Winyerbel Rafael Torrealba Hurtado, de 16 años, fue sorprendido ese miércoles 16 de mayo por funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), cuando se encontraba en su vivienda, situada en el urbanismo Ciudad Tiuna, en la parroquia Coche del municipio Libertador de Caracas. La víctima fue “ajusticiada” por los uniformados, así lo denunció su hermana Marbelis Pineda Hurtado.
Marbelis contó que ese día Winyerbel se encontraba durmiendo en su apartamento del piso 12 del urbanismo, junto con su sobrino de seis años, cuando los funcionarios forzaron la reja.
“Ellos (los funcionarios” sacaron al niño de seis años envuelto en una sábana y lo dejaron solo en el pasillo del piso 10, cuando yo llegue no me dejaron pasar, pero logré ver a mi hermano sentado en el mueble, luego me subieron al piso 13 y se escucharon los disparos. Cuando logré bajar vi el charco de sangre en la entrada y como rastros de que lo habían arrastrado por el piso”, contó Marbelis.
El menor de 16 años fue llevado sin vida hasta el hospital Periférico de Coche por los funcionarios. “Ellos le sembraron un arma y dijeron que se había fugado de un penal, pero eso no es cierto, él era deportista”, dijo la hermana del fallecido.
Winyerbel desde muy pequeño era aficionado al básquet, por lo que actualmente acudía a una escuela para practicar este deporte y formarse como profesional en el área. Hace un año logró audicionar para el equipo Cocodrilos de Caracas.
“Él quería irse del país y practicar su deporte profesionalmente, pero lo mataron. En Venezuela no hay leyes, no hay respeto por la vida de un ser humano, matan a un muchacho por matarlo y ellos ni siquiera sabían que tenía 16 años, porque él era muy alto por su deporte. Mi madre está devastada, era su consentido”, dijo Marbelis.
Humberto Prado, coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), rechazó los hechos de violencia que ocurrieron en el Centro Penitenciario Fénix, en el estado Lara.
Este jueves 17 de mayo se registró un motín en el penal que dejó 11 muertos y 25 heridos.
Hasta el momento solo han identificado a tres de los nueve presos asesinados y a dos custodios. Cuatro de las víctimas recibieron impactos de bala, cuatro heridas por arma blanca y uno falleció tras una severa golpiza.
Hasta el momento tres de los reos han sido identificados como Carlos Luis Vizcaya, Yorvy José Silva Ramos y Darwin Rafael Caro Arteaga. Mientras que los custodios respondían a los nombres de Anderson Rivero y Yender Ramón León Ruiz. Aún falta conocer el nombre de seis.
De acuerdo con información de los familiares, la reyerta la inició un grupo de aproximadamente 70 internos, después de las 3:00 p.m. al culminar la visita. Presuntamente los privados de libertad se encontraban molestos porque desde el martes 15 de mayo fueron trasladados hasta el patio del penal, donde permanecieron por tres días seguidos bajo trato cruel.
Parientes denunciaron que los reclusos no reciben alimentación adecuada ni les dan suficiente agua. Por eso, exigen la destitución de la directora del recinto, Carla Sara.
“He ido a visitar a mi hijo y lo encuentro con los labios pálidos, deshidratado, porque no toma suficiente agua”, contaron al OVP.
Además las mujeres son sometidas a una intensa revisión antes de las visitas. Indicaron que se deben quitar la ropa luego saltar, o “pujar”, hasta que “la custodia quiera”.
Comentaron que el fin de semana del 5 de mayo una mujer se orinó encima, pues los funcionarios no les permitieron utilizar el baño del recinto.
Señalaron que Daniel Mendoza, coordinador de la Dirección de Familia del Ministerio para el Servicio Penitenciario, no dio el trato adecuado a los parientes víctimas, alegando que primero “resolvería” la situación de los custodios.
Desde el OVP se hace un llamado al Estado para que cubra los gastos funerarios de los fallecidos, ya que la mayoría de las familias son de escasos recursos.
