otros, siendo letra muerta.
Hoy los delincuentes están igual o mejor armados que antes de la Ley Desarme. Todos los días los medios de comunicación registran homicidios, robos, secuestros y otros graves delitos que se cometen, casi en su totalidad, con armas cortas y/o largas (inclusive de guerra). Hoy cualquier pequeña discusión o conflicto en Venezuela puede terminar en un asesinato, ya que en nuestras calles circulan millones de armas de fuego sin ningún control por parte del Estado (el cálculo más conservador es de 1.500.000, pero algunos consideran que el número puede estar cercano a los 9.000.000).
Una de las novedades de la Ley Desarme fue el aumento de las penas de algunos delitos y la creación de nuevos tipos penales. Entre otras modificaciones, tenemos que la sanción para el porte ilícito de arma de fuego pasó a ser de 4 a 8 años de prisión (antes de 3 a 5 años) y el porte ilícito de arma de guerra se colocó con una pena de 6 a 10 años de prisión (antes de 5 a 8 años). Asimismo, se incluyeron delitos novedosos, como el uso indebido de armas orgánicas (las asignadas a los funcionarios de la FANB y las policías), el uso de facsímil de arma de fuego, la descarga de armas de fuego en lugares habitados o públicos y la introducción de arma de fuego en centros penitenciarios, ventre otros. Pero, con la gigantesca impunidad que hoy reina en Venezuela, ningún cambio legislativo, por si solo, puede ser efectivo.
La Ley Desarme también contempla, entre otros aspectos, el marcaje de las municiones (ya transcurrió el año que tenia el Estado para implementar esta medida) y la creación del Plan Nacional de Canje de Armas y Municiones (entrega voluntaria), pero nada de esto se ha ejecutado. Los mensajes y campañas de concientización, prevención e información respecto al uso indebido de armas de fuego, que debían transmitirse a través de los medios de comunicación, tampoco se han concretado.
El oficialismo nunca ha tenido voluntad política para proceder al desarme de los delincuentes. Desde 2002 ya existía vigente una Ley Desarme (la cual fue derogada por la actual) que tampoco se ejecutó. Es imposible que una revolución que se autodefine como “armada”, pueda concretar un plan de incautación y destrucción de armas de fuego. Desde el poder se promueve, por ejemplo, la proliferación de grupos paramilitares o “colectivos” (cada día más numerosos) y la creación de una “milicia obrera”.
Después de la aprobación de tantas leyes y la implementación de tantos planes fracasados, los venezolanos podemos estar seguros que, con los mismos incapaces que han estado los últimos 15 años en el poder, jamás vamos a superar la criminalidad desbordada que sufre el país. No importa lo que ofrezcan o prometan.
