MÁS DE UN AÑO DE NEGOCIACIONES, reuniones, conversaciones y “diálogos” con altos funcionarios del gobierno de Chávez (enfermo) y de Maduro, incluyendo a las destituidas y arrogantes ministras de Salud Eugenia Sader e Isabel Iturria, ha pasado sin resultado alguno. La improvisación e ineficiencia por un lado y por el otro el reconcomio chavista por el fracaso de su gestión sanitaria han conducido a las clínicas privadas a ser el blanco de las acciones de los rojos rojitos en el sector salud.
Los privados tienen solamente 8.208 camas mientras el gobierno/estado/psuv tiene 45.000. Los servicios asegurados por el Estado han ido a parar al sector privado lo que ha colapsado a las clínicas.
En mayo de 2013, ante la intervención ordenada desde Miraflores se tomo una medida “temporal” para “clasificar la estructura de costos ante Sundecop pues las facturas van a ir a regulación”.
Desconocimiento total de los interventores del problema médico y de equipos aunado al deseo de “politizar” el combate a la especulación son las causas de la crisis que hoy alcanza niveles de calamidad y emergencia.
Nótese que el deseo de los radicales rojos fue cerrar las clínicas privadas expropiándolas para que el gobierno (que no el Estado) las administrara. Viendo su propio fracaso se contuvieron de dar ese paso.
Este informe de uno de los centros asistenciales privados de mayor ocupación y calidad desvela claramente la situación de hoy:
LAS CLÍNICAS YA EN EMERGENCIA ALERTAN ANTE SILENCIO DEL GOBIERNO
El economista Eduardo Mathison, presidente del CENTRO MÉDICO DOCENTE LA TRINIDAD alerta sobre el caos de centros asistenciales privados víctimas de la indiferencia y mutismo gubernamental en cuanto a tarifas justas.
La situación actual es realmente crítica, para no irnos muy atrás en el tiempo, arrancamos con la providencia administrativa de fecha 25 de junio de 2013 donde el Estado venezolano mediante un Decreto con rango de Ley establece las tarifas para algunos servicios asistenciales en instituciones privadas de salud. Esas tarifas al momento de establecerlas no eran suficientes para poder operar con los perfiles establecidos que permitan mantener la calidad del servicio que se presta.
La providencia administrativa utilizó la base de los precios vigentes para mayo 2013 de la Alianza Interinstitucional de Empresas del Estado (AIS), que para esa fecha estaban desfasados al no haber sido ajustados por un lapso de 18 meses, cuando la inflación acumulada para el mismo período era mayor al 60% y los incrementó en un 20%, solicitando a las instituciones privadas que presentaran en un lapso no mayor a 30 días sus estructuras de costos que justificaran las tarifas que se venían aplicando, situación que es absurda porque el mismo nombre de la Superintendencia lo dice en su denominación “evaluar costos para fijar tarifas” y en este caso lo realizaron al revés.
Así lo hicieron muchas instituciones privadas de salud, las cuales entregaron la información requerida. “Han pasado 8 meses y la Superintendencia de Precios y Costos no se ha pronunciado a la fecha de hoy, con el agravante de no sólo no haberse pronunciado sino es que desde esa fecha de hoy se ha generado un 30% de inflación adicional”, enfatiza Mathison.
LO QUE SE ESTÁ HACIENDO
La comunidad pensaba que las clínicas iban a cerrar y se acabaría la atención privada. Eso no es verdad, la atención privada no se acabará a menos que la eliminen con un Decreto o la expropien; las clínicas privadas no cerrarán ni quebrarán. Lo que si sucederá y está ocurriendo, es un deterioro del servicio que se presta. Para poder mantener el nivel y calidad de servicio que se presta hoy con una estructura de costo tan compleja y los ingresos no son suficientes para cubrir las necesidades es indispensable buscar ahorros en el gasto, bien sea corriente o de inversión. Ejemplo de ello es eliminar las inversiones y dentro de nuestra estructura de costos estos representan alrededor del 10% al 12% anual, los cuales se invierten para mantener tecnología, infraestructura, todo lo que es la herramienta necesaria para dar un servicio de calidad. Otro ejemplo es disminuir la relación de enfermeras por número de cama y de esta forma desmejora la calidad de atención.
Si no hay forma de incrementar las tarifas producto de la Providencia, la única salida es empezar a disminuir costos. En este caso el efecto se sentirá a corto y mediano plazo con un deterioro de la calidad del servicio. El privilegio de tener en una clínica de primera con tecnología actualizada como un tomógrafo de 64 cortes, quirófanos inteligentes, instalaciones de primer mundo, atención personalizada, que quisieran tener muchos países del primer mundo a mediano plazo serán obsoletas porque la depreciación de este tipo de infraestructura no es por vida útil, sino por tecnología. Esta situación va en detrimento de la calidad del servicio que se preste y por ende, la salud del venezolano.
Por otra parte, tenemos el tema en referencia a la escasez de fármacos y suministros. Preocupados con lo que visualizamos desde agosto de 2013, la institución que represento tomó la decisión antifinanciera pero institucional, de incrementar los niveles de inventarios con mucha dificultad ya costaba conseguir muchos de ellos. Financieramente es fatal, hay que invertir mucho dinero que no tenemos, ir a la Banca para poder lograr una reserva de fármacos y suministros que garanticen el normal funcionamiento del hospital. Eso no se logró en todos los rubros porque la escasez se viene sintiendo desde el último trimestre del año pasado con mayor fuerza.
Lo que vemos y vivimos en los automercados, farmacias, talleres de automóviles que no tienen repuestos o en cualquier sector de la economía no se había sentido en la misma proporción en el sector de salud, pero nos tocó el turno. Lo que sucede con alimentos ya está ocurriendo en salud. Las clínicas no son importadoras ni reciben divisas preferenciales, son los laboratorios y las casas comerciales las dedicadas a dotar al sector salud. Entendemos que el Gobierno no está asignando las divisas y por lo tanto no se pueden importar los fármacos y materiales. Las clínicas son el último eslabón de la cadena, donde se siente la escases y al paciente le tiene sin cuidado si es un problema de importación o de Gobierno.
“Hago un llamado para que todos los organismos del sector, bien sea asociaciones civiles, personas naturales, jurídicas, red de sociedades científicas y médicas, asociación de clínicas y hospitales, a las Cámaras que tienen que ver con importación de fármacos o suministros para prender la alarma y hacer un llamado de EMERGENCIA al Estado venezolano a fin de acelerar los procesos y resolver la situación de zozobra que se vive en pro de la salud de los venezolanos”, asevera Mathison. Recuerda que las instituciones privadas resuelven más del 50% de las necesidades del país a pesar de tener el 15% aproximadamente del parque de camas a nivel nacional. “No acaben con quienes les ayudan a resolver su problema asistencial”, exclama.
Debemos actuar de inmediato, solventar la situación. No es un botón de luz que lo pasas y aparecen suministros, se arregla la infraestructura, traen equipos pues es un proceso que en el momento en que empiece a reaccionar la economía tardará en tomar equilibrio y forma, mientras tanto las consecuencias las sufrimos nosotros, los pacientes.