Prado recordó que el Estado está obligado a proteger la vida de las personas privadas de libertad, según el artículo 43 de la Constitución Bolivariana de Venezuela.
Crímenes violentos impulsados por una asegurada impunidad afectan a los habitantes de barrios de Venezuela, sin discriminar entre niños, ancianos, o mujeres, es lo que evidencian los casos más leídos de Monitor de Víctimas de la tercera semana de mayo.
En La Bendición de Dios, una barriada en Ciudad Guayana, han aparecido tres cabezas en los últimos dos meses. El caso más leído de la tercera semana de abril sucedió el pasado domingo 13, Día de las Madres, cuando la madre de los hermanos Mayerlin y Anderson Jaramillo, de 18 y 22 años respectivamente, encontró sus cuerpos desmembrados. Al día siguiente, sus cabezas aparecieron en la cerca de un barrio a kilómetros de distancia. Los habitantes presumen que el motivo detrás de los asesinatos es venganza, impulsada por los altos niveles de impunidad.
La muerte de un niño de cuatro años en Ciudad Guayana fue el segundo caso que nuestra audiencia más leyó esta semana. Daniel Azocar estaba sentado en la acera frente a su casa comiendo una fruta sin conocer que en la casa de al lado se estaba quedando Didson Rodríguez, un hombre de 23 años que había regresado repentinamente de las minas de Tumeremo unos días atrás. En ese momento Rodríguez decidió salir de la casa y se detuvo en la acera cuando un carro lo interceptó y le disparó con un fusil. Las balas le quitaron la vida al hombre, pero también al niño.
María del Carmen Gil, de 69 años de edad, y Darwin Alexander Cuello Azuaje, de 23 años, salieron temprano de sus casas en La Vega, con un largo día de trabajo y colas para comprar comida esperándolos. Pero los planes de una banda de la zona eran otros: infundir el miedo entre los habitantes para tomar el control y dejar en claro su autoridad. Los delincuentes procedieron a disparar una rafaga en la calle, e impactaron a tres personas. Dos de ellos, María del Carmen y Darwin, fallecieron. Y esta no es la primera vez que la banda hace esto, como explica la tercera nota más leída de la semana.
En el municipio Caroní del estado Bolivar, el CICPC ha matado a 23 personas bajo el motivo “resistencia a la autoridad”. La cifra es más de la mitad de los homicidios registrados en el municipio, y la figura de resistencia ha aumentado 190 % a comparación del año pasado. Lee más sobre las estadísticas de asesinatos que ha recopilado Monitor de Víctimas:
Una simple disputa por quién pasay quién cede la circulación le costó la vida a Jhonny Alberto Orace Petit el pasado domingo 13 de mayo en Carapita.
Orace, quien iba a bordo de un vehículo con su familia, se enfrascó en una discusión con otro conductor que terminó en tragedia. Después de intercambiar improperios en el medio de la calle Real, cercana a la estación de Metro de Carapita, el ocupante de uno de los carros desenfundó un arma y propinó alrededor de cinco disparos al vehículo donde se trasladaba Orace y compañía. Uno de los tiros dio en la humanidad de Orace, quien falleció dos días después en una institución hospitalaria, según versión de los familiares.
A juicio de allegados a la víctima, el asesino es un sindicalista y estaría plenamente identificado.
Acudieron a la Fiscalía General de la República y esperan que sobre el responsable del crimen caiga todo el peso de la ley.
Orace de 52 años era transportista y deja tres hijos mayores de edad huérfanos.
Didson José Rodríguez Chaurán, de 23 años, había regresado de un yacimiento de oro ubicado en la población de Tumeremo, municipio Sifontes, al sur del estado Bolívar, para quedarse en casa de unos amigos.
Solo algunos vecinos sabían a qué se dedicaba realmente. Desconocían si había tenido tuvo algún problema en la mina, donde la exploración del mineral está asociada a las actividades ilícitas debido a la presencia de grupos armados civiles que controlan la zona, en permanente tensión con las autoridades militares.
