Para abordar los problemas estructurales por la falta de independencia judicial y la interferencia política en el sistema de justicia haría falta esfuerzos concertados, señaló Acceso a la Justicia en su último informe anual
Alí Daniels, coordinador de Acceso a la Justicia, señaló que si en Venezuela se considera que hay deficiencias estructurales del sistema de justicia y se establecen leyes para mejorar ciertas situaciones pero luego estas no se aplican, esas deficiencias “son a propósito y políticas de Estado”
@Andrea_GP21
Durante el año 2022, la situación de la justicia venezolana ocupó la atención de instancias internacionales, pues se puso en duda la efectividad de los supuestos cambios realizados por las autoridades nacionales.
Así lo señala el informe anual de la ONG Acceso a la Justicia titulado “El estado de la justicia y del Estado de Derecho en Venezuela”, donde reseña que organizaciones internacionales dejaron en claro que las reformas legales e institucionales puestas en marcha por las autoridades nacionales en los últimos dos años “no han rendido frutos”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se refirió a la reincidencia de Venezuela en la “lista negra” del organismo. Recomendó la reducción del número de jueces provisorios y aumento de titulares, evitar que las remociones se hagan bajo un proceso “disciplinario y respetuoso” del debido proceso, entre otros.
A pesar de que el gobierno venezolano aceptó la recomendación hecha por el Examen Periódico Universal (EPU), de promover reformas en materia de independencia judicial para fortalecerla, pero no para restablecerla “como si existiera”, señala el informe de Acceso a la Justicia.
Por ejemplo, el gobierno de Nicolás Maduro no aceptó realizar la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, así como tampoco aceptó llevar a cabo reformas exhaustivas y creíbles de la Policía, el Poder Judicial y, en particular, de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
Justicia en entredicho
En junio de 2022, Michelle Bachelet, quien fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), indicó que las reformas legales e institucionales en la justicia venezolana no ayudaron a fortalecer la autonomía de los tribunales.
“Los vínculos abiertos de varios magistrados, incluidos los suplentes, con los partidos políticos, plantean preocupaciones sobre la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes”, señala el informe de Acnudh.
En particular, Bachelet mencionó los casos de las muertes de Juan Pablo Pernalete y Diego Arellano, ocurridas en el contexto de las protestas ocurridas en el 2017, señalando irregularidades como cambios de fiscales al menos 15 veces, generando retrasos “trauma y revictimización”.
Además, dijo tener constancia de que once casos continuaban en fase de investigación, aunque se iniciaron hace un lustro, mucho más de lo previsto en la ley.
Bachelet hizo un llamado a las autoridades a la “pronta conclusión de los procedimientos judiciales en esos casos, con todas las garantías del debido proceso, para asegurar el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas y sus familias”.
Vicios estructurales del sistema de justicia
En cuanto a las reformas institucionales, Alí Daniels, coordinador de Acceso a la Justicia, señaló que en Venezuela, si se considera que hay deficiencias estructurales del sistema de justicia y se establecen leyes para mejorar ciertas situaciones pero luego estas no se aplican, esas deficiencias “son a propósito y políticas de Estado”.
En entrevista con Runrun.es, Daniels señaló que una de las reformas fue cambiar varios artículos del Código de Justicia Militar para prohibir que tribunales militares juzgaran a civiles. Sin embargo, añadió, tres meses después, la Sala Constitucional del TSJ emitió una sentencia en la que indicó que se podía juzgar a civiles en tribunales militares con la condición de que el juez en su sentencia motivase esa decisión, dejando inefectiva la reforma.
Otro caso, explicó Daniels, es que el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) disminuyó los lapsos de prisión preventiva, cuyos tiempos máximos indican que una persona está detenida preventivamente, es decir, sin una sentencia, después de culminar ese lapso la persona debe ser liberada y esperar su juicio en libertad.
“Lo cierto es que al día de hoy hay personas que han superado ese lapso y siguen detenidas”, criticó Daniels.
También, señaló el abogado Alí Daniels, el COPP incluyó a las ONG para representar personas, pero ya ha habido al menos tres casos de abogados de organizaciones que pidieron representar víctimas en nombre de su organización y los jueces le negaron esa solicitud.
