En los últimos días y como reactivo catártico al asesinato que ya todos conocemos bien, una petición se ha visto por ahí. No han sido pocos los que claman por la muerte. Pena de muerte para acabar con la delincuencia insoportable. Échele baygón. Quizás si han sido pocos, pero en cualquier caso, preocupa que sean algunos. Ellos sostienen el siguiente argumento: La pena de muerte como condena máxima prevendría el delito, pues el asesino o violador o secuestrador, por salvar su pellejo, evitaría incurrir en aquellos hechos ilícitos que tendrían como consecuencia el baygón. Y ya está.
Supongo que es natural que ante la situación de desesperación e impotencia que genera la delincuencia campante, alguno tienda a clamar por esa justicia de talión. Pero la realidad de nuestro tiempo hace necesaria una reflexión más profunda que evite que pensamientos como este se contagien. No es mi intención comentar las conquistas de nuestro continente en materia de derechos humanos, ni sobre la característica de progresividad de esos derechos. Y no lo haré porque esa noción de progresividad y de pertenencia a la continentalidad americana, esto es, al sistema interamericano de protección de derechos humanos, aquí, nos importa un pepino. Aquí reina la soberanía, y la voluntad popular, capaz de destruirlo todo en esa despiadada y tergiversada idea que tenemos de democracia.
Para hacer un argumento contra la pena de muerte, no hace falta referirse a los números de los países en los que aún existe, ni a estadísticas rimbombantes que demuestren su fracaso. Limítese usted a entender al verdugo. A esa autoridad estrambótica que expropia porque le da la gana; esa que declara guerras contra los anaqueles; esa que amenaza con cárcel a la disidencia; esa que no tiene compasión con presos enfermos, esa y no otra autoridad, decidiría quién muere y quién vive. Simonovis, Díaz y Forero hace rato hubiesen pasado por el cadalso, y con ellos tantísimos otros, víctimas de esos jueces provisorios (o incluso titulares), temerosos del coletazo de temor generado en el aparato judicial por el caso Afiuni. La autoridad que ya da miedo, daría el doble. La autocensura que hoy nos agobia, se multiplicaría por mil, sumiéndonos a todos en el terror de la muerte impuesta por un Estado sin Derecho.
Cuidado. No pretendo decir que si existiese un Estado de Derecho, de tribunales independientes y debido proceso, la pena de muerte sería aceptable. Nunca lo será, porque el derecho tiene la virtud y la fatalidad de ser alterado, muchas veces para dejar de ser derecho y convertirse en instrumento de quien tiene la sartén por el mango. Y aunque no lo sea, entender a la ley y al derecho como una puridad, independiente de la sociedad, de la democracia y de la republicanidad, es no entender nada. Un verdadero Estado moderno es sólo posible cuando las tres interactúan. En las dictaduras también hay leyes.
Clamar por un degolladero es ponerse media soga al cuello; someterse a la azarosa y manipulable voluntad del verdugo que, con seguridad, se disfrazaría de voluntad popular. De mitades más uno. De mayorías asesinas. Sería la guinda de esta falsa revolución: llenar las plazas, como lo hizo la verdadera, de guillotinas, para terminar de darle al mundo más pena. Pena de muerte.
Miguel E. Weil Di Miele
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