Al lado de la propiedad en la que se estaba quedando Rodríguez vivía Daniel Azócar Parra, de 4 años de edad, junto con su familia. La historia de ambos se cruzó el pasado 6 de abril.
Daniel llevaba solo 10 minutos en frente de su casa. Comía unas frutas mientras un adulto lo vigilaba desde adentro. Segundos después, Didson salió de la vivienda en la que se alojaba y solo le bastó detenerse en la acera para que un carro, con al menos dos sujetos a bordo, lo interceptara.
Los tiros resonaron en toda la calle. Eran tiros de fusil. El cuerpo del joven de 23 años quedó en el lugar, pero la ráfaga también alcanzó a Daniel. Su familia no tuvo tiempo de correr para resguardarlo. Su cuerpo terminó impactado por dos tiros de un arma de guerra.
Un tío del menor lo trasladó hasta el Hospital Dr. Raúl Leoni en Guaiparo, San Félix, pero el ataque no dio posibilidad para concesiones: Daniel estaba muerto. Fue asesinado a manos del hampa, que ostenta y usa armas de alto calibre ante la mirada de un Ejecutivo que, por acción u omisión, carga una tasa de impunidad de 98% a nivel nacional.
El pequeño era el mayor de dos hermanos. El otro tiene 1 año de edad. Su papá, Horangel Parra, señalo que el día del incidente todos estaban en la casa, pero nadie puedo correr para rescatar a Daniel.
El niño vivía con sus padres y su hermano menor, así como otros miembros de la familia; entre esos, dos primas menores de edad. «Por parte del Cicpc no hemos recibido respuestas. Deseamos justicia. Mi hijo era inocente. Era un niño», sumó.
Funcionarios de la sub delegación Ciudad Guayana del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), que llevan las investigaciones del caso, creen que la arremetida contra Rodríguez pudo deberse a algún conflicto generado en las minas de los municipios del sur del estado Bolívar, ampliamente controladas por grupos armados, los cuales se hacen llamar «sindicatos».
La situación de violencia generada, principalmente, en los municipios Sifontes, El Callao y Roscio del estado Bolívar, a partir del pranato minero que opera en estos poblados no es nueva y las medidas por parte del Estado han sido insuficientes para controlar la situación que ha cobrado más de 40 víctimas en lo que va del año.
No en vano, Rodríguez había sido detenido en 2017 por los delitos de homicidio y secuestro.
En abril, Daniel fue la única víctima menor edad en Ciudad Guayana, que registró 158 homicidios durante el primer trimestre de 2018, siendo marzo el mes más violento, con 57 casos.
Las pugnas de grupos armados por el control de las minas, al sur del estado Bolívar, ya han dejado varias huellas de sangre y muertes en el municipio Caroní. En febrero de 2017, tres personas fueron asesinadas a mansalva cuando salían de la Discoteca Sky Bar, ubicada en el edificio 303 en Alta Vista en Puerto Ordaz y un cuarto fallecido que cuidaba carros en el estacionamiento del local nocturno.
Una de las víctimas tenía nexos con la explotación ilegal del yacimiento aurífero Cicapra en Guasipati (municipio Roscio). Se trataba del primer crimen asociado a la violencia minera en Puerto Ordaz.
Ciudad Guayana es la novena ciudad más violenta del planeta según la ONG mexicana Seguridad, Justicia y Paz.
La hija y sobrina de Carlos Manuel Tarazona, ganadero muerto este viernes en un operativo policial ocurrido en el estado Táchira, denunciaron que su padre fue asesinado por funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Bolivariana.
La joven declaró que Freddy Bernal, protector del Táchira, y Ángel Márquez, alcalde de Rubio, acusaron a su padre de haber sido el “jefe de capos”. “Eso es una total mentira. Son unos asesinos, lo acusaron de contrabandista”, expresó.
