Humberto Prado, coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), rechazó los hechos de violencia que ocurrieron en el Centro Penitenciario Fénix, en el estado Lara.

Este jueves 17 de mayo se registró un motín en el penal que dejó 11 muertos y 25 heridos.

Hasta el momento solo han identificado a tres de los nueve presos asesinados y a dos custodios. Cuatro de las víctimas recibieron impactos de bala, cuatro heridas por arma blanca y uno falleció tras una severa golpiza.

Hasta el momento tres de los reos han sido identificados como Carlos Luis Vizcaya, Yorvy José Silva Ramos y Darwin Rafael Caro Arteaga. Mientras que los custodios respondían a los nombres de Anderson Rivero y Yender Ramón León Ruiz. Aún falta conocer el nombre de seis.

De acuerdo con información de los familiares, la reyerta la inició un grupo de aproximadamente 70 internos, después de las 3:00 p.m. al culminar la visita. Presuntamente los privados de libertad se encontraban molestos porque desde el martes 15 de mayo fueron trasladados hasta el patio del penal, donde permanecieron por tres días seguidos bajo trato cruel.

Parientes denunciaron que los reclusos no reciben alimentación adecuada ni les dan suficiente agua. Por eso, exigen la destitución de la directora del recinto, Carla Sara.

“He ido a visitar a mi hijo y lo encuentro con los labios pálidos, deshidratado, porque no toma suficiente agua”, contaron al OVP.

Además las mujeres son sometidas a una intensa revisión antes de las visitas. Indicaron que se deben quitar la ropa luego saltar, o “pujar”, hasta que “la custodia quiera”.

Comentaron que el fin de semana del 5 de mayo una mujer se orinó encima, pues los funcionarios no les permitieron utilizar el baño del recinto.

Señalaron que Daniel Mendoza, coordinador de la Dirección de Familia del Ministerio para el Servicio Penitenciario, no dio el trato adecuado a los parientes víctimas, alegando que primero “resolvería” la situación de los custodios.

Desde el OVP se hace un llamado al Estado para que cubra los gastos funerarios de los fallecidos, ya que la mayoría de las familias son de escasos recursos.

Prado recordó que el Estado está obligado a proteger la vida de las personas privadas de libertad, según el artículo 43 de la Constitución Bolivariana de Venezuela.