“Esto lo que demuestra es que en realidad esas reformas eran cosméticas, eran para presentárselas al fiscal (Karim) Khan cuando viniese aquí, porque todas esas reformas se hicieron con motivo de la visita del fiscal y eso fue en el año 2021 y en el año 2022, que era cuando deberían haberse aplicado, pues lamentablemente eso no ocurrió, sino que los vicios estructurales del sistema siguen allí”, añadió.
Un avance lento pero implacable
El viernes 1 de abril de 2022 el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan reiteró su decisión de abrir una oficina de la corte en Caracas, algo que se concretó hasta más de un año después, en junio de este año 2023.
Sin embargo, el gobierno solicitó a la Fiscalía de la CPI aplazar la investigación en virtud del artículo 18, numeral 2 del Estatuto de Roma, alegando que estaba realizando investigaciones y enjuiciamientos genuinos a nivel interno.
Como consecuencia de esa solicitud, el 20 de abril del 2022 la Fiscalía de la CPI solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares del juzgado que “autorice la reanudación de su investigación en virtud del artículo 18(2) del Estatuto”.
Más tarde, el 1 de noviembre de 2022, Karim Khan hizo pública su decisión de solicitar formalmente autorización ante la Sala de Cuestiones Preliminares para continuar con la investigación de la situación de Venezuela I.
“El fiscal no es bienvenido pero debe ser recibido”
Para Alí Daniels, la reciente visita a Venezuela del fiscal de la CPI, Karim Khan, no fue anunciada por el gobierno chavista porque este no quiere recibirlo. “El gobierno recibe al fiscal de mala gana, es obvio que no quisieran que él viniera, por eso tanto secretismo (…) Eso lo que demuestra es que el fiscal no es bienvenido, pero debe ser recibido”.
Daniels señaló que aunque el gobierno de Nicolás Maduro “se cree todopoderoso” no lo es, pues estando en contra de que la CPI avance en la investigación Venezuela I, igual se “ve obligado a recibir” al fiscal de la corte.
A pesar de que, agregó Daniels, la oficina de la CPI instalada en Venezuela no recibirá denuncias, sino que será de cooperación técnica, consideró que solo el hecho de que esto ocurra ya es un éxito. “No es lo mismo que le cuenten a uno lo que pasa en el país, y menos sobre Venezuela, que el personal de la Fiscalía lo viva. Ya solo esa experiencia es algo invaluable”, declaró en entrevista con Runrun.es.
Daniels también recalcó la solicitud de diversas organizaciones no gubernamentales de que se haga público el memorando de entendimiento que suscribió el gobierno de Maduro con Karim Khan. “Solo se dijo que iba a ser de tipo legislativo y otros ámbitos, pero no se dijo exactamente cuáles”, señaló.
Misión de la ONU: contundente y renovada
El 17 de marzo de 2022, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela indicó que, si bien se valora que ha habido algunos avances en materia de investigación de las violaciones de derechos humanos, se considera que han sido insuficientes.
Las investigaciones nacionales al respecto son de alcance limitado y se dirigen contra los autores materiales de bajo nivel.
Marta Valiñas, presidenta de la MDH, señaló, en cuanto a la independencia judicial, que el paquete de reformas legales es insuficiente si no se implementa del modo adecuado. Aunque se observan algunos avances, decenas de personas llevan más de tres años detenidas sin juicio.
Para abordar los problemas estructurales por la falta de independencia judicial y la interferencia política en el sistema de justicia harían falta esfuerzos concertados, señaló Acceso a la Justicia al respecto.
El instructivo Onapre
En el 2022, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 763 manifestaciones contra la aprobación por parte de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), de un instructivo denominado “Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas Estratégicas”.
Para Acceso a la Justicia, este instrumento viola las interescalas de los tabuladores salariales del sector público, “provocando su aplanamiento, además de desconocer los beneficios socioeconómicos contemplados en las distintas convenciones colectivas de trabajo”.
Al calor de las protestas y quejas contra el instructivo, el TSJ dictó un primer fallo, en el cual la demanda de nulidad solicitada por jubilados del Ministerio Público (MP) fue declarada como inadmisible. Asimismo, ordenó a los accionantes pagar una multa por mal uso de recursos judiciales.
“Pasamos de que no se adjuntó una copia del acto administrativo a que el acto ahora es inexistente”, señaló Alí Daniels, coordinador de Acceso a la Justicia, quien aclaró que la ausencia de un requerimiento no se traduce en que este no exista.