La hija del empresario tachirense Carlos Manuel Tarazona desmintió a Freddy Bernal y acusó al FAES por la muerte de su padre⚪ #Táchira#12Maypic.twitter.com/Q0wdhaauyl
Aseguró que su padre colaboró con la población de Rubio al vender la carne más económica, además de ayudar ofreciendo trabajo o ayudas económicas.
Andrea Pinzón Tarazona, sobrina y secretaria del ganadero, relató que los funcionarios del FAES llegaron encapuchados al matadero y sacaron a los trabajadores de las instalaciones, pero dejaron a su tío en el lugar.
Bernal: No era una buena persona como la pintan
Por su parte el ministro de Agricultura Urbana y protector del Táchira, Freddy Bernal, se pronunció sobre la muerte del ganadero en Táchira, Carlos Manuel Tarazona, quien fue asesinado por funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la PNB.
“Era un financista de una organización paramilitar que operaba en la frontera colombo-venezolana. Cuando se abate a una persona que se resiste a la autoridad, la derecha dice que era un alma de Dios y un perseguido político. Este ganadero no era una buena persona como la pintan”, dijo.
Además, justificó que esta muerte fue “en respuesta por el uso de un arma de fuego”, y aseguró que durante el allanamiento se encontró un libro contable donde estarían todos los actos de corrupción.
Antes del amanecer, la banda de la invasiónya está despierta y sus armas preparadas. Este viernes 12 de mayo, a las 5:30 am varios vecinos que salían de sus casas a trabajar o a comprar comida fueron atacados a tiros por delincuentes que hacen vida en La Vega. La ráfaga de disparos alcanzó a tres personas, dos de ellas murieron. La razón del tiroteo: infundir miedo en la comunidad.
María del Carmen Gil, de 69 años de edad, y Darwin Alexander Cuello Azuaje, de 23 años de edad, murieron ese día en el hospital Pérez Carreño con varios impactos de bala que recibieron cuando caminaban cerca de la entrada del barrio San José, sector Las Casitas de La Vega. Esta es una de las 22 parroquias que se encuentran en el municipio Libertador de Caracas.
«Cuando salí a trabajar yo vi como a cuatro chamos en la parte alta. Estaban agachados, como escondidos. 20 minutos después me llamó mi hija alterada. Me dijo que le habían disparado a su abuela, que los malandros echaron tiros a la gente», manifestó un allegado a María del Carmen.
La mujer había salido de su casa con su hija y nieta rumbo a Montalbán, específicamente al Unicasa, donde aspiraban comprar los productos regulados que ese viernes llegarían al comercio. Debían hacerlo muy temprano en la mañana para garantizarse un puesto en la cola.
«Ella no vivía allí. El jueves a las 3:00 pm se fue a casa de una de sus hijas, porque le iban a dar el cupo que le corresponde a la familia. Como ya habían comprado antes, le cedieron ese chance a la señora», indicó el allegado que se encontraba este sábado 12 de mayo acompañando a la familia Gil en los trámites mortuorios en la morgue de Bello Monte.
Testigos señalaron que luego del tiroteo, los delincuentes huyeron hacia la zona que se le conoce como La Invasión. Un jeep de la línea de transporte público que llega hasta Coche trasladó a los heridos hasta el Hospital Pérez Carreño. María del Carmen recibió un tiro en el costado derecho, cerca de la axila.
Según los parientes, ella vivía en El Valle y trabajaba como obrera en el Sistema Urbano de Procesamiento, Recolección y Aseo (Supra). Era madre de siete hijos, mayores de edad.
Otra de las víctimas en el tiroteo de La Vega fue Darwin Alexander. Este joven de 23 años se encontraba con su padre, camino a su trabajo como albañil. También quedaron a mitad de la balacera y él recibió tres impactos en pierna, estómago y cabeza.
Residía en el sector con sus padres y trabajaba para poder pagar los gastos de sus dos hijas de 3 y 1 año de edad que viven con su madre en Mérida.
Otra persona, un hombre, fue alcanzado en las piernas por los proyectiles. Se conoció que también fue recluido en un hospital de Caracas donde fue estabilizado.
Seis meses de terror
Los vecinos del sector de Las Casitas deben vivir bajo el temor de ser víctimas de la delincuencia. Desde hace seis meses un grupo de 20 jóvenes consiguieron armas y al parecer se han dedicado a establecer su dominio. Según los habitantes, residen en «La Invasión», un conjunto de inmuebles improvisados que se levantaron desde hace más de diez años en la parte más alta de La Vega.
«Hace 15 días hicieron lo mismo. Echaron tiros e hirieron a cuatro personas. Ninguno murió. Pero esto ya no se aguanta», manifestó un residente.
El hombre indicó que en el sector Las Casitas hace años compró su propiedad, pero desde que el grupo de jóvenes azota a la comunidad él ha pensado retirarse de la zona, alquilar en otra comunidad de Caracas para evitar que sus parientes sean víctimas.
De los 61 homicidios que se han registrado en la parroquia de La Vega, entre marzo de 2017 y marzo de 2018, en el sector Las Casitas y las zonas cercanas han matado a seis, tres de ellos con armas de fuego. El dato aparece gracias a la recolección de información que recoge diariamente Monitor de Víctimas, una iniciativa periodística.
José Luiz Ratton, sociólogo de Brasil, experto en reducción de homicidios fue invitado a Venezuela por la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (Reacin) como parte de la iniciativa internacional Instinto de Vida, que busca bajar a la mitad la tasa de homicidios cometidos con armas de fuego en América Latina
Durante su visita ha dado a conocer su experiencia liderando un programa llamado Pacto Por la Vida, que del 2007 al 2013, redujo en 40% los homicidios en el estado de Pernambuco, al noreste de Brasil.
Runrun.es conversó con el experto sobre cómo entender la violencia, la importancia de los datos abiertos y de la tecnología para la solución de problemas, y las similitudes entre ciudades violentas de Venezuela y Brasil.
Siempre se relaciona la violencia con pobreza. ¿Es la riqueza igual a la no violencia?
No hay una relación directa entre pobreza y violencia, ni es cierto decir que todos los pobres son violentos. No todas las situaciones de violencia son generadas por los pobres. Lo que pasa es que la violencia en los espacios de pobreza es más visible socialmente e, incluso, es más explorada por los que viven en esos espacios. Los pobres son percibidos como peligrosos porque la clase media controla los medios para dar esa percepción. No hay una relación necesaria entre pobreza y violencia.
Hay muchos focos de violencia que son comandados e inclusive financiado por los ricos. El lavado de dinero, la compra y tráfico de armamento, por ejemplo.
La producción de la violencia es muy compleja y no se puede limitar a relacionarlo sólo con la pobreza. Hay espacios de pobreza con violencia y hay producción de violencia completamente relacionada a personas de grupos que son ricos.
¿Cómo se crean políticas públicas eficientes para reducir la violencia?
La violencia es una cosa compleja, multidimensional, y para solucionarla debe haber participación de la policía, tribunales, pero también la prevención de la violencia desde una política pública compleja y multidimensional. La violencia es un proceso histórico y para disminuirla se necesitan políticas a corto y a largo plazo también.
La reducción de la desigualdad es importante así como también la capacitación de la policía y el abordaje en Latinoamérica del tema de las drogas. Hay que pensarlo de una forma abierta, multidimensional, integrada.
En Venezuela, el Gobierno promovió las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), donde han ocurrido ejecuciones extrajudiciales, para atacar directamente el crimen. ¿Es esta una política eficiente para reducir la violencia?
No, no es un política eficiente. Genera el debilitamiento de la legitimidad del Estado. La policía sólo puede matar en una situación extrema y cuando existe un riesgo latente para alguno de los funcionarios. Así que las ejecuciones extraoficiales no pueden convertirse en una política de Estado. Es muy grave, no se puede pensar esto como una forma de política de seguridad ciudadana. Se deben pensar en actuaciones de la policía que sean más eficientes y con resultados más concretos. En estos casos, más bien, el Gobierno está aumentando la violencia.
También existe el problema de la impunidad. En Venezuela alguien puede ser detenido y pasar años sin pasar a juicio o recibir una sentencia.
Las audiencias y los tribunales también son responsables en el proceso de reducción de violencia. El tiempo de juzgar debe ser adecuado, legal. Esto debe cambiar porque sino el Estado está participando en la producción de la violencia, después esas personas regresan a cobrar deudas una vez estén en libertad.
En Venezuela no existe una Ley de Transparencia ni se dan a conocer las cifras de homicidios. Los periodistas y la sociedad civil, en muchos casos, se han dado la tarea de recoger datos de violencia, tal es el caso del proyecto Monitor de Víctimas que lleva Runrun.es. ¿Qué aportan los datos abiertos en la reducción de la violencia?
En Brasil también tenemos problemas de transparencia. Hay una ley pero no todas las veces se cumple. En Pernambuco nos daban la información de quién moría, sexo, edad, ocupación y se tenía un reporte mensual y análisis de la violencia por municipio y barrio. Esto no se está haciendo más porque cambió el Gobierno y decidieron no seguir publicando. Ahora sólo dan cifras generales.
Para contrarrestar esta situación hemos creado una aplicación llamada Fogo Cruzado que solamente colocando el email y una contraseña se puede reportar si hubo un disparo de fuego en la zona donde te encuentres. De esta manera, todas las personas que usen la aplicación van a recibir una alerta. En la aplicación también hay un mapa, donde se georeferencia el hecho después de haber sido chequeado.
Esta aplicación fue creada por una organización de la sociedad civil en Río de Janeiro y ahora se está replicando en Pernambuco. Esto es una forma de obligar y presionar al Gobierno a que divulgue información. Así que el problema del acceso a los datos no es sólo en Venezuela, lo sufrimos en Brasil también.
¿Y las Apps o iniciativas como estas ayudan a proteger a los propios ciudadanos?
Sí, para estar alertas. Inclusive para entender los tipos de violencia que hay. Por ejemplo, en Río de Janeiro se escuchan más disparos y hay más reportes porque la delincuencia posee armas largas, que son más ruidosas. Pero esto no significa que haya más muertes que en otras ciudades “silenciosas”. Esto hemos podido verlo a través de la data que recogemos con la aplicación.
¿Cómo se hace el chequeo de la información que les llega?
Cada caso se revisa en redes sociales y con grupos de la comunidad en donde ocurrió. Al momento de publicar no colocamos fotos amarillistas y se filtran las palabras a utilizar para producir información de calidad y con respecto a las víctimas
Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal de México, Venezuela tiene 7 ciudades entre las 50 más peligrosas del mundo. Si en algún momento se comenzara a combatir la violencia en Venezuela, ¿por dónde se tiene que empezar? ¿Cuáles serían los primeros pasos para reducir la violencia en ciudades como Caracas?
En Brasil tenemos 17 ciudades en esa lista. Lo primero es la reducción de la impunidad.Para eso debe haber una policía preparada que no sea discriminatoria, con capacidad de investigación y que tenga una relación con la fiscalía
Por otro lado, debe haber proyectos de reducción de la violencia en el nivel primario, secundario y terciario. En primer lugar, dar condiciones urbanas básicas como buena iluminación. En un nivel secundario, crear planes para reducir la violencia en grupos específicos. Por ejemplo, atacar la violencia contra las mujeres, contra los grupos LGBT, contra la juventud, violencia contra grupos étnicos. Se tiene que pensar planes de forma específica para la prevención.
En un nivel terciario, ofrecer oportunidades para que personas que practicaron la violencia antes no lo repitan. Por ejemplo, programas para quienes salen de la prisión y puedan integrarse socialmente de nuevo a sus comunidades.
Debe haber continuación de estas políticas también; no pueden estar pre escritas a ciertos momentos o periodos electorales